A sólo una semana de iniciado el año, apareció en diferentes medios una extraña noticia en torno a una balacera ocurrida en Ayutla entre la «policía comunitaria» de Guerrero y un grupo de presuntos secuestradores, en el que resultó muerto un individuo de nombre Cutberto Luna Chávez. Los policías comunitarios habían colocado retenes en las […]
A sólo una semana de iniciado el año, apareció en diferentes medios una extraña noticia en torno a una balacera ocurrida en Ayutla entre la «policía comunitaria» de Guerrero y un grupo de presuntos secuestradores, en el que resultó muerto un individuo de nombre Cutberto Luna Chávez. Los policías comunitarios habían colocado retenes en las entradas de Ayutla como respuesta al secuestro del comisario de Rancho Nuevo, Eusebio Alvarado García, quien había sido levantado en días anteriores. Según los «policías comunitarios», Luna Chávez se resistió a la revisión y agredió a los comunitarios con un arma de fuego por lo que éstos repelieron el ataque abatiendo al agresor. Entre pedazos de información incompleta y contradictoria, se supo que el comisario Alvarado García fue liberado poco después, mientras que los retenes de la policía comunitaria siguieron operando en búsqueda de los delincuentes. En menos de una semana, ya habían sido detenidos aproximadamente 40 personas.
Para quien haya seguido mínimamente el proceso organizativo del Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria de la Montaña-Costa Chica de Guerrero, los hechos reportados no dejaban de ser por demás extraños, ya que contrastaban visiblemente con el modus operandi de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC). Era la primera vez que se reportaban operativos de policías comunitarios encapuchados con pasamontañas y paliacates, así como toques de queda y suspensión de actividades escolares. Tampoco se había conocido de personas abatidas en retenes de la CRAC-PC. Además, el elocuente discurso en torno al proceso de «reeducación» de los infractores parecía haber sido sustituido por un mucho menos elaborado y más reactivo discurso en torno al principio de «ojo por ojo, diente por diente».
Días después se supo que los civiles armados y encapuchados que pusieron los retenes no eran parte de la estructura de la CRAC-PC. Se habló de un levantamiento armado espontaneo por parte de los pobladores de Ayutla, quienes hartos de sufrir los estragos de la delincuencia organizada habrían decidido organizarse de manera autónoma para defenderse, expresando así en los hechos una profunda crítica al Estado. ¿Pero es este el caso? ¿Estos operativos realmente son manifestación de una verdadera voluntad de autodefensa popular con arraigo profundo en las comunidades de la Costa Chica, como sugieren muchas de las reacciones mediáticas que se han suscitado en los últimos días? ¿Significa esto que está propagándose el ejemplo de la CRAC-PC en la región, fortaleciendo así este proceso comunitario?
Si se trata efectivamente de un proceso popular, no puede más que llamar la atención que el gobernador Aguirre Rivero, lejos de responder como ha hecho con otros movimientos populares en Guerrero (con actos represivos y calumnias), reconoció la labor de los «comunitarios»i y se dispuso inmediatamente a entregar despensas a las comunidades en cuestiónii, además de declarar públicamente su intención de apoyarlos con uniformes, radios, e incluso con salariosiii. No quiere decir esto que deba desestimarse una respuesta favorable del gobierno a los movimientos sociales. Sin embargo, no se necesita ser muy perspicaz para sospechar de un trato diferencial frente a un contexto de represión generalizada. Después de todos los obstáculos por los que ha tenido que pasar la CRAC-PC durante más de diecisiete años, y aun así no ser todavía plenamente reconocida; después de las constantes agresiones gubernamentales a la estructura comunitaria que han resultado en órdenes de aprehensión y detenciones arbitrarias contra policías y coordinadores comunitarios; después de que el gobernador tardó más de un año para conceder una audiencia a la CRAC-PC, y cuyos acuerdos fueron completamente incumplidos, ¿cómo no ha de resultar extraño que en menos de cinco días de haberse instalado los retenes civiles en Ayutla, el gobernador no sólo visitó a los civiles alzadosiv sino que parece haberse convertido en ferviente admirador y defensor de las maravillas de la seguridad comunitaria? ¿Cómo no ha de ser también extraño que mientras la CRAC-PC ha sido en gran parte invisibilizada por los grandes medios de comunicación, Joaquín López Doriga concediera un espacio en su noticiero para hablar de cómo los pobladores de la región apoyan a la «policía comunitaria» de Ayutla? ¿Será que el «alzamiento popular» no es realmente tan «popular» como se ha afirmado?
