Una crisis nacional Lo que era inevitable desde hace un mes de ocurrida la masacre de Iguala, la renuncia del gobernador perredista (que había sido antes gobernador priista) del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, se produjo finalmente la noche del 23 de octubre. El acontecimiento fue la cúspide de una serie de hechos que […]
Una crisis nacional
Lo que era inevitable desde hace un mes de ocurrida la masacre de Iguala, la renuncia del gobernador perredista (que había sido antes gobernador priista) del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, se produjo finalmente la noche del 23 de octubre. El acontecimiento fue la cúspide de una serie de hechos que están sucediéndose de manera acelerada conformando una de las peores crisis nacionales, la cual al mismo tiempo abre de par en par la puerta a la primera gran crisis del gobierno de Peña Nieto.
Ya el 21 de octubre fatalmente había sucedido lo que tenía que suceder: las oficinas del PRD en Chilpancingo, capital del estado, fueron saqueadas e incendiadas por una multitud de encolerizados maestros, trabajadores y pueblo en general. En esos mismos momentos, 200 kilómetros al norte, en la Ciudad de México, en una sesión del Senado los senadores del PRD sostenían a rajatabla su decisión de mantener su respaldo político al gobernador y tuvieron que ser senadores del PRI y el PAN los encargados de la tarea de convocar a éste para que «renunciara tomando una licencia del cargo» y dándole nueve días para que se decidiera si no ellos se lo exigirían el 30 de octubre. Tal actitud que parece increible por parte de la dirección perredista de los Chuchos (el recientemente electo presidente Carlos Navarrete, el ex senador Jesús Ortega y el ex presidente Jesús Zambrano), estaba a contracorriente incluso del sentir de un amplísimo sector de miembros de su propio partido que les exigían que también ellos pidieran dicha renuncia. Lo más que pudo decir Alejandro Encinas, uno de los senadores perredistas, es que «lo que sucede en Guerrero es responsabilidad de todos los partidos.»
Dos días después ese apoyo de la cúpula perredista no fue suficiente para sostenerlo y Aguirre Rivero debió abandonar el cargo, a petición incluso del mismo Navarrete que horas antes todavía lo defendía. Obviamente el propio Peña Nieto debió reconocer que no era posible seguir eludiendo la carga que le tocaba a él mismo en la mayúscula crisis. Su compadre Aguirre Rivero, uno de sus aliados más cercanos a quien visitó veinte veces en respectivas giras a Guerrero en los dos años de su gobierno, fue abandonado durante el mes de la crisis. Desde el 26 de septiembres Peña no se ha apersonado ni un día en Guerrero. Aguirre ya ni como espantapájaros era útil. Por supuesto, al mismo tiempo los jilgueros presidenciales no dejaron de sacar partido político de la renuncia.
No podía ser de otra forma. La renuncia se dió un día después de que, convocadas por una Asamblea interuniversitaria de cerca de mil estudiantes realizada días antes en el auditorio Che Guevara de la Ciudad Universitaria de Coyoacán, tuvieron lugar las jornadas del Día de la Acción Global por Ayotsinapa. El 22 de octubre participaron en dichas jornadas estudiantes, maestros, trabajadores y pueblo en general en manifestaciones en decenas de ciudades, desde Tijuana, Baja California hasta Chiapas, pasando por México D.F. Sólo en la Ciudad de México, un río humano con antorchas y veladoras desfiló durante cuatro horas por el centro histórico. Las autoridades reportaron la cifra de 50 mil manifestantes, lo cual nos dice que fácilmente más de 100,000 personas marcharon encabezadas por los padres y madres de los estudiantes normalistas desaparecidos. Se reportó que en 31 ciudades de veinte estados de la República hubieron manifestaciones siendo las más concurridas las de Iguala (que terminó con el incendio del palacio municipal), de Guadalajara y de Cuernavaca. Ochenta escuelas, entre universidades y bachilleratos se unieron al paro en solidaridad con Ayotsinapa, destacando en la oleada estudiantil la participación no sólo de las universidades públicas sino de privadas como la Universidad Iberoamericana (jesuita) y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el semillero de los futuros funcionarios de la tecnocracia gobernante. Las antorchas eran la luz libertaria que miles de manifestantes prendieron para conjurar la negra noche que el terrorismo del estado, aliado con el crimen organizado, anuncia con sus atrocidades. «¡Ayotsinapa somos todos!» fue el grito de combate que complementaba la consigna más voceada por los manifestantes «¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!»
