La crisis de gobierno abierta por la nueva Ley de Hidrocarburos mostró una nación escindida en dos grandes bloques. Desde hace cuatro años esta confrontación ha cimbrado las estructuras políticas y económicas de Bolivia. De un lado, los conservadores empresarios, clase media, partidos tradicionales que han monopolizado la vida política y defienden el modelo neoliberal; […]
La crisis de gobierno abierta por la nueva Ley de Hidrocarburos mostró una nación escindida en dos grandes bloques. Desde hace cuatro años esta confrontación ha cimbrado las estructuras políticas y económicas de Bolivia. De un lado, los conservadores empresarios, clase media, partidos tradicionales que han monopolizado la vida política y defienden el modelo neoliberal; por el otro, los movimientos sociales, mayoritariamente indígenas, que propugnan por la intervención económica del Estado, la nacionalización de los hidrocarburos, mayor presencia indígena en la vida anacional y una Asamblea Constituyente. «Los indígenas nunca habían tenido el poder de veto y de decisión que tienen ahora», afirma Alvaro García Linera, universitario y periodista boliviano.
«Mueran los indios», gritaba la multitud reunida en la Plaza Murillo de la Paz, en apoyo al presidente Carlos Mesa y con la exigencia de aplicar «mano dura» contra los movimientos sociales que bloquearon durante dos semanas las principales carreteras del país (donde a su vez no faltaron consignas contra «los blancos y ricos»). Tal es la polarización política, social y étnica que vive hoy Bolivia.
La actual crisis de gobierno que atraviesa la nación andina es el episodio más reciente de la prolongada disputa entre las fuerzas populares y las elites políticas y económicas.
Este proceso comenzó hace cinco años con la llamada Guerra del Agua, que marcó el inicio de esta época convulsa. Lo que parecía ser sólo una sublevación local por el control del vital líquido, fue el anuncio de una etapa rubricada por la emergencia de movimientos sociales y liderazgos indígenas, que han articulado un poder social, político y económico que cambió el rumbo del país.
La venta de empresas públicas y la entrega de los recursos naturales a empresas trasnacionales en medio de una crisis económica y una creciente desigualdad (seis de cada 10 bolivianos son pobres) catalizaron la inconformidad social tras 20 años de políticas neoliberales.
Así, cuando el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada anunció en 2003 la venta de gas natural a México y Estados Unidos, la reacción popular desató la Guerra del Gas. Entonces, la sublevación social provocó la caída del presidente que intentó reprimirla.
El nuevo mandatario, Carlos Mesa, pactó con los líderes indígenas una agenda que incluyó una nueva ley de hidrocarburos para mejorar la renta nacional y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. En reacción, las elites empresariales de Santa Cruz impulsaron un movimiento autonomista con visos separatistas.
El nuevo mandatario, Carlos Mesa, pactó con los líderes indígenas una agenda que incluyó una nueva ley de hidrocarburos para mejorar la renta nacional y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. En reacción, las elites empresariales de Santa Cruz impulsaron un movimiento autonomista con visos separatistas.
Un presidente entre dos fuegos
La reciente crisis se produjo tras la ruptura del presidente Mesa con las fuerzas de centroizquierda, al promover este una ley sobre los recursos petroleros y gasíferos benévola con las empresas multinacionales.
En respuesta, los movimientos indígenas y campesinos paralizaron las carreteras del país. Mesa buscó el apoyo de las fuerzas conservadoras a su ley. Pero la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa distinta que estableció el cobro de 18% directo a las ganancias de las petroleras y de 32% en impuestos no deducibles (en 2004, en referéndum 92% apoyó la propiedad estatal de los hidrocarburos).
Entonces, Mesa propuso adelantar las elecciones y frente al rechazo de los legisladores, presentó su renuncia. Al final decidió quedarse. El movimiento de protesta levantó los bloqueos a la espera de que el Senado discuta la ley. Aunque la mayoría legislativa pretende aprobar una ley similar a la de los diputados, esto podría cambiar. De esa decisión dependerá el curso de los acontecimientos.
«Los movimientos sociales están disputando el poder a las elites empresariales y tradicionales. En medio de esa lucha, el presidente Mesa está ante la disyuntiva de aliarse con la derecha, cerrar el Parlamento, apoyarse en la izquierda o irse a su casa «, explica en entrevista con Masiosare, Alvaro García Linera, periodista y catedrático universitario en La Paz.
