El Estado del Cuarto poder en México y América Latina (II)

En Europa la extrema derecha se viene consolidando, alimentándose del desaliento de la crisis económica y del creciente racismo contra los refugiados que huyen de la violencia de Oriente Medio. Así lo confirma la formación de extrema derecha, Demócratas de Suecia -de origen neonazi- cuyo líder de partido identificó la expansión del Islam como «la mayor amenaza extranjera desde la Segunda Guerra Mundial». En tanto que en Finlandia, afectada por la recesión económica, el partido de extrema derecha Verdaderos Finlandeses está actualmente en el Gobierno.

Asimismo en Italia, la Liga Norte ha avanzado posiciones en ese país, hasta lograr que su líder, Matteo Salvini, pueda exigir desmantelar los asentamientos de gitanos, y Luca Zaia, adscrito a ese mismo partido, tras convertirse en gobernador de Venecia, pudiera reclamar el año pasado la expulsión de los migrantes africanos. Mientras que en Holanda los sondeos señalan que la formación liderada por Geert Wilders, quien, como Donald Trump, quiere frenar la inmigración musulmana para impedir una «invasión islámica», va en camino de encabezar las elecciones generales. En tanto que en la Grecia azotada por la austeridad, el partido neonazi Amanecer Dorado aterroriza a los inmigrantes. E incluso en Alemania, que en la posguerra evito el auge del fascismo, los populistas de extrema derecha de Alternativa para Alemania cada vez cuentan con más partidarios¹.

En paralelo de esta avanzada de la derecha en Europa, en España mediante el Partido Popular, además del creciente racismo compartido con los demás países europeos ya señalados, hace gala de una trama de corrupción político-empresarial, de más de diez años con la multinacional ibérica OHL, que también tiene intereses en México, al otorgar contratos públicos a cambio de comisiones o de financiamiento irregular hacia dicho partido². En México y otros países de América Latina, las élites políticas, al incurrir cada vez más en actos de corrupción con empresas como OHL, como supuestamente a ocurrido con la construcción del viaducto Bicentenario. Como indicamos en un trabajo previo, vienen implementando lo que Ruy Mauro Marini llamo el Estado del Cuarto Poder. Ocurriendo así debido a que las modificaciones ocurridas en el plano militar, derivadas de la formulación de doctrina de contrainsurgencia, también transformaron la estructura de las burguesías criollas, traduciéndose en modificaciones del bloque político dominante. Las burguesías criollas se transformaron, puesto que la base objetiva fue la integración de los sistemas de producción al sistema imperialista, mediante las inversiones directas de capital extranjero, la subordinación tecnológica y la penetración financiera. Lo que llevó a que durante la década de los cincuenta del siglo pasado, y aun más durante los sesenta, surgiera y se desarrollara una burguesía monopólica estrechamente vinculada a la burguesía imperialista, especialmente a la norteamericana.

Estrecho abrazo entre las burguesías que ha obligado a América Latina a afianzarse, desde los años 80 a un patrón de especialización exportadora, recreando la inserción internacional de la región como proveedora de productos básicos³. Deviniendo del proyecto de reconversión económica diseñado por el Pentágono, que ha implicado para nuestra región reasumir el papel de economía exportadora que desempeñó antes en el sistema capitalista, renunciando al intento de desarrollo auto-centrado, que inició en los años treinta.

Siendo así que hoy, en distintas partes de Latinoamérica destaca una renovada gravitación de commodities⁴, y para brindarles mayores ganancias a las grandes corporaciones privadas y las multinacionales, pese a los aspectos negativos y la evidencia de la limitada contribución a un genuino desarrollo nacional, incluso bajo los gobiernos llamados progresistas o de la nueva izquierda se han amoldado las legislaciones nacionales para permitir la explotación y expoliación de los territorios sin mayores controles políticos ni ambientales. Por lo que se pueden apreciar las coincidencias existentes en distintos países de América Latina en las leyes de agua, de páramos, de minería, de hidrocarburos. Las legislaciones ambientales se están diseñando para el beneficio de las corporaciones y no para proteger el medio ambiente y mucho menos a los pueblos que habitan estos territorios.

Esquema en el que la burguesía monopólica ha privilegiado el uso de las Fuerzas Armadas como elemento central de su estrategia, conformando un Estado contrainsurgente, que tiene como esencia, desde el punto de vista de su estructuración y funcionamiento, el hecho de que las Fuerzas Armadas sólo comparten allí el poder con dicha burguesía. De manera que, según Marini, siempre que se encuentren ciertas estructuras, funcionamiento y coparticipación entre las Fuerzas Armadas y capital monopólico se estará frente aun Estado de contrainsurgencia, tenga éste o no la forma de dictadura militar, puesto que esto es sólo la expresión formal del Estado.

