Si algo hay que reconocerle al presidente Kirchner y a su entorno es el hábil manejo mediático y discursivo, lo que sumado al estratégico lineamiento de la «transversalidad» y la captación que ello significa de organizaciones que supuestamente defienden el interés popular, termina adormeciendo (por ahora), en vastos sectores pauperizados de la sociedad, la encendida […]
Si algo hay que reconocerle al presidente Kirchner y a su entorno es el hábil manejo mediático y discursivo, lo que sumado al estratégico lineamiento de la «transversalidad» y la captación que ello significa de organizaciones que supuestamente defienden el interés popular, termina adormeciendo (por ahora), en vastos sectores pauperizados de la sociedad, la encendida llama de rebelión que vio su luz más intensa en las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001.
¿Qué sería de este gobierno sin la inestimable ayuda de los llamados piqueteros «blandos», los que, insertados en las franjas más agredidas por las políticas de las últimas décadas, prometiendo futuros mejores gracias a la «ola K», sacaron de las calles a miles y miles de seres humanos que hoy están peor, incluso, que en la década pasada?
¿Qué, sin aquellos que durante toda una vida «sacaron chapa» de defensores de las causas populares y antiimperialistas, y hoy aprueban el envío de tropas argentinas a un país hermano para reprimir a su pueblo a pedido de la potencia imperial, o miran para otro lado cuando día a día se criminaliza a quienes desoyen los cantos de sirena y salen a protestar por la miseria en la que los siguen hundiendo?
Por cierto, es más que factible que a la administración del patagónico se le harían las cosas mucho, mucho más difíciles.
Podríamos preguntarnos, entonces: ¿qué razón les asiste a los que desde el tan amplio e indefinido «campo popular» llaman a apoyar al gobierno, «incluso hasta a los tiros», como dijo el impresentable diputado duro-piquetero blando D’elía hace algún tiempo atrás? Conviene, para intentar una respuesta, hacer un análisis a cerca de las políticas implementadas, en qué dirección están enfocadas y a qué sector o clase social benefician en el presente y hacia el futuro. Y también por quiénes ha optado el gobierno para tenerlos como aliados o socios.
Para comenzar habría que mencionar que el presidente, en su discurso de asunción, dejó bien en claro que venía a «reconstruir el capitalismo nacional». Esto merece, en principio, dos observaciones: primero, que para ello debería haber una burguesía «nacional» (si ello fuese posible) con la fuerza y los elementos suficientes como para encabezar un proceso de desarrollo autóctono. Como sabemos, la lumpenburguesía que devino del proceso extrangerizador abierto en los ’90 se ha trasnacionalizado, y sus intereses no son los de construir una nación con soberanía política e independencia económica, sino que son comunes a los de los monopolios y oligopolios multinacionales. Entonces… ¿de qué capitalismo nacional habla el presidente?. Segundo: es difícil pensar que organizaciones que dicen estar «por el socialismo» puedan apoyar semejante dislate declamado desde el inicio. Una de dos: o su análisis es muy superficial y posibilista, o mienten deliberadamente.
Ahora bien, si esto es nada fácil de explicar o entender, se complica más aún cuando vemos el rumbo elegido por el gobierno a la hora de implementar políticas y alianzas.
Una de las características del gobierno de Néstor Kirchner es el discurso antiimperialista. ¿Lo es en los hechos? Parece que no. Durante la gestión «K» se han aprobado en el Congreso, por iniciativa del ejecutivo, leyes exigidas por los organismos de crédito internacional (FMI, Banco Mundial, BID), fachada de los poderes imperiales de EEUU y la Unión Europea.
Estas son:
– Ley de Responsabilidad Fiscal.
-Ley de compensación a los bancos: incluida en la ley de Presupuesto 2004. – Ley de Reforma de la ley de Entidades Financieras y de la Carta Orgánica del Banco Central: contiene la polémica inmunidad judicial para los funcionarios del Central -una exigencia histórica del Fondo- y mayores potestades a la entidad para cerrar, fusionar y reestructurar bancos. – Ley Antievasión I: es una de las condiciones de la carta de intención firmada en septiembre. – Proyecto de ley Antievasión II: Idem anterior.