El 7 de enero, el consejero de la CRAC-PC de Ayutla, Arturo Campos, declaró que quienes están detrás de los operativos son miembros de la UPOEG. Dijo que se trata efectivamente de pobladores «de algunas comunidades del municipio de Ayutla, pero que no pertenecen a la CRAC, y otros que provienen de poblados del municipio vecino de Tecoanapa, dirigidos por Bruno Plácido Valerio, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG)»v. Como se recordará, el 25 de noviembre en el contexto del 17 aniversario de la CRAC-PC, se hizo pública la incorporación de 27 comunidades de Ayutla a la estructura comunitaria. Sin embargo, un mes después, el 22 de diciembre, en una asamblea en la comunidad de la Concordia se incorporaron oficialmente únicamente 23 de estas comunidades, formando así la CRAC-PC de Ayutla, cuya Casa de Justicia se instaló en la comunidad mixteca de «El Paraíso». En esa ocasión los medios reportaron una ruptura al interior de la policía comunitaria de Ayutla, ya que las cuatro comunidades que no fueron ratificadas habían formado su propia estructura de seguridad bajo la dirección de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Dicha ruptura parece responder a dos visiones diferentes en cuanto a la relación que deben tener las comunidades y sus estructuras comunitarias con el Estado. La UPOEG se ha caracterizado por promover una relación más cercana a las instituciones del Estado, mientras que la CRAC-PC ha mantenido, al menos discursivamente, un claro distanciamiento con el gobierno. Vale la pena mencionar que mientras la CRAC-PC ha hecho explícito dicho distanciamiento con el Estado, el principal dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio buscó incluso una diputación federal por la vía plurinominal en las pasadas elecciones, la cual por cierto fue ignorada por las cúpulas del PRD, quienes decidieron llenar su lista plurinominal de militantes perredistas cercanos a la corriente de Nueva Izquierda («los Chuchos»). La UPOEG ha expresado públicamente su aprobación a la participación de las instituciones de seguridad oficiales en actividades de coordinación con la policía comunitaria. Como ejemplo, baste ver las acciones de esta organización en los días inmediatamente posteriores a la implementación de los retenes civiles, cuando Plácido Valerio se reunió con diferentes instancias del gobierno del estadovi, incluyendo el gobernador Ángel Aguirre y el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, para negociar la participación de la policía estatal en los operativos, aunque después, el mismo Plácido denunció que la policía estatal «sólo tiene interés por los presuntos delincuentes detenidos desde que se instalaron los retenes, por lo que advirtió que podrían romper el diálogo que acordaron con el gobierno estatal»vii.
A juzgar por la facilidad con la que los dirigentes de la UPOEG han logrado dialogar con el Estado, parece ser que el gobierno de Ángel Aguirre le ha otorgado a este organismo el papel de interlocutor conveniente, ya que puede así erigirse como defensor de las causas sociales, haciendo alarde de su voluntad para escuchar a los movimientos sociales. Por su parte, la UPOEG y su dirigente Plácido Valerio, parecen complacidos ostentándose como voceros de los pueblos armados de Ayutla. Por supuesto, no se puede menospreciar el hecho de que los habitantes de las comunidades de la región, efectivamente están cansados de la inseguridad y de la negligencia del Estado, el cual no ha podido garantizar la seguridad de la población. Las causas profundas que dan pie a que las comunidades construyan policías comunitarias son realmente legítimas. Es loable el coraje de los campesinos, indígenas y demás pobladores que llevados al punto de hartazgo, participan en procesos de auto-organización en materia de seguridad y autodefensa. Sin embargo, los operativos de los últimos días son cuestionables no sólo por la manera en que quienes aparecen al frente han coqueteado de manera peligrosa con el Estado, sino porque incluso su accionar ha dejado serias dudas con respecto a su apego a los principios sociales y humanitarios que han caracterizado la impartición de justicia comunitaria.
En un artículo publicado el 10 de enero de 2013 en el periódico La Noticia, Arnulfo García Mendoza, abogado de los familiares de Cutberto Luna Sánchez (quien fuera abatido por los civiles encapuchados) denunció los abusos en los que están incurriendo los civiles armados de Ayutla, ya que según lo que reporta dicho periódico, Luna Sánchez de oficio taxista no iba armado y nunca agredió a los «comunitarios», sino que fue abatido «por la espalda y que el taxista fue rematado por miembros de la comunitaria con 2 balazos de escopeta en la cabeza». Además afirmó que «quien iba al mando de ese grupo (que) le dio muerte al taxista, es el ‘comandante’ Ernesto Gallardo Grande, originario del Mezón, municipio de Tecoanapa, quien ya lo había detenido de manera arbitraria el pasado 9 de diciembre en la Población de Tutepec, cuando había acudido en su auto taxi a comprar un becerro para los quince años de una de sus sobrinas»viii. Cabe destacar que Valentín Hernández, asesor jurídico de la CRAC-PC acusó en diciembre de 2012 a Gallardo Grande, miembro de la UPOEG, de «autonombrarse comandante estatal durante los trabajos preparatorios de la incorporación de los pueblos mixtecos, y desde esa trinchera crear un grupo adversario de policías comunitarios», además de afirmar que éste «desarrolló trabajo en comunidades con principios distintos al reglamento de la Coordinadora como comandante estatal, cargo que no existe en el reglamento de la Policía Comunitaria» ix.