Estado de contrainsurgencia que en la actualidad, tras abandonar desde los ochenta el llamado «Estado populista», es decir el «Estado de toda la burguesía», que favorecía la acumulación de todas las fracciones. Y ser sustituido por un nuevo Estado que se preocupa fundamentalmente por los intereses de las fracciones monopólicas, nacionales y extranjeras, ha devenido en Estado corporativo de la burguesía monopólica y las Fuerzas Armadas. Donde destaca el hecho de que los tecnócratas civiles y militares, que se ocupan de la gestión del Estado, son sólo la representación política del capital y no son entes autónomos. Más aun, dentro de la fusión de los intereses corporativos de las Fuerzas Armadas y la burguesía monopólica, ésta última sólo representa una fracción propiamente capitalista de la burguesía y las Fuerzas Armadas sólo son un cuerpo de funcionarios cuya voluntad económica y política es rigurosamente la de la clase a la que sirve. Y aunque el Estado de contrainsurgencia sea el Estado del capital monopólico, cuyas fracciones constituyen hoy en día el bloque en el poder, no excluyen la participación de las demás fracciones burguesas⁵.

Sin embargo, dentro de este marco las contradicciones inter-burguesas, al exacerbarse, han exigido espacios políticos para dirimirse. De forma que la centralización rígida del poder político, en manos de la élite tecnocrático-militar, ha tenido que flexibilizarse, permitiendo el accionar de los partidos y hasta cierto punto la prensa, para que las distintas fracciones burguesas puedan desarrollar su lucha. Apuntándose así a la institucionalización política, manifiesta en las «democracias viables». De manera tal que las contradicciones inter-burguesas llevan a cabo una «apertura» política que preserva lo esencial del Estado de contrainsurgencia, que es la participación directa del gran capital en la gestión económica y la subordinación de los poderes del Estado a las Fuerzas Armadas, conformando el Estado del Cuarto poder. Que permite a las Fuerzas Armadas ejercer un importante papel en la vigilancia, el control y la dirección de los asuntos del aparato estatal. Resultando en el avasallamiento del aparato estatal por las Fuerzas Armadas, por encima de las estructuras propias de la democracia parlamentaria que se ostente⁶.

Bajo este lente, podemos observar que el engranaje económico de la burguesía monopólica y la oligarquía en México, dentro del esquema de las democracias viables, han permitido el funcionamiento y la coparticipación de las Fuerzas Armadas, dando forma al Estado de Cuarto poder. Una burguesía monopólica y una vieja oligarquía conformada por funcionarios públicos, que tras emprender el camino de los negocios han consolidado lo que hoy es una diversificada red de empresas que controlan y monopolizan prácticamente todo. Empresarios, banqueros y políticos poderosos que han estado apadrinados por los regímenes del PRI neoliberal y los posteriores gobiernos panistas de derecha. Están en la agricultura, la minería, la metalurgia, la siderurgia, los hidrocarburos, los energéticos, el turismo, la salud, el transporte, los alimentos, las telecomunicaciones, la cibernética, los mercados financieros y hasta las campañas políticas. Poseedores de grandes fortunas, dueños de zonas hoteleras, parques industriales, centros comerciales, hospitales, televisoras, radiodifusoras, editoriales, empresas de telefonía, constructoras, gaseras, cervecerías, supermercados, aeropuertos, líneas ferroviarias, flotas marítimas, terminales camioneras y centros financieros.

De forma tal que estos empresarios consentidos del sistema neoliberal, sin importar que sean los responsables de las recurrentes crisis económicas, que estén involucrados en escándalos de corrupción política, sean los protagonistas del «pase de charola» de 75 millones de pesos para el PRI en 1994, sean los deudores del fraude bancario de 800 millones del Fobaproa, sean los beneficiados de licitaciones, privatizaciones y exenciones de impuestos públicos, además de intocables por la justicia. Cuyos nombres destacan en la revista Forbes en las últimas décadas, con riquezas que fluctúan entre los mil millones y los diez mil millones de dólares: Carlos Slim, Roberto Hernández, José Madariaga, Roberto González, Carlos Hank Rhon, Carlos Peralta, Adrián Sada, Lorenzo Sambrano, Juan Sánchez Navarro, Eugenio Garza, Alfredo Harp, Alfonso Romo, Ricardo Salinas Pliego. Desde hace tres décadas, a partir de repartirse el país y dirigir el rumbo de la economía nacional, manejando el destino de millones de mexicanos⁷.

