A lo largo de los últimos 15 días he recibido una enorme cantidad de manifestaciones de solidaridad y aprecio que, desde aquí, agradezco profundamente. En blogs, foros de la red y espacios diversos, miles de personas se han pronunciado sobre la cancelación del trabajo de un grupo de profesionales -entre los que me incluyo- que […]
A lo largo de los últimos 15 días he recibido una enorme cantidad de manifestaciones de solidaridad y aprecio que, desde aquí, agradezco profundamente. En blogs, foros de la red y espacios diversos, miles de personas se han pronunciado sobre la cancelación del trabajo de un grupo de profesionales -entre los que me incluyo- que desarrollaron su trabajo en W Radio en los últimos años. La brutalidad del silenciamiento ha detonado una cadena de reacciones y manifestaciones que debe ser valorada y entendida a cabalidad. Miles de correos, decenas de artículos y comentarios radiofónicos, desplegados signados por personalidades de gran relevancia social, pronunciamientos que desde el Poder Legislativo se hicieron y una vigorosa presencia de organizaciones sociales, han hecho del tema un vértice para el reclamo. La dimensión de la protesta ha resultado inusitada y debemos detenernos para tratar de entender lo que está pasando. Sin negar que se pone de manifiesto la empatía de una audiencia con sus comunicadores, es evidente que la dimensión del fenómeno rebasa esa primera esfera. El tema se ha convertido en un detonador de reflexiones múltiples sobre el papel y tarea de los medios de comunicación en una sociedad que pretende una vida democrática. Los análisis, protestas y reflexiones que se han generado profusamente nos hablan de una auténtica necesidad social de revisar el estado de las cosas sobre nuestros derechos fundamentales y de todo aquello que conspira para que podamos ejercerlos a plenitud. El caso W involucra a dos poderosos grupos de comunicación, Prisa y Televisa, que hoy están siendo sancionados socialmente por haber cancelado un espacio de comunicación cuyo vínculo con su audiencia hoy queda demostrado. La cancelación de ese noticiero en el momento que había rebasado sus propios récords históricos de audiencia resulta inaceptable para quienes lo hacíamos y para los radioescuchas. La información y el contexto disponible han hecho que impere la idea de la censura y el ajuste de cuentas como el trasfondo del asunto. Así lo he entendido yo también. La afectación es múltiple. Además de quien esto escribe, hay un grupo de profesionales que han visto clausurado injustificadamente uno de sus espacios de expresión. Denise Dresser, Lorenzo Meyer y José Antonio Crespo vieron reducida su importante presencia pública para expresar libremente sus pensamientos, ideas y reflexiones. Brillantes periodistas y analistas como Lorenzo Córdova, Javier Cruz, Humberto Hernández Haddad, Mardonio Carballo y Tomás Granados, entre otros profesionales, han sido afectados por la decisión. Afectados, por supuesto, son los radioescuchas que reclaman no ser tomados en cuenta. Lo verdaderamente notable es que se echa por delante un derecho no reconocido en nuestras legislaciones: el derecho de las audiencias. El derecho a recibir información que resulte confiable y el derecho a mantener un vínculo de comunicación que debe ser respetado.
El caso W Radio, marcado por la conducta de quien pide la cabeza de una periodista y de quien la entrega bajo presiones indebidas, es un hecho ominoso para la libertad de expresión. A mí no me queda duda alguna de ello. Así lo han entendido también las miles de personas que se han manifestado en rechazo a la decisión. El costo pagado por los dos gigantes de la comunicación en los últimos días por el silenciamiento de Hoy por Hoy es algo que no puede pasar desapercibido por las autoridades ni por los legisladores ni por los ciudadanos ni por los propios medios.
El asunto nos lleva a varios temas. El primero y urgente que tiene que ver con la futura Ley de Radio y Televisión y de telecomunicaciones. Después del umbral de discusión que dejó la Suprema Corte de Justicia, los legisladores están más obligados que nunca para dotar al país de un marco legal que permita, garantice y estimule la competencia, la pluralidad, los derechos de las audiencias y de los profesionales, entre otras muchas cosas. Se trata de poner por delante el derecho de todos frente al de las grandes corporaciones.
El tema tiene alcance mundial. Una de las mayores tensiones que sobre la democracia y el derecho a la información está acarreando el modelo corporativo y trasnacional de los consorcios mediáticos es la forma en que se toman decisiones de operación y funcionamiento de los medios de comunicación. El debate se centra en si se puede o debe colocar la llamada libertad de empresa por encima de la libertad de expresión o de las libertades fundamentales de periodistas y ciudadanos. El caso W ha tocado seriamente esa fibra. El diseño corporativo plantea o pretende hacer de la comunicación y la información un asunto entre particulares. Total, la corrieron y qué. Es un asunto de empresa. Esta mirada desconoce que en la radiodifusión estamos fundamentalmente ante un servicio público que el Estado da en concesión para que los particulares hagan negocio y generen rentabilidad pero, por encima de eso, generen un bien público. El Estado concesiona para atender y hacer cumplir el derecho fundamental de informar y estar informado. Entenderlo de otra manera justifica cualquier acción que se presente, tal y como la que silenció sin más un espacio noticioso y de expresión en la W.