La contradicción inherente a la doble función de la Universidad –por una parte, contribuir al desarrollo de las fuerzas productivas por la producción y transmisión de conocimientos; por otra, a la reproducción de las relaciones de producción por su adaptación a la división del trabajo y por la difusión de la ideología dominante– ha producido grandes movilizaciones…
Las reformas en curso se inscriben en el marco del proceso mundializado de privatización generalizada del mundo y de bulimia capitalista que hace mercancía de todo, de los servicios, del saber, de la vida.
Daniel Bensaïd ¿Defender la Universidad?
I. Es cierto que durante los últimos gobiernos presidenciales nunca habían estado en el foco de la atención pública las instituciones educativas superiores como en la actual administración federal. De hecho –guardando las proporciones históricas, y por ende, políticas– desde el gobierno genocida priista del asesino Gustavo Díaz Ordaz hasta la fecha ningún presidente ha criticado tanto a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien ha venido cuestionando el funcionamiento de las universidades, en especial el de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y el de la UNAM, las dos más importantes del país en cuanto a población estudiantil y académica. Dentro de los grandes escándalos de la vida política nacional, que son muchos, se encuentran los universitarios.
En las últimas semanas han sido frecuentes las críticas a ambas instituciones. AMLO volvió a la polémica el lunes 25 de octubre cuando criticó a la UNAM al insistir en que durante el periodo neoliberal la máxima casa de estudios se “derechizó” y aseguró que “estaba dominada por lo más retrógrada… se llenaron las facultades de ciencias sociales de conservadores… la UNAM se volvió individualista, no estuvo a la altura de las circunstancias y (de) la crítica a las atrocidades del país… fue defensora de los proyectos neoliberales y una muestra de sometimiento a la política neoliberal fue el intento de cobrar colegiaturas.” Si AMLO es consecuente consigo mismo, entonces, debería quitar a un integrante de sus filas políticas como Juan Ramón De la Fuente, el conservador exrector de la UNAM y represor de la huelga estudiantil de 1999–2000 contra el aumento a las cuotas escolares, hoy embajador en la ONU.
La respuesta de las autoridades universitarias es que la institución “ha sido siempre respetuosa de las distintas ideologías, corrientes del pensamiento, posiciones políticas y opiniones expresadas por integrantes de su comunidad, de sus egresados o por cualquier persona.” Está declaración es parcialmente cierta porque las ideas y los grupos democráticos no son bien vistos y son atacados por las propias autoridades. Para empezar, por ejemplo, su órgano de gobierno, el Consejo Universitario, no es muy democrático y el rector es designado, al margen de la comunidad, por una elitista Junta de Gobierno. Por supuesto, ha habido excepcionales rectores progresivos como el ingeniero Javier Barros Sierra y el sociólogo Pablo González Casanova.
Lo cierto es que AMLO tiene razón en mucho de sus cuestionamientos. Sin embargo, su crítica a la UNAM careció de matices, pues hizo aparecer a la institución como un todo homogéneo, como si fuese monolítica, lo cual es falso. La UNAM es mucho más que sus propias autoridades –cuya alta burocracia en su mayoría es muy conservadora, derechizada, y ha compartido lo más retrograda del neoliberalismo (válgase el pleonasmo)–, pues su comunidad estudiantil y académica es muy heterogénea ideológica y políticamente. La historia de esta universidad es incomprensible si no se reconoce el papel democrático de los sucesivos movimientos estudiantiles y académicos –dentro y fuera del claustro– cuyas más recientes luchas han sido claramente antineoliberales y anticapitalistas. El paso de AMLO por la UNAM de 1973 a 1977 nunca tuvo ningún compromiso con los grupos democráticos estudiantiles pues su pertenencia al PRI rechazaba cualquier vínculo con las demandas legítimas universitarias; también durante el periodo preneoliberal “las facultades de ciencias sociales se llenaron de conservadores”. Aunque el pasado viernes 29 rectificó y reconoció que su crítica a la UNAM se enfoca en “el grupo dominante” que la sometió durante el periodo neoliberal e hizo un reconocimiento a sus estudiantes, académicos e investigadores y reiteró también su respeto a la autonomía, pero consideró que los cambios en esa casa de estudios “se pueden dar desde adentro, con los mismos universitarios; tengo confianza en que lo hagan.” Para los cambios ¿que le toca hacer a AMLO?
