«Descíframe o te devoro». Esfinge de Tebas.[1] Descargas del Golpe de Estado La espiral violenta de los «comités cívicos» de cariz neofascista fue radicalizada por el papel de la OEA y de su secretario general, Luis Almagro, quien «adelantó» para el día 10 de Noviembre los resultados del «informe preliminar» de la auditoría realizada […]
«Descíframe o te devoro».
Esfinge de Tebas.[1]
Descargas del Golpe de Estado
La espiral violenta de los «comités cívicos» de cariz neofascista fue radicalizada por el papel de la OEA y de su secretario general, Luis Almagro, quien «adelantó» para el día 10 de Noviembre los resultados del «informe preliminar» de la auditoría realizada al proceso electoral, declarando «hallazgos viciados» e «irregularidades serias» en la elección del 20 de octubre. Al señalar como estadísticamente «improbable» que el presidente Evo Morales asegurara su victoria con un margen de 10 puntos porcentuales, dicho informe «recomendó» la celebración de nuevas elecciones, con una inmediata «primera ronda» apenas existan «condiciones» y «garantías» para ello, como es el caso de una «nueva composición del órgano electoral». Si bien se objetaba el margen de 10 puntos porcentuales, más no así el hecho de que «resulta posible que el candidato Morales haya quedado en primer lugar», ¿por qué la OEA no «recomendó» la segunda vuelta electoral? Evidentemente, por su papel activo en el proceso golpista.[2]
El papel de este «ministerio de colonias» empujó a la fascistización del proceso golpista liderado principalmente por Luis Fernando Camacho, así como a la agudización de la reaccionaria ola de protestas contra el supuesto «fraude» encabezado por Carlos Mesa, expresidente (2003-2005) y excandidato presidencial en esta última elección.
Tras la difusión pública del informe de la OEA, la misma mañana del 10 de noviembre, Evo convocó -en rueda de prensa- a renovar todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral, a nuevas elecciones y declinó de volver a participar en una nueva elección.
Sabiéndose derrotados bajo las condiciones políticas en las que se enmarcaban, los golpistas rechazaron todas las propuestas del máximo dirigente del MAS. La estrategia golpista estaba activada desde el día 21 de octubre, día siguiente de la elección.
Desde un inicio, el objetivo fue quebrantar el mandato democrático y lograr la defenestración del gobierno de Evo. Como en Venezuela, la consigna desestabilizadora y golpista de Juan Guaidó fue: «Fraude». Allá fueron las guarimbas, acá las acciones de los «comités cívicos», dos configuraciones de un denominador común: el neofascismo.
La crisis política se agravó con los amotinamientos de la Policía Nacional Boliviana iniciados en Cochabamba (8 Nov.), repetidos al día siguiente en Beni, Pando, en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de la ciudad de la Paz, así como en otros departamentos, capitales y ciudades del país hasta el domingo 10 de noviembre. Desconociendo los mandatos de la Constitución, la policía de Bolivia se unió a la ofensiva golpista y a la violencia reaccionaria de los «Comités Cívicos» (Correo del Sur, 10/11/2019).
Fue así que, el día 10 de noviembre se presentó públicamente el comunicado del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Kaliman, en el que manifestó: «sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial…». A ello le siguió el Comandante General de la Policía de Bolivia, Vladimir Yuri Calderón, quien en comunicado aparte, se sumó al pedido del «pueblo boliviano» de «sugerir al señor presidente presente su renuncia…».
El mismo día 10 de noviembre, faltando ocho minutos para las cinco de la tarde, Evo hace su declaración transmitida por televisión: «He decidido renunciar… grupos oligárquicos conspiran contra la democracia… tengo la obligación de buscar la paz… estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Purinacional de Bolivia».
Hasta el día de hoy, la Asamblea Legislativa no ha dado lectura a la Carta de Renuncia del presidente Evo Morales, como refiere el Artículo 161 (numeral 3) de la Constitución Política del Estado.
Por el contrario, lo que siguió fue otra violenta espiral de vulneración del orden constitucional y del resquebrajamiento de las reglas del juego democrático-institucional.
El hilo constitucional de la «sucesión presidencial» fue atropellado y desconocido el día 12 de noviembre, cuando la senadora Jeanine Áñez de modo unilateral se asumió -primeramente- presidenta del Senado, e inmediatamente después, se autoproclamó presidenta de la República de Bolivia.[3]
Además de estas acciones absolutamente violatorias de la Constitución, dicha autoproclamación presidencial se llevó a cabo con una Cámara de Diputados y de Senadores sin quórum parlamentario, ya que los legisladores del MAS, quienes guardan la mayoría con dos tercios de la representación electoral, en rotundo rechazo al atropello de la democracia y del orden constitucional, no asistieron al acto inconstitucional.