La solidaridad internacional fue también importante: se realizaron manifestaciones y mítines por segunda vez en menos de un mes frente a las embajadas y consulados mexicanos en treinta ciudades de doce países, desde Noruega y Dinamarca hasta Inglaterra y España, desde Alemania hasta Italia y en numerosas ciudades como Londres, París, Barcelona, Berlín y Florencia. Incluso en la India se reportó una manifetación en Nueva Delhi. Por supuesto en América Latina también se registraron expresiones de solidaridad con la lucha de Ayotsinapa en Buenos Aires, Rio de Janeiro, Caracas, Puerto Rico, Nicaragua, Guatemala entre otras. Y en Estados Unidos igualmente en Nueva York, Chicago, Los Angeles así como en otras ciudades se registraron numerosos y concurridos actos solidarios. Como se puede apreciar, las jornadas tuvieron una dimensión comparable a la que adquirió el movimiento de solidaridad internacional con la lucha del EZLN hace 20 años.
La narcopolítica
«México se ha convertido en una tumba sin nombre donde caen todas las víctimas y los desaparecidos» manifiestaban en una carta publicada el mismo día de los actos solidarios un grupo de sectores progresistas que tradicionalmente habían estado en/o cercanos al PRD que incluyen a escritores como Elena Poniatowska, Paco Ignacio Taibo II, Juan Villoro, Fabricio Mejía Madrid y actores como Gael García Bernal, Demián Bichir y Daniel Jiménez Cacho. A un mes de lo ocurrido en esa infausta noche del 26 de septiembre en Iguala los gobiernos federal y estatal no tienen todavía nada que informar a un país tenso y exasperado: el Procurador General de la República ha descartado que los cadaveres encontrados en las fosas abiertas en las cercanías de Iguala sean de los estudiantes, el alcalde José Luis Abarca sigue prófugo y no se han presentado todavía culpables confesos. El siniestro Aguirre Rivero, ahora ya ex gobernador, sin ninguna autoridad política y moral, seguía todavía días antes de su renuncia tan campante pagando millones de pesos en planas enteras y spots televisivos anunciando sus «numerosos actos de gobierno» en un estado convulsionado por el horror de los acontecimientos. Un escenario verdaderamente surrealista que muestra la profundidad de la descomposición social de las clases dominantes y la corrupción de sus gobernantes.
Los acontecimientos de la masacre de Iguala han arrojado al escenario nacional una realidad sobre la que ya se sabía mucho y se hablaba no menos: la relación cada vez mayor de la delincuencia organizada con la política institucional. Pero ahora ese rostro macabro de corrupción y muerte se ha enseñoreado del escenario nacional. Durante el gobierno panista de Calderón, los propios canales oficiales reconocían esa contaminación creciente de la delincuencia organizada con las autoridades. Esa realidad fue la razón principal dada por el gobierno para sacar al ejército y depués a la marina de sus cuarteles para que lucharan contra la delincuencia organizada cuya fuerza estaba superando e infiltrando a los grupos policiacos encargados de combatirla. Calderón y sus funcionarios indicaban que la infiltración se daba ante todo al nivel municipal. Se quedaron cortos. Con Peña Nieto surgió con evidencia que la penetración ya se daba a los más altos niveles, como se demostró en el caso de Michoacán.