En una acomodaticia subordinación con el gobierno norteamericano, que ha renovado la Doctrina Monroe para debilitar a las fuerzas armadas nacionales en su papel como defensor de la soberanía nacional y por el contrario sean utilizadas como cuerpo de protección de los intereses estadounidenses y del capital nacional y trasnacional. Estrategia económica dictada por intereses corporativos para someter las principales actividades económicas del país al dominio central y la administración de sus corporaciones petroleras, petroquímicas, gaseras, ferrocarrileras, eléctricas, portuarias, aeroportuarias, carreteras y de telecomunicaciones. La burguesía monopólica viene manejando la estructura policiaco-militar nacional, para restablecer el orden perdido, por las políticas económicas «sugeridas» por el Fondo Monetario Internacional, que han desestabilizado a todo el sistema social y económico mexicano, generando caos e inconformidad social.

Pretendiéndose que las fuerzas armadas mexicanas reduzcan su papel constitucional y asuman el control interno de la población, es decir, que repriman los conflictos sociales derivados de la aplicación de la política económica del FMI y el Banco Mundial, organismos financieros multilaterales dominados por el Pentágono. Convirtiéndose así en un verdadero ejército de ocupación contra los mexicanos, bajo el amparo de un Estado de Cuatro poderes, tal como indica Marini. Aspecto que cobro mayor fuerza durante el llamado gobierno de la alternancia encabezado por Vicente Fox Quesada electo el 2 de julio de 2000. Éste se inclino aun más hacia el uso de las fuerzas armadas, otorgándoles facultades para intervenir en todos los aspectos de la lucha antidrogas. Y por primera vez en la historia de nuestro país, un general fue nombrado como titular de la PGR, para lo cual fueron invocadas razones de seguridad nacional.

Fox aumento la militarización, permitiendo que las fuerzas armadas actuaran de manera abierta en la persecución de delitos que competen a las autoridades civiles. Otorgando cargos a militares que correspondían a civiles. El primer caso fue el del general Rafael Macedo de la Concha en la PGR, quien a su vez se rodeó ahí de otros 14 militares de alto rango y diez mil militares en la Policía Federal Preventiva. Respecto al presupuesto designado a la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) ocupo el cuarto lugar para el gobierno federal por considerar a dicha institución como altamente prioritaria y ser una dependencia «estratégica» encargada de la seguridad nacional, por lo que no se ha visto afectado por los recortes presupuestales. Tan sólo en el año 2002 mantenía un presupuesto de 22 mil 705 millones 420 mil pesos⁸, manteniendo un fuerte hermetismo respecto a su uso.

Jeffrey Davidow embajador de Estados Unidos en México entre 1998 y 2002, escribió que el liderazgo de Vicente Fox le gano una profunda admiración en el gobierno estadounidense, y por su parte la DEA, siete meses después de que Fox tomara posesión, emitió un comunicado exaltando los nuevos estándares de confianza y la cooperación entre las fuerzas del orden de ambos países y a principios de 2003 la Casa Blanca declaró que México y Estados Unidos habían alcanzado niveles de coordinación sin paralelo en la lucha antinarcóticos. Según señalo Davidow, antes de la transición del año 2000 los regímenes priistas habían racionalizado su renuencia a trabajar más estrechamente con Estados Unidos utilizando el «argumento falso» de que la cooperación resultaría en una pérdida de soberanía nacional.

De tal forma vino más, de acuerdo con el diagnóstico sobre el estado de la cooperación binacional ante el cambio de gobierno en 2006, el embajador Tony Garza enlistó una serie de aspectos que Estados Unidos debía defender sin vacilaciones, una vez ganados en México. Una serie de objetivos que tenían que alcanzarse en los siguientes tres años:

1. Presionar para que se pudiera continuar con las estrechas relaciones de trabajo entre la DEA y la oficina del procurador general, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

2. De «vital» importancia, mantener la extraordinaria cooperación entre el FBI y el Instituto Nacional de Migración (INM) y la AFI, ya que resulto en la deportación de cientos de «fugitivos».

3. Convencer al gobierno mexicano de establecer un gobierno marítimo, después de haber estado trabajando para tal fin con la Secretaria de Marina.

4. El gobierno mexicano debería considerar la creación de fuerzas de tarea conjuntas para realizar operativos y arrestos por mar, aire y tierra⁹.

Tales intereses lograron posicionarse en nuestro país con Felipe Calderón de tal manera que, pese al saldo y los costos tempranos de la guerra contra el narco; de 6000 a 8000 civiles muertos y 300 soldados y la policía asesinados en 2008. El Pentágono logra avances importantes en temas de interés estratégico. Uno de los más sobresalientes fue el avance histórico en la oficialización de la «cooperación» entre las fuerzas armadas de ambos países, asunto eludido durante mucho tiempo por los gobiernos mexicanos. Así, durante el calderonato la Policía Federal, el ejército y la Marina Nacional, forman grupos especiales integrados por policías, soldados y marinos seleccionados después de un intenso intercambio de información y verificación de datos sobre la vida, la trayectoria y las propiedades de cada hombre, contando con el «apoyo» de los bancos de datos de la DEA, el FBI, la CIA y el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Bajo el pretexto de lograr blindar a estos grupos contra la cooptación que ejercerían sobre ellos los carteles de la droga¹⁰.