Él sostiene que el neoliberalismo en el país ya es cosa del pasado, pero esta ilusa afirmación dista mucha de la realidad nacional; en todo caso, hoy día existe una mutación del neoliberalismo priista y panista a un neoliberalismo morenista más sutil, plagado de resabios y retórica populista de un “nacionalismo revolucionario” con fuerte contenido demagógico. Un ejemplo de neoliberalismo “semibonapartista” actual es la aprobación en marzo pasado de la Ley General de Educación Superior promovida por Morena, la cual deja intactos a los grupos de poder universitarios y sigue aceptando la funesta exclusión de decenas de miles de estudiantes a ingresar a las instituciones educativas superiores. Otro ejemplo es cuando los profesores de asignatura, principalmente del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), el miércoles 27 de octubre convocados por la Asamblea Interuniversitaria y algunas organizaciones estudiantiles de la UNAM protestaron afuera de Rectoría en demanda de mejores condiciones laborales. Señalaron que las violaciones a sus derechos, la inestabilidad de sus contratos y los bajos salarios son expresión “de que el neoliberalismo sigue presente” en la máxima casa de estudios. “La mayoría estamos contratados por semestre, por horas, y somos víctimas cautivas de abusos porque si protestamos inmediatamente nos bajan las horas de clase o desaparece nuestra materia o de plano no nos recontratan”, expuso Miguel Rangel Aguilera, profesor del CCH Naucalpan. Demandó que haya “un verdadero programa de estabilidad y una redistribución justa del presupuesto de la UNAM”, pues sus administradores “se asignan salarios y prestaciones más allá de las dignas”. Esta situación de precariedad laboral existe en la mayoría de las universidades mexicanas, incluida la gran desigualdad salarial entre la mayoría del personal académico y la alta burocracia dorada universitaria, y no se percibe que el presidente del país pretenda modificar esta situación de injusticia.
II. El pleito más visible y enconado de AMLO –hasta ahora meramente verbal lleno de acusaciones– es con la mafia de la UdeG, pues de nueva cuenta, el presidente criticó a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) y a Raúl Padilla López (RPL), presidente del Comité organizador a quien ha calificado reiteradamente como “un cacique” y de pertenecer a un “bloque de conservadores”, lo cual es muy cierto. El mandatario señaló que “(Mario) Vargas Llosa no falta a una feria del libro, pero habría que ver cuánto le pagaron”. Hasta la fecha, sin embargo, todas las fuertes acusaciones de AMLO a la camarilla caciquil ha quedado en mera retórica demagógica sin consecuencias prácticas para beneficio de la comunidad universitaria y de la sociedad jalisciense.
El viernes 29 el Consejo General Universitario (CGU) de la UdeG publica un desplegado en los medios exigiendo respeto del presidente de México a esta institución, en el cual considera “reiterados e inadmisibles ataques del Presidente de la República… (quien) desde hace un año ha vertido comentarios imprecisos sobre nuestra institución. Se trata de inexactitudes o afirmaciones hechas con ligereza… debido a la particular inflexión emocional… enturbiando la imagen de nuestra institución… (y) que buscan afectar la legitimidad de nuestras autoridades.. con fines políticos ilegítimos… parte de una estrategia general de asalto no sólo a las universidades públicas… y a organizaciones de la sociedad civil.” Más aún, en el desplegado el propio CGU dice, falsamente, que este se elige democráticamente y está integrado de manera plural en la diversidad política e ideológica. Hay demasiado cinismo en el contenido del desplegado porque además el CGU hace autoelogio. Todos los 187 consejeros son elegidos con el visto bueno del cacique y de la camarilla, por lo que no es nada representativo de los intereses de la comunidad universitaria. Representa, eso sí, los intereses caciquiles y los propios.
Por supuesto, el gobierno universitario carece de toda legitimidad entre la propia comunidad universitaria y fuera de ella. Todo cacicazgo se sostiene sobre la base de un poder autoritario detentado en el monopolio de la violencia o del poder de manejar los recursos financieros públicos para beneficio personal, pero no requiere necesariamente de la legitimidad de los subordinados. El cacicazgo de RPL nunca ha podido obtener ningún reconocimiento de esta comunidad ni del pueblo jalisciense, pues como grupo de poder fáctico se sostiene autoritariamente sobre la base de cuatro pilares corporativos–clientelares: el propio CGU, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), y los dos sindicatos blancos–patronales.