La impunidad ante la enormidad y la escandalosa evidencia de la relación de los grupos políticos dominantes con el crimen organizado tal y como ha salido a relucir en los últimos años en Michoacán, Guerrero y Tamaulipas y que está subyacente en muchos otros estados ha sido expuesta y analizada ampliamente por analistas y periodistas que han publicado y evidenciado multitud de casos de esta relación. Se trata de una realidad sociopolítica que hoy es una característica consustancial del método de dominación de un sector cada vez más amplio de gobernantes. Uno de lo periodistas mejor informados sobre el particular Luis Hernández Navarro, autor de un reciente libro en donde se expone una investigación importante del proceso paralelo de las policías comunitarias y los grupos de autodefensa de Guerrero y Michoacán, respectivamente, ha escrito un importante artículo que incluye los siguientes párrafos sobre el caso de Guerrero:
«Las víctimas de desaparición forzada y de ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de Ángel Aguirre son múltiples. […] Entre otros muchos, forman parte de esa lista los ecologistas Eva Alarcón Ortiz, y Marcial Bautista Valle. Los normalistas Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría. Los dirigentes de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata, Raymundo Velázquez y Samuel Vargas. La ambientalista Juventina Villa y a su hijo Reynaldo Santana. El síndico de Iguala, Justino Carbajal. Los integrantes de la Unión Popular Arturo Hernández, Rafael Banderas y Ángel Román. Rocío Mesino que estaba al frente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Los campesinos Juan Lucena y José Luis Sotelo, promotores de una autodefensa en Atoyac. Los organizadores campesinos José Luis Olivares Enríquez y Ana Lilia Gatica Rómulo. […] La narcopolítica no es asunto esclusivo del viejo PRI. Integrantes de varias corrientes del PRD han sido señalados como parte de ella. De manera reiterada, el miembro de Nueva Izquierda y presidente del Congreso estatal, Bernardo Ortega, ha sido señalado como jefe del grupo Los Ardillos. Su padre estuvo preso por el asesinato de dos agentes del AFI y fue ejecutado al salir libre.» (La Jornada, 21 de octubre de 2014). Obviamente en este devastador panorama el propio ex gobernador Aguirre Rivero está incluido como uno más de los miembros de los cárteles que operan en Guerrero.
A partir de la década de los 80’s, con motivo de la cada vez mayor penetración del negocio del narcotráfico de procedencia colombiana en México, esta fuente de enormes ganancias comenzó a enraizar en el suelo nacional. Surgieron grupos aliados a los cárteles colombianos cuya fuerza se incrementaba en la medida en que el país se iba transformando en la principal plataforma de la penetración de la droga a su mercado más importante, el vecino del norte, Estados Unidos. Para el periodo visagra entre los siglos los cárteles mexicanos ya eran tan o más poderosos que los colombianos. El caso del Chapo Guzmán evidenció de la forma más elocuente la fuerza que había adquirido el negocio de la droga en el país cuando la revista Forbes incluyó su nombre durante varios años en su lista de los 100 hombres más ricos del mundo.
Alrededor de los cárteles de la droga se comenzó a desarrollar toda una cultura del crimen. La delincuencia se ramificó ampliamente debido tanto a las enormes riquezas que reportaban sus actividades (además de la droga, se fueron añadiendo otras fuentes de dinero como los secuestros, la trata de blancas nacionales y extranjeras, la explotación de los migrantes centroamericanos, tomas clandestinas de gasolina, petróleo y gas entre otras) como a la devastación social de las políticas neoliberales de privatizaciones, desregulación económica, recortes draconianos de los presupuestos sociales de salud, educación y de bienestar en general en aras de preservar un estado al completo servicio de los intereses capitalistas. Particularmente las consecuencias devastadoras de estas políticas en el campo convirtieron a enormes extensiones del territorio nacional en eriales estériles habitados por cientos de miles de jóvenes desempleados que cada vez más tenían sólo dos alternativas, irse de mojados al país norteño o ser reclutados a cualquiera de las numerosas bandas que comenzaron a surgir como hongos precisamente en esos ámbitos de pobreza y miseria extremas.
Con el poder del dinero, en forma natural el crimen organizado entró en la economía formal, inaugurándose la industria del «lavado de dinero». Dinero llama a dinero. A continuación con el poder del dinero se comenzó a adquirir cada vez más poder político, que a su vez también incrementaba la acumulación capitalista. La penetración del dinero «lavado» se dio en todos los niveles de la economía, desde la industria gastronómica hasta los circuitos de los grandes consorcios bancarios (por ejemplo, el caso de Banamex, propiedad del American City Bank, fue notorio) y necesariamente también la penetración se fue dando en el gobierno incluyendo al ejército.
Ha sido al nivel municipal y pricipalmente en los estados más pobres y con índices mayores de marginación social en donde esta penetración del crimen organizado se efectuó de forma más evidente: Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz, encontrándose en forma menos ostentosa pero no por ello menos decisiva en los estados norteños «más ricos» como Nuevo León, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora, etc. La presión de los criminales sobre los ediles y funcionarios de los municipios se incrementó: sobornos cada vez más apetitosos pero también coerción física, incluso amenazas mortales, muchas veces cumplidas. Comenzaron a darse las confrontaciones entre bandas, las ejecuciones de ediles y de personal de los ayuntamientos y, por supuesto, se arreció la represión contra los sectores defensores de causas sociales populares. Fue durante el gobierno panista de Felipe Calderón cuando la situación del desarreglo y la descomposición del llamado «estado de derecho» se hizo evidente. Situación que ha heredado Peña Nieto agravada y profundizada.