Conforme Felipe Calderón cuenta con el respaldo de la sociedad con Estados Unidos para la militarización de las instituciones de seguridad de nuestro país, se continúa avanzando en este sentido. Si bien para entonces alrededor de 45 000 soldados habían ocupado distintas ciudades del país y decenas de altos oficiales de la Secretaría de la Defensa habían viajado a bases militares estadounidenses para recibir entrenamiento en operaciones de contraterrorismo, antinarcóticos y contrainsurgencia, en un amplio programa de siete millones de dólares financiados por el Departamento de Defensa estadounidense. Más todavía, el gobierno de Washington respalda la decisión del presidente Calderón de sustituir con militares todos los mandos de la Policía Federal y mediante fondos de la Iniciativa Mérida miles de agentes federales serán entrenados en México, Colombia y distintas sedes de la DEA, el FBI y bases militares estadounidenses. Además, Calderón también militariza el servicio aduanal en todos los puertos fronterizos con el apoyo de Estados Unidos: cerca de 700 servidores fueron relevados por 1400 oficiales entrenados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)¹¹.

En esta lógica, la visita que hizo Calderón a Colombia en el 2006 también fue muy importante. En ese país el presidente Álvaro Uribe reúne en un salón del Palacio a Calderón y su comitiva – Maximiliano Cortázar, Arturo Sarukhan y Juan Camilo Mouriño – con los estrategas de su gobierno en narcotráfico: los ministros de Defensa e Interior, el fiscal general del Estado, el jefe del Estado Mayor presidencial y el comandante de la Policía Nacional. A este encuentro también se sumaron los expresidentes César Gaviria, Alfonso López y Belisario Betancourt.

En dicha reunión los estrategas colombianos explicaron a Calderón que «en su lucha contra los cárteles» fue de vital importancia «transmitir» a la ciudadanía la idea de que la seguridad formaba parte de los Derechos Humano, y en la medida en la que la población había comprendido ese concepto, las fuerzas del orden pudieron actuar con mayor apertura y confianza y despertar el apoyo de la sociedad. Más aun, después de ese viaje, por «sugerencia» del gobierno del presidente Bush la administración calderonista se dio a la tarea de construir una estrecha relación de cooperación con el gobierno colombiano en materia de narcóticos. Decididos a profundizar la experiencia colombiana en México Felipe Calderón y el procurador Medina Mora se aproximan al militar Óscar Naranjo para tender puentes que le permitieran en forma conjunta¹².

En tanto que, algunos de los mandos militares en México, por su parte han indicado como hizo el general Galván, estar dispuestos a aceptar cualquier tipo de entrenamiento que el Pentágono tenga la capacidad de «ofrecer». Multiplicándose así, la «cooperación» entre los ejércitos estadounidenses y sus contrapartes en México, además de desplazarse hacia otros espacios con relativa velocidad. Que si bien en teoría mantenían el principio de no intervención de tropas estadounidenses, también establecidas en la Iniciativa Mérida, se ha avanzado con paso firme en la implementación de programas institucionales y operaciones que han supuesto el entrenamiento de tropas mexicanas, la importación de tácticas, estrategias y doctrinas militares, así como el despliegue en territorio mexicano de acciones «conjuntas» para ubicar y desarticular a supuestas redes criminales. Aspecto en el cual destaca el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad. En dicho lugar, de acuerdo con el informe conjunto del Departamento de Defensa y el Departamento de Estado norteamericano sobre entrenamiento militar, en septiembre de 2009 cerca de 40 oficiales del ejército mexicano recibieron cursos sobre inteligencia y análisis de formación en narcoterrorismo.

Sin embargo, lo más relevante es que en dicha institución, localizada en el Fuerte Benning, en Georgia. Fundada a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Pentágono decide establecer en Centro de Entrenamiento de América Latina, en el Canal de Panamá. Ahí, gran parte de los gobiernos latinoamericanos subordinados a los designios estadounidenses enviaban a miles de policías y militares a capacitarse cada año, en doctrinas norteamericanas de contrainsurgencia. Y rebautizada más tarde como Escuela de las Américas, ahí durante cinco décadas cerca de 70 000 policías y militares de una veintena de países latinoamericanos fueron entrenados en tácticas de espionaje y tortura. Sobresaliendo en tal entrenamiento graduados tristemente célebres como el general Manuel Antonio Noriega y Omar Torrijos, de Panamá; Leopoldo Galtieri, teniente general que dirigió la dictadura que torturó, secuestro y asesino a miles de personas en Argentina, y Hugo Banzer, dictador boliviano acusado de la desaparición y muerte de cientos de opositores a su régimen¹³.