Tras la autoproclamación de Jeanine Áñez como presidenta del país, esto es, una flagrante usurpación de las funciones del poder Ejecutivo, el objetivo del golpe de Estado cívico-policial-militar terminaba por realizarse.
El mismo día, Evo señaló: «se ha consumado el golpe más artero y nefasto de la historia. Una senadora de derecha golpista se autoproclama presidenta del Senado y luego presidenta interina de Bolivia sin quórum legislativo, rodeada de un grupo de cómplices y apañada por Fuerzas Armadas y policía que reprimen al pueblo».
El Estado de excepción invertido como «gobierno de transición democrática»
De acuerdo con lo señalado en el apartado anterior -y puede documentarse con mayor exhaustividad- los distintos momentos que conformaron el proceso de golpe de Estado cívico-policial-militar se mantuvieron permanentemente en un quebrantamiento de todo el orden institucional y constitucional. Con la «autoproclamación» de Áñez, terminó por presentarse la interrupción de todo el orden político y constitucional, esto es, la plena interrupción de las reglas del juego democrático, partidario y constitucional. Fue la consumación del golpe.
Emanado del golpe de Estado, el gobierno de Jeanine Áñez es un gobierno asentado en ausencia absoluta de legalidad, fuera de todo el orden político-institucional.[4] Es un gobierno de excepción que se presenta a la sociedad boliviana y a la comunidad internacional como un «gobierno de transición».
Existe un nexo interno y diacrónico en los momentos que en su conjunto llevaron al golpe de Estado. En términos diacrónicos, puede especificarse su periodización: a) las brutales acciones del neofascismo neocolonial; b) la violenta desestabilización de la OEA; c) el desconocimiento constitucional de la policía y de las fuerzas armadas; d) la renuncia (defenestración) del gobierno de Evo Morales; e) la «autoproclamación» y usurpación de las funciones del poder Ejecutivo; f) la instauración del nuevo gobierno de excepción en el conjunto del aparato estatal.
Esta periodización, conformada en su nexo interno en tanto golpe de Estado, es bueno tenerla presente. Pues las clases reaccionarias y el bloque golpista pretenden fragmentar este conjunto de momentos o etapas del Golpe como si fuesen acontecimientos de naturaleza aislada y sin relaciones entre sí, más aún, al pretender dotar de inmunidad a esta última etapa de instauración y ejercicio del gobierno «interino».
A la violencia neofascista quiere revestirla de «lucha pacífica por la democracia»; a la defenestración golpista determinada por la intervención militar la encubre como «revolución pacífica ciudadana»; a la represión letal y sus «masacres» (CIDH) las mistifica como una «alianza duradera entre fuerzas armadas y sociedad civil».
Lo que más queremos subrayar es la intensidad con que la narrativa del bloque golpista se refiere a esta última etapa del proceso golpista y que consiste verdaderamente en la instauración del Estado de excepción, de su funcionamiento y desarrollo.[5]
Una vez instaurado, el «gobierno de transición» propaga desmesuradamente su trabajo de auto-legitimación presentándose bajo la ficción de una total independencia del conjunto de acontecimientos precedentes que lo engendraron.
Más aún, desde su inicio, dicho gobierno no para de exhibirse -con poco talento imaginario- colmado de «imparcialidad», «neutralidad», en tanto «gobierno de transición democrática» cuya «única finalidad» es velar por «las elecciones más libres, justas y transparentes de la historia de Bolivia».
De este modo, la usurpadora Áñez señala: «Nuestro Gobierno seguirá aportando en todas las fases del proceso electoral, manteniéndose alejado de cualquiera de las opciones políticas que vayan a surgir y respetando la independencia del Tribunal Supremo Electoral. Durante estos largos 14 años, los bolivianos hemos perdido la fe a las instituciones. Es importante que todos nuestros actos como servidores públicos sean con valores y principios» (La Razón Digital, 03/12/2019).
El mismo Donald Trump (17/12/2019) sella todo este proceso de fetichización -que invierte al régimen de excepción como gobierno «de transición»-, cuando expresa: «Apoyamos a Jeanine Áñez en Bolivia mientras trabaja para garantizar una transición democrática pacífica a través de elecciones libres…».
El sentido común siempre nos ha dicho, cómo los golpistas pueden efectuar «elecciones libres» si previamente interrumpieron el orden democrático, institucional y constitucional.
Esto sin duda nos remite a Venezuela, ya que el plan de un fracasado Guaidó -que fungió de matriz para Bolivia-, también contemplaba el mismo script imperialista: 1) defenestración; 2) gobierno de transición; 3) elecciones libres.
