El Estado del Cuarto poder en México y América Latina

Parafraseando a Emiliano Zapata, hoy podemos decir que el país necesita algo más que reformas en la administración, pureza ideal en el manejo de los fondos públicos, libertad de imprenta para los que saben escribir, libertad de votar para los que no conocen a los candidatos, correcta administración de justicia para los que jamás ocupan a un abogado; todas estas bellezas democráticas, todas esas grandes palabras con que nuestros abuelos y nuestros padres se deleitaron han perdido ahora su mágico atractivo y su significación para el pueblo¹.

Cuanto y más cuando, conforme las clases dominantes del capital y los núcleos de poder decisivos del Estado en México se han venido empeñando en hacer ortodoxamente suyas las políticas neoliberales que endiosan al mercado, la competencia y las tendencias a la monopolización. Entregando los recursos de la nación al capital extranjero y a las empresas trasnacionales mediante el privatismo, que ha favorecido además, exclusivamente intereses patrimonialistas y rentistas de amigos y compadres devenidos, mediante la asociación estatal en clases dominantes sin proyecto histórico. Lo cual ha dejado tras de sí una catástrofe social que se ve reflejada en la superexplotación del trabajo, desempleo, migraciones, desplazamientos forzados, incremento en los niveles de pobreza y de pobreza extrema, destrucción de la cohesión social y familiar, deterioro de las condiciones de vida, lo que a su vez se ha traducido en una pérdida de identidad, aumento de la criminalidad, expansión del narcotráfico y deterior ambiental². Y conforme esto ocurre, el Estado viene recurriendo cada vez más a la implementación de lo que Ruy Mauro Marini llamo el Estado del Cuarto Poder.

Conforme se ha hecho entrega de la Medalla Belisario Domínguez, máximo galardón que el Senado de la República otorga a ciudadanos mexicanos destacados, al empresario Alberto Bailléres González, presidente del Grupo Bal, entre cuyas empresas están el Palacio de Hierro, Peñoles y GNP Seguros. Aduciéndose su supuesto trabajo en bien del país, la generación de empleos y su compromiso social³. Y conforme los diputados de la LVII Legislatura, tras hacer cambios históricos a la Constitución que han derivado en la reforma laboral (2012), la educativa, la fiscal y de telecomunicaciones, concluyendo con la energética, se repartieron de manera «extraordinaria» o «especial» partidas adicionales para sus grupos parlamentarios que sumaron 359.202.000 pesos⁴. Se viene asentando en el país una brecha que separa al gobierno de Peña Nieto de la sociedad, signada por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violaciones de mujeres y niñas, así como por feminicidios perpetrados por autoridades civiles, policías y militares, que intentan ser encubiertas por la presente administración.

En este contexto, el gobierno en turno se ha dado a la tarea de negar estos hechos, pese a la amplia documentación que identifica a los culpables, así como diagnósticos en los que coinciden la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Naciones Unidas, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y las víctimas de los abusos, los familiares de los desaparecidos y especialistas mexicanos en el tema. Negativa a la cual también se pliega el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, al negarse a que los soldados señalados como responsables de actos perpetrados en casos como Tlatlaya y Ayotzinapa sean interrogados por expertos de la CIDH o de la ONU.

Tendencia de encubrimiento que durante los gobiernos neoliberales se ha ampliado conforme se han recrudecido los problemas sociales y por el otro lado han crecido los multimillonarios negocios como los realizados por OHL en el Circuito Exterior Mexiquense que proyecta la realización de una autopista de 155 kilómetros cuyo costo inicial iba a ser de 5 mil millones 600 millones de pesos, pero que en 12 se años se multiplico en 400%, al señalar un coste de 24 millones de pesos en diciembre de 2013, y que en 2015 llego a superar los 46 mil millones de pesos. Además de que OHL obtuvo una extensión del plazo de su concesión de 2030 a 2051, lo cual le permitirá cobrar incrementos adicionales a las tarifas de peaje de forma irregular, como ya lo ha venido haciendo según lo denuncia la empresa de tecnología aplicada Infaber, mediante grabaciones hechas a directivos de OHL, que involucran al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza y al presidente Peña Nieto. Ante lo cual OHL levantó una denuncia contra Infaber, y agentes de la PGR ante esta solicitud detuvieron ilegalmente al abogado de dicha empresa, después de sembrarle un arma en su coche, como se demuestra en un video. Y dentro de toda esta trama de corruptelas bajo el amparo de Peña Nieto, el gobierno de Eruviel Ávila reservó toda la información sobre OHL, durante nueve años y en el Senado, el PRI congeló la propuesta del PAN para investigar el caso⁵.