Además, otros tantos policías y militares entrenados en la misma Escuela de las Américas dirigieron y formaron parte de movimientos represivos durante la guerra civil en el Salvador. Participando en el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero y la ejecución de más de 900 personas en el Mozote, hecho documentado por la periodista Alma Guillermoprieto. Con tales antecedentes, la Escuela de las Américas empieza a ser conocida como la escuela de asesinos y torturadores. Y por tales motivos a entrado y desaparecido de la escena política, en 1977 fue retirada de Panamá y trasladada al Fuerte Benning. Siete años después, el presidente Reagan autorizó la reanudación de entrenamientos en tácticas antiguerrilla. Sus puertas cerraron a finales de la década de los noventa, tras una larga historia de denuncias de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Reabriendo en 2001 transformada en el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, después de que se decidió que ya no estuviera más bajo el mando del ejército estadounidense. A partir de entonces el Departamento de Estado se haría cargo de definir, supervisar y coordinar los programas de entrenamiento en los cuales han venido formándose nuevas generaciones de policías y militares en América Latina.

Pasando por alto estos antecedentes en México, durante las primeras semanas de 2010, el gobierno calderonista envió agentes federales y militares a entrenarse a éste Instituto. Mientras que por su parte oficiales del ejército de Estados Unidos y expertos con experiencia en agencias de «aplicación de la ley» también se trasladaron a México, con la intensión de dirigir cursos intensivos sobre transparencia al interior de las fuerzas armadas y salvaguardar los derechos humanos en el cumplimiento de tareas de mantenimiento del orden, planificación y generación de inteligencia y operaciones en zonas de alta peligrosidad, según información oficial entregada por el Departamento de Estado norteamericano.

En este esquema, el Comando Norte también ha recibido a oficiales del ejército y la Marina de México para entrenarlos en tareas de intervención nocturna, contraterrorismo y piloteo de aviones así como helicópteros de combate. Siendo la esencia de estos entrenamientos, según señalo el general Víctor Renaurt, jefe del Comando Norte en comparecencia ante el Congreso estadounidense, el compartir la experiencia reciente de las guerras en Afganistán e Iraq para atrapar a los líderes del tráfico de las drogas. Pero que en los hechos, en lugar de combatir a los cárteles de la droga, según se viene instaurando el Estado del Cuarto Poder en nuestro país, se registran cada vez más graves violaciones a los derechos humanos en comunidades indígenas y en las fronteras, similares a los abusos cometidos en la cárcel de Abu Grahib, por parte del ejército norteamericano¹⁴. Muestra de esto es que, en México tan sólo del primero de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2014 la Procuraduría General de la República recibió 4 mil 55 denuncias por tortura, de las cuales mil 273 son atribuibles a militares¹⁵.

En concordancia con sus antecesores, también Enrique Peña Nieto, semanas después de su triunfo como presidente, pese a que al inicio de su campaña había declarado estar listo para desmilitarizar la estrategia contra el narcotráfico, en una entrevista con The Washington Post señalo que sin duda estaba comprometido a mantener una «intensa, cercana y efectiva cooperación con Estados Unidos.» Y un día después, Roberta Jacobson, subsecretaria para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado norteamericano, declaro que a su gobierno no le preocupaba que la llegada de Peña Nieto a Los Pinos pudiera tener un efecto negativo en la alianza entre ambos gobiernos contra el narcotráfico.

Así, se confía en que el Estado de Cuarto Poder continúe, de manera tal que, pese a registrarse un aumento en el país de detenciones arbitrarias sin orden de aprehensión, traslado de personas detenidas a instalaciones militares, en lugar de, conforme a la ley ponerlas a disposición de autoridades civiles. Siendo recurrentes golpes, torturas, allanamiento de morada, homicidios y desapariciones forzadas. Respecto a los militares, los recortes y austeridad anunciados para 2016 no tocaran a las instituciones encargadas de la «seguridad y defensa nacional». Por lo que las fuerzas armadas mexicanas tendrán a su disposición 99 mil 651 millones 876 mil 400, es decir casi 100 mil millones. Mismos que serán repartidos; para la Sedena se otorgarán 72 mil millones 719 mil 526 pesos, institución de la cual dependen a su vez el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana. Mientras que a la Semar se entregaran 27 mil 401 millones 156 mil 874 pesos, institución de la cual depende a su vez la Armada de México. Pero además de estos recursos, le debemos sumar los miles de dólares que obtiene cada año de la Iniciativa Mérida.