Guillermo Trejo y Sandra Ley, de la Universidad de Notre Dame, realizaron una investigación de esa penetración y encontraron que en los últimos seis años hubieron 300 ejecuciones de autoridades locales por parte del crimen organizado, siendo Guerrero y Michoacán los que encabezaban la lista con más de la tercera parte de las víctimas. (El País, 12 de octubre de 2014). Es decir, los dos estados en donde el PRD, aparte del Distrito Federal, enraizó profundamente gobernándolos durante casi dos décadas.
¿Ha muerto políticamente el PRD?
La conducta de los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la crisis actual plantea claramente esta pregunta para miles, sino es que para cientos de miles de fieles y no tan fieles seguidores de este partido. Para muchos de ellos los desfiguros absolutamente desastrozos de los dirigentes mayoritarios perredistas, los Chuchos, los están convenciendo que el PRD no es de ninguna manera el partido que supuestamente se identifica como de izquierda, democrático y revolucionario como su nombre lo anuncia. ¿Cómo aceptar seguir en un partido cuya conducta como aparato electoral no fue diferente a la del PRI y el PAN, negociando sobre los cadaveres de los normalistas posiciones electoreras y de aparato más que enarbolar una política intransigente y denunciadora de la barbarie? ¿Qué pensar de un partido en el que uno de sus miembros asesina a tres de sus «compañeros», como lo hizo José Luis Abarca, se enteran del hecho los dirigentes partidarios y no pasa absolutamente nada, manteniéndose durante un año en su cargo el asesino edil de Iguala, sólo descubierto públicamente con motivo de las atrocidades del 26 de septiembre?
El desfondamiento del PRD ya se considera ampliamente conducirá a que perderá el gobierno de Guerrero y se hará patente en las próximas elecciones de julio de 2015 en que se renovará la Cámara de diputados y se eligirán gobernadores en varios estados. Miles, cientos de miles de votantes que en 2012 sufragaron por este partido colocándolo en el umbral de la victoria con los más de 16 millones de votos conseguidos por su candidato López Obrador (AMLO), ya no sufragarán por el partido del sol azteca en las próximas elecciones intermedias.
De hecho con los acontecimientos actuales se abre una situación política en el país que cambiará radicalmente muchas cosas. Sólo podemos atisbar esos cambios, pero esos atisbos señalan ya cosas portentosas. El desnudamiento completo del PRD como un partido sistémico era evidente desde el año pasado con su integración en el Pacto por México, una estrategia de colaboración con los dos partidos burgueses principales mexicanos para permitir que Peña Nieto pusiera en práctica «las reformas estructurales de la tercera generación», en especial la privatización completa de la industria energética, exigidas por los consorcios capitalistas más poderosos nacionales y ante todo imperialistas. No hubo dentro del PRD una verdadera e intransigente oposición a esta política puesta en marcha por el sector hegemónico dirigente de los Chuchos. Lo único que pudo proponer como alternativa el «líder moral» del partido Cuauhtémoc Cárdenas fue que se hiciera una «consulta popular» en 2015 con motivo de las elecciones intermedias de es año. Una propuesta que en nada afecta, ni afectará a las decisiones ya tomadas del poder que se apresta a llevar a cabo el desmantelamiento de lo que quedaba de la industria nacionalizada del petróleo.
En el Distrito Federal, la joya de la corona perredista, el gobierno anterior de Marcelo Ebrard es hoy acusado de ser responsable de una megaoperación de corrupción efectuada con motivo de la construcción de la línea 12 del tren metropolitano («metro»), la mayor obra pública del sexenio de 2006-2012. Miles de millones de pesos fueron pagados para que la mitad de la recién inaugurada línea más cara y larga del metro capitalino hoy esté clausurada y reconstruyéndose por las fallas vinculadas a compras multimillonarias de materiales inadecuados.
Y ahora el escándalo mayúsculo de la masacre de Iguala, un municipio gobernado por el gangster José Luis Abarca perteneciente con su esposa y familia política delincuente a las filas de la Nueva Izquierda, la corriente dirigente del PRD; en Guerrero, un estado gobernado por otro gangster ex priista, Aguirre Rivero, cooptado por los Chuchos.
