En artículos anteriores hemos venido sustentando el macro despliegue de un Estado policial y de contrainseguridad con apariencia “democrática” cuyo objetivo es el rígido establecimiento de las condiciones de control político, judicial, ideológico-mediático (en última instancia militar) que logren destruir las fuertes condiciones políticas y de representatividad que mantiene el partido del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP).
Mediante los mil hilos que totalizan al aparato estatal, el estado de excepción transfigurado como “gobierno de transición” despliega la contrarrevolución en una guerra abierta contra las bases sociales, organizaciones y dirigentes de masas que aglutinan al MAS, en su objetivo de desarticular y desmovilizar a las clases campesinas, indígenas, obreras y movimientos sociales afines al partido.
De un modo ininterrumpido, con una abrumadora actividad en la totalidad de los órganos y ministerios estatales, el estado de excepción interpela sistemáticamente a la sociedad boliviana bajo un discurso de estigmatización y des-legitimidad en contra del “enemigo” socialista, en contra del “totalitarismo” de sus gobiernos, “el Fraude monumental”, la “corrupción gigantesca”, etcétera.
Vinculado a ello, desde su instauración, el gobierno golpista se ha impuesto el inmenso trabajo de dirigir y organizar la unidad de las clases dominantes (fracciones de clase, fuerzas políticas y sociales), velando por la organización de un bloque de dominación conformado por las fracciones oligárquicas, fuerzas militares y policiales, burocracia política, los aparatos de Justicia y sus agentes judiciales, clases medias (comités cívicos, médicos, etc.), medios de comunicación, partidos políticos, iglesias, sindicatos, sectores sociales, etc.
Esta asfixiante labor operada por la maquinaria estatal del “gobierno de reconciliación” ha estado dirigida a la construcción de una especie de “unidad de la nación” de abierto y violento carácter antimasista. De ahí que como organizador y guía de las fuerzas restauradoras, el gobierno de facto deJeanine Áñez ha buscado poner en guardia a la contrarrevolución de las “divisiones” y de la “dispersión” de las fuerzas.
Cuando pusimos de relieve este papel del “gobierno de transición” (de excepción) respecto a la organización y unificación del nuevo bloque en el poder y de su generalización antimasista, caracterizamos este papel asumido por el gobierno de Áñez como el de un verdadero “Jefe de campaña”, esto es, abocado a dirigir toda la maquinaria estatal para construir las condiciones políticas, sociales e ideológicas del “antimasismo”, verdadero rostro del candidato imperial y de la oligarquía.
Sobre la base de este trabajo de cohesionar a la sociedad boliviana sobre el eje antisocialista y antimasista, pasada la primera semana de enero, Áñez exclamó: «los bolivianos (sic) hemos luchado por una causa: salir de la tiranía”. Y enseguida añadió que buscaría convocar a una “cumbre de líderes políticos”, cuya finalidad recaería en “evitar la dispersión del voto”, esto es, organizar la conformación de un “Frente único” “para no permitir el retorno de ningún régimen que ponga en riesgo la democracia” (ABI, 10/01/2020).
Sin embargo, al ver su desenfrenado avance de la campaña nacional antimasista, al percibir su vital labor en la dirección y articulación del bloque de dominación, al advertir las ventajas que encierra el usurpar y permanecer al frente de todo el aparato estatal, desbordada de intereses egoístas, Añez terminó por saltar del papel de dirección del proceso de unificación del bloque social antimasista a la personificación directa del mismo, y autoproclamarse (el día 24 de enero) como la candidata de ese bloque de “reconciliación nacional”, ello a riesgo de echar por tierra todo el violento ejercicio estatal dirigido a construir la unidad nacional antimasista.
A esta “mujer de Ley”, como también se autodenominó en su discurso del 22 de enero, no le importaron más aquellos acuerdos establecidos con la Junta golpista emanados de la reunión secreta en la Universidad Católica, el mismo día de la renuncia del gobierno de Evo. En el límite de su aventurerismo, Áñez defendió su auto-nominación como candidata presidencial precisamente porque “fracasaron los intentos de consolidar una candidatura de unidad que haga frente al MAS”.