Remate de tal corolario de encubrimiento, cobijado por amplias redes de complicidad gubernamental, lo da el caso del gobernador priista Javier Duarte de Ochoa en el estado de Veracruz. Y que ha sido convalidado por la Asociación Mexicana de Editores al entregarle a dicho gobernador un premio por ser «defensor de la libertad de expresión» y «protector de periodistas», pasando por alto que en su estado han sido asesinados nueve periodistas desde el inicio de su mandato dentro de los cuales se encuentra la corresponsal de Proceso en ese estado, Regina Martínez⁶.

Siendo así que lo señalado por Zapata se hace presente en nuestro país, y más aun ante tendencias históricas que permanecen hacia nuestras naciones por parte del Pentágono. Debido a que desde que los Estados Unidos surgen como potencia mundial después de su victoria en la guerra hispano-americana, lejos de favorecer el principio de las puertas abiertas en América Latina, con celo ha restringido la competencia de las naciones europeas y de Asía, respecto al comercio de estas repúblicas y toda su influencia se ha dirigido por el contrario, hasta la fecha, a la obtención de ventajas especiales para sus grandes empresas, mediante convenios de reciprocidad y de otras maneras, que les han garantizado conforme al paso del tiempo una gran preponderancia, que ha llegado a la monopolización de los negocios relacionados con las finanzas, el comercio o las obras públicas⁷.

Para lo cual, los grandes capitales estadounidenses, al igual que sus colegas británicos y alemanes, se han mostrado como grandes partidarios de gobiernos dictatoriales como el de Porfirio Díaz, debido a que durante éste régimen casi la mitad de la riqueza nacional estuvo en manos de extranjeros. Díaz les otorgó la propiedad de los minerales del subsuelo, terreno en el que vinieron destacando cada vez más los estadounidenses. Así como permitió la enajenación de grandes extensiones de tierra, mediante un derecho creado por el dictador, que hizo cumplir a partir de la fuerza de su ejército y la policía. Asimismo, los grandes capitales han venido siendo fervientes partidarios de golpes de Estado, como el asestado por Victoriano Huerta contra Madero, en toda América Latina, puesto que estos les brindan enormes privilegios y beneficios legales, mientras que prohíben las manifestaciones sociales de inconformidad.

De forma tal, que desde el comienzo de la guerra en Europa, los Estados Unidos se preocupan cada vez más por los problemas de la «defensa del hemisferio». Por lo cual comienzan a exigir «facilidades» para establecer bases y cooperación para combatir actividades subversivas de los agentes del Eje y sus simpatizadores en América Latina. Conforme Washington va logrando sustituir los intereses comerciales del Eje en Latinoamérica por los suyos, van aumentando el número de sus misiones, hasta llegar finalmente a hacerse cargo de aquellas que anteriormente daban los países europeos, logrando ampliar el otorgamiento de instalaciones y medios para que los oficiales de nuestra región se prepararán en academias militares y escuelas de entrenamiento estadounidenses⁸.

Pero el Pentágono no obtuvo fácilmente las instalaciones que busca implantar, debido a que en Latinoamérica se veía con temor la creciente participación estadounidense en la Primera Guerra y su consiguiente surgimiento como potencia y, en segundo lugar intervienen consideraciones de soberanía nacional. Distintos gobiernos y sus fuerzas armadas no se sentían inclinados, en vista de la experiencia histórica, a permitir fuerzas armadas estadounidenses en su suelo. En Brasil, cuyo saliente nororiental era la región más vulnerable de la América del Sur, hubo tres años de discusiones para que Estados Unidos lograra el permiso de acantonar fuerzas allí. Y en Panamá sus planes de construir bases fuera de la Zona del Canal tropezaron una considerable oposición. Debido a que mientras se realizaban las negociaciones fue derrocado el gobierno panameño, hecho mismo en el cual los Estados Unidos negaron haber tenido una participación. En México se complicaron este tipo de negociaciones, aun más debido a la cuestión petrolera. Una vieja disputa entre Ecuador y el Perú encendida nuevamente en la primavera de 1941, además de comprometer la paz del hemisferio, demoró los esfuerzos del Pentágono por lograr el uso de las muy estratégicas Islas Galápagos (de Ecuador).

