El derecho a la educación, el derecho a ser escuchado y la derecha

Además de las denuncias penales, el propio gobierno también comunicó que fueron cursadas 21 denuncias “por daños y perjuicios por los días de clase perdidos, por un monto que asciende a los $ 50.538.442,45”.

La ministra Soledad Acuña, remite al viejo latiguillo pro-punitivo sobre que las “acciones tienen consecuencias”. ¿Y las acciones de prepotencia gubernamental, las manifestaciones desvalorizantes y peyorativas de funcionarios como la propia ministra, habiendo tratado de fracasados a les docentes, no tiene consecuencias?

Confundir un acontecimiento estudiantil por reclamo de derechos con un delito y alinear su poder “amenazador” para disciplinar en función de sus intereses ideológicos debería tener consecuencias para el funcionariato que se yergue con pretendidas lecciones de moral y civismo, propias de la más rancia pedagogía de la opresión.

La ministra Acuña entrevistada en el programa “Está Pasando” de la señal TN conducido por  Pepe Gil Vidal y Sandra Borghi, manifiesta su “preocupación” por el tiempo que duró la toma y concluye que la demanda civil de más de 50 millones de pesos, iniciada con la intervención de la Procuración, es “lo que le costó a los vecinos de la ciudad que las escuelas hubieran estado cerradas; la pérdida de posibilidad de trabajo de los docentes y también las obras de infraestructura de mantenimiento que también tuvieron que frenarse por el período en que las escuelas estuvieron cerradas…”

La conductora del programa, siguiendo el hilo del discurso punitivista de la ministra, pregunta: “¿Cuál cree que debería ser una sanción o una pena para estos padres?”. La configuración de ese imaginario periodístico, también punitivista, supone que la actitud de respaldo de las familias en el reclamo estudiantil, constituye delito y por lo tanto debe ser “sancionado” o “penalizado”. Este tipo de reflexiones generan efectos comunicativos y emocionales. En principio intentan construir opinión pública contra el derecho a la protesta y los efectos emocionales los constituyen en fomentar la generación de culpabilidades, que, por otra parte, son inexistentes.

La conductora, obsecuente con la postura de la ministra, difícilmente, muy difícilmente, pueda pensar en los derechos de les estudiantes, en la legitimidad de su protesta, lejos de eso, pregunta por las “penas” que deberían tener “estos padres”.

Lo que lleva a la titular de la cartera educativa a la hipocresía esquizofrénica de negar la persecución y al mismo tiempo reafirmar la supremacía moral que naturaliza el acecho judicial y la criminalización de la protesta: “Nosotros en primer lugar no estamos buscando ni perseguir, ni culpabilizar, lo que queremos es educar en democracia y marcar que las acciones tienen consecuencias es parte de este educar, de enseñar a convivir democráticamente con posiciones diversas…” luego argumenta que las denuncias a los familiares son la consecuencia de la “intrusión de un espacio público…”.

Desde un “nosotros” exclusivo niega lo que efectivamente hicieron, denunciar y culpabilizar, amedrentar con policía que en horas de la noche lleva “citaciones” y busca información en los domicilios de les estudiantes que participan del reclamo con la toma de la escuela.

Por un momento tuve la misma sensación, cuando se conoció ese accionar policial de rastrear domicilios, de una especie de continuación de aquella propaganda televisiva y radial, de la dictadura genocida, que decía: “Sabe dónde están sus hijos ahora”.

Pero continuemos con el programa de la entrevista a Soledad Acuña; el otro conductor, cuando la ministra habla de “intrusión”, tiene la ocurrencia de titular, “Instrucción y destrucción”, e intenta subrayar hechos de “destrucción” durante las tomas, para dar paso a la pregunta: “¿A usted (a la ministra) le sorprendió el nivel de destrucción y violencia empleado en esas escuelas?”.

La respuesta no se hizo esperar para continuar con las acusaciones, en este caso con las escuelas secundarias “que más se vandalizan” y las inversiones que realizan en infraestructura, pero no tuvo más que reconocer que durante las tomas hubo “chicos que querían como remediar el hecho de que estaban cerrando la escuela y estuvieron haciendo trabajos de pintura de bancos, de sillas, de aulas…”. Lo que demuestra, claramente, que les chiques tuvieron, seguramente, varias jornadas para pensar, debatir e incluso cubrir los déficits ministeriales en cuanto a infraestructura y equipamiento.