Confiada en el potencial del Estado en tanto factor de cohesión de la “unidad nacional”, y por supuesto, en su principal posición al frente de dicho Estado en el mantenimiento del “camino del Consenso” en tiempos de contrarrevolución, Añez confía en personificar ella misma lo que la derecha golpista llama “unidad nacional por la democracia”.
Ante la convocatoria de diversas bases-apoyo de la contrarrevolución (Comité Cívico pro Santa Cruz, Conade, entre otros) a una reunión de los candidatos de la restauración el día primero de febrero (para organizar y defender el “Frente Único” y la Unidad antimasista), Añez fue la primera en confirmar su presencia.
La auto-nominación de Áñez como candidata presidencial y las “fisuras” en el bloque golpista
La auto-nominación de Áñez dio lugar a nuevas fisuras en el seno del bloque golpista. Ninguno de los candidatos logró digerir el manotazo de Áñez y su autoproclamación como candidata a la presidencia. Mesa la increpó señalándole que eso “daría la razón” a Evo en su argumentación sobre el golpe de Estado. Después vinieron fuertes señalamientos de Camacho, de Quiroga, la renuncia y acusaciones de la propia ex secretaria de Comunicación de Áñez, Roxana Lizárraga (aliada a Camacho) por la misma auto-nominación. Incluso fue criticada por el mismo empresario y líder del partido Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, quien tuvo que retractarse de sus señalamientos porque hoy funge –sin rubor alguno– como el candidato de Áñez a la vicepresidencia.
El registro oficial ante el Tribunal Electoral de ocho binomios como candidatos a la presidencia y vicepresidencia, muestra hasta cierto punto algunas divisiones y debilidades del “Frente Único”. No obstante –esto es crucial– deben considerarse muy relativas, pues al tratarse de un cruento periodo de guerra abierta contra el MAS, las “fisuras” pueden también desaparecer, no solo en el escenario de una segunda vuelta electoral, sino incluso, en la primera vuelta electoral.
Convocatoria por la “Unidad Nacional” antimasista
Ante los divisionismos suscitados tras la auto-nominación de Áñez, los diversos grupos golpistas (Conade, neofascistas cívicos del comité pro Santa Cruz, Resistencia Juvenil Cochala RJC) exigieron a sus líderes políticos la “Unidad”. Una fascistoide célula de la RJC les exigió a los candidatos de la derecha, con armas en la mano: “O se unen, o los unimos”.
El Comité pro Santa Cruz redactó la Convocatoria al “Encuentro Nacional por la Unidad de Bolivia”. Una reunión entre los candidatos de la restauración para la defensa y mantenimiento de la “Unidad” contra el “enemigo en común”.
En dicha reunión celebrada el primero de febrero en Santa Cruz –no exenta de discusiones, reclamaciones y denuncias entre los propios asistentes– acudieron todos los candidatos de la derecha. Sin embargo, el resultado no fue muy sólido, pues sin avanzar en la unificación del “bloque único”, terminaron por registrarse siete binomios de derecha el 3 de febrero, último día para el registro oficial de las candidaturas.
No obstante, esta también llamada “Cumbre de la Unidad y la Democracia” dejó abierta la posibilidad de unificación del bloque. El fruto de dicha reunión fue la firma de un documento en donde se “ratifica la obligación de lograr la unidad ante el pueblo boliviano”, aunque sin compromisos de fondo para establecer el “Frente Único”.
Al final del documento, en la parte sobre el “Acuerdo por la Unidad de Bolivia”, se convoca a otra reunión para el día 3 de abril, un mes antes de la elección presidencial. Ahí podrá “evaluarse” el “desarrollo de la campaña” con miras a definir posturas respecto a aquellas candidaturas que estén por debajo de las preferencias electorales, así como construir acciones para “evitar la dispersión del voto”.