Si la defenestración se consuma (1) y los propios golpistas son obligados a celebrar «elecciones libres» (3), reside entonces en el régimen de excepción -exhibido en la superficie como «gobierno de transición»(2)-, la esencia para ejercer el control de la institucionalidad político-constitucional, la conculcación de los derechos democráticos, la degradación del proceso electoral, la usurpación de la soberanía popular. En este cuadro, Bolivia representa ahora el espejo que ha podido ser roto en Venezuela.
Por detrás de la apariencia de un gobierno de «transición», imparcial, democrático, justo y transparente, se oculta la cabeza de medusa del Estado de Excepción.
Es a esta forma de Estado, armada y apoyada por el imperialismo estadounidense, que debemos descifrar y poner nuestra atención. Para el caso de Bolivia, en esta etapa que en la superficie se presenta como de preparación y realización de nuevos comicios.
Lo que era una condición sine qua non para el cambio social cualitativo, esto es, la demolición de la «máquina burocrático-militar del Estado» -craso error del MAS y de su dirigencia el no llevarlo a la práctica-, es hoy el fundamento sobre el que se levanta el actual régimen de excepción.
¿Cuál es el papel que esta peculiar forma de régimen ha venido a representar en esta etapa «electoral»?
Su papel reside en el de constituir condiciones de control político, judicial, militar e ideológico-mediático que lleven a la desarticulación y desmovilización de las fuerzas del MAS y a la pulverización de su representatividad de masas para las próximas elecciones. Bajo políticas de la guerra híbrida y de claro predominio de contra-inseguridad (combate a la «sedición», «terrorismo», «impunidad», «corrupción», etc.,), su objetivo es establecer modificaciones en las relaciones de fuerza que lleven al desmantelamiento, desarticulación y desmovilización de las clases campesinas, indígenas, y movimientos sociales afines al partido del MAS, diezmar con ello sus capacidades políticas e ideológicas y conquistar nuevas bases sociales.
¿De qué modo ha venido operando el macro desenvolvimiento del actual régimen de excepción y en despliegue mediante los mil hilos que totalizan al aparato político estatal? En la respuesta a esta última pregunta nos detendremos en la segunda parte de este trabajo.
Notas
[1] Apostada en el camino que conducía a la ciudad de Tebas, la esfinge obligaba a todo aquél que se dirigía a la ciudad, a descifrar el «enigma» que les presentaba, de lo contrario, eran estrangulados. Según el historiador Apolodoro, la esfinge griega era «un monstruo con rostro y busto de mujer, patas de león, cuerpo de perro, cola de dragón y alas de pájaro». De acuerdo con el poeta Estacio, ésta presentaba «el rostro pálido, la boca llena de veneno, ojos como brasas encendidas y las alas siempre manchadas de sangre». Cuando Edipo descifró el «enigma» de la esfinge, vino la implosión de ésta.
[2] El 12 de noviembre, en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente del Organización de Estados Americanos desde Washington, L. Almagro señaló: «En Bolivia hubo un golpe de Estado el 20 de octubre cuando Evo Morales cometió fraude electoral» (El País, 12/11/2019). Cabe señalar que, hasta ahora, la OEA no ha ofrecido prueba alguna de dicho «fraude». Ni siquiera en su propio Informe Final presentado el 4 de diciembre, en el que el término «fraude» no aparece ni una sola ocasión en todo el Informe. Por el contrario, las denuncias de «fraude» han sido desmentidas por distintas investigaciones de numerosos institutos de investigación internacionales.
[3] De acuerdo con el artículo 169 (numeral I) de la Constitución política del Estado de Bolivia, el hilo de la sucesión presidencial mandata que: «En caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o del Presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o el Presidente del Senado, y a falta de ésta o éste por la Presidente o el Presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días». Al momento de su autoproclamación, la senadora Áñez expuso: «Conforme al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país…». ¿Quién la nombró presidenta del Senado? ¿Con qué base constitucional, qué legalidad, y con qué quórum puede proclamarse presidenta del Senado? Más aún, ¿cómo una senadora autodenominada presidenta del Senado, en estas condiciones, puede a su vez autoproclamarse presidenta del Estado?
[4] El día 19 de diciembre, Evo señaló: «La Ley 651 del 20 de enero de 2015, me proclama como Presidente Constitucional hasta el 22 de enero de 2020. Esta norma no fue abrogada, anulada y menos declarada inconstitucional, por lo que cualquier acto del gobierno de facto de Áñez, Camacho y Mesa es ilegal».
[5] El golpe de Estado es parte del proceso de instauración del Estado de excepción. Éste último, no se agota en el golpe, que es solo su parto.
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