En tanto que significativamente el gobierno latinoamericano que brinda mayor cooperación en los empeños estadounidenses fue la República Dominicana, país que se encontraba bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo quien, como Somoza en Nicaragua, ascendió al poder como jefe de una guardia nacional entrenada por las fuerzas de ocupación de los Estados Unidos. Y ambos dictadores, tanto Somoza como Trujillo, fueron agasajados como «buenos vecinos» por el presidente Roosevelt en Washington, en 1939. Sin poder ser de otra manera, pues en el caso de Trujillo, éste entrego un «virtual cheque en blanco a favor de las fuerzas armadas de los Estados Unidos para usar el territorio de la República dominicana en la forma que creyeran conveniente⁹.

Mientras que por otro lado, la Argentina de aquel entonces, muy distinta de la ahora dirigida por Macri, era considerada por su nacionalismo como un serio desafío a la posición estadounidense en el hemisferio, especialmente porque la fuerza económica de la Argentina la hacia menos susceptible a la coerción a la que estaban sometidas otras repúblicas de la zona. En sus memorias, Cordell Hull recuerda la ira que le causó que Summer Wells, jefe de la delegación de los Estados Unidos, hubiera aceptado la negativa de Chile y Argentina a romper relaciones con las potencias del Eje, objetivo primordial de aquel momento para Washington, a el entender de Hull, equivalía a rendirse ante la Argentina¹⁰.

Así, en tanto que la política económica de los Estados Unidos hacia América Latina se formula bajo la premisa de asegurarse un creciente abastecimiento de materias primas estratégicas y el término de la Segunda Guerra Mundial refuerza aun más el dominio que viene ejerciendo sobre el desarrollo económico de América Latina, los intereses político-económicos del Pentágono permean la «asociación» de las naciones latinoamericanas que les exige para la «defensa» del continente contra amenazas militares del exterior. Más aun, conforme se fueron asentando los intereses económicos del gran capital estadounidense en la región, exigirían medidas de «cooperación» para enfrentar la amenaza de la subversión, que conforme a sus intereses será una cuestión mucho más importante que una posible agresión armada. Así, los Estados Unidos intensifican el entrenamiento de oficiales latinoamericanos en contrainsurgencia y refuerzan a los militares como el grupo anticomunista más fuerte de América Latina.

Tal como indicaba John Foster Dulles, secretario de Estado de Eisenhower y que anteriormente había sido abogado de empresas norteamericanas, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, era un modelo para América Latina, debido a que en ese país la clase gobernante, en contubernio con los militares, adoptaron medidas políticas que dieron un clima atractivo para la entrada de capitales extranjeros y si los demás gobiernos de América Latina siguieran el ejemplo de Venezuela desaparecería el peligro del comunismo y del desorden social¹¹.

De acuerdo con estas ideas, las intervenciones de los Estados Unidos han sido la realidad en las relaciones internacionales hacia América Latina. En Guatemala, que estuvo bajo el gobierno de Jacobo Arbenz, contando con el aval del gobierno francés e ingles ante la ONU, so pretexto de que dicha nación estaba dominada por el comunismo internacional y que, por tanto, constituía una amenaza para el hemisferio, propicia el derrocamiento de Arbenz y ayuda a que asuma la presidencia el general Miguel Ydírogas Fuentes. Que mediante la supresión de sindicatos obreros y partidos políticos, confirman la índole esencialmente contrarrevolucionaria de la política estadounidense hacia América Latina. Más todavía, cuando a la United Fruit Company se le devuelve la mayor parte de tierras expropiadas, deteniéndose así la revolución social iniciada por Juan José Arévalo¹².

