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El descontrol territorial del Estado

Fuentes: Rebelión

«El vicepresidente Álvaro García Linera (AGL) indicó que el gobierno de Evo Morales llegó a Bolivia en 2006 para ejercer el control territorial que antes estaba en núcleos que formaban ‘micro republiquetas’ en el país, sin presencia del Estado. Antes de la llegada del presidente Evo Morales, una parte del pueblo estaba desampara del Estado, […]

«El vicepresidente Álvaro García Linera (AGL) indicó que el gobierno de Evo Morales llegó a Bolivia en 2006 para ejercer el control territorial que antes estaba en núcleos que formaban ‘micro republiquetas’ en el país, sin presencia del Estado. Antes de la llegada del presidente Evo Morales, una parte del pueblo estaba desampara del Estado, muchos se hallaban bajo el control de organizaciones no gubernamentales (ONG), madereros, narcotraficantes, terratenientes; cuando llegó este Gobierno se tomó presencia territorial, comentó. Aseguró que el último censo realizado en el país (año 2001), mostró que un 62 % de los bolivianos es indígena» (Periódico «Cambio», 23-05-2012).

La cita textual olvida que varios prefectos de la denominada «media luna», aprobaron en 2008, «estatutos autonómicos», no reconocidos por el Poder Ejecutivo, que cuestionaron al Estado nacional. La avanzada de esta arremetida fue la logia denominada «Nación Camba», que buscó convertir a Santa Cruz en un protectorado, reconocido internacionalmente. El Alcalde cruceño, Percy Fernández, reflejó la situación al declarar que había llegado el momento de «trazar la raya» entre la Bolivia andina y el resto del país. Es evidente, sin embargo, que detrás del vehemente deseo se hallaban varios terratenientes, madereros, accionistas de medios de comunicación y entidades bancarias.

El choque frontal con Evo se tradujo en toma de instituciones, ocupación de aeropuertos, difusión de listas de patriotas cruceños que se opusieron a la aventura, a los que se acusaba de «traidores», y agresiones físicas a emigrantes de tez morena. En septiembre de 2008, la contienda se definió con el cerco a la capital oriental de campesinos lugareños e indígenas de zonas altas, lo que obligó al repliegue de los dirigentes cívicos. La derrota de los regionalistas fue facilitada por el MERCOSUR, que apoyó a Evo frente al denominado «golpe prefectural».

El conflictivo escenario tiene ahora como complemento el libro «Maten a Rósza», del periodista Carlos Valverde Bravo, en referencia a Eduardo Rózsa, un ex combatiente de la guerra de los Balcanes, quien habría sido reclutado con engaños por el servicio de inteligencia de Bolivia, con asesoramiento cubano-venezolano, para dirigir la campaña armada denominada «Defensa de Santa Cruz». Rózsa, a su vez, convencido de la justeza de su misión, comprometió en élla a algunos dirigentes cívicos. El ex combatiente fue abatido el 16-04-09, en un céntrico hotel de la capital oriental, junto a sus lugartenientes, en tanto la cúpula separatista fue encarcelada u obligada a fugar al exterior.

Valverde Bravo denuncia que la investigación del fiscal Marcelo Sossa no abarcó a los agentes que infiltraron a Rósza, lo que lleva a la analista Maggy Talavera a formular las siguientes preguntas: ¿quién trajo a Rózsa (a Bolivia) en 2007?; ¿por qué la embajada venezolana le pagó a Rózsa, en octubre de ese año, un pasaje La Paz-Cochabamba-La Paz?; ¿quién es «camaradalinera», con el que Rózsa intercambia correos electrónicos?; ¿quién es «qhananchiri» (¿seudónimo de AGL?), también contacto de Rózsa?; ¿quién pagó los pasajes que usó Rózsa para trasladarse desde Europa a San no se refiere a las llamadas telefónicas registradas entre Rózsa y Raúl García Linera (hermano de AGL), la última de ellas en la víspera de ser muerto por la policía en el hotel Las Américas, tal como consta en el extracto de llamadas publicado por el propio Valverde?» Se trata de juzgar, dice, todas las piezas del rompecabezas y no sólo algunas de ellas («Página 7», 13-05-12).

Como puede advertirse, la recuperación de la presencia estatal estuvo plagada de violencia, tensiones geopolíticas y dramatismo. Infelizmente, la anunciada presencia volvió a naufragar con la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE), promulgada en febrero de 2009, la que otorga reconocimiento jurídico a 36 inexistentes naciones indígenas, así como a sus territorios ancestrales, imposibles de delimitar, a su auto gobierno, libre determinación y justicias comunitarias. El no haberse combatido al separatismo con las banderas de la unidad nacional, facilitó la transformación de la República en Estado Plurinacional, que no ha podido contener decenas de linchamientos, impedir la ocupación de centenares de yacimientos mineros, la frecuente ocupación de campos petroleros, así como cotidianos conflictos limítrofes entre comunidades indígenas, alcaldías y departamentos.

La NCPE se asemeja a la armadura de un caballero de la edad media que casi anula la gestión del Ejecutivo. A su vez, el máximo dirigente indígena de tierras bajas, Adolfo Chávez, ha demandado la modificación del artículo 349, que determina que «los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo». Las agudas contradicciones en el texto constitucional no son precisamente, las mejores credenciales que tiene hoy el gobierno para sostener que el Estado ha recuperado el control territorial en el país.

La preocupación por esta realidad hizo que Evo creara, en junio de 2010, la Agencia para el Desarrollo de las Macro regiones y Zonas Fronterizas (ADEMAF), con la finalidad de imponer autoridad. Como contrapartida, la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) ha suscrito un Fondo de Inversión con Repsol, patrocinado por Nizkor, ONG vinculada a Soros y Rockefeller. El texto del acuerdo es desconocido por ADEMAF, YPFB y el país en su conjunto. ¿Se habrá formado en la región del Chaco boliviano una de las micro republiquetas a las que aludía el vicepresidente?

Un último apunte sobre el último censo, que trajo a colación AGL. El censo de 1900 mostró que sólo el 23 % de la población de Cochabamba era indígena. El resultado se produjo debido a los asfixiantes tributos que pagaban los quechuas, quienes prefirieron declararse mestizos. En el censo de 1950, los indígenas subieron al 75.2 %, ya que se considero quechua a toda persona que hablaba ese idioma. El 62 % de indígenas que muestra AGL en el censo de 2001, se debe a que se suprimió la opción mestizo del abanico de respuestas. ¿Hasta cuando se usarán manipulaciones políticas para llevar adelante políticas de Estado?

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.