Ochenta muertos y cuatrocientos heridos, fue el altísimo precio que el pueblo boliviano debió pagar para que Gonzalo Sánchez de Lozada huyera de la presidencia de la República hacia los Estados Unidos, donde lo aguardaban sus protectores; los representantes de los grandes intereses económicos a los que el prófugo servía. La Central Obrera Boliviana y […]
Ochenta muertos y cuatrocientos heridos, fue el altísimo precio que el pueblo boliviano debió pagar para que Gonzalo Sánchez de Lozada huyera de la presidencia de la República hacia los Estados Unidos, donde lo aguardaban sus protectores; los representantes de los grandes intereses económicos a los que el prófugo servía.
La Central Obrera Boliviana y su titular Jaime Solares; la Central Obrera Regional de El Alto, encabezada por Roberto de la Cruz; los campesinos aymaras del Altiplano, agrupados en la Central Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia liderados por Felipe Quispe; y los cocaleros de El Chapare, en Cochabamba, con la dirección de Evo Morales, fueron las organizaciones y los dirigentes que acaudillaron las luchas cuyos dos objetivos eran la renuncia de Sánchez de Lozada y la defensa del gas para el desarrollo de Bolivia y el bienestar de su pueblo, frente a los intereses de las empresas transnacionales beneficiarias del proceso de privatizaciones y de desnacionalización llevado adelante por los gobiernos neoliberales de la década de los noventa.
Uno de los objetivos, como sabemos, fue cumplido. Actualmente ejerce la presidencia el entonces vicepresidente Carlos Mesa, cuyo único mérito consistió en oponerse a la represión ordenada por Sánchez de Lozada. La otra meta -la más difícil- consistente en la nacionalización del gas, aún no se ha logrado. Un presidente neoliberal puede ser sustituido por otro presidente de igual ideología y el establishment internacional, aunque molesto, lo puede asimilar. Pero, perder las concesiones gasíferas y petroleras obtenidas, en 1996, por un plazo de cuarenta años es algo muy distinto.
Muchas fueron las expectativas cuando Sánchez de Lozada abandonó la presidencia. Se habló de un interinato breve de Carlos Mesa, de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, de la nacionalización del gas… en fin, todo parecía indicar que las luchas populares desembocaban en un proceso profundamente transformador. La realidad posterior demostraba que, con ser muy importantes la cantidad y la calidad de las movilizaciones de campesinos, trabajadores urbanos, estudiantes y sectores medios, el grado de cohesión en torno a los objetivos políticos y la organización correspondiente a esos objetivos, no fueron suficientes para decidir un rumbo verdaderamente revolucionario.
Con la ayuda de la embajada de los Estados Unidos, las clases dominantes de Bolivia lograron recomponer el control del Estado, convocar a un referéndum (cuya realización está prevista para el domingo 18 de julio) y apostar a un triunfo en esa consulta ciudadana, de carácter obligatorio.
Tal como está planteada la situación en Bolivia, bien se puede afirmar que la intención del presidente es convertir este referéndum en un plebiscito, cuyas expectativas giran en torno a recibir un apoyo contundente de la población lo cual legitimaría su gobierno y apoyaría la agenda gubernamental hasta la finalización de su mandato.
Este referéndum es vinculante, por lo tanto las respuestas de la ciudadanía deberán ser respetadas en las instancias de poder, en especial en los poderes Ejecutivo y Legislativo. En consecuencia, las respuestas orientarán el diseño de la Ley de Hidrocarburos que estará a cargo de estos poderes, en particular del Legislativo.
Las preguntas impresas en las papeletas son absolutamente cerradas, esto quiere decir que tienen una fuerte inclinación a inducir a la población por la respuesta afirmativa, ya que una respuesta negativa implicaría el aceptar la situación actual, que fue duramente criticada por amplios sectores de la población a lo largo de los últimos años y en especial durante las jornadas de octubre pasado.
De las cinco preguntas que deberán responder los votantes, por sí o por no, las tres primeras aluden a la supresión de la Ley 1689, de Hidrocarburos, promulgada por Sánchez de Lozada; la recuperación de la propiedad de todos los hidrocarburos, en boca de pozo, para el Estado boliviano; y la refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la empresa estatal liquidada durante el proceso desnacionalizador.
Se estima que estas tres primeras preguntas pueden ser respondidas afirmativamente, por el 80 por ciento de la población, dado que su redacción las presenta en sintonía con los deseos de la población. Pero -por ejemplo- la pregunta número uno incluye una trampa: da la sensación de que al abrogar la ley 1689 se anula toda la acción enajenadora de los hidrocarburos, emprendida por el presidente fugitivo durante los años 1993 -1997. Sin embargo, como durante este nefasto periodo se dictaron otros decretos y leyes del mismo tipo, la abrogación de una sola ley es un engaño que permite que las otras normas sigan teniendo vigencia compulsiva.
