Alrededor de 10 mil personas afiliadas a la Confederación de Agropecuarios del Oriente (Confeagro), al Comité Cívico pro Santa Cruz y miembros de otros gremios empresariales como la CAO y Anapo recorrieron hoy los 33 kilómetros que separan Warnes de la plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz, en una caravana de protesta contra la […]
Alrededor de 10 mil personas afiliadas a la Confederación de Agropecuarios del Oriente (Confeagro), al Comité Cívico pro Santa Cruz y miembros de otros gremios empresariales como la CAO y Anapo recorrieron hoy los 33 kilómetros que separan Warnes de la plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz, en una caravana de protesta contra la «dictadura» del MAS.
Se trató de una movilización «de lujo» a favor del latifundio; no fue una marcha sino una caravana de vehículos de lujo y maquinaria moderna, en la que se repartió una gran cantidad de refrigerios, dijo el vocero gubernamental Alex Contreras.
Los empresarios protestaron contra la ley agraria aprobada en Diputados, contra el decreto de fiscalización de prefectos y contra las resoluciones de la Asamblea Constituyente, que decidió aprobar los artículos de la nueva Carta Magna por mayoría absoluta y no por dos tercios de votos como exige la oposición.
«Basta que nos sigan utilizando como escalera», reclamaron los pequeños productores de soya asociados en unas 16 organizaciones, en reacción a la marcha organizada por los grandes productores. El dirigente campesino Benigno Vargas sostuvo que los agropecuarios no representan al total de los productores de soya. «Los dirigentes de la CAO y Anapo ya no van a poder más recibir financiamiento ni externo ni interno en nombre de los pequeños productores, ahora el gobierno está entregando los créditos de manera directa», aseguró.
Eufronio Herrera, presidente ele Concejo Municipal de San Pedro, zona productora de soya, afirmó que ellos son los que producen mayor cantidad de soya y no se sienten representados por la CAO o Anapo.
«El día del hoy se pretende boicotear la sesión de Congreso, se han realizado las marchas (de empresarios) de Santa Cruz, hay huelgas de hambre, hay un desacato y un cuestionamiento al derecho de proponer leyes de parte del Presidente y de aprobar leyes de parte de Diputados y de la Constituyente. A nosotros nos parece simplemente una actitud de conspiración contra los poderes legítimamente constituidos», protestó el parlamentario del Movimiento Al Socialismo (MAS) José Pimentel.
Pimentel criticó las declaraciones y acciones realizadas por algunos dirigentes de los partidos de la oposición respecto a la política de transformación. El gobierno es legítimo, en dos elecciones obtuvo mayoría absoluta, por lo que indicar «que la democracia está en peligro es una aberración», agregó.
El gobierno aseguró que no retrocederá en las medidas que se aprobaron, tanto en la Asamblea Constituyente como en el Congreso. A su llegada de España, el Vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que el Ejecutivo no acepta chantajes y proseguirá con los cambios que impulsa utilizando su mayoría en ambas instancias.
El Presidente Evo Morales se reunió sorpresivamente en Cochabamba con los asambleístas y parlamentarios del MAS para planificar las acciones que asumirán para aprobar sus determinaciones, tanto en el Congreso como en la Constituyente. En la reunión se dijo que la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria se aprobará sí o sí, pese a la oposición de los empresarios cruceños.
El Comité Pro Santa Cruz y los empresarios del oriente, desde que se aprobó la Ley INRA hace 10 años, amenazan con no enviar productos agropecuarios a la sede de gobierno y acusan a las autoridades de atentar contra la «propiedad privada». Amenazan con no pagar impuestos nacionales y municipales, con replegar a sus parlamentarios y con restringir la venta de carne.
Se oponen a la actual Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria organizaciones cívicas y empresariales cruceñas que tienen su expresión política en la agrupación conservadora que lidera Jorge Tuto Quiroga, ex ADN.
Uno de los aliados de la burguesía oriental es el Comité Cívico de Cochabamba, que declaró estado de emergencia permanente y ratificó la marcha de la cochabambinidad para el 30 de noviembre. El presidente de la institución Oscar Zurita anunció que paralelamente se reunirán con cívicos, seis prefectos, diputados y asambleístas para analizar medidas contra las decisiones en la Constituyente y en el Congreso.