En este mismo sentido, pese a que éste año será de «austeridad» los titulares de estas secretarias de Estado, muy diferentes a las tropas de soldados rasos y marinería que se encuentran en el escalafón más bajo. Conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, que se debe publicar en el Diario Oficial de la Federación, los titulares de las dos secretarias ganarán al mes 192 mil 615 pesos netos. Tanto el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, al frente de la Sedena, así como el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, al frente de la Semar, recibirán mensaualmente 138 mil 939 pesos de sueldo más 53 mil 676 pesos en prestaciones (ya sean en efectivo o en especie). A esto se le debe sumar el seguro de vida institucional y el popularmente llamado bono de miedo, intitulado de manera oficial, con toda solemnidad, «pago extraordinario por riesgo que se otorga a los servidores públicos cuyo desempeño pone en riesgo la seguridad o salud de los mismos», por 40 mil 473 pesos netos cada 30 días. Lo que sumado arroja para estos mandos superiores de las Fuerzas Armadas 233 mil 88 pesos¹⁶.

Hechos que conforman el esquema del Estado del cuarto Poder, impulsado desde Washington hacia nuestro país y en el cual no se piensa retroceder, sino que por el contrario se exacerba ante el enfrentamiento que mantiene con países como China y Rusia. Con Rusia una muestra de estos conflictos la da la decisión de los ministros de Defensa de los 28 países que forman la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), quienes reunidos en Bruselas el jueves 11 de este mes, decidieron reforzar la presencia militar de este bloque, que gran parte esta financiado con cerca de 70 por ciento por la Casa Blanca, en su franja oriental. Con la escusa de «disuadir» a Moscú de «cometer una agresión» contra cualquier país miembro» de la alianza noratlántica. Así se pretende desplegar una «pequeña fuerza multinacional rotatoria de soldados y armamento» en la frontera con Rusia, desde Estonia, Letonia y Lituania, hasta Polonia. Además Estados Unidos también anuncio que va a proporcionar este año a la alianza atlántica 3 mil 400 millo9nes de dólares para habilitar antiguas infraestructuras de la guerra fría, que volverán a albergar tanques, carros blindados, piezas de artillería y efectivos, entre los que se cuenta un contingente estadounidense de 5 mil soldados¹⁷.

Mientras que en el plano económico y comercial viene impulsando la cooperación, marcadamente en el Transpacífico, toda vez que para el Pentágono resulta inaplazable enfrentar a los países asiáticos en «alianza» con sus vecinos más cercanos: México y Canadá. Escenario donde no es ajeno el anuncio del proyecto de Enrique Peña Nieto de mandar el Congreso la iniciativa para facultar al Ejecutivo federal sobre la determinación de crear Zonas Económicas Especiales en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, con la pretensión de facilitar la inversión «estratégica trasnacional», a lo cual se agrega lo dicho por el secretario de Hacienda, de que en esas entidades no se observan los efectos «positivos» de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y de la inserción de México en la globalidad. Mientras que en contra partida, conforme al Estado de Cuarto Poder, la impunidad se da en la defensa del Ejército a toda costa en los casos de Tlatlaya, Tanhuata, Apatzingan y se mantienen en prisión a los yaquis Mario Luna y Fernando Jiménez, a Nestora Salgado y Cemeí Verdía¹⁸.

Todo esto ocurre en nuestro país, en un contexto en el cual hoy, en todos los países de nuestra región adscritos a la lógica de la promoción de cultivos de exportación en desmedro del abastecimiento local, se ha reforzado un empresariado que maneja los negocios rurales con criterios capitalistas de acumulación intensiva. Siendo la vieja oligarquía quien encabeza esta reconversión, en estrecha asociación con las grandes compañías del «agrobusiness»¹⁹. Desconociendo los derechos de los pueblos originarios y comunidades, concibiéndolos como en la década de los sesenta como quedados, rezagados y atrasados. Ocultando las consecuencias evidentes de siembras extensivas que generan destrucción ambiental, hambre y desertificación de las tierras, como ocurre con la siembra de palma y la soja ejemplo típico de este nuevo esquema agrícola. Se ha difundido en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, destruyendo otros cultivos, mediante un modelo transgénico de siembra directa y dependencia de las corporaciones agrobiotecnológicas²⁰. Monsanto, Dupont/Pioneer, Syngenta, Aventis, Dow Agrosciencce, Bayer y BASF, controlan en el planeta el mercado mundial de semilla, granos, alimentos y agroquímicos. Solo Monsanto tuvo ingresos por 15 mil 430 millones de dólares en 2014, posee una plantilla de 26 mil 200 millones de empleados, dedica a la investigación científica mil 500 millones de dólares y laboran con el corporativo unos 20 mil científicos²¹.