No obstante lo señalado, importante es mencionar que, posterior a dicha “cumbre política”, se profundizaron los cuestionamientos y ataques entre estos candidatos de la restauración. Camacho, Lizárraga, Mesa, Quiroga, han denunciado de modo creciente la desigualdad de condiciones que ejerce Áñez en la carrera electoral posicionada al frente del aparato estatal[1], precisamente del aparato que estos mismos golpistas le ofrecieron en privado y exclusivamente como “gobierno transitorio” en la Universidad Católica.
Profundización de las persecuciones del Estado policial y de contrainseguridad
En las últimas semanas se ha profundizado el despliegue de la maquinaria estatal en contra de los principales representantes y dirigentes del MAS. Esto se refleja claramente con el cerco a la embajada de México en Bolivia y el acoso en contra de los exfuncionarios del gobierno masista (Juan Ramón Quintana, Javier Zavaleta, Héctor Arce, Wilma Alanoca y Hugo Moldiz, entre otros) que ahí se refugian desde hace más de tres meses, el secuestro paramilitar del ex ministro de Gobierno Carlos Romero y su posterior detención, las aprehensiones de Gustavo Torrico, Patricia Hermosa, quienes son acusados de “sedición” y “terrorismo”, la detención del exministro de Desarrollo Rural, Cesar Cocarico, así como el proceso judicial abierto en contra del mismo candidato presidencial del MAS, Luis Arce.
Por vías institucionales como a nivel de las acciones de grupos neofascistas, se agravan las presiones a los Tribunales Electorales para que proceda a impugnar e inhabilitar las principales candidaturas del MAS[2], la candidatura del mismo Luis Arce, la de Evo al Senado y de quienes más directamente le rodean (el excanciller Diego Pary, la candidatura a la vicepresidencia de David Choquehuanca, de Adriana Salvatierra), lo que muestra el peso de la asfixiante maquinaria golpista dirigida en contra del partido del socialismo.[3]
Ha sido tal el despliegue policial-judicial del “gobierno de transición democrática” para liquidar a las fuerzas políticas e ideológicas masistas, que la ONU no ha podido ser omisa ante la intensidad de los violentos acontecimientos.
En la primera semana de febrero, Jean Arnault, enviado especial de Naciones Unidas en Bolivia, exigió que “en un contexto electoral es esencial que no se realicen actos de persecución política, incluyendo el abuso de procedimientos judiciales”. Días después fue Diego García-Sayan, Relator Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU, quien en un artículo titulado “Bolivia: tortuosa transición” (El País, 7-02-2020), manifestó que “hay persecución política usando a la justicia”. En el artículo se argumenta la existencia de una “sucesión de denuncias sobre atropellos a los derechos democráticos como señales preocupantes de persecución política”, lo que le concluye que en Bolivia “la independencia judicial está bajo ataque” y “el ejercicio libre de la abogacía se encuentra seriamente afectado”.
No profundizamos sobre las virulentas respuestas del ahora candidato presidencial Carlos Mesa y de la Conade a estas declaraciones y exhortos de Naciones Unidas. Baste mencionar que el propio gobierno de Áñez se lavó las manos –manchadas de sangre[4]– al aducir simplemente que “el señor García-Sayán se equivocó de gobierno” (La Razón Digital, 8/02/2020).
Cuatro días después de los señalamientos del Relator Especial respecto a los ataques a la “independencia judicial”, el ministro del Interior, Arturo Murillo, señaló que en el marco de la lucha contra la “corrupción”, aquellos “jueces y fiscales que liberen a delincuentes irán a la cárcel”, lo que deja en claro la respuesta pragmática del gobierno de facto a aquellos cuestionamientos en su contra.
Otra muestra de la profundización del Estado policial y de contrainseguridad en este contexto electoral, puede verse en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), quien ha admitido el recurso de Áñez contra la Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos (la llamada Ley de Garantías[5]). El gobierno golpista llevó dicha Ley a consulta constitucional por el Tribunal, para que éste rechace esta nueva norma. Hasta ahora, el TCP dispuso paralizar el tratamiento legislativo de esta Ley, hasta que sea emitido el fallo en los próximos días o semanas.
