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El denso caso Lozoya y sus ramificaciones

Fuentes: Rebelión

Aún no sabemos los alcances que tendrá el muy peculiar juicio que se sigue al ex director general de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Emilio Ricardo Lozoya Austin; pero por lo hasta hoy conocido, sin duda habrá de sentar precedentes históricos en las materias penal y administrativa en nuestro país, al involucrar al ex presidente Enrique Peña Nieto y a miembros de lo que fue su gabinete en graves actos de corrupción.

Después de aceptar la extradición a México desde su prisión en España y ofrecer su colaboración con la Fiscalía General de la República en las investigaciones que se le siguen por la fraudulenta venta de la planta de fertilizantes Nitrogenados y por los sobornos recibidos de la constructora brasileña Odebrecht —que, como se sabe, corrompió a políticos de los más altos niveles en varios países de América Latina para obtener contratos muy beneficiosos— y ser trasladado a su patria, no fue encarcelado. Se lo remitió de inmediato a un hospital de lujo en la ciudad de México para ser atendido de supuestas afecciones que las autoridades españolas no detectaron en la revisión médica que se le hizo antes de entregarlo a nuestro país. Al salir del hospital, donde se le tomaron sus primeras declaraciones en condiciones de virtual secrecía, tampoco fue llevado a prisión; se le dejó en libertad condicionada con las restricciones de entregar su pasaporte y llevar permanentemente un dispositivo electrónico de localización.

A esas muy especiales condiciones para su enjuiciamiento, ahora se agrega otra aparente irregularidad. En un mensaje difundido en la tarde del martes 11 de agosto, el fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero anuncia que Emilio Lozoya ha presentado ante esa institución una denuncia de hechos en la que involucra a sus superiores Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, cinco ex senadores, un diputado, el ex presidente y un tesorero de algún partido político. Viene a resultar, así, que Lozoya ha pasado, con la aquiescencia de la FGR, de la condición de imputado a la de testigo colaborador y, ahora, a la de denunciante de hechos delictivos en los que él mismo participó.

En 2012 y 2013, según el decir de Lozoya, los sobornos entregados por la firma brasileña fueron empleados para la campaña del PRI-PVEM que llevó a la presidencia a Enrique Peña Nieto y para cohechar también a legisladores y líderes partidarios en los procesos legislativos de las llamadas reformas estructurales, destacadamente la energética. De diversos modos, son hechos que ya se sabían a través de investigaciones periodísticas y el muy evidente rebase de los topes de campaña durante el proceso electoral 2011-2012, pero que ahora se verán corroborados con las pruebas que el fiscal dice haber recibido, entre ellas cuatro testigos, una videograbación y recibos firmados (¿por los receptores de los sobornos?).

De ese dinero sucio, al menos cien millones habrían ido a diversos “asesores” extranjeros que participaron en la campaña priista de 2012, y 120 millones más para distribuirlos entre los legisladores que aprobarían las reformas propuestas por EPN. En otro momento, el mismo presidente Peña y su primer secretario de Hacienda, Luis Videgaray, habrían ordenado a Lozoya entregar 84 millones al secretario de finanzas de un partido político y, nuevamente, a legisladores varios. La aprobación de la reforma electoral —demandada entonces, no hay que olvidarlo, por el presidente del PAN, Gustavo Enrique Madero, como condición previa para discutir la energética— habría costado en cohechos 200 millones más.

El dirigente del PAN Marko Cortés afirma que no necesitaban ser sobornados sus legisladores para aprobar reformas que eran acordes con su ideología y su plataforma. Sin embargo, según testimonios, no sólo se habría negociado con dinero, sino con posiciones de poder en los procesos electorales, como los gobiernos de varios Estados de la República. Así podría haber sido como el PAN se hizo de algunos de ellos; un precio alto pero que bien valdría pagar por la aprobación de la reforma más difícil de consensuar, la energética. Y a pesar de lo declarado por Cortés, una parte del dinero repartido habría llegado, según lo publicó el diario Reforma el pasado 24 de julio, a manos de los panistas Ricardo Anaya, Ernesto Cordero Arroyo, Salvador Vega Casillas, Francisco Domínguez Servién y Francisco García Cabeza de Vaca.

Y no ha de omitirse que, en el financiamiento de la campaña priista de 2012 estuvieron involucrados diversos gobernadores como el veracruzano Javier Duarte —quien pactó su encarcelamiento y sentencia con la Procuraduría General de la República de Peña Nieto—, el hoy detenido en los Estados Unidos César Duarte y otros, que aportaron cuantiosas sumas al financiamiento del entonces partido oficial.