Hay algo más interesante respecto del punitivismo, la conductora, muy suelta de lengua dice no entender bien el tema de la culpabilidad de las familias y pregunta: “qué es lo que se le está pidiendo a la justicia que haga con estos padres”. Siguiendo su línea de razonamiento, el poder ejecutivo debe decirle al judicial qué es lo que debe hacer con “estos padres”.

Dos seudo periodistas delante de un micrófono incitando a la violencia institucional, además de ignorar que el ejecutivo no puede “pedirle” al poder judicial “qué deben hacer…”, aunque seguramente, la “ignorancia” deviene del costumbrismo a comportamientos serviles que también ostenta un sector importante del poder judicial, tan habituados a festejar desde ciertas empresas de noticias. 

Al poco entendimiento esgrimido por la conductora y a su pregunta ignorante, la ocupante del ministerio de educación responde: “Hay dos planos, por el lado de los chicos, de los estudiantes, que son menores de edad, hay medidas que son compensatorias del daño que hicieron, que tiene que ver con lo pedagógico, entonces cerraron y dispusieron que no hubieran días de clase, esos días se recuperan (…) por eso la extensión del calendario regular. Por otro lado, los estudiantes que tomaron (la escuela) tienen una falta injustificada, con lo cual, muchos corren el riesgo de perder la regularidad, entonces van a tener que compensar esos días yendo a clases los sábados y si no (van) tienen otra falta injustificada (…) y tendrán que rendir todo el año libre. Por otro lado, están las consecuencias de los adultos, que ya no es pedagógico, ahí entra lo contravencional y penal y la figura que estamos utilizando es la intrusión de un espacio público, que está en el código contravencional y penal”.

Se podría escribir un tratado sobre la pedagogía de la opresión en el siglo XXI, en los casi 7 minutos de entrevista no hubo una sola referencia a cuáles fueron las causas por las cuales se llegó a las tomas de las escuelas. Ninguna apreciación sobre el derecho al reclamo, a la protesta y a que después de meses de ir por las vías administrativas y los canales de comunicación formales y no haber ninguna respuesta ministerial, se decidió la medida para ser visibilizados en lo que había para decir, la toma.

El somero análisis que intentamos en este artículo pinta cuál es el modelo pedagógico que enarbola el partido gobernante, en el que la sumisión y la aceptación acrítica son los fundamentos donde los días de clase deben funcionar como castigo. La amenaza de quedarse libres y perder el año es parte de la didáctica alienatoria que imponen aquellos que dicen que les interesa la educación, pero no aclaran que su modelo de “educación” se funda en la pedagogía de la obediencia, donde el derecho al reclamo y a ser escuchados es conculcado, cercenado de cuajo por estos discursos televisivos de la punición a la juventud que se visibiliza en uno de sus ámbitos naturales, la escuela.

Acuña ha dejado en claro que la supremacía moral del gobierno impone las formas de relación y de comportamiento y si no obedecemos a sus intereses e imaginarios le indicarán al poder judicial qué figura de desacatamiento deben aplicarnos, código contravencional y penal en mano.  

El plexo de la brutalidad manifiesta con discursos amenazantes de tomo moralista con el que Acuña “seduce” a una porción de la población tanto contra la docencia como contra la juventud es un indicador palpable que la intencionalidad política es nada más que disciplinar en el orden de sus propias taxonomías del “derecho”, aunque debería decir de la derecha.

El título del presente artículo pone en un plano de igualdad dos derechos que aparecieron en la superficie del conflicto que genera la derecha por la toma de escuelas, porque “el derecho a ser escuchado”, es derecho de les estudiantes y es deber del gobierno como garante de esa obligación del Estado, “escuchar”; sin embargo, es el propio estado que no cumple con la obligación, invocando, desde el gobierno, el derecho a la educación.

Sucede que el desprecio por “los que caen en la escuela pública”, por “los fracasados” devenidos en docentes son sus prejuicios y odios de clase. Las demandas de les chiques, por no recibir viandas en cantidad suficiente y además de dudosa calidad nutricional e inclusive en mal estado, no parece ser un reclamo menor.