En aquella ocasión, Arturo Campos, quien fuera elegido el 22 de diciembre de 2012 consejero de la CRAC-PC en Ayutla, «acusó a los miembros de la UPOEG de servir al gobierno y de infiltrarse entre la CRAC para dividirla», aunque días después, Bruno Plácido negó las acusaciones, diciendo que la UPOEG no tiene intención de dividir a las comunidades: «nos veríamos muy mal si dividiéramos a nuestras comunidades, nuestro papel no es confrontar, ni dividir, es conjuntar. No somos un grupo de choque»x. No obstante, a la luz de los recientes acontecimientos, la UPOEG y la CRAC-PC han ventilado sus diferenciasxi.
Como se puede ver, resulta cada vez más evidente que hay dos proyectos diferentes en cuanto a los procesos comunitarios de procuración de justicia en la Costa Chica de Guerrero. Por un lado está el de la UPOEG, cuya postura política es de negociación y conciliación con el Estado, y cuyos militantes además han demostrado en los hechos que su acción no sólo no se apega a los principios de justicia comunitaria que han sido motivo de orgullo para los pueblos de la región, sino que además parecen actuar a partir de códigos simbólicos no muy diferentes de los que caracterizan el habitus de la delincuencia organizada, lo cual se hace evidente en las afirmaciones de los «comunitarios» de la UPOEG: «por cada uno que levanten, vamos por 10 de ellos»xii, «ojo por ojo»xiii, o «el que la deba que la pague»xiv. Este proyecto, dicho sea de paso, es el que cuenta con el visto bueno del Estado, e incluso está por ser regulado bajo el esquema hegemónico de procuración de justiciaxv.
Por otro lado, lejos del principio de «el que la deba que la pague», está el ya histórico proyecto de seguridad y justicia comunitaria que representa la CRAC-PC, el cual explícitamente busca ser un sistema no punitivo, cuyo interés no es el «castigo» a los infractores, sino la reeducación de quienes cometen infracciones. Este proyecto, que ha tenido que recorrer un largo y difícil camino en su búsqueda de justicia y bienestar, no sólo se ha centrado en el tema de la seguridad, sino que además ha ido construyendo un sistema bien estructurado de impartición alternativa de justicia, y de construcción de comunidad incluso en temas como la salud, la educación, la comunicación, y recientemente, la defensa del territorio frente a las mineras transnacionales.
No obstante, aunque las dos posturas se han ido aclarando en los últimos meses, la misma CRAC-PC está lejos de ser un proyecto homogéneo, exento de disensos y contradicciones, ya que al interior de esta se disputan posturas políticas muy diversas. Hay que tomar en cuenta que actualmente el mismo Bruno Plácido es también consejero de la CRAC-PC. Debido a la naturaleza misma de este proyecto no existe un solo actor político que controle todo el proceso. Por el contrario, el sistema comunitario es verdaderamente heterogéneo; está ligado a procesos realmente populares, por lo que pueden encontrarse tanto grupos que defienden intensamente su autonomía, como otros que quieren abrir la puerta a la influencia gubernamental; hay algunos grupos cercanos al Congreso Nacional Indígena, otros no tan cercanos; hay algunos más politizados que otros; otros que luchan abnegadamente por su pueblo, y otros más que sólo buscan intereses personales.
Tomando en cuenta el comunicado oficial de la CRAC-PC, firmado por dieciséis coordinadores, fechado el 13 de enero de 2013, en donde se deslindan de la UPOEG y denuncian «la postura engañosa y de mala fe» con que esta organización se ha manejado y aclaran que el modo en que se han conducido los «comunitarios» de la UPOEG «no es propio de nuestra forma de actuar», parece ser que la postura mayoritaria al interior de la CRAC-PC es la de mantenerse independientes y autónomos. En ese mismo comunicado, la CRAC-PC denuncia «el afán de los dirigentes de la UPOEG de hacerse de los principales cargos en la CRAC para encaminar el trabajo de nuestra institución comunitaria hacia los intereses del Gobierno del Estado»xvi.