Sólo dos proyectos de ley fueron, hasta ahora, rechazados sistemáticamente por el Congreso: la privatización del Banco Nación y la reforma de la ley de coparticipación, que hoy forma parte del menú legislativo que, en la última carta de intención, se comprometió a despachar la administración Kirchner. (fuente Página/12, 24-06-04)
Todas estas leyes van en contra de los intereses de la inmensa mayoría del pueblo argentino, y tienden a profundizar aún más el modelo de país de dos plantas con economía abierta a los designios del Mercado globalizado.
Como hemos dicho, el gobierno envió tropas a la hermana nación de Haití, donde EEUU financió y produjo un golpe de estado. Con eso no sólo asumió una actitud indigna y lacayuna, sino que le permitió al gobierno yanqui, junto con otros países, no distraer contingentes propios del objetivo bélico de Irak. Con el agravante de intervenir en la represión interna del pueblo haitiano.
Con referencia al ALCA, se habló hasta el hartazgo de la intención del gobierno de firmar un «ALCA LIGHT», lo cual implica su aceptación, con las nefastas implicancias que tendrá, light o no, para el ya destruido sistema productivo argentino. No es menor el dato del nombramiento de Martín Redrado al frente del Banco Central: en su función anterior como «negociador» del Estado nacional ante el Mercado Internacional, había asegurado que el acuerdo continental iba a salir «sí o sí». También se habla del impulso desde la administración del patagónico de un acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea (una especie de ALCA con el viejo continente), como si las economías latinoamericanas pudieran competir de igual a igual con las europeas, o como si el imperialismo de Europa fuese mejor y «más humano» que el yanqui. Hasta el modelo de Salud Pública está diagramado según las exigencias del Banco Mundial (con el ministro Ginés García como operador), modelo que tiende a la privatización del sistema a través del gerenciamiento y la tercerización, y se sostiene con el endeudamiento permanente del Estado nacional, perpetuando de esa manera la dependencia respecto de los organismos de crédito internacional, estructurando claramente una salud sólo para el que pueda pagarla.
¿Dónde está, en los hechos, el antiimperialismo kirchnerista?
Como se ha hecho costumbre, el presidente hace gala de una verborragia confrontativa en los estrados, pero también de indigna sumisión a las imposiciones imperiales en las entrevistas a puertas cerradas, sin cámaras ni micrófonos, que es donde verdaderamente se decide el destino de millones de seres humanos.
Respecto del aparente progresismo y la defensa del interés popular, podríamos decir sin temor a equivocarnos que nada de eso es cierto. En realidad durante este gobierno se ha ampliado la brecha entre los que más ganan y los que menos tienen; en promedio, hay una diferencia de unas 33 veces. Se toma como línea de pobreza la barrera salarial de $734, pero el salario promedio de los que tienen la suerte de trabajar en este país es de alrededor de $600. Por eso suena a mentira cuando nos quieren hacer creer que hay «sólo» 20 millones de pobres y 10 millones de indigentes. De ellos, 1.800.000 cobran planes ¡de $150 mensuales!; 2.700.000 trabajadores informales o en negro cobran un promedio de $385 mensual, 2.700.000 cuentapropistas llegan a $461 (fuente:Salarios e ingresos en la Argentina Contemporánea-CTA; 4-04). Eso sí: con la complicidad de la revivida CGT de los gordos-burócratas-empresarios, el salario mínimo fue establecido en $450 por el Concejo del Salario, muy por debajo del límite de la pobreza y apenas por arriba del de la indigencia. Completan el cuadro alrededor de 2 millones de desocupados, otra cifra mentirosa, ya que el gobierno considera «ocupado» al que cobra un plan de $150 o al que sobrevive haciendo changas; y millones de jubilados, ancianos que deben penar la última etapa de sus vidas con míseras asignaciones y peor «asistencia» médica y social.