De forma tal que el llamado extractivismo, que abarca la explotación minera, petrolera, hídrica, los agronegocios y la infraestructura o los llamados proyectos de desarrollo, a pesar de la creciente evidencia de su limitada contribución a un genuino desarrollo nacional, en nuestro país así como en otros países como Argentina, ha venido cobrando una importante vigencia. En Argentina este ha sido un país pionero para el modelo extractivista, aceptando en las últimas dos décadas la megamineria a cielo abierto, los cultivos transgénicos y el uso de paquetes de agrotoxicos y el fracking; además de incrementar el desmonte, las represas y el desarrollo nuclear. Tan solo desde el año 2002, que contaba con 18 proyectos mineros, paso a contar en el 2003, con 40, y hacia el 2011 las explotaciones superaron las 600. Según el informe oficial presentado por la Secretaría de Minería titulado ‘Minería en números’, actualizado por última vez en enero de 2012. El crecimiento a partir de 2003 fue del 1.500%²². De forma tal que las corporaciones se han venido configurando como el verdadero mandatario de este país que, además de envenenar a su gente criminaliza cada día más aquellas personas y organizaciones que resisten.

Esto ha venido siendo así porque, en una clara reivindicación del plan neoliberal minero del menemismo que introdujo reformas en la Constitución Nacional y al Código de Minería para garantizar el saqueo de recurso, en el año 2004, Néstor Kirchner presentó el Plan Minero Nacional frente a funcionarios y empresarios. Durante el cual, el entonces presidente declaró: «El sector minero argentino es uno de los pocos que durante la década del 90, con cambios importantes en la legislación, empezó a tener un principio y un punto de inflexión que le permitió avizorar un destino estratégico diferente». Y poco después, la presidenta Cristina Fernández con argumentos muy débiles sobre el ambientalismo, así como evocando una vacua idea de «sustentabilidad», en realidad apoyaría a rajatabla a los gobernadores promineros y reafirmaría su alianza estratégica con las corporaciones mineras. Propiciando así, después de este claro alineamiento con las empresas transnacionales que las luchas sociales se tornaran aún más agudas.

Así, los gobiernos de Argentina, de la mano de una ferviente exportación de materias primas y como abiertos partidarios del libre comercio. Han colocado ha este país en el extremo de la expansión de la frontera agropecuaria, un mayor acaparamiento de tierras en manos de agentes económicos poderosos, una mayor desforestación, más criminalización, un mayor número de desalojos rurales y asesinatos de campesinos e indígenas. En el verano de 2013, por ejemplo, cuatro integrantes de la comunidad los qom, que han mantenido un largo litigio por la titularidad de sus tierras en Chaco y Formosa, fueron asesinados en circunstancias más que sospechosas, frente a la indiferencia del Gobierno nacional.

Y, pese a que las leyes argentinas en sus fracciones 26.160 y 26.554 han establecido una prohibición general de los desalojos de comunidades indígenas desde el 23 de noviembre de 2006 hasta el 23 de noviembre de 2013, mientras se lleva a cabo un estudio nacional («relevamiento de tierras») para definir los territorios indígenas. En Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Formosa continúan los enfrentamientos de los pueblos originarios con las agro-industrias. De forma tal que la tasa de desmontes en Santiago del Estero quintuplica la media mundial, propiciando el desplazamiento forzoso de familias campesinas. En donde El Chaco Semiárido es una zona que se encuentra bajo una enorme presión por la extensión de la frontera agrícola, que transforma grandes superficies de suelo en monocultivos de soja. En tanto que en Tucumán, el responsable de los desalojos de pueblos indígenas es el propio gobierno provincial, con el apoyo de los jueces y las policías. No obstante que, en mayo de 2011 el gobierno llegó a un acuerdo con la comunidad indígena toba qom para garantizar su seguridad, Amnistía Internacional ha documentado nuevas amenazas y actos de acoso contra dicha comunidad²³.

Situación que parece no cambiara, sino que empeorara con el gobierno de Mauricio Macri, ex seguidor del funesto Carlos Menem. Toda vez que viene intentando gobernar a puro decreto presidencial, maniatando al Poder Legislativo, para sustituirlo con acciones inconstitucionales por parte del presidente. Asimismo, ha venido autorizando a los militares y policías, como en tiempos de la dictadura, a revisar por la calle cualquier maleta o bulto y a derribar aviones que sean percibidos como «sospechosos». Mientras que por otro lado mando a encarcelar, a la dirigente del movimiento social Tupac Amaru sin intervención judicial previa. Así como ha reintroducido las recomendaciones de ajusten en los ingresos, privatizaciones y devaluaciones, además de los despidos de miles de trabajadores petroleros indicados por el FMI y el Banco Mundial²⁴. Llegando al grado de que mismo Papa tema se de una mexicanización de Argentina, tal como antes se temía una colombianización de México²⁵.