Las repercusiones se ramificarán precisamente a la capital de la República, desde 1997 en poder del PRD y que el PRI no escatima esfuerzo por recuperar para completar su restauración triunfalmente. Los signos señalan que en esta tarea la complicidad, tácita y/o premeditada, de los Chuchos es más que evidente.
En las últimas elecciones para la elección de su dirección, realizadas precisamente semanas antes de los sucesos de Iguala, el patrón oficial perredista contaba con 4 millones 531 mil 120 miembros. Ciertamente «un partido de masas», «masas» que en su abrumadora mayoría representan clientelas para los dirigentes profesionales que disputan los cargos de elección popular a todos los niveles y que una vez electos se integran a las burocracias burguesas gobernantes, «masas» que son llamadas para votar pero durante toda su existencia el PRD no ha educado, no ha promovido su autoorganización, no ha defendido sus intereses como trabajadores, no ha promovido en suma su conscientización para que tomen en sus manos su destino como explotados y oprimidos.
Pero, al mismo tiempo, el colapso del PRD también afectará necesariamente los planes de Peña Nieto. El pilar sistémico de «izquierda» quebrado debilita al sistema en su conjunto en un periodo en que la restauración priista debe todavía consolidarse. Por supuesto, como aparato político electoral el PRD seguirá siendo un factor importante pues seguirá contando con un jugoso presupuesto dentro del tinglado del Instituto Nacional Electoral, cuya bolsa de recursos financieros públicos se ha incrementado precisamente para alejar el poder corruptor del crimen organizado de los partidos. Para los comicios del 2015 el INE cuenta con la impresionante cantidad de 20 mil millones de pesos (1 dólar=13 pesos), la bolsa más grande de su historia, correspondiéndole al PRD la tercera tajada de esos recursos destinados a los partidos. Pero el PRD no es ya como lo era en 1989 «el partido de la esperanza» para millones de mexicanos
Hacia el nuevo periodo
Desde 1982, con la decisión de la cúpula priista de cambiar por completo el tradicional curso económico de la «economía mixta» en favor del nuevo curso neoliberal impuesto por Washington, se inició un cambio político de los grupos dominantes que en 1988 produjo la primera ruptura importante en décadas del PRI con la salida del grupo encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo.
La «Corriente democrática» neocardenista, reivindicando los patrones del viejo nacionalismo revolucionario priista, pulsó una fibra populista potente y vigente durante décadas. Se trata de la consecuencia política fundamental protagonizada por el grupo de Carranza y Obregón que salió victorioso de la Revolución mexicana. El «nacionalismo revolucionario» enarbolado por el Partido Nacional Revolucionario, el abuelo del PRI, que cada vez menos nacionalista y menos revolucionario, imperó sin embargo como la ideología dominante de la política mexicana.
Fue bajo la hegemonia del priismo que se inició y consolidó el desarrollo moderno del capitalismo en México y el consiguiente surgimiento de la dominación de una burguesía cada vez más poderosa. El PRI se declaraba el heredero y representante de la «ideología de la revolución mexicana» y en tanto tal usufructuaba sus principales privilegios políticos como el partido único de facto del sistema político durante el siglo XX: completo control del aparato de estado, corporativismo de las masas trabajadoras a través de la incorporación de sus organizaciones en el PRI, disposición de una amplia y estratégica estructura económica estatizada, entre los factores esenciales. Fue la política de conciliación e integración de clases muy semejante a lo que Trotsky definió como la estrategia frentepopulista del estalinismo: las masas trabajadoras del campo y la ciudad dirigidas y encabezadas por sectores burgueses que lograban impedir que los intereses reales de tales masas se expresarán verdadera y revolucionariamente. Todo esto entró en crisis en los años 80’s.