En medio de todo ese desastre, el Palacio de Hacienda anuncia que tiene superávit fiscal de alrededor de 18.000 millones de pesos, pero nada de eso va a parar a los famélicos bolsillos del pueblo. Sin embargo, sí «compensó» a los bancos que se quedaron con los ahorros de los argentinos en ¡18.000 millones de dólares! con la excusa de la pesificación duhaldista. Se le sigue pagando miles de millones al Fondo con reservas; y en el presupuesto para el 2005, el gobierno prevé transferir al sector privado que maneja empresas públicas privatizadas $2.345 millones, fundamentalmente «para cubrir el déficit operacional de los concesionarios ferroviarios» (¿se acuerda, Doña Rosa, cuando le decían que los trenes del estado perdían un millón por día?) Arregla con las AFJP condiciones ventajosas para éstas y les promete a los bonistas privados pagarles ¡u$d 25.000 millones más! de lo que había dicho un año atrás que no se movería. Ni hablar del compromiso con el FMI (a ellos, al Banco Mun dial y al BID se les paga el 100%), de pagar con el 3,9% del PBI para el año que viene, lo que implica una erogación de $25.000 millones. Y ya se está especulando que esa cifra puede llegar en realidad a alrededor del 5% del PBI
Estos fríos números significan un enorme y cruel esfuerzo para la población, mayor sufrimiento, hambre y pobreza. Pero por sobre todas las cosas, significa que nada en esencia cambiará, que el control de la economía, y por lo tanto el poder político, seguirá en manos de los dueños del mercado; y todo ese esfuerzo popular servirá no para mejorar la calidad de vida de todos, sino sólo para engrosar las cuentas de las multinacionales enquistadas como sanguijuelas en nuestra economía.
¿De qué defensa de los intereses populares hablan los kirchneristas, entonces?
Hasta la famosa Enarsa es una mentira: no sólo se corre el riesgo de enajenar la riqueza de nuestra plataforma submarina con una empresa que generará sólo 25 puestos de trabajo, sino que se renuncia explícita y dolorosamente a recuperar YPF (claro, ¿qué podría esperarse de quien puso a disposición el avión de la gobernación de Santa Cruz y envió a un diputado oriundo de su provincia, convaleciente, con los huesos rotos, para poder conseguir el quórum necesario para privatizarla? ¡ése fue Kirchner!)
Finalmente llegamos a la parte tal vez más sensible de la realidad creada por la «ola K», que tiene que ver con los derechos humanos y lo que significa la verdadera defensa de éstos. Se ha encarado por parte del gobierno una política de reivindicación de quienes han luchado por un país justo en décadas pasadas y han caído víctimas del terrorismo de Estado. Es un viejo reclamo de las organizaciones de derechos humanos y de izquierda, y es saludable todo lo que se encare al respecto. Pero la postura de la administración kirchnerista es sólo eso, una postura vacía de contenido: y es que no se pueden reivindicar los derechos humanos del pasado si se los viola sistemática y conscientemente en el presente. Es evidente que con las cifras que hemos repasado, que condenan a la angustia a la mayoría del pueblo argentino, la protesta social se va a manifestar cada vez con mayor indignación y desesperación. Su legitimidad es insoslayable. Y es evidente, también, que desde el gobierno no es posible darle satisfacción a esos reclamos, ya que sus políticas van en dirección contraria a lo que debe hacerse: en vez de priorizar la deuda interna, es decir, las necesidades populares, se destinan cuantiosos recursos para el pago de una Deuda Externa ilegítima y fraudulenta -que además ya ha sido pagada con creces-; en lugar de generar trabajo legítimo a través de obra pública, se subvencionan las empresas privatizadas, de las que ya ni se menciona su reestatización; se continúa con el régimen jubilatorio privatizado, lo que desfinancia al estado en miles de millones de pesos anuales y condenan a una gran parte de la población a no poder jubilarse en el futuro; se continúa con la ley de entidades financieras de la dictadura, al igual que con la de radiodifusión, y ni piensa en derogarse la «Ley Banelco» que terminó de destruir los derechos de los trabajadores. Y la lista sigue.