En consonancia con esta situación, otros mandatarios de la región son atacados por los representantes de la más abierta reacción y fieles acólitos del Consenso de Washington. Ya no sólo se trata de tumbar a Dilma Rousseff, sino de imposibilitar un posible retorno a la presidencia de Lula da Silva. Asimismo, no sólo la economía venezolana se encuentra maltrecha, sino que a Nicolas Maduro se lo tacha de tirano y pierde la última elección legislativa²⁶. En Bolivia, el gobierno demostró una guerra sucia contra Evo Morales por parte de la embajada norteamericana, encarnada en Peter Brennan. Así como planes encaminados con el mismo fin por parte de la CIA denunciados por La Época y ampliados por Ojo con los Medios.

Siendo Peter Brennan, el encargado de negocios de Estados Unidos, el jefe de una estructura permanente de operadores políticos y agentes de inteligencia con el objetivo de debilitar a su enemigo Evo Morales y al proceso de cambio boliviano²⁷.

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Notas

1^ Rebelión. «La extrema derecha está lista para una nueva crisis económica«. Por: Owen Jones, 13-02-2016. www.rebelion.org/noticia.php?id=208880

2^ La Jornada. Viernes 12-02-2016.

3^ Katz Claudio. ALAI, América Latina en Movimiento. «Dualidades de América Latina (I): Economía y clases». 2014-01-27

4^ Escala de los proyectos (actividades de tipo «capital intensiva»), el carácter de los actores involucrados (corporaciones trasnacionales) y las consecuencias para la actividad productiva (fortalecen los «enclaves de exportación» y se consolidan bajo lo que denominan «Consenso de los Commodities», es decir la exportación de bienes «sin mayor valor agregado»). En: Grigera Juan y Álvarez Laura. «Extractivismo y acumulación por desposesión. Un análisis de las explicaciones sobre agronegocios, megaminería y territorio en la Argentina de la posconvertibilidad«. Theomai 27-28· Año 2013. Perspectivas diversas sobre la problemática territorial y urbana.

5^ Marini Ruy Mauro. «El Estado de contrainsurgencia.» Intervención en el debate sobre La cuestión del fascismo en América Latina, Cuadernos Políticos, México, ediciones ERA, núm. 18, octubre diciembre, 1978, pp. 21-29.

6^ Ibíd. Marini Ruy Mauro.

7^ Contra Línea. Septiembre 2002. «Los privilegios de la oligarquía». Pág. 32.

8^ Ibíd. Pp. 82-92.

9^ Torre Wilbert. «Narcoleaks. La alianza México-Estados Unidos en la guerra contra el crimen organizado». Grijalbo, 2013. Pp. 109-110.

10^ Ibíd. Torre Wilbert. Pp. 160-161.

11^ Ibíd. Torre Wilbert. Pp. 172-173.

12^ Ibíd. Pp. 174-175.

13^ Ibíd. Pp. 223-224.

14^ Ibíd. Pp. 224-225.

15^ La Jornada. Miércoles 17 de febrero de 2016.

16^ Revista Contra línea, 30 de noviembre de 2015. Pág. 12.

17^ La Jornada. 12-02-2016.

18^ La Jornada. 25-08-2015.

19^ Katz Claudio. Ibíd.

20^ Sotelo Valencia Adrián. «México (re)cargado. Dependencia, neoliberalismo y crisis». UNAM, Ítaca, 2014. Pág. 40.

21^ La Jornada. «¿Comerán los mexicanos tortillas transgénicas?» Por Víctor M. Toledo, 01-09-2015.

22^ Contrainfo.com. «Extractivismo minero como política de Estado». Por: Fabián Chiaramello. 29-09-2015.

23^ Rebelión. «Se expanden los tugurios en los márgenes de las ciudades. Desplazamientos forzosos de pobladores». Por: Juan Luis Berterretche, 25-02-2013.

24^ La Jornada. 21-01-2016.

25^ La Jornada. 17- 02-2016. «Juárez, ahora la caravana de Bergoglio«. Por: Willivaldo Delgadillo.

26^ La Jornada. 17-02-2016. «El pinchi poder». Por: Luis Linares Zapata.

27^ Rebelión. «Evo podría expulsar al encargado de negocios de Estados Unidos». Por Andrés Sal.lari. 17-02-2016.

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