Sobre todo, cuando en muchos casos presupone una comida, teniendo en cuenta que según los propios datos del INDEC del primer semestre 2022, el 50,9% del grupo etario entre 0 y 14 años es pobre.

Mientras que, en la selecta y rica Ciudad de Buenos Aires, sobre un universo total de 3.079.000 habitantes el 40% se reparte en 5,9% indigente; 14,4% pobre; 7,6% vulnerable y 12.1% en situación de fragilidad, de acuerdo con estadísticas y censos de la Ciudad. Un universo del 40% debe albergar un alto porcentaje de niños, niñas y adolescentes que sí necesitan de esa vianda que debe ser además nutritiva, no promiscua e insuficiente.

La Auditoría General de la Ciudad (AGC) ha producido diversos informes en los que detectan irregularidades tanto en las cantidades de viandas entregadas a algunas escuelas de manera insuficiente, aún con el reclamo pertinente de la falta realizado por la autoridad escolar, aunque el devengado fue por un total de viandas que no coincidía con la entrega real; es decir que el concesionario cobró más de lo que efectivamente entregó.

Entre otros casos también la AGC señala que “La Empresa concesionaria Equis Quince S.A. no cumplimentó durante el período 2019 con el envío de los protocolos de análisis de su Planta Elaboradora y sus resultados de productos lácteos (…) La empresa concesionaria Equis Quince S.A. no cumplimentó ante la AGC con la presentación de la documentación relativa a Habilitación y Certificado de Registro Nacional de Establecimiento (…) Se ha observado que la Empresa Rodolfo Ferrarotti S.R.L. comparte el depósito de mercaderías y materias primas con la concesionaria Treggio S.R.L. en Pilar 1436, siendo que la Habilitación fue extendida a la Av. Directorio N° 7042 Piso PB.”.

Estas son algunas de las “irregularidades” que la propia Auditoría constata en el Informe de lo auditado, en este caso, a la Dirección General Servicios a las Escuelas (DGSE); Ministerio de Educación, Asistencia Alimentaria Inicial y Primaria, en el que se detectan estas y otras tantas “desprolijidades” de las políticas públicas llevadas a cabo por el gobierno de la Ciudad en relación con el reclamo vinculado a las viandas.

Pero volviendo al alucinatorio ministerial, cargando “culpas” y “responsabilidades” en las familias de les estudiantes, es necesario recordar que las cuestiones patrimoniales y sus eventuales deterioros provocados, siempre son responsabilidad de los adultos a cargo, no es la toma una cuestión diferencial, solo que en este caso la ministra Acuña utiliza el tema del patrimonio como punto de presión para desalentar las tomas y de esa forma mitigar los justos reclamos.

Es necesario que la ministra y ese par de conductores televisivos sepan que la ley 26.061 de Protección a niños, niñas y adolescentes, en el artículo 24 instituye taxativamente: “DERECHO A OPINAR Y A SER OIDO. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a:

a) Participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les conciernan y en aquellos que tengan interés;

b) Que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y desarrollo.

Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelven las niñas, niños y adolescentes; entre ellos, al ámbito estatal, familiar, comunitario, social, escolar, científico, cultural, deportivo y recreativo”.

En el mismo sentido el artículo el artículo 39 de la Constitución de la Ciudad establece que: “La Ciudad reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus derechos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consultados y escuchados…”.

¿Cuál es el lugar para peticionar, sobre los reclamos que como ya dijimos habían agotado las demás vías? La respuesta es simple, si los reclamos se refieren a la vida escolar y afectan sus realidades diarias, el lugar de peticionar es la escuela.

Pretender intimar con “intrusión de espacio público” a quienes como sujetos de derecho realizan sus protestas en su espacio natural, es pretender forzar la interpretación sobre lo público, que en definitiva es lo común y pretender encontrar o inventar un delito es nada más que la exposición de la obscenidad política de quienes se pretenden supremacistas morales, tramando y decidiendo los destinos y las conductas del resto de la población conculcando un derecho sobre otro.