Todo indica que la Ley de Garantías impulsada por el ala “dialoguista” del MAS, será arrollada por la ciclópea maquinaria de la contrarrevolución, del mismo modo en que fue barrida la Convocatoria de Evo (a principios de este mes) para la celebración de un “Gran Acuerdo Nacional” que lleve a evitar una “guerra sucia electoral”, garantizar a todo partido político una “campaña libre”, “erradicar el discurso de odio”, etc., con el objeto de crear un ambiente de “paz” en las elecciones.
La campaña del MAS y el objetivo principal
Bajo el fuego del Estado policial, el MAS prendió los motores de su campaña electoral el sábado 8 de febrero. Con base en la fuerza popular que concentra, se dispone a dar una gran batalla para lograr el triunfo electoral en la primera vuelta. Es el objetivo principal.
El sistema electoral boliviano determina que en caso de que ninguno de los candidatos a la presidencia logre más del 50 por ciento de los votos o un mínimo del 40 por ciento, y con una diferencia de 10 por ciento frente a la segunda candidatura más votada, se deberá realizar una segunda vuelta electoral.
En este sentido, si el MAS busca una victoria definitiva en primera vuelta, deberá lograr estos dos requisitos en conjunto: 10 puntos de diferencia respecto del segundo lugar y el mínimo de 40 por ciento de los votos.
De ahí que el candidato presidencial del MAS, Luis Arce, explicó para Página 12: “Está muy claro que nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo para ganar en primera vuelta. No solo para evitar el riesgo de una segunda vuelta, sino por el potencial de votación que tenemos… Claro que si se cumpliera el tema de la segunda vuelta estamos seguros de que todos los partidos de derecha se van a unir, porque son una sola cosa toditos ellos… y la situación va a ser mucho más complicada para nosotros, pero no imposible” (Página 12, 02/02/2020).
El MAS se inclina muy favorablemente por conseguir el primer lugar en la elección presidencial logrando los 10 puntos de diferencia respecto del segundo lugar. Sin embargo, la incertidumbre gira en torno a si también podrá obtener el 40 por ciento de los votos. El mismo Álvaro García Linera señaló: “Vamos a ganar, lo que no sé es con cuánto. No va a estar fácil. Soy honesto, no sé si vamos a pasar el 40 por ciento en primera vuelta. Estamos haciendo todo el esfuerzo” (La Jornada, 05/02/2020).
Sin acreditar del todo en las encuestas, una reciente del canal de televisión Unitel junto con la encuestadora Ciesmori, levantada entre el 7 y 14 de febrero, y difundida el pasado lunes 17, da al MAS el primer lugar con el 31,6% de la intención de voto. Muy atrás queda el segundo lugar para Carlos Mesa (17,1%), Áñez (16.5%) y Camacho (9.6%). Los candidatos más rezagados son Chi Hyun Chung (5,4%), Quiroga y Mamani (con 1,6%) e Ismael Schabib con 0,5%. La participación porcentual de indecisos es registrada en 6,5%, que al sumársele los votos nulos y blancos, el porcentaje se eleva al 16,1 por ciento.[6]
A casi poco más de dos meses de la elección, según esta encuesta, vemos que de prevalecer estas condiciones de la competencia en primera vuelta, el MAS puede cumplir con los 10 puntos de distancia respecto del segundo lugar. Lo que sería mucho más complicado es obtener el mínimo del 40% de los votos. Es éste el objetivo de la izquierda masista en el marco electoral dominado por un estado de excepción, de contrarrevolución, aunque revestido como “gobierno de transición democrática”.
Escenarios hostiles para la elección
En las próximas semanas cercanas a la elección, pueden presentársele al MAS distintos escenarios, que en efecto, son vivos, complejos y cambiantes. Éstos pueden presentarse en función del abanico de cartas con el que la derecha restauradora, apoyada en el gobierno de Estados Unidos, esté en posibilidad de configurar y decida poner en acción.