Conforme en los Estados Unidos prima la visión fanática de John Foster Dulles, de oponerse a la «influencia» soviética en nuestra región y también hay distintas muestras de nacionalismo en distintos países de América Latina, se suceden los cuartelazos, en Argentina y Perú en 1962, y los de Guatemala, Ecuador, la República Dominicana y Honduras. Aun más, son alentados desde 1963 por la política Norteamericana impulsada bajo el mandato de Kennedy, por considerar a los militares como fuerza principal contra el comunismo y la insurgencia. En este sentido fue de especial interés el derrocamiento de Juan Bosh, primer presidente de República Dominicana elegido legalmente en 38 años. Confirmando sin la menor duda la predilección tradicional estadounidense por dictadores de derecha, como garantes de «estabilidad» y guardianes de sus intereses¹³.

Desde el comienzo de la Guerra Fría, los consejeros militares estadounidenses alentaron el suministro de armas y de medios de entrenamiento bajo el amparo del combate al comunismo y la seguridad interna. De forma tal que, más de la mitad de las naciones latinoamericanas firmaron convenios de defensa mutua con los Estados Unidos, recibiendo todos los adscritos equipo de esa nación. De suerte que el entrenamiento y las armas que se dirigieron propiciaron relaciones más estrechas entre entidades militares de Washington y América Latina mediante la Junta Interamericana de Defensa, la Escuela Interamericana de Defensa y el entrenamiento de contrainsurgencia, ejemplo de esto lo dieron las tropas bolivianas que derrotaron y mataron al Che Guevara, entrenadas y asesoradas por los Estados Unidos. De suerte tal que los programas de ayuda han permitido de varias formas la penetración política de los Estados Unidos en América Latina y a partir de la influencia sobre los militares de la región, la Agencia para el Desarrollo Internacional ha mantenido programas de entrenamiento para las fuerzas policiacas latinoamericanas que han comprendido entrenamiento para frenar manifestaciones tumultuarias y la realización de trabajos de contraespionaje.

Esto ha venido ocurriendo de tal forma en nuestro país, así como en otros partes de América Latina, que se ha mantenido la vigencia de estos hechos hasta nuestros días. Debido a que las modificaciones ocurridas en el plano militar, derivadas de la formulación de doctrina de contrainsurgencia, también transformaron la estructura de las burguesías criollas, traduciéndose en modificaciones del bloque político dominante. Las burguesías criollas se transforman, puesto que la base objetiva fue la integración de los sistemas de producción al sistema imperialista, mediante las inversiones directas de capital extranjero, la subordinación tecnológica y la penetración financiera. Lo que llevó a que durante la década de los cincuenta del siglo pasado, y aun más durante los sesenta, surgiera y se desarrollara una burguesía monopólica estrechamente vinculada a la burguesía imperialista, especialmente a la norteamericana.

Integración imperialista que, junto con la superexplotación del trabajo, la acentuación de la centralización del capital y de la proletarización de la pequeña burguesía, trajo como consecuencia la agudización de la lucha de clases, al romper el esquema de alianzas adoptado hasta entonces por la burguesía. Y debido a la lucha de clases que se entabla entre la burguesía en su conjunto y la pequeña burguesía, se termina por empujar a ésta última hacia la búsqueda de alianzas con el proletariado y el campesinado. Todo lo cual resultÓ en el abandono del llamado «Estado populista», es decir el «Estado de toda la burguesía», puesto que favorecía la acumulación de todas las fracciones. Y en su lugar se conforma un nuevo Estado que se preocupa fundamentalmente por los intereses de las fracciones monopólicas, nacionales y extranjeras. Motivo por el cual desde entonces se establecen mecanismos selectivos que favorezcan su acumulación y subordinen a las demás fracciones burguesas a las iniciativas y al dinamismo de la burguesía monopólica.