Cierto es que la UdeG es por antonomasia la universidad de los escándalos políticos del país, pues esta universidad, desde principios de los años sesenta del siglo pasado empezó ser objeto de escándalo público con la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG), la década de los setenta fueron años convulsos y esto significa que las prácticas corporativo–autoritarias se imponían con métodos violentos intramuros y extramuros; pero, a partir de los años noventa, con Raúl Padilla López como rector, los escándalos generados por las autoridades universitarias se han vuelto cotidianos en la opinión publica y en la sociedad civil. Muchos de estos escándalos obedecen o tienen su origen por la profunda corrupción con este liderazgo caciquil que ha hecho de la universidad un botín patrimonialista personal, familiar y de camarilla.
La FIL forma parte del Corporativo de Empresas Universitarias (CEU) que preside el cacique RPL quien de hecho es el dueño de ellas. La FIL se supone que es una alternativa de financiamiento propio y de desarrollo institucional pero en realidad es un showbusiness, un negocio editorial muy lucrativo e instrumento político acorde a los intereses caciquiles, además de ser un medio para seducir políticamente a muchos intelectuales, académicos y escritores, ciertamente muchos de ellos (ultra) conservadores. Tal es el caso de quienes pertenecen a Nexos o Letras Libres, encabezados por Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze, mercenarios de la “cultura”, quienes forman parte del séquito cortesano caciquil, a la cual se integró, muy bien pagado, Vargas Llosa. Como bien señala el periodista Felipe Cobian: “Incuantificables negocios (son de RPL): el Teatro Diana, el Auditorio Telmex del Centro Cultural Universitario, que tan poca cultura tiene, con varios llenos a la semana. Y qué no decir de la Feria Internacional del Libro (FIL), con sus cientos de miles de visitantes con boleto pagado (más de 600 mil en la última edición), aparte del elevado costo por metro cuadrado que pagan los expositores (4 mil dólares) y no se diga lo que aportan los patrocinadores. Empero, esto último no se refleja en que haya crecido el número de lectores aquí: Guadalajara (y anexas) está al mismo nivel que el resto del país. El promedio de lectura de sus habitantes escasamente pasa de un libro y medio al año.” https://elrio.mx/sin-novedad-la-udeg-seguira-secuestrada-por-raul-padilla/
En la Cuarta Transformación (4T), dentro de una crisis social generalizada, la crisis de la educación pública, especialmente la universitaria, es muestra de la ausencia de una política integral para superar el rezago con los grandes problemas educativos durante décadas. Este gobierno carece de una política para enfrentar los retos de la crisis de la educación superior. La universidad mexicana se encuentra sumida en una profunda crisis académica y política, ciertamente derivada de una onda larga neoliberal. En la mayoría de las universidades los planes de estudio son obsoletos, pues en su mayoría responden a una formación profesional competitivo para el mercado capitalista y no para contribuir a resolver las necesidades sociales más apremiantes. También hay una profunda crisis en las formas de gobierno universitario, pues en la mayoría de las instituciones prevalecen los grupos de poder cuyos intereses residen más en mantener sus privilegios económicos y políticos bajo formas autoritarias corporativas–clientelares semimafiosas que en establecer mecanismos de participación democrática para toda la comunidad.
III. Es necesario organizar la resistencia antineoliberal universitaria apoyándose en lo que sobrevive de independencia académica democrática para mantener el espíritu crítico y cívico. Hay que reivindicar el pensamiento crítico y llevarlo a sus consecuencias prácticas políticas, asociándolo a las fuerzas sociales extrauniversitarias concurrentes anticapitalistas. Bien lo dice Daniel Bensaïd: “Contra los imperativos mercantiles y los controles burocráticos, las fuerzas críticas en el seno de la universidad deberían intentar ligarse con todos los núcleos de producción de conocimiento: movimientos sociales, sociedades, clubs, editores, librerías independientes, para cooperar a la reconfiguración de un espacio público laminado por el horror económico de la lógica neoliberal”. Es por eso que los sectores democráticos estudiantiles y académicos proponen un amplio debate para analizar la cuestión nacional universitaria que requiere de una profunda transformación; se necesita de una convocatoria para una Asamblea Nacional que reivindique una Reforma Universitaria Democrática que, entre otras cosas, anule definitivamente a los grupos y camarillas de poder enquistadas en los recintos educativos. Defender la educación pública debe pasar necesaria y urgentemente por la democratización universitaria.
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