A) El primer escenario, y que no se ha mencionado, es el que se refiere a la aún existente posibilidad de lograrse el “Frente Único” de la derecha para la celebración de la propia primera vuelta electoral (lo que podría precipitarse si el MAS tuviera un ascenso de la preferencia electoral).[7] Recordemos que la “cumbre política” del primero de febrero fijó un nuevo encuentro para “evaluar” la campaña y tomar nuevas acciones.
Uno de los elementos que puede permitir el “Frente Único” en primera vuelta, es el hecho de que se presente (algunas semanas antes de las elecciones generales) una considerable distancia entre los propios candidatos de la derecha. Ello pondría a las candidaturas con menor preferencia electoral en mejores condiciones para disponerse a “negociar” su apoyo y adhesión al candidato de mayor preferencia electoral (de la derecha). El ejemplo claro es con Camacho, que el día 19 de febrero propuso su candidatura “en blanco”[8] al percibir la debilidad de su candidatura (en cuarto lugar) según los datos registrados por la encuesta ya mencionada. Más aún, si Camacho decidiera apoyar[9] la candidatura de Áñez o de Mesa, podría impulsar una definición clara del propio primer lugar de los candidatos de la restauración, lo que podría obligar a “negociar” al segundo lugar para adherirse a la candidatura mejor posicionada.
A la inversa. Lo que puede poner en riesgo la organización de este “Frente Único” en primera vuelta es un empate “técnico” o algo muy próximo a éste entre el candidato primero y segundo lugar de los mismos competidores golpistas, como hoy es el caso, según muestra la encuesta referida, entre Mesa y Áñez. Así, al verse éstos en una muy reducida distancia, ninguno querrá “bajarse” de la contienda y se negaría a llamar a votar por el candidato con mayor preferencia electoral entre éstos.
Esta reducida distancia –hasta ahora– de estos candidatos de derecha aunada a la desigual condición que todos los días ejerce Áñez en la campaña electoral, podría agudizar las fisuras[10] en el seno de los contendientes de la restauración (al menos para la primera vuelta), aunque difícilmente podría alcanzarse una ruptura definitiva que impida la “unidad nacional” antimasista (en segunda vuelta) toda vez que son tiempos de contrarrevolución y guerra abierta contra el MAS.
Importante podrá ser aquí el papel que decida adoptar Luis Fernando Camacho, ya que si decide “adherirse” –previa negociación– a una u otra candidatura, podría inclinar la balanza para ensanchar la distancia entre este primer y segundo lugar de los candidatos de la restauración, e influenciar con ello la ventaja del primer lugar de la derecha, y con ello acelerar las condiciones para lograr el “Frente Único” en la primera vuelta.
B) La “Unidad” de la derecha en el escenario de una segunda vuelta electoral. Si la derecha golpista agudiza sus luchas internas entre sus candidatos y termina por frustrarse la cristalización de su “Unidad” (en su forma más completa) para la primera vuelta electoral, los golpistas (sobre todo los candidatos del primero y segundo lugar) procederían a considerar dicha vuelta como una especie de elecciones “primarias”, tras lo cual, se apuntalaría a la candidatura de derecha de mayor preferencia electoral como candidatura de la “Unidad” para competir frente al MAS en un segundo turno.
C) Otro escenario siempre latente y demarcado según las condiciones de popularidad electoral del MAS, e incluso, del grado de avance o retroceso de uno de los escenarios anteriores, versa sobre el proceso abierto en contra del candidato presidencial Luis Arce y la posibilidad de imponer “prisión preventiva” al candidato antes de la elección.
Como vemos, la contrarrevolución solo podría imponer un triunfo con la “Unidad Nacional” antimasista, la cual –que nadie se llame a engaño– solo ha podido entretejerse y dar curso mediante un estado de excepción y de contrainseguridad nacional en manos de Jeanine Áñez, quien ha desplegado los instrumentos de todo el aparato judicial, político, mediático y electoral para desmantelar las estructuras del MAS (iniciando con el destierro de Evo y el desarrollo e implementación de una especie de “campaña desterritorializada”), para diezmar los vasos comunicantes entre sus bases sociales de representación, así como para construir su estigmatización social mediante las figuras de la “tiranía”, del “fraude”, el “narcoterrorismo”, la “corrupción”, hasta lograr con ello la proscripción de facto del socialismo hasta su liquidación política, sin permitir siquiera -como dicta Estados Unidos- rastros evistas-masistas en la nueva conformación de la Asamblea Plurinacional.
