LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS con relación a las denuncias de Emilio Lozoya Austin en contra de diferentes expresidentes, diputados federales, senadores y empresarios confirman que: el Estado en la sociedad regida por las relaciones de producción capitalistas es el administrador de los negocios comunes de la clase burguesa.
Emilio Lozoya sin proponérselo, expone cómo las llamadas reformas estructurales, especialmente la reforma energética aprobada en 2013, fueron impulsadas por los intereses económicos de empresas de capital trasnacional de origen extranjero y nacional, en sus palabras la reforma energética fue: “influenciada por Odebrecht y otras compañías extranjeras”, pues “había muchos compromisos con grupos empresariales extranjeros”.
En realidad fueron las empresas de capital trasnacional quienes impulsaron la reforma energética, para mantener sus ganancias, ellas fueron autores intelectuales del desmantelamiento y saqueo de Petróleos Mexicanos (Pemex), los ejecutores materiales de la reforma fueron funcionarios del gobierno, entre ellos el propio presidente de la república. Funcionarios que, a su vez, ya eran empresarios como el propio Emilio Lozoya, dueño de al menos dos empresas antes de ser director de Pemex: Latin America Asia Capital Holding Ltd y Tochos Holding Limited.
Estas declaraciones evidencian cómo los grandes empresarios, los grandes burgueses, son quienes determinan la política económica de un país y esto se expresa con más claridad durante la aplicación de la política económica neoliberal.
La declaración de Lozoya expone que los enemigos de la vida digna del pueblo son los empresarios, la clase burguesa que se oculta detrás de funcionarios y finge no participar en política; gracias a esto la mayoría de nuestro pueblo cree que el enemigo principal es el político en turno, sea del partido que sea, y no el empresario dueño de los medios de producción que determina la política económica.
Detrás de un Salinas de Gortari, se formaron las fortunas de Carlos Slim Helú, pues a él le vendieron muy por debajo de su valor la empresa paraestatal Teléfonos de México (Telmex); también de Ricardo Salinas Pliego quién fundó su fortuna en la compra de Imevision, hoy Tv Azteca, y de Germán Larrea, a quien le vendieron la mina de Cananea en Sonora
Gracias a Salinas de Gortari, su hijo Juan Cristóbal es dueño de la empresa Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Especializados S.A. de C.V. (trese), empresa que recibió 15 millones de dólares por cancelación de contratos de parte del gobierno de Peña Nieto y empresa para la cual Salinas de Gortari cabildeaba contratos
Ernesto Zedillo privatizó los ferrocarriles nacionales, fue el ad- ministrador de los intereses de las empresas privadas que se adueñaron de los trenes y las vías férreas que se habían construido con trabajo y dinero de todo el pueblo. Como pago al administrador Zedillo la clase burguesa lo hizo un burgués, es decir, dueño de me- dios de producción; este personaje acabó siendo socio de la empresa ferroviaria Kansas City Southerne integrante del consejo de, administración de la empresa ferroviaria Union Pacific.
Detrás de Felipe Calderón Hinojosa estaba (entre otros empresarios) Marcelo Odebrecht, quien gracias a su administrador Felipe en la presidencia obtuvo el contrato de construcción de la empresa Etileno XXI por medio de la empresa Braskem Idesa y no sólo eso, recibió un trato preferencial al obtener una rebaja del 25% en la adquisición de etanol, además de dinero porque Pemex no podía surtir el etanol que necesitaba.
La burguesía violando sus propias leyes o lo que ellos llaman el “Estado de derecho” repartió 84 millones de pesos a otros funcionarios para que aprobaran la firma de un nuevo contrato leonino con la empresa dueña del proyecto Etileno XXI.
El poder económico de la clase burguesa que se funda en la propiedad privada sobre los grandes medios de producción es el fundamento de su poder político, es el fundamento del poder que se expresa por medio del Estado y del conjunto de sus instituciones que lo conforman, es por ello que pretender separar el poder económico del poder político es imposible si no despoja de los grandes medios de producción a los burgueses como clase. Limitar la explotación, la extorsión y el robo de algunos burgueses no debilitan a la clase burguesa en su conjunto, por el contrario, fortalece a ciertos grandes burgueses que se benefician de la “desgracia” de otros integrantes de su clase y les permite fortalecer sus grandes monopolios.
La denuncia de Lozoya expresa también que la burguesía como clase se preocupa además, de mal informar, de mentir y de intentar manipular a las clases oprimidas, lo que en la denuncia se presenta como una disputa entre Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong cuando el primero le compra una bolsa de 5 mil dólares a una periodista, es en realidad la necesidad del Estado y del gobierno por mantener a sus fieles voceros activos en la defensa de los intereses económicos y políticos de la clase en su conjunto y, por ello mismo, facilitaron un crédito al grupo de comunicación “El Financiero”.
Empresario-funcionario-corrupto y asesino todo en una sola persona; burgueses, administradores de gobierno y autores intelectuales del terrorismo de Estado contra el pueblo, con estas personas se integra la clase burguesa y su Estado. Nadie puede negar que existen funcionarios honestos y que en la administración pública trabajan personas que no son burguesas, pero este artículo no trata de las excepciones, sino expresa la esencia de la clase burguesa y de su Estado como administrador de sus intereses económicos y políticos.
Más allá del resultado jurídico en el caso de Lozoya, su declaración debe permitirnos profundizar la derrota moral de la clase burguesa, del neoliberalismo y del capitalismo para transformarla en la derrota material de la clase burguesa que nos impone el sistema de producción basado en la explotación del hombre por el hombre, origen de toda desigualdad y de toda miseria. Estado
NOTA: Este artículo fue publicado como parte de la Editorial del No. 57 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), septiembre, 2020.