El Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, al recordar el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, reveló que 800 mil niños, niñas y adolescentes, entre 7 y 18 años, son severamente explotados en Bolivia, en jornadas laborales de hasta 12 horas diarias, en diferentes áreas o rubros. «Ochocientos mil niños, niñas y adolescentes trabajadores, entre los […]
El Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, al recordar el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, reveló que 800 mil niños, niñas y adolescentes, entre 7 y 18 años, son severamente explotados en Bolivia, en jornadas laborales de hasta 12 horas diarias, en diferentes áreas o rubros.
«Ochocientos mil niños, niñas y adolescentes trabajadores, entre los 7 y 18 años de edad, se encuentran trabajando en las áreas de severa explotación como la zafra de caña, castaña y minería, consideradas como las peores formas de explotación», acotó el Defensor del Pueblo.
Albarracín apuntó que esos niños y adolescentes cumplen una jornada de trabajo de ocho a 12 horas diarias.
En la cosecha de caña y castaña, conocida como la zafra, están involucrados 25.000 niños, niñas y adolescentes cuyas edades oscilan entre 9 y 13 años de edad.
El Defensor aseguró que esos menores de edad viven en condiciones precarias, con altos niveles de hacinamiento, sin acceso al sistema educativo ni a los servicios básicos como agua potable y sistemas de desechos sólidos.
Fue enfático en decir que Bolivia cuenta con 4,5 millones de personas menores de 18 años y de esta población cerca de 2,5 millones de niños, niñas y adolescentes se encuentran con sus derechos humanos vulnerados, presentando una situación de alto riesgo en su desarrollo y calidad de vida.
Lamentó que los niños, niñas y adolescentes trabajen 12 horas diarias bajo severas inclemencias de tiempo en los cañaverales.
Esto, sumado a una dieta alimentaria deficiente en calorías, hace que los niños estén altamente vulnerables a enfermedades infectocontagiosas, respiratorias y gastrointestinales y frecuentes accidentes laborales, como son las cortaduras provocadas por el machete y las mordeduras de víbora.
Albarracín comentó que los niños, niñas y adolescentes en general no firman ningún tipo de contrato, por tanto no se les provee de ningún tipo de equipo de seguridad, ni son tomados en cuenta para ningún beneficio, invisivilizándose de esta manera el trabajo de los niños, niña y adolescente.
También reveló que en el rubro de la minería existen 3.800 niños, niñas y adolescentes que realizan trabajos de explotación (perforación de la roca), procesamiento del mineral (relave y barranquilleo y embolsado del mineral).
Ellos poseen contrato verbal y temporal. Los niños muchas veces trabajan por especie (porción de carga de mineral).
Los efectos de esta actividad en este grupo son escaso acceso a centros educativos, corta permanencia en aulas, déficit de educación secundaria, manipulación de explosivos, inhalación de gases tóxicos y enfermedades de la piel, fiebre amarilla y reumatismo precoz.
«El trabajo en las minas y las zafras está prohibido para los niños, por el riesgo que significa el uso de químicos y plaguicidas», enfatizó Albarracín.
TRABAJO INFANTIL
El Defensor explicó que se considera trabajo infantil «toda actividad laboral que realizan los niños, niñas y adolescentes antes de los 18 años y que perjudica su desarrollo físico, social, intelectual, psicológico y moral».
Se define las peores formas del trabajo infantil como «el trabajo intolerable, nocivo y de alto riesgo, que amenaza el ejercicio de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia.
Esas formas de trabajo infantil les explota económicamente, atenta contra su desarrollo integral, les exige jornadas laborales prolongadas, les produce tensiones físicas, sociales o psicológicas, les obstaculiza el acceso a la educación, socava su dignidad y autoestima.
Por tanto, Albarracín dijo que «el erradicar el trabajo infantil en Bolivia es un reto de todos, porque se trata de un problema estructural que tiene que ver con la falta de oportunidades que las familias tienen para un trabajo digno y les permita tener ingresos estables».
En su criterio, la eliminación efectiva de las peores formas de trabajo infantil requiere una política prioritaria del Gobierno que tenga en cuenta la importancia de la educación básica gratuita y la necesidad de librar de todas esas formas de trabajo a los niños afectados y asegurar el trabajo de sus progenitores para que se atienda a las necesidades de sus familias.
Se requiere, acotó, de acciones concertadas en el marco de una responsabilidad social compartida, donde el Gobierno, como principal garante de los derechos humanos, establezca y ejecute políticas sociales básicas que permitan el desarrollo pleno de la población.
El Defensor del Pueblo dijo que propició mesas de diálogo a nivel nacional entre los representantes de las organizaciones de niños, niñas y adolescentes con autoridades del Ejecutivo, para que se realice un tratamiento específico de la problemática.
El Gobierno, con apoyo de entidades internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), puso en marcha el Plan de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil en la zafra, minería o recolección de castaña, operativizando acciones interinstitucionales para enfrentar la problemática.