Uno de los mayores desafíos para el partido del socialismo es desplegar al máximo todo el potencial de su lucha en cualquiera de los escenarios con los que se encuentre en estas semanas de gran intensidad política. Y la comunidad internacional deberá acompañar, fiel a la verdad y a la justicia, todo este proceso de la cruzada electoral.
Notas
[1] En noviembre, Jerjes Justiniano (aliado de Camacho), cuando era Ministro de la Presidencia en el gobierno de Áñez, al ser depuesto por ésta, la acusó de querer apropiarse del “millonario maletín electoral” que concentra el gobierno para la campaña electoral.
[2] Por ejemplo, el comité cívico de Santa Cruz en la llamada “Asamblea de la Cruceñidad” convocó a “un paro indefinido con cierre de vías”, si el TSE llegaba a habilitar la candidatura de Evo al Senado.
[3] El 20 de febrero se anunció la inhabilitación de la candidatura de Evo y de D. Pary. Días atrás se había declarado como definitiva la inhabilitación de Salvatierra. Sobre la candidatura a la presidencia de Luis Arce, el Tribunal Supremo Electoral desestimó las demandas de inhabilitación.
[4] Véase las más de trescientas fotografías del destacado trabajo de fotoperiodismo del mexicano Narciso Contreras que ilustra los cruentos días de protesta y represión vividos a raíz del golpe de Estado, https://narcisocontreras.photoshelter.com/gallery/BOLIVIA-PROTESTS-2019/G00000J4dIYCW.7c/.
[5] Dicha Ley es consistente en el otorgamiento de garantías constitucionales y de respeto a los derechos políticos y democráticos de los bolivianos. Se trata de una iniciativa de una fracción del MAS en la Asamblea Legislativa para detener los procesos de persecución política y judicial en el marco de las elecciones generales y excepcionales.
[6] Otra encuesta, publicada el 23 de febrero por el diario Página Siete, da a Luis Arce el primer lugar con el 32% de la intención de los votos. Muy atrás le sigue Mesa (23%), Áñez (21%), Camacho (15%). Esta encuesta fue aplicada entre el 14 y 17 de febrero.
[7] En la primera vuelta electoral este “Frente Único” antimasista no podría realizarse de manera formal. En el calendario electoral oficial, ya no es posible hacer su registro ante el Tribunal Electoral. El “Frente Único” tendría que ser meramente informal, por lo que deberá contar con tiempo suficiente para informar a los electores a votar por el candidato de derecha predefinido.
[8] Después de reclamar a distintas organizaciones sociales la “unidad por Bolivia”, Camacho señaló: “Ponemos nuestras candidaturas en blanco por Bolivia, todo por Bolivia. No estamos nosotros en busca del poder para gobernar como los viejos políticos, estamos para cambiar y transformar un país” (Página Siete, 23/02/2020).
[9] En más de una ocasión Camacho se ha referido sobre el uso de la justicia del gobierno de Áñez para presionar en contra de su propia candidatura. Como Camacho denunció, él mismo experimenta la reactivación de una vieja demanda en contra de su esposa, la señora Gabriela A. M., y ante lo cual ha cuestionado la “utilización política” del caso. Sin duda ello significa que Áñez, con todas las “ventajas” al frente de la maquinaria estatal, no hace sino desdoblar el Estado policial para obligar a los candidatos de derecha, es ahora el caso de Camacho, a participar en la “Unidad Nacional” que tenga a ella como centro.
[10] Si bien Áñez tiene las mejores condiciones para imponerse como la candidata de la “Unidad”, una de las cuestiones es si podrá terminar de unificar la “Unidad Nacional” antimasista sin fisuras desde la primera vuelta.