A pesar de que la lucha de un sector de grupos socialistas y comunistas se expresó con fuerza y combatividad a partir de los años 60’s, la tradición nacionalista revolucionaria fuertemente influyente en las filas de la extrema izquierda por la tradición estalinista, precisamente favorable a los frentes populares, del Partido Comunista (PCM), del Partido Popular de Lombardo Toledano y de otros grupos, no pudo ser superada en 1988 y el surgimiento del PRD prácticamente significó la desaparición de la franja promisoria de socialistas revolucionarios que se estaba configurando. Fue el registro partidario del propio agrupamiento heredero directo del PCM el que la dirección neocardenista utilizó para registrar al nuevo partido, el «partido de la esperanza» en el cual, alrededor de la corriente democrática priista, se reunieron prácticamente todos los sectores existentes de la extrema izquierda: estalinistas, maoístas, castristas, guevaristas y hasta trotskistas. Por supuesto hubieron también muchos militantes abnegados y combativos que lucharon por los principios democráticos y socialistas de las organizaciones de las que provenían. En sus primeros años, la represión se cebó con fuerza sobre ellos, en especial precisamente en los milinates de Guerrero, estado en que el enraizamiento perredista se dio rápidamente. Cientos de perredistas murieron víctimas de la represión del gobierno de Salinas de Gortari. Pero la dirección burguesa representada por Cárdenas, Muñoz Ledo y demás dirigentes sabían perfectamente las condiciones que le permitirían a su partido integrarse y se atuvieron a ellas. Finalmente sucedió lo que esa dirección burguesas buscaba conseguir, como el pilar sistémico de izquierda del régimen, conseguir poder. El PRD se convirtió durante los siguientes 25 años en la «izquierda oficial» de México.
El periodo que se está abriendo a partir de la masacre de Iguala apenas ha cumplido un mes y ya se aprecian los acelerados cambios que están afectando en primer lugar al sistema de los partidos políticos y a través de ellos al propio gobierno de Peña Nieto. El 8 de octubre, durante la primera manifestación masiva en la Ciudad de México contra las atrocidades de Iguala, hubo un incidente que fue ampliamente difundido por los medios de comunicación. Al término de la manifestación, en el Zócalo, un grupo se manifestó contrario a la presencia de Cuauhtémoc Cárdenas en la manifestación quien fue abucheado e incluso agredido con objetos que le arrojaron a él a sus acompañantes entre los cuales iba Adolfo Gilly, el historiador y profesor emerito de la UNAM, quien resultó descalabrado. Ciertamente fue lamentable el hecho de tal agresión física. Sin embargo, la presencia de Cárdenas y sus acompañantes, todos ellos del PRD, no fue exactamente pertinente en un acto que se realizaba precisamente contra su partido. Si Cárdenas hubiera antes de integrarse a la manifestación declarado su total repudio a las acciones del PRD e incluso anunciado su salida del mismo, hasta aplausos hubiera recibido.
La cuestión es que el PRD es un partido que ha mostrado su verdadero carácter ante las más amplias masas. La lucha de clases lo ha desnudado y su realidad no es nada agradable. Un partido se define por su programa, por su dirección y por su colocación en el régimen político. No es su membrecía el principal factor para su caracterización. Desde que existe la sociedad burguesa, la mayoría de los partidos que se desarrollan en seno están compuetos por membrecías pluriclasistas. El PRI es también «un partido de masas», siempre lo ha sido; pero su carácter se lo da su colocación dentro del tinglado del poder, posición que, por cierto, le permite contar con las clientelas masivas que votan por él.
La crisis perredista va a producir un vacío político cada vez mayor en la medida que se profundice. El nuevo partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) impulsado por AMLO se apunta como el recambio para muchos sectores perredistas desengañados y dispuestos a buscar y forjar una alternativa a la crisis perredista. Sin embargo, muchos señales son ya elocuentes e indican que Morena está siendo una repetición programática y organizativa del PRD, es decir, que va en dirección de ser un PRD bis. El propio AMLO no está alejado por completo de la crisis perredista. En 2012 su alianza con los Chuchos fue clave para su campaña como candidato presidencial y cuando se decidió a fundar Morena, cuando se separó del PRD tuvo sólo palabras de agradecimiento para los Chuchos. Es imposible pensar que AMLO era ignorante de su catadura siniestra. Finalmente trabajó para ellos pues los 16 millones de votos conseguidos para su candidatura en 2012, han sido los Chuchos quienes los han aprovechado, habiéndose montado en ellos para negociar con Peña su lugar en el Pacto por México.
Para los sectores socialistas revolucionarios que se han mantenido firmes, la crisis actual es una gran oportunidad para exponer su programa anticapitalista, antiimperialista y socialista ante los más amplios sectores que comienzan a buscar alternativas ante la bancarrota de los partidos gobernantes y la maduración consciente que se da en el seno de numerosos grupos de trabajadores, maestros, estudiantes y pueblo en general. Un nuevo periodo se abre también para ellos, quienes encarnan y reivindican una estrategia socialista, revolucionaria e internacionalista para salir de la crisis.
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