La publicación aseguró que funcionarios exigieron la devolución de documentos sobre el ciberespionaje y que destruyeron dos discos rígidos.
El diario británico The Guardian denunció hoy presiones e intentos de censura previa por parte del gobierno del Reino Unido, para evitar la publicación de los documentos filtrados por el ex técnico de la CIA Edward Snowden.
El editor en jefe del matutino, Alan Rusbridger, detalló que en los últimos dos meses recibió varios llamados de funcionarios que en representación del primer ministro, David Cameron, exigieron la destrucción o la entrega de la información sobre los programas masivos de espionaje.
Al negarse, Rusbridger comentó que los funcionarios amenazaron con denunciar al diario en un tribunal.
«El gobierno británico amenazó explícitamente con censura previa yendo a la justicia para prevenir la publicación de material», señaló el directivo en una entrevista con la BBC.
Finalmente, Rusbridger comentó que accedió a eliminar la información que tenían en las oficinas en Londres, teniendo en cuenta que existen copias en Nueva York y Rio de Janeiro.
«Y así, en uno de los momentos más extraños de la larga historia de The Guardian, dos expertos en seguridad de (la agencia de inteligencia) GCHQ supervisaron la destrucción de discos duros en el sótano del diario», comentó.
Frente al hecho, la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) cuestionó a las autoridades británicas por amenazar al diario.
«Esta amenaza de destruir documentos y su ejecución bajo vigilancia de oficiales del inteligencia es un ataque extremadamente grave contra la libertad de información en un país que se enorgullece de tener una de las prensas más libres del mundo», declaró en un comunicado el secretario general de RSF, Christophe Deloire.
Denuncia de Miranda
Alan Rusbridger también adelantó que David Miranda, pareja de Glenn Greenwald, el periodista que sacó a la luz los documentos filtrados por Snowden, denunciará al gobierno británico por la retención durante nueve horas en el aeropuerto londinense de Heathrow y la confiscación de sus dispositivos electrónicos personales el domingo pasado.
Para Rusbridger es importante que la justicia se expida porque crea un antecedente «para la gran cantidad de periodistas de todo el mundo que viajan» a través de la terminal aérea.
El gobierno británico justificó hoy la detención del brasileño David Miranda, al afirmar que forma parte «del deber de proteger al público y la seguridad nacional».
«Si la policía cree que un individuo posee información robada, altamente sensible que puede ayudar al terrorismo, entonces debe actuar y la ley provee un marco para hacer eso», argumentó el Ministerio del Interior.
«El gobierno y la policía tienen un deber de proteger al público y la seguridad nacional», agregó la cartera, que evitó mencionar si el procedimiento estuvo vinculado a Snowden.
Por su parte, en su primera entrevista tras regresar a Rio de Janeiro, Miranda explicó que las autoridades británicas lo trataron «como si fuese un criminal o alguien que está a punto de atacar al Reino Unido».
«Me amenazaron todo el tiempo diciéndome que me iban a mandar a la cárcel si no cooperaba», indicó a The Guardian.
Asimismo, Greenwald dijo hoy que tiene copias del material incautado en Londres a su novio Miranda.
«Tenemos copias de todo y no dejaremos de publicar nada, pues es necesario informar a las sociedades sobre lo que está ocurriendo en el mundo», dijo Greenwald al canal de televisión Globo en Río de Janeiro, ciudad donde reside.
El brasileño narró que fue detenido ni bien bajó del avión que lo trasladó de Berlín a la capital inglesa y que siete agentes lo llevaron a un pequeño cuarto donde le tomaron las huellas dactilares y empezaron a hacerle preguntas.
«Está claro que me detuvieron porque soy la pareja de Greenwald», comentó, vinculando el hecho a los artículos del periodista sobre los programas de espionaje que involucran principalmente a los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido.
Brasil consideró «injustificable» la retención de su ciudadano y el canciller Antonio Patriota se quejó de la situación ante su par británico, William Hague.
Pero el titular del Foreign Office deslindó responsabilidades y señaló que es la policía la que decide cuando aplicar la ley «antiterrorista» que permite interrogar individuos sin prueba alguna, en aeropuertos, puertos y fronteras.
La Casa Blanca también se desentendió y aseguró que la decisión de demorar a Miranda «fue tomada por el Reino Unido, sin involucramiento de Estados Unidos».