Las compras estatales en la modalidad Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE, de 20.001 a 500 mil bolivianos) se ampliarán hasta un millón de bolivianos y se acortarán los plazos de los trámites de contratación para fomentar a la producción nacional, informó el Ministerio de Economía y Finanzas. El gobierno establecerá mediante decreto […]
Las compras estatales en la modalidad Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE, de 20.001 a 500 mil bolivianos) se ampliarán hasta un millón de bolivianos y se acortarán los plazos de los trámites de contratación para fomentar a la producción nacional, informó el Ministerio de Economía y Finanzas.
El gobierno establecerá mediante decreto supremo nuevos parámetros en las contrataciones de bienes y servicios menores (de 1 a 20 mil bolivianos), en la modalidad ANPE (30% de las licitaciones anuales); en licitaciones públicas mayores a 1.000.001 bolivianos y en las adquisiciones directas, de excepción y de emergencia sin límite de monto.
Se acortarán los plazos de los procesos de contratación y se simplificarán los requisitos para presentarse a licitaciones en los municipios más pobres del país. Las instituciones públicas podrán ampliar contratos de servicio de Internet, limpieza y seguros por una sola vez.
Además, se facilitarán las contrataciones directas por montos mayores a los establecidos, se reducirán plazos para presentar propuestas y se crearán mecanismos de control para evitar la corrupción.
El Estado es el principal cliente de industrias nacionales, microempresarios, profesionales y organizaciones de productores campesinos. Las compras estatales de bienes y servicios, uno de los instrumentos más importantes para reactivar el aparato productivo interno, fluctuarían entre 798 y 1.197 millones de dólares anuales.
En 2003, las compras estatales ascendieron a 8.036 millones de bolivianos equivalentes a 1.047 millones de dólares, el 26% del presupuesto consolidado y el 13% del PIB nacional, indica la investigación Compras del Estado en Bolivia y Libre Comercio de la Fundación Solón.
Las compras gubernamentales se concentran en tres grupos de partidas del PGN. En 2003, casi la mitad (47%) fueron Activos Reales (construcción de obras, compra de maquinaria, equipos, estudios y proyectos de inversión). Un tercio de las adquisiciones (32%) fueron Servicios no Personales (servicios básicos, consultorías, servicios de transporte y otros). El 18% de las compras estatales fueron Materiales y Suministros.
El 16 de mayo de 2003, el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada aprobó el Decreto Supremo 27040 «Contratación de bienes, obras, servicios generales y de consultoría», en sintonía con el capítulo de Compras del Estado del proyecto norteamericano Área de Libre Comercio de las América (ALCA).
Este decreto colocaba a los productores nacionales en igualdad de condiciones con las empresas extranjeras y eliminaba la posibilidad de participación de los pequeños productores en las compras gubernamentales.
En enero de 2004, el presidente Carlos Mesa promulgó el DS 27328, más conocido como Compro Boliviano, fijando procedimientos, modalidades umbrales y preferencias específicas para las contrataciones públicas. Se identificaron al menos cinco modalidades: licitación pública nacional o internacional; invitación pública nacional, municipal o internacional; compras menores por comparación de precios; compras y contrataciones por excepción y compras por medios electrónicos.
El DS Compro Boliviano creó la licitación pública para compras nacionales, exclusiva para las empresas radicadas en Bolivia. El umbral para ésta modalidad fue de 160.001 a 8 millones de bolivianos. Dispuso que los bienes con contenido nacional mayor al 51% se beneficiarían con una preferencia del 20% en licitaciones públicas nacionales e internacionales.