Si bien este tajante deslinde hace ver que la balanza, al interior de la CRAC-PC, está inclinada hacia la defensa de la independencia y la autonomía del proceso, así como hacia la clara denuncia de los «intereses del Gobierno del Estado», también es cierto que el peligro está latente, ya que los grupos que buscan llevar a la CRAC-PC hacia una creciente coordinación con el gobierno siguen dando la lucha. Un eventual acercamiento al Estado y la subsecuente aceptación de sus instituciones de impartición de justicia oficiales serían mortales para el proceso. No se puede olvidar que el proyecto de la policía comunitaria no es, como han querido ver algunos, una mera desconcentración administrativa de las tareas de impartición de seguridad y justicia, cuya existencia aligera las responsabilidades de la administración pública, descargándolas en una nueva escala de gobierno «comunitario». La fuerza del proyecto comunitario, de la CRAC-PC, estriba precisamente en que esta representa un proyecto alternativo, algo diferente al Estado, una alternativa posible frente a la actual crisis del poder; se trata precisamente de un ejercicio de poder no heterónomo cimentado en principios fundamentalmente opuestos a los del Estado. Lo que ha permitido a la CRAC-PC sobrevivir y fortalecerse por diecisiete años es precisamente la manera en que han reconstruido desde el fondo el concepto mismo de justicia, pasando de un esquema punitivo a un esquema de reeducación y reparación, construyendo en los hechos una utopía realizable.
El rumbo que tome hoy el proceso comunitario es determinante, pues lo que hoy está en juego no es solamente el interés de uno o dos grupos políticos regionales. Lo que está en juego es mucho más profundo, pues se trata precisamente de uno de los territorios más codiciados por las mineras transnacionales, para las cuales la CRAC-PC es el principal obstáculo que impide la explotación desmedida de los recursos. Siendo tan grandes los intereses que se juegan, es evidente que el Estado hará lo posible por destruir, cooptar o desestabilizar de cualquier manera el proceso comunitario, incluyendo el favorecer grupos políticos de posturas no radicales, proclives a la cooptación, dentro y fuera de la CRAC-PC, buscando así reducir la fuerza y la cohesión del sistema comunitario. El gran dilema de la policía comunitaria es actualmente el punto de bifurcación entre dos opciones cada vez más claras: o se mantiene y profundiza la autonomía de la CRAC-PC, marcando visiblemente su carácter popular y su diferencia esencial con el Estado, fortaleciendo su capacidad de resistencia; o se olvida de las razones profundas que le dieron origen y comienza a coquetear con el Estado, abriendo paso a la injerencia gubernamental en territorio comunitario, domesticando la resistencia y destruyendo así la utopía posible de un proyecto verdaderamente diferente, popular y emancipador.
Notas:
i http://www.despertardelsur.com/ds/index.php?option=com_content&view=article&id=44596:ofrece-angel-aguirre-depurar-el-cuerpo-policiaco-de-ayutla&catid=16:8-columnas-portada&Itemid=25
ii http://www.proceso.com.mx/?p=330675
iii http://www.despertardelsur.com/ds/index.php?option=com_content&view=article&id=44596:ofrece-angel-aguirre-depurar-el-cuerpo-policiaco-de-ayutla&catid=16:8-columnas-portada&Itemid=25
iv http://periodicodigital.com.mx/notas/aguirre_visita_comunidades_armadas_de_costa_chica#.UPdJFvLg-5I
v http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/01/08/index.php?section=sociedad&article=002n1soc
vihttp://www.diariodeiguala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4504:se-reunen-diputados-con-integrantes-de-la-upueg&catid=20:regiones&Itemid=71
vii http://www.jornada.unam.mx/2013/01/13/politica/003n1pol
viii http://www.lanoticiaguerrero.com/?p=3532
ix http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/12/23/index.php?section=sociedad&article=005n1soc
x http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/12/24/index.php?section=sociedad&article=004n1soc
xi http://puebla.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/a914402d7da41d1caacdc2d226d5feb0
xiihttp://www.vanguardia.com.mx/seequivocaronalmeterseconelpueblodeayutla-1461665.html#.UPcJ0ULnxOk.twitter
xiii http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/a914402d7da41d1caacdc2d22603ba6a
xivhttp://tvolucion.esmas.com/noticieros/noticiero-con-joaquin-lopez-doriga/204233/habitantes-guerrero-crean-policia-comunitaria/
xv http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/7df07da1c27c195b1924d56296f5bd12
xvi http://www.despertardelsur.com/ds/index.php?option=com_content&view=article&id=44545:se-deslinda-la-crac-de-movilizacionen-ayutla&catid=16:8-columnas-portada&Itemid=25
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.