Dos grandes bloques
«Bolivia experimenta un cambio en las estructuras de poder económico y político. El antiguo modelo de desarrollo y de gobernabilidad muestra graves fisuras y no cumple con las expectativas de los bolivianos», asegura Alvaro García.
Esta crisis estatal dio paso a una lucha abierta entre dos grandes bloques que sostienen proyectos de país enfrentados.
«De un lado está el bloque conservador describe García que defiende una modernización neoliberal, apertura de mercados, inversión extranjera y el actual sistema político. Este bloque controla el Parlamento y cuenta con el apoyo de las corporaciones empresariales y de los comités cívicos de Santa Cruz y de Tarija, regiones donde están las tierras y el petróleo boliviano. Cuenta con apoyo masivo en esas regiones y de la clase media en las ciudades.
«El otro bloque propugna por ampliar la presencia del Estado en la economía (y que los hidrocarburos pasen gradualmente a sus manos), demanda reparto de tierras y mayor presencia política de los indios. Representa a los movimientos sindicales, indígenas y comunales. Su fuerza está en el Altiplano (zona aymara), en el Alto (la ciudad más pobre y más indígena), en los Valles (campesinos), así como en sectores populares urbanos de Cochabamba, el Alto y porciones de la clase media».
Está encabezado por el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, el Movimiento Indígena Popular (MIP) de Felipe Quispe, la Central Obrera Boliviana (COB) y la Coordinadora de Cochabamba, entre otros.
De manera paralela a las protestas masivas, este bloque incursionó con éxito en los procesos electorales. En 2002 apareció el MAS y Evo Morales logró ser el segundo candidato a la presidencia más votado. Su partido obtuvo 20% de la votación y 35 diputados. En las pasadas elecciones municipales (2005) se convirtió en la primera fuerza nacional al conquistar 110 alcaldías (de 317 en todo el país), que sumadas a las ganadas por el MIP, suman 125 ayuntamientos.
«El hecho político más importante en Bolivia en los últimos años es que los indios hayan podido votar por otros indios. Eso nunca había ocurrido. Eso representa una revolución simbólica en una sociedad tan racista como la boliviana y donde los indígenas, a pesar de ser 62% de la población, no habían participado en las estructuras del poder político», afirma el sociólogo y periodista.
«Literalmente señala Alvaro García Bolivia está escindido en bloques regionales, clasistas y étnicos».
«Literalmente señala Alvaro García Bolivia está escindido en bloques regionales, clasistas y étnicos».
Empate de fuerzas
Según el también comentarista del canal PAT estudio televisivo del presidente Mesa, «existe un empate de fuerzas, ninguno de los bloques puede imponerse sobre el otro. Y la gestión de Carlos Mesa está marcada por este empate».
«El presidente gobernó con el apoyo de Evo Morales y del MAS y le dio estabilidad política y social al país. Eso funcionó hasta enero pasado, cuando surgió el debate de la Ley de Hidrocarburos y los movimientos sociales se radicalizaron».
A pesar de su popularidad (60% en la última encuesta) explica García Linera el presidente Mesa no controla los factores de poder del país. «El gobierno está en el limbo y los temas de fondo de la crisis estatal siguen pendientes. Se habla de un pacto nacional, pero dependerá de lo que haga Mesa antes de la discusión de la Ley de Hidrocarburos en el Senado, donde otra vez aflorarán tensiones, conflictos y polarización política».
La polémica Ley de Hidrocarburos
Detrás del debate sobre los hidrocarburos está la discordia por el excedente económico del sector. La ley del presidente Mesa propone establecer gradualmente en seis años que las compañías petroleras paguen al gobierno entre 50-54% de sus ganancias (calculadas en mil 500 millones de dólares). En la ley aprobada por los diputados, este pago alcanzaría un 60-65% de manera inmediata. Y con la propuesta del MAS, llegaría hasta 70%.
La principal oposición a la reforma proviene de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (donde paradójicamente no hay una sola empresa nacional) que la considera «una ley confiscatoria». Los partidos conservadores (MNR, MIR, NFR, UCS) apoyan la nueva ley para orillar a Mesa a la renuncia.
En última instancia, si el Senado ratifica la ley aprobada, el presidente la rechazará, pero de acuerdo con la Constitución boliviana, el Parlamento podría promulgarla, lo que provocaría otra crisis de poderes y de gobierno.
«En esas condiciones señala García, queda la posibilidad de un pacto político sobre los tres temas de la polarización nacional: Ley de Hidrocarburos, Asamblea Constituyente y referéndum autonómico. Si no hay acuerdo, habrá más conflictos».