Pero hay más. Por primera vez en sus declaraciones, el fiscal menciona como parte de los testimonios de Lozoya el caso de la empresa Etileno XXI, formada en 2010 entre la firma mexicana Idesa y la filial de Odebrecht llamada Braskem. A ese consorcio el gobierno de Felipe Calderón le otorgó, aparentemente mediante una subasta en la que originalmente participaban 30 postores que paulatinamente se fueron retirando hasta que sólo quedaron las dos mencionadas, un contrato de venta de gas por 20 años, prorrogables por 15 más, para venderle 66 mil barriles diarios de gas etano de Pemex con un descuento de 30 por ciento al instalarse la planta productora de etileno, materia prima para la fabricación de plásticos. Además, el gobierno calderonista otorgó a Etileno XXI créditos de la banca de desarrollo, Bancomext y Nafin, por 400 millones de dólares para la construcción de la planta. Ésta fue inaugurada en marzo de 2016, ya bajo la presidencia de Peña Nieto, quien dos meses antes firmó un decreto para elevar en 5 % los impuestos a la importación de polietileno, y con Lozoya al frente de Pemex. Es difícil, dados los antecedentes de la brasileña Odebrecht en otros países y en el nuestro mismo, que en tales operaciones bajo los gobiernos de Calderón y Peña no mediaran sobornos a los altos funcionarios responsables de Pemex.

Y, desde luego, está también la fraudulenta compra de la inservible planta Agronitrogenados por Pemex a Altos Hornos de México (AHMSA) por un sobreprecio de 275 millones de dólares, a pesar de que la planta llevaba 14 años sin funcionar y, según los peritajes, el 80 por ciento de sus instalaciones eran ya inservibles. Fue esta la primera de las acusaciones hechas contra Emilio Lozoya y por la cual el principal accionista de AHMSA Alonso Ancira fue detenido en España y hoy intenta no ser deportado a México.

Lo que no ha aparecido en el expediente de Lozoya es la también fraudulenta compra por Pemex de la planta Fertinal por 635 millones de dólares que implicaron un sobreprecio de 193 millones, ya que esa empresa estaba en quiebra al momento de la operación. El 29 por ciento de las acciones de Fertinal era propiedad de dos empresas del magnate Ricardo Salinas Pliego, quien en realidad controlaba el resto de ellas —propiedad de su socio Fabio Massimo Covarrubias— a través de un fideicomiso en su Banco Azteca, dado que no sólo la corporación estaba quebrada, sino que además Fertinal tenía adeudos por 406 millones de dólares con el propio Banco Azteca y Arrendadora Internacional Azteca, también propiedad de Salinas (véase el reportaje de Mathieu Tourliere en Proceso 2283, 2 de agosto de 2020). Es decir, el beneficiario principal de la fraudulenta enajenación de Fertinal a Pemex fue el hoy empresario emblema y amigo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Salinas Pliego, quien sin embargo no aparece hasta ahora en las indagaciones de la FGR.

De este modo, la aprehensión y las confesiones de Emilio Lozoya Austin se han convertido en la posibilidad de revelar una densa trama de intereses tanto de empresarios como de políticos corruptos a lo largo de dos administraciones federales, como ha ocurrido ya con las investigaciones a Odebrecht en Brasil y otros países. Si la FGR se decide a desmadejar hasta sus últimas consecuencias los contubernios ahí implicados, no sólo los ex presidentes Calderón y Peña, sino también ex legisladores, algunos de los cuales hoy son gobernadores, ex gobernadores y múltiples funcionarios de las administraciones entre 2006 y 2018 resultarán involucrados. Así mismo, dirigentes de partidos políticos como el PRI, el PAN y el PVEM, sin olvidar a los consejeros y funcionarios del INE y del Tribunal Electoral que nada irregular encontraron en las elecciones de 2012, pese a que era ostensible la operación de compra de votos con financiamiento irregular a través de tarjetas de débito Monex y Soriana, y pese a que la propia legislatura 2012-2015 de la Cámara de Diputados integró una comisión que avanzó en investigar esas irregularidades, pero no llegó a resultados concluyentes por el entorpecimiento de los representantes del PRI.

La expectativa de alcanzar la justicia se expande cuando, en días recientes, un juez federal libró órdenes de aprehensión contra 19 ex funcionarios, todos ellos vinculados al ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por los desvío de recursos públicos mediante contratos de obras y compras de insumos con sobreprecios, y cuando la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda a cargo de Santiago Nieto Castillo sigue congelando cuentas de las mafias delincuenciales, políticos y empresarios corruptos y líderes sindicales venales. Enhorabuena.

Es, entonces, una oportunidad histórica para golpear a fondo la corrupción que ha invadido como cáncer a la política y los negocios en México por ya demasiados años.

No puede proceder, en cambio, la reiterada tesis del presidente López Obrador, contrapuesta a la ley y a la justicia, de que los ex presidentes sólo sean juzgados después de una consulta pública, la cual nunca ha promovido en realidad.

La política nacional se torna interesante, y se pone a prueba la voluntad del gobierno lopezobradorista, pero sobre todo de la fiscalía y del poder Judicial, para llevar a fondo la siempre prometida y muy poco cumplida lucha contra la corrupción. Hasta ahora, al parecer, y pese a algunos puntos oscuros en los procesos, vamos bien.

Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH

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