Pero, el gobierno incluyó dos preguntas más que requieren el acuerdo de la población sobre la política del presidente Carlos Mesa, encaminada a utilizar el gas como recurso estratégico para el logro de una salida al océano Pacífico; y que Bolivia «exporte gas en el marco de una política nacional que cubra el consumo de gas de las bolivianas y los bolivianos, fomente la industrialización del gas en territorio nacional, cobre impuestos y/o regalías a las empresas petroleras llegando al 50 por ciento del valor de la producción del gas y el petróleo en favor del país; destine los recursos de la exportación e industrialización del gas, principalmente para educación, salud, caminos y empleos».
Esta pregunta -edulcorada minuciosamente- implica, por sobre todas las cosas, que las empresas petroleras continuarán actuando durante 32 años más, de acuerdo a lo establecido en los contratos privatizadores de la época de Sánchez de Lozada. El argumento en el que se apoya el gobierno consiste en el respeto a la seguridad jurídica. La seguridad jurídica -en estos casos- no es, ni más ni menos, que la consagración durante decenios de una entrega del patrimonio nacional y de la degradación de la calidad de vida de la mayoría de los habitantes de Bolivia, un país inmensamente rico, con un pueblo inmensamente pobre. El tema de la seguridad jurídica conviene tenerlo muy en cuenta, puesto que siempre estará presente ante cualquier acto soberano que nuestros países latinoamericanos intenten llevar a cabo. Cuando lograron la enajenación del patrimonio social, ayudados por los gobiernos serviles de esta parte del continente, los grandes capitales actuaron sonrientes y con buenos modales; cuando ven peligrar el botín arrancado a los pueblos, sacan las uñas y su rostro adquiere la real dimensión de chacales. El funesto bloqueo a Cuba es el mayor ejemplo de la intolerancia que los invade cuando deben desprenderse de lo robado.
Frente a este referéndum los sectores que marcharon juntos en octubre, ahora se han separado. La central obrera boliviana y los campesinos dirigidos por Quispe proponen el boicot a la consulta a través de medidas de acción directa o la anulación del voto colocando la palabra «nacionalización» en la boleta. Consideran que, tal como está planteada, esta consulta es de por sí fraudulenta. El gobierno ha invertido un millón de dólares en su publicidad, maquillando el referéndum como progresista. Los sectores más radicalizados consideran que lisa y llanamente debería haberse incluido el concepto nacionalización, que no figura entre las cinco preguntas.
Por su parte, Evo Morales considera que aún no están dadas las condiciones para hablar de nacionalización. Por tal motivo, la Central Obrera Boliviana y los campesinos liderados por Quispe, a raíz de su postura, ya lo han tildado a Morales de traidor.
Se avecinan nuevos días de confrontación. Por ahora los dueños de Bolivia han logrado dividir al campo popular y se aprestan a capear el temporal con un triunfo del sí. Para que este triunfo sea realmente tal, el gobierno deberá alcanzar dos importantes condiciones. La primera, una asistencia masiva de la población; y la segunda, que las respuestas resulten uniformemente positivas respecto de las cinco preguntas y muestren una importante distancia con relación a las negativas.
Este referéndum, de cumplirse las dos condiciones mencionadas, permitirá que las petroleras puedan resistir legalmente a todo cambio político que intentara poner en peligro sus intereses. Es por ello que el gobierno le atribuyó a esta consulta el carácter de vinculante. Su resultado serviría de argumento para que los organismos internacionales -como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OEA y otros organismos manipulados por los grandes intereses internacionales- juzgándolo como un hecho político relevante puedan diseñar el rumbo a seguir por la política estatal boliviana; al tiempo que no sería prudente descartar su utilización como fundamento legal para justificar una intervención militar extranjera, si un futuro gobierno con principios antagónicos de los del actual presidente Mesa, intentara derogar las leyes antinacionales omitidas por el mencionado referéndum.
En definitiva, su resultado se constituiría en una base de lanzamiento hacia una renovada etapa neoliberal, ahora cuestionada por la mayoría de la población, y podría -además- ser muy útil como antecedente para que los juicios por corrupción y asesinato emprendidos contra los antiguos gobernantes no tengan seguimiento debido a que habrá respaldado sus acciones pasadas.
Con tono duro, Nolasco Mamani, el representante del Consejo Indio de Sudamérica en la Organización de Naciones Unidas, señaló «el referéndum del 18 de julio ha sido elaborado para uso externo, para que los Estados y organismos internacionales con intenciones intervencionistas lo utilicen como un hecho legalizador. Sus redactores han hecho que lo principal de este referéndum no sean las preguntas y menos aún el porcentaje alcanzado por cada respuesta, sino de que llegue a realizarse, para tener validez legal».
Un nuevo desafío para un pueblo que ha comenzado a recorrer, con muchas víctimas, el camino de salida del neoliberalismo, esa perversa etapa del capitalismo.
Esta nota editorial fue emitida el sábado 17 de julio de 2004, en la columna «Con los Ojos del Sur» del programa radial «Hipótesis», que se irradia por LT8 Radio Rosario, Argentina. También fue publicada en el sitio www.hipotesisrosario.com.ar