Lo importante es que tanto les estudiantes de las tomas y sus familiares que no sólo brindan el respaldo afectivo sino el acompañamiento para que ejerzan como sujetos activos de derecho, inscriben con su reclamo y protesta el “derecho a la educación”, justamente porque el derecho a la educación incluye las buenas condiciones de infraestructura, y las viandas saludables, hoy más necesarias aún por las condiciones sociales.

Lo que vulnera la dignidad es que haya que hacer un formulario de declaración de pobreza para recibir un precario refrigerio o incluso ni siquiera recibirlo, aunque el conjunto de la población, como diría la ministra, lo paga porque está facturado por el concesionario.

Lo concreto es que la ministra habla por televisión, pero no da respuesta a los problemas planteados desde antes de las tomas, recordemos que también en la protesta se menciona la promiscuidad en algunas prácticas conveniadas con empresas para la realización de las ACAP (Actividades de aproximación al mundo del trabajo y los estudios superiores) que como habíamos dicho en “Las tomas de escuelas y The Truman show” las orientaciones de los convenios firmados por el ministerio tiene un fuerte contenido ideológico que impacta en la formación desde la pedagogía instrumental.

Pero además de la cuestión ideológica de mercado que impregna las ACAP, denuncian con toda su potencia que incluyen no sólo trabajos precarizados, sino que quienes están a cargo de las actividades no son docentes de les estudiantes.

Es bueno volver a mostrar los documentos que ofician de testimonios que, tanto en el Hoyts Abasto como en Cinemark Palermo, estudiantes con orientaciones en Comunicación y en Economía y Administración van a hacer sus ACAP a estos lugares para acomodar espectadores y para el armado y entrega de alimentos y bebidas.

En el otro caso denunciado por les chiques de las tomas remite a las prácticas laborales en el Regente Palace Hotel – Ferrari SA, para estudiantes con las siguientes orientaciones, Turismo y Economía y Administración, pero la tarea a realizar era “contabilizar blancos en el sector del lavadero y acompañar a las mucamas en el aseo de las habitaciones con todo lo que ello implica…”.

Me pregunto si es para esto que la ministra firma los convenios con el Grupo Fundaciones y Empresas (GDFE) creado por el ministerio para estas actividades por las cuales, como contraparte, se les dará un “‘sello de empresa comprometida con la educación’ que otorgará beneficios a aquellas instituciones que sean proveedoras de las prácticas educativas”. Léase, exenciones impositivas.

¿Quién pagará por las empresas que tengan esos beneficios y por lo tanto el estado de la Ciudad dejará de recaudar? ¿O se achicará el presupuesto para educación?

El derecho a la educación es dinámico y se construye todos los días porque y entonces sí incluye el derecho a la infraestructura de calidad, a las viandas de calidad y el trabajo no puede confundirse con un empleo precario bajo la mirada de un jefe de personal, porque las prácticas laborales deben tener una función pedagógica y una estrategia didáctica.

El derecho al reclamo por las mejoras educativas y el derecho a la protesta contra los desaguisados ministeriales, son parte constitutiva del derecho a la educación, cuanto más si quien tiene que escuchar y atender los reclamos, desfila por sus canales vasallos amenazando, culpando, generando mayores conflictos, provocando dispendio de dinero con cartas documento y citaciones, porque esa es la estrategia de la pedagogía de la opresión.

No hay diálogo sobre educación, porque la educación en las escuelas públicas no debe pasar de un entrenamiento, mera instrucción en función de generar perfiles flexibles y adaptables en les egresados, solo con el manejo de ciertas habilidades que sean de interés del mercado para la empleabilidad. Estos son los conceptos del curriculum “oculto” del grupo neoliberal, Fundación Sophia, donde Soledad Acuña se inició como pasante reclutada por su entonces director, Horacio Rodríguez Larreta.

En el mundo de Sophia, no hay educación pública, hay pedagogía del sometimiento y pérdida de derechos. El mundo de Sophia es el imaginario del gobierno donde se instalan los supremacistas morales, líderes de la desposesión.

La toma de escuelas tiene una tradición como hecho político y pedagógico, la respuesta ministerial/gubernamental es un hecho reaccionario y antidemocrático.

Video de la entrevista en TN

Fuente: https://tramas.ar/2022/10/26/el-derecho-a-la-educacion-el-derecho-a-ser-escuchado-y-la-derecha/

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