El pasado 5 de febrero, se cumplieron 106 años de la promulgación de nuestra carta magna, instrumento jurídico que le da certeza al país para aspirar a vivir completamente en una sociedad jurídicamente civilizada.
Nuevamente fue Querétaro, cuna del constitucionalismo escrito, donde los tres poderes de la unión. Judicial, legislativo y ejecutivo, se reunieron, para que sus representantes, dirigieran un mensaje a la nación, sobre su visión de país y de trabajo realizado por ellos mismos. La pregunta obligada es si hay algo que festejar o sigue siendo este tipo de aniversarios, actos protocolarios al más estricto estilo de la política mexicana.
Creemos que de todo hay un poco. Vimos a un ejecutivo federal que dice es liberal y democrático, dirigirse a los asistentes y el pueblo de México, con el mismo discurso con el que hace 18 años inició su campaña electoral por la Presidencia de México. Confuso papel presidencial de AMLO de ser un defensor de la Constitución y el Estado de Derecho, sigue arremetiendo –como en sus 1509 conferencias mañaneras hasta el día de hoy- contra quien no comulgue con lo que dice es su proyecto de país, al grado de decir que, su movimiento 4T es quien le ha devuelto el espíritu original a la constitución de México, pasando por alto que, las garantías constitucionales y derechos sociales logrados en estos 106 años, al igual que la solidez de las instituciones creadas y protegidas por la propia constitución, son producto sobre todo del constituyente permanente, producto de todas y todos los mexicanos, a lo largo precisamente de 106 años. Sus asesores jurídicos parecen no tienen datos precisos sobre la historia jurídica de México.
Que precisamente su triunfo o alternancia en el poder, se debe a esas instituciones sólidas y cimentadas al amparo de la legalidad y la certeza, que lograron bajo el manto de la constitución hacer que sus contendientes electorales, asumieran su responsabilidad histórica aceptando un triunfo electoral, que como ya dijimos son producto de las alternancias que México vive y seguramente vivirá, cuando el pueblo castiga con su voto, la osadía de los partidos políticos y sus dirigentes, incluidos a sus candidatos presidenciables, de no cumplir con la promesa empeñada, primero en sus campañas y luego en su estilo personal de gobernar, obvio con resultados adversos a la democracia, la justicia y el progreso social.
Por parte del poder judicial vimos, una presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que arranca su administración mandando el mensaje de no sometimiento a ningún poder en especial al del presidente en turno, quien gobierna realizando facultades meta constitucionales y fuera de la norma, pero también un poder judicial federal que hace mutis ante el cuestionamiento de uno de sus ministros, que lejos de beneficiar su estancia dentro de este poder, lo debilita al no tomar cartas en el asunto conforme a Derecho. Poder judicial federal, que debe ser imparcial y autónomo porque es precisamente quien le otorga justicia a los justiciables, y craso error el que se ventile un desaseo académico en el mismo, sin que haya responsables.
Por lo que respecta al poder legislativo, vemos que el mismo está conformado por fracciones y facciones legislativas que responden más a los intereses de partidos y sus dirigencias, por lo que los partidos políticos y quienes los integran, distan mucho de ser verdaderos entes de interés público, pero que muchas veces cuando actúan como verdaderos legisladores tanto como diputados federales o senadores de la república, pueden ser un verdadero contrapeso del ejecutivo, independientemente de provenir del mismo partido, dejando de ser rendidores de pleitesía a quien en turno ocupe palacio nacional y convertirse en verdaderos constituyentes permanente, como aquellos constituyentes de 1917, que dejaron atrás intereses personales o de grupo para privilegiar valiente, patrióticamente el papel de legisladores mexicanos. Por cierto, hombres y mujeres de una talla inigualable hasta el momento.
Los mexicanos demandamos y exigimos a los tres poderes de la unión, a los gobiernos estatales y municipales, así como legisladores del país, asuman su responsabilidad histórica y patriótica, respecto al estricto cumplimiento de lo que ordena la constitución y al irrestricto imperio del Estado de Derecho, asumiendo nosotros las y los abogados de México, el papel que nos corresponde por un México libre, democrático, incluyente justo, pero sobre todo, velando por sus instituciones que le dan certeza de estabilidad jurídica y política. El país no es nuestro, es de los hijos, de los hijos, de los hijos de nuestros hijos.
Rafael Marín Marín es Presidente del Colegio de Profesionales y Técnicos del Estado de Veracruz y, Secretario General del Frente Nacional Jurídico en Defensa de la Constitución y el Estado de Derecho. A.C.
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