«En los hechos hay una pugna por la agenda nacional: Bolivia continúa con el modelo neoliberal o da un giro con mayor intervención del Estado en la economía y en el manejo de los recursos naturales», señala el profesor de la Universidad Mayor de San Andrés de la Paz.
La avalancha plebeya se une
En el marco de las protestas a principios de marzo la izquierda boliviana acordó unirse. Evo Morales estaba enfrentado a Felipe Quispe, a la COB y al Alto. «Era una lucha entre reformistas y revolucionarios, para usar un lenguaje del siglo pasado», expresa Alvaro García.
«Estaban confrontados y se estaban haciendo la guerra por el control de sindicatos y de federaciones. El acuerdo incluyó un plan mínimo, la propuesta de ley de Evo Morales, y un plan máximo, la nacionalización de los hidrocarburos».
Con este acuerdo, la izquierda fortaleció su fuerza en cuatro regiones: El Chapare, el Altiplano norte (alrededor de La Paz donde está Quispe y el sector aymara más radical), el Alto, Cochabamba (donde están los campesinos de Evo Morales) y el norte de Potosí. Ahí pueden movilizarse miles de personas y sostener bloqueos de carreteras hasta por un mes.
El profesor Alvaro García destaca «el salto notable» de las recientes protestas: «Los sectores indígenas, populares y sindicales ahora cuentan con un poco de poder económico pues controlan la mayoría de las alcaldías de esas regiones, algo que antes no sucedía».
«Por primera vez continúa García, se da la unión de la fuerza de los movimientos sociales con un poder económico y político institucional que los vuelve más difíciles de enfrentar. Eso es nuevo, resultado de las elecciones municipales».
Al analizar este fenómeno, García Linera aclara que «el MAS y el MIP no son partidos, sino coaliciones de organizaciones sociales y comunidades. Son bloques de poder indígena, popular y sindical que utilizan las vías parlamentarias y las movilizaciones para presionar al sistema político. En Bolivia hay una dualidad institucional. El movimiento popular ha logrado tal fuerza que impuso toda la agenda parlamentaria del último año (referéndum, asamblea constituyente y ley de hidrocarburos)».
Asamblea Constituyente y autonomía
Uno de los temas pendientes más importantes es la convocatoria a la Asamblea Constituyente (en encuestas recientes 78% de los bolivianos está de acuerdo). «Existen grupos sociales excluidos históricamente que hoy se sienten con fuerza, con derecho y con palabra para intervenir en la construcción de un Estado multinacional. Los movimientos sociales reivindican la Asamblea Constituyente como el escenario para modificar el modelo económico y lograr el reconocimiento de formas de autogestión indígena.
«El punto clave de la discusión es la propiedad pública de los recursos naturales (hidrocarburos, agua y tierra). Ahí está la resistencia de las elites conservadoras a la Constituyente», señala Alvaro García.
Otro asunto central, apunta el académico, es la incorporación al sistema político de formas de democracia participativa (instancias comunitarias de deliberación y rotación de autoridades).
«No se trata de propuestas radicales, pero sí modificarían la distribución de la riqueza y reconocerían los derechos colectivos indígenas. Y en un país tan racista y excluyente como Bolivia, para las elites eso significa una catástrofe», puntualiza.
En este contexto, las elites empresariales de Santa Cruz y Tarija impulsan las autonomías regionales. «Esta autonomía sería un blindaje para que la propiedad de la tierra y de los hidrocarburos queden en el ámbito regional. Los movimientos indígenas aceptan una autonomía que recupere sus derechos y usos y costumbres. Pero es un debate que recién está comenzando», indica.
En las próximas semanas la discusión será si debe haber primero referéndum por la autonomía, como proponen las corporaciones empresariales, o Asamblea Constituyente, como sostienen los movimientos sociales.
El futuro
«Nunca antes en la historia los indígenas habían tenido tanto poder de veto y de decisión en Bolivia», reflexiona Alvaro García. «Nadie puede gobernar sin tomar en cuenta a los movimientos sociales; por ello, tarde o temprano, de manera autoritaria, revolucionaria o pactada (esa es la gran esperanza de la mayoría), tendrá que modificarse la situación. Creo que se va a lograr un cambio en el poder aceptable para todos. Llegará el momento en que los sectores que tienen mucho poder acepten no tener tanto, y los que no tienen nada, conquisten más de lo que tienen. No veo tan dramática esa posibilidad, pero requiere superar los temores de quienes no quieren perder nada y las ambiciones de quienes quieren tenerlo todo».