La protesta, entonces, es inevitable. ¿Y qué hace el gobierno «derecho y humano» de Kirchner? Pergeña una evidente política de criminalización y represión de quienes ejercen su derecho constitucional ¡y humano! de manifestar su descontento. No pueden ser casualidad la ostentación de uniformados en las calles, los casi 5000 procesados, ni la utilización de figuras penales gravísimas para los detenidos en manifestaciones (que implican la no excarcelación a la espera de los juicios). Ni tampoco el regreso de prácticas propias de las dictaduras militares, como los procedimientos luego de la protesta en la Legislatura porteña, o en Caleta Olivia, donde se fue a buscar y se sacó de sus casas a compañeros desocupados por el sólo hecho de haber exigido trabajo genuino a una empresa que factura cientos de millones de dólares anuales, para, antes de encarcelarlos, apilarlos uno sobre el otro, de la misma humillante forma que las tropas yanquis hacen con los iraquíes de la resistencia. Los compañeros, además, han denunciado torturas físicas y psicológicas por parte de las f uerzas de seguridad durante su detención.
¿Dónde y cuándo salió el presidente a condenar estos hechos?
¿Cómo se puede decir entonces que este gobierno es un defensor de los derechos humanos?
¿Cómo desde el campo popular se pueden defender o tan siquiera justificar tales aberrantes políticas?
Lo cierto es que el gobierno de Néstor Kirchner es un emergente de la crisis abierta por el estallido del 19 y 20 de diciembre del 2001; que está condicionado por esta nueva realidad caracterizada por el hartazgo de las mayorías populares hacia las políticas que las han expoliado y que, entonces, no puede decir abiertamente que seguirá favoreciendo intereses contrarios a los de esas mayorías. Entonces, debe disfrazar su discurso: le endulza los oídos al pueblo y los bolsillos a sus verdugos. Miente, en definitiva. Miente tanto que se le ha hecho costumbre; y a veces se le va la mano, y queda demasiado en evidencia, como cuando anunció que se habían encontrado los cassettes perdidos del proceso del atentado a la AMIA, o que iba a rebajar el IVA y luego no lo hizo. O que no iban a aumentar las tarifas y los combustibles. O que no iba a pagar la Deuda con el hambre del pueblo.
Ese engaño tiene sus apóstoles, los que se tornan imprescindibles para legitimarlo, para posibilitar que amplios sectores populares caigan en la trampa. Ése es el triste y lamentable papel que han asumido estas organizaciones que se autodenominan «del campo popular», pero que se han hecho socias, a través de la «transversalidad», no sólo del gobierno (ocupando cargos de funcionarios, como Ceballos o Luis Duhalde, o legislativos, como Bonasso, D’elía o Gutierrez; o simples adherentes como Depetri o el PC Congreso Extraordinario, una escisión minoritaria del verdadero PC), sino de los otros socios que éste ha elegido para desarrollar su política: o sea, de personajes y corporaciones tan nefastos como Moyano, Barrionuevo, Cavalieri, Martínez, Pedrazza, Redrado, Nielsen, Nosiglia, Aníbal Fernandez, Lavagna, el Grupo Clarín, el Grupo Techint, Repsol, Monsanto, o el mismísimo Juan Alemann, quien estuvo candidateado para ocupar la presidencia del Banco Central, entre tantos otros im presentables.
Sin embargo la mentira tiene patas cortas, y no podrá sostenerse indefinidamente; sobre todo porque, más temprano que tarde, la realidad explotará implacable en la cara (y el estómago) de los engañados.
Y entonces el tiempo, la historia y el pueblo los juzgarán como se merecen.