El levantamiento de la subvención a los carburantes de diciembre de 2010, bautizado por el pueblo como «gasolinazo», fue un error estratégico que distanció a la Central Obrera Boliviana del proceso de cambio. Sobrevino después un período (2011 – 2013) en el que la ultraizquierda en el seno de los sindicatos desató una lógica de […]
El levantamiento de la subvención a los carburantes de diciembre de 2010, bautizado por el pueblo como «gasolinazo», fue un error estratégico que distanció a la Central Obrera Boliviana del proceso de cambio. Sobrevino después un período (2011 – 2013) en el que la ultraizquierda en el seno de los sindicatos desató una lógica de confrontación contra el gobierno, cuyo máximo momento de tensión se alcanzó en mayo de 2013, cuando la dirigencia cobista convocó a una huelga general indefinida que fracasó rotundamente. Entonces la matriz sindical estaba dirigida por el joven minero Juan Carlos Trujillo.
Tomó más de dos años labrar el reencuentro de la COB con el gobierno de Evo Morales. Se logró gracias a decisiones gubernamentales revolucionarias como la nacionalización del yacimiento de plata de Mallku Khota (julio de 2012), la nacionalización de los servicios aeroportuarios (febrero de 2013), la nacionalización de la mina Colquiri (junio de 2013) y la aprobación del doble aguinaldo para los trabajadores (noviembre de 2013). Esto impulsó un debate ideológico al interior de los movimientos sindicales organizados en la COB, que en un ampliado nacional realizado en la ciudad de Santa Cruz a fines de 2013 aprobaron el pacto de unidad con el gobierno para la profundización del proceso de cambio.
El reencuentro fortaleció tanto a la COB como a la Coordinadora Nacional por el Cambio, una plataforma de movimientos sociales indígenas, obreros y populares, convertida en una de las expresiones orgánicas del Bloque Social Revolucionario que es base de sustentación del proceso político en Bolivia. Conalcam congrega a más de treinta organizaciones nacionales de distintos sectores que van desde mineros asalariados y cooperativistas, trabajadores petroleros y fabriles, obreros de la construcción, campesinos y juntas vecinales, maestros y salubristas, transportistas y gremiales, hasta microempresarios y juntas de padres de familia de las escuelas.
Definida por el mismo Evo como un gabinete de los movimientos sociales, la Conalcam logró, en una de sus más recientes actuaciones, defender el voto popular para la elección de las máximas autoridades judiciales, durante la «Cumbre de la Justicia» efectuada hace poco en Sucre.
Toda esta interesante acumulación política fue cruzada por la decisión gubernamental de reconvertir la Empresa Nacional Textil (Enatex) en otra unidad productiva menor, lo que significó el despido de 900 trabajadores con el consiguiente pago de sus beneficios sociales. Enatex había sido creada el año 2012 para preservar la última gran industria textil boliviana y mantener todas las fuentes de empleo, pero sin cargar al Estado la millonaria y fraudulenta deuda del empresario Markos Iberkleid. Desde entonces se invirtieron en Enatex recursos económicos que permitieron primero alquilar y luego comprar maquinarias e infraestructura productiva, que constituyen hoy activos de mayor valor a sus pasivos. Pero la contracción de mercados para los textiles bolivianos afectó gravemente a Enatex, al punto de ya no ser sostenible económicamente en la escala y con los costos que tenía. Por esta razón la decisión tomada por el gobierno era duramente inevitable, más allá del juicio de valor que tengamos al respecto. Un gobierno popular puede fracasar en alguno de sus emprendimientos productivos, pero hay que decir al pueblo por qué fallamos pues no nos asiste el derecho de llamar al fracaso un avance revolucionario.
Fue inevitable también la reacción de los trabajadores y de sus direcciones sindicales, con lo que entramos a un conflicto que abrió fisuras en el bloque histórico transformador. No se llegó al punto de fractura porque, conforme pasaban los días y se acentuaba el desgaste, se neutralizaban las tendencias rupturistas de uno y otro lado. En el caso de la COB tuvo efecto político atemperador el posicionamiento ideológico definido en su XVI congreso nacional de principios de año. En la ciudad de Tupiza, sede de ese evento sindical, las organizaciones sociales en ejercicio de su autonomía aprobaron la tesis política de la unidad de la COB con el Gobierno para la profundización en un sentido socialista del proceso de cambio. Ni el máximo ejecutivo cobista, el minero Guido Mitma, puede torcer a capricho la voluntad soberana de un congreso; menos lo podrá hacer un puñado de sindicalistas de ultraizquierda que, al caracterizar de «burgués neoliberal» al gobierno de Evo Morales lo convierten en el enemigo principal, con lo que el ultrismo termina coincidiendo con la derecha.
Es que tratándose de procesos políticos que ocurren dentro del campo democrático, no hay posibilidades de forjar alternativas revolucionarias de poder en lucha contra aquéllos gobiernos que con respaldo indígena y popular emprenden reformas políticas, económicas y sociales.
La COB y las Confederaciones y Federaciones que la conforman deben aplicar la tesis política del XVI Congreso, buscando el empoderamiento de los obreros dentro del proceso de cambio, no en ruptura con él. Se ha dicho ya que el enfrentamiento entre fuerzas del campo popular, del que son parte el gobierno de Evo pero también la COB, fortalece a la derecha restauradora del neoliberalismo . La ultraizquierda no ve este peligro y por ello es que termina alfombrando el retorno de los derechistas, mismos que claman ahora por la «independencia sindical». Pero el riesgo sí lo ven los obreros de base, eso explica que en todos los distritos mineros, en el propio sector fabril a nivel nacional, a los obreros de la construcción, a los petroleros, metalurgistas y obreros del sector eléctrico, ni por asomo se les ocurrió acatar las huelgas convocadas por la dirección cobista.
Que hay logros y avances para los trabajadores en el proceso de cambio es innegable, por ello caen por absurdas las afirmaciones de dirigentes radicalizados que dicen «nada ha cambiado, todo es lo mismo». Pero también es cierto que aún perviven cosas del neoliberalismo, como las formas de flexibilización laboral vigentes aún en el cooperativismo minero o en la construcción, por lo que es muy importante aprobar rápidamente una nueva Ley General del Trabajo acorde a la nueva Constitución Política del Estado, así como abrogar el Estatuto del Funcionario Público sustituyéndolo por una Ley del Servidor Público.
Por el lado del gobierno hay que ser autocríticos para no cometer en el futuro los mismos errores que llevaron a esta situación. Se debe continuar fortaleciendo a la Coordinadora Nacional por el Cambio, de la que es parte sustancial la COB. Conalcam debe tener la jerarquía de un gabinete de los movimientos sociales, que esté informado de los temas de gobierno y que pueda incidir en las decisiones estratégicas en materia de inversión y generación de empleo. Será la mejor respuesta a los privatizadores que hoy afirman que el Estado es mal administrador, soslayando que la estabilidad económica del país es posible por los procesos de nacionalización.
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