La construcción de puestos de vigía en la frontera de Bolivia y una hipotética defensa mutua con Venezuela brillan en la superficie de la alianza entre estos dos países, pero en el fondo vibra una estrategia para controlar y usar políticamente las formidables palancas energéticas de América del Sur. El anuncio de que Bolivia construirá, […]
La construcción de puestos de vigía en la frontera de Bolivia y una hipotética defensa mutua con Venezuela brillan en la superficie de la alianza entre estos dos países, pero en el fondo vibra una estrategia para controlar y usar políticamente las formidables palancas energéticas de América del Sur.
El anuncio de que Bolivia construirá, con asistencia de Venezuela, dos puestos para controlar y mejorar el flujo de transporte en su frontera, uno en Riberalta, departamento del Beni, al noreste de La Paz y mirando a Perú, y otro en Puerto Quijarro, en el sudeste cercano a Paraguay, animó especulaciones y suspicacias divulgadas por la prensa regional en las últimas semanas.
«Pero el tema de fondo no es ese modesto pacto militar, sino la alianza energética que parece traducirse en el desplazamiento de la firma brasileña Petrobras en favor de las petroleras estatales de Venezuela y de Argentina, es decir, del eje Caracas-Buenos Aires que pone su mano sobre el gas boliviano», apuntó a IPS el analista venezolano de temas internacionales Alberto Garrido.
Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa) ya tiene arreglos para invertir 1.500 millones de dólares en negocios de hidrocarburos en Bolivia y Energía Argentina SA (Enarsa) acaba de firmar un convenio por 20 años para proveerse de hasta 27,7 millones de metros cúbicos diarios de gas boliviano, con lo cual se movilizarán en esas dos décadas hacia La Paz casi 50.000 millones de dólares entre inversiones y compras.
Mientras, Petrobras aparece presionada ante la negociación de un nuevo acuerdo con Bolivia por la compra de su gas natural a precios superiores a los del 1 de mayo, cuando el gobierno izquierdista de Evo Morales anunció la nacionalización de sus reservas de hidrocarburos, a la par de que trata de defender sus inversiones en ese país por 1.500 millones de dólares.
Según Garrido, La Paz y Caracas apuestan fuerte con estas jugadas a favor de sus estrategias de poder. En el caso de Bolivia, «el convenio con Argentina establece que ese gas no debe ir a Chile, porque el acceso a esa energía es la única presión que tiene Santiago para negociar el tema de la salida al mar» perdida desde fines del siglo XIX con la llamada guerra del Pacífico.
En Caracas, el presidente venezolano Hugo Chávez «ha hablado de consolidar una potencia energética en la región, como base para enfrentar al imperio estadounidense», señaló el analista.
«Venezuela y Bolivia coaligadas tienen la reserva petrolera número uno y la segunda y tercera de gas, en todo el hemisferio», agregó.
Por añadidura, el general Alberto Muller, jefe del estado mayor presidencial de Venezuela, dijo en una conferencia en la Escuela Superior de Guerra Aérea de su país que «el petróleo es un arma y hay que usarla, tanto para cooperación como para resistencia». «Se trata de chantajear con el petróleo para lograr los objetivos de este proceso», afirmó.
También Chávez ha dicho que, si alguna fuerza interna o externa ataca al gobierno de Bolivia, «nuestro país no se quedará de brazos cruzados, porque de allí depende el destino de la integración del continente».
Sin embargo, cuando medios de comunicación recogieron inquietudes ventiladas en Chile, Paraguay y Perú sobre el acuerdo, el ministro venezolano de Defensa, general Raúl Baduel, explicó que ese convenio se basa en un marco de «cooperación técnica para mejorar las capacidades de cada país» y contribuir al desarrollo de zonas deprimidas.
En concreto, dijo Baduel, ingenieros militares venezolanos ayudarán a mejorar la infraestructura de Puerto Guijarro y a construir un fuerte en Riberalta «para asentar exclusivamente tropas bolivianas», remarcó, para rechazar la hipótesis de que se establecerían unidades o bases de las fuerzas armadas venezolanas en el país del altiplano de la cordillera de los Andes.
