Al apostar por la represión y politizar las instituciones, el Estado mexicano cierra las vías pacíficas al pueblo, que reclama atención a sus demandas sociales, afirmó Flavio Sosa Villavicencio en la primera entrevista que ofrece desde su detención, ocurrida el 4 de diciembre de 2006 en la ciudad de México. «Cancelar el diálogo es un […]
Al apostar por la represión y politizar las instituciones, el Estado mexicano cierra las vías pacíficas al pueblo, que reclama atención a sus demandas sociales, afirmó Flavio Sosa Villavicencio en la primera entrevista que ofrece desde su detención, ocurrida el 4 de diciembre de 2006 en la ciudad de México.
«Cancelar el diálogo es un grave error y una torpeza de (Felipe) Calderón, que le va a pesar, porque no habrá transición si no se solucionan las demandas del movimiento magisterial y popular», sostuvo. Destacó que está preparado para seguir en la cárcel hasta obtener su libertad, no por una negociación con el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, «sino por la fuerza del movimiento magisterial y popular. No voy a negociar nada; no he cometido ningún delito y tarde o temprano saldré libre», señaló. Asimismo, retó al gobierno estatal a mostrar al menos una prueba de su culpabilidad en los seis procesos abiertos en su contra.
«Quiero que me demuestren que tengo alguna responsabilidad; todas las acusaciones son de supuestos testigos que dicen que oyeron que alguien dijo que yo había participado», agregó.
En la cárcel de este municipio, donde llegó con su hermano Horacio el pasado día 15, después de ocho meses y medio de reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 del Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México, el consejero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) sostuvo que la determinación del Estado mexicano para reprimir y utilizar a las instituciones para la negociación política, pone a la lucha pacífica contra la pared y sin ninguna oportunidad de alcanzar atención a sus demandas.
«Fuimos a hablar con (la Secretaría de) Gobernación, recurrimos al Senado, pero no avanzaron el diálogo ni el procedimiento de desaparición de poderes, porque el PAN y el PRI negociaron el reconocimiento de Calderón a cambio de mantener a Ulises en la gubernatura.
«Y cuando asume (Calderón) la Presidencia y vamos a buscar la interlocución, se nos encarcela. Así, opta por una salida de fuerza, por la represión y el encarcelamiento de quienes vamos por la vía pacífica. Esto es peligroso, porque no se está dejando ninguna salida al pueblo. Y en nuestro caso quedamos como rehenes de Calderón y de Ulises», añadió.
Consideró que el Estado mexicano «desató una brutal persecución contra el pueblo de Oaxaca. Se torturó y encarceló a muchos oaxaqueños sin haber cometido delito alguno. Y en un caso inédito para la historia reciente del estado, otros fuimos enviados a penales de máxima seguridad del estado de México, Nayarit y Tamaulipas, por alzar la voz solamente».
Afirmó que los gobiernos federal y estatal «se ensañaron» en su contra, de su familia y de sus compañeros cercanos, por «decir las cosas como son y no ocultar el rostro. La decisión para la detención (junto con su hermano Horacio, Marcelino Coache Verano e Ignacio García Maldonado, los dos últimos recién liberados) fue al más alto nivel, pero con grandes irregularidades. Los policías nunca nos mostraron ninguna orden de aprehensión; incluso cuando estábamos en la Procuraduría General de la República, frente a nosotros estaban recibiendo por fax el oficio de colaboración de la procuraduría de Oaxaca, para poder cubrir el trámite de nuestra detención. Un periodista del New York Times me preguntó en noviembre del año pasado: ‘¿después de la entrada de la Policía Federal Preventiva, qué sigue?’ Y le respondí que tenía dos caminos, la muerte o Almoloya, y fue lo segundo, pero bueno, eso imaginé que sería para mí, nunca para mis hermanos, que no tienen nada que ver con el movimiento. Erick es bombero del aeropuerto de Oaxaca, y fue torturado y llevado hasta el penal de máxima seguridad de Matamoros; Horacio andaba acompañándome en la ciudad de México y lo envían conmigo a Almoloya, donde el trato es inhumano, humillante y degradante, sin que ninguno de nosotros haya incurrido en un delito federal».
-¿Vale la pena tanto sufrimiento por una causa?
-Claro que vale la pena. Mi familia y la familia de otros han sufrido cosas terribles, acoso, persecución, pero si la lucha es por un cambio, vale la pena pasar tantas cosas. No podemos olvidar la muerte de tantos compañeros, como José Colmenares, Lorenzo San Pablo, Alejandro Hernández, los indígenas triquis, y tantos torturados de las barricadas.
-Su detención tenía aparentemente la finalidad de descabezar al movimiento magisterial y popular, por ser uno de los miembros más visibles del consejo estatal de la APPO, pero no ocurrió así.
-Efectivamente, Calderón y Ulises Ruiz pensaron que con detenerme iba a sufrir un duro golpe el movimiento, pero no fue así porque la APPO no es un movimiento de dirigentes, sino del pueblo, con demandas justas y legítimas.
«La APPO representa una causa histórica contemporánea, una bandera en Oaxaca que han levantando muchísimas personas ante tanta pobreza, marginación, injusticia e impunidad, así como por tantos gobiernos frívolos, insensibles e ilegítimos. A pesar de la gran represión la gente mantiene viva la esperanza del cambio», acotó.
Flavio Sosa reiteró que seguirá resistiendo en prisión, porque no piensa negociar su excarcelación con el gobierno de Ruiz Ortiz. «No me interesa, porque mi hermano y yo, así como los demás presos del movimiento, somos inocentes. Si vamos a salir ha de ser por la fuerza del movimiento y por el trabajo de los abogados. Y cuando suceda eso no saldré con ninguna condición, mucho menos a guardar silencio. Cuando el movimiento nos ponga en la calle caminaré tranquilamente, porque no tengo nada de qué avergonzarme», apuntó.
-Pero en los seis procesos penales que se le han instruido se le acusa de muchos delitos, algunos graves.
-Me han acusado de muchas cosas; de la toma del Canal 9, cuando fue un acto reivindicado por mujeres sin que yo haya participado; me acusan de la toma de las oficinas de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, sin que haya tenido nada que ver; me acusan de haber secuestrado a unos policías ministeriales que entraron a mi casa a matarme, sin tampoco estar relacionado, porque eso estaba pasando mientras hacía la denuncia ante la prensa en el zócalo.
«No somos delincuentes», concluye.