En La Paz, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, corroboró a IPS que sólo esos dos puntos recibirán asistencia técnica venezolana, por lo cual «es una idea absurda, ilógica y que raya en la ridiculez analítica afirmar que Bolivia está en una carrera armamentista».
Quintana recordó que Bolivia gasta apenas 14 dólares por persona en la defensa y su presupuesto para el sector, de 114 millones de dólares anuales, no se compara ni remotamente con el de los vecinos Chile, que gasta 2.200 millones de dólares anuales en la misma área, o Perú, con 1.000 millones de dólares, y menos aún Brasil, con 7.000 millones u 8.000 millones.
Bolivia destinará en cinco años 12,5 millones de dólares para la construcción de fuertes en zonas de frontera, incluido uno en la región de Silala, en la frontera con Chile.
Santiago restó importancia al acuerdo Caracas-La Paz, pues «ese respaldo va dirigido a la protección del territorio muy difícil que tiene Bolivia, con dificultades de contrabando y migración en su línea fronteriza», admitió la ministra de Defensa de Chile, Vivianne Blanlot.
El jefe del ejército chileno, general Oscar Izurieta, también coincidió en que el convenio «no es una preocupación importante para su país». «Tenemos todos los antecedentes, estamos informados y mantenemos una relación permanente con el ejército boliviano», informó.
En cambio, Perú, cuyo presidente Alan García ha sostenido encontronazos retóricos con Chávez, expresó preocupación porque se erija una nueva base ante su frontera.
«Si se cambia el status quo sería un gesto de desconfianza, por llamarlo de alguna manera», indicó a IPS el canciller peruano José Antonio García Belaúnde.
Sin embargo, como el acuerdo entre Caracas y La Paz está detenido en el Senado tras ser aprobado en la Cámara de Diputados, «es aún una posibilidad, no es una decisión tomada», agregó.
García Belaúnde y su compañero de gabinete, el ministro de Defensa Allan Wagner, esperan por la visita que hará a Lima a comienzos de noviembre su par de Defensa de Bolivia, Walter Santa Cruz, para tratar extensamente el tema.
En la oposición peruana, Juan Mariátegui, miembro del Parlamento Andino, acusó al gobierno de García de exagerar, pues Bolivia «no va a construir bases sino módulos con no más de 15 efectivos para vigilar la línea fronteriza». «¿Qué invasión va a hacer con 15 soldados?» se preguntó
«Cuando se produce una intervención norteamericana (estadounidense) en la región, la cancillería peruana se queda muda, pero cuando se informa de la colaboración de Venezuela con el hermano país de Bolivia se habla exageradamente de intervencionismo», deploró Mariátegui.
José Robles, del área de defensa en el Instituto de Defensa Legal en Lima, dijo a IPS que, «de todas maneras, inquieta y es lógico que Perú pregunte por qué de la noche a la mañana Bolivia decidió instalar una de sus bases militares en la frontera».
En Paraguay (que libró una guerra con Bolivia en 1932-1935), el senado Eusebio Ramón Ayala, del opositor Partido Liberal Radical Auténtico, dijo tener «una especial sensibilidad con este tema, aunque según Morales el emplazamiento no va a ser de gran porte».
«Más aún proviniendo (el acuerdo) de Chávez, que está en un afán armamentista que puede romper el equilibrio de fuerza en la región», advirtió.
Venezuela ha pactado la compra a Rusia de 53 helicópteros MI-25, 26 cazabombarderos Sukhoi 30 y 100.000 fusiles de asalto Kalásnikov AK-103 con una fábrica de municiones para ellos, a fin de remozar un parque muy viejo.
Sin embargo, Garrido advirtió que también Brasil y México están comprando Sukhoi rusos y Argentina nuevas baterías de misiles, «por lo que las fuerzas armadas en la región se siguen preparando, sabedoras de que son la opción final, si no hay acuerdo, en la confrontación por la energía cuya pulseada del presente se libra en Bolivia».
(*) Con aportes de Franz Chávez en La Paz y Ángel Páez en Lima