Privilegiando en este esquema la burguesía monopólica a las Fuerzas Armadas como elemento central de su estrategia. E iniciando en un primer momento la contrarrevolución latinoamericana bajo un periodo de desestabilización, durante el cual fuerzas reaccionarias agruparon en torno así al conjunto de la burguesía y sembraron en el movimiento popular la división, la desconfianza en sus fuerzas y en sus dirigentes, para culminar en golpes de Estado, realizados por las Fuerzas Armadas que llevaron a la instauración de dictaduras militares que conformaron un Estado contrainsurgente. Donde las fuerzas Armadas asumieron el control y ejercicio como institución del poder político, pero en la esencia de este Estado, desde el punto de vista de su estructuración y funcionamiento, las Fuerzas Armadas sólo comparten allí el poder con la burguesía monopólica. Y según Marini, siempre que se encuentren ciertas estructuras, funcionamiento y coparticipación entre las Fuerzas Armadas y capital monopólico se estará frente aun Estado de contrainsurgencia, tenga éste o no la forma de dictadura militar, puesto que esto es sólo la expresión formal del Estado.

De suerte tal que, el Estado de contrainsurgencia es el Estado corporativo de la burguesía monopólica y las Fuerzas Armadas. Donde su especificidad radica en su peculiar esencia corporativa y en la estructura y funcionamiento que allí se generan. Destacando el hecho de que los tecnócratas civiles y militares, que se ocupan de la gestión del Estado, no son más que la representación política del capital y no son entes autónomos. Más aun, dentro de la fusión de los intereses corporativos de las Fuerzas Armadas y la burguesía monopólica, ésta última sólo representa una fracción propiamente capitalista de la burguesía y las Fuerzas Armadas sólo son un cuerpo de funcionarios cuya voluntad económica y política es rigurosamente la de la clase a la que sirve. Y aunque el Estado de contrainsurgencia sea el Estado del capital monopólico, cuyas fracciones constituyen hoy en día el bloque en el poder, no excluyen la participación de las demás fracciones burguesas¹⁴.

Bajo estas premisas, las modificaciones ocurridas en el plano militar, derivadas de la formulación de doctrina de contrainsurgencia al establecer una línea de conquista de bases sociales e institucionalización, sólo reformula su estrategia a partir de 1980, optándose más por la visión expresada por presidentes como Wilson, quien en su política se distanció un poco de lo que postulaban algunas compañías norteamericanas referentes a la posibilidad de anexar territorio mexicano a los Estados Unidos o establecer un protectorado norteamericano directo sobre México. En opinión de Wilson no era la dictadura, preferida por la mayoría de los hombres de negocios extranjeros, sino la democracia parlamentaria, el único medio de crear una situación estable y evitar una revolución, no sólo en México sino en toda América Latina. Por lo que, como solución a los problemas latinoamericanos, propuso en su momento «enseñar a las repúblicas latinoamericanas a elegir hombres buenos»¹⁵. Pero pese a este esquema de «renuncia» a los planes de ampliar la intervención norteamericana en México, al igual que en el resto de América Latina, el gobierno norteamericano no ha desistido nunca en la imposición en nuestros países de un gobierno de su agrado, ya sea de forma «democrática» o dictatorial.

Así, el Estado Contrainsurgente, al que dio lugar la contrarrevolución latinoamericana sufrió modificaciones correspondientes a la fase de institucionalización, a lo que los teóricos del Departamento de Estado norteamericano han llamado «democracia viable». Derivadas de que el imperialismo norteamericano, expresado en las políticas de Carter intentan restaurar la legitimidad del sistema de dominación dentro de la sociedad norteamericana, apoyándose en viejos mitos caros a la ideología burguesa en eses país, como los Derechos Humanos. Así como de políticas de enfriamiento de las zonas periféricas, que intentaron dar solución a problemas especialmente agudos como los que se le presentaron en Medio Oriente y Panamá, hasta la revisión de la doctrina de contrainsurgencia, pretendiendo limitar sus aspectos más ásperos y adecuarla a las nuevas condiciones de la lucha de clases.

Estas nuevas condiciones de la lucha de clases en América Latina se expresaron en las contradicciones inter-burguesas, que al exacerbarse, exigieron espacios políticos para dirimirse. De forma que la centralización rígida del poder político, en manos de la élite tecnocrático-militar, tuvo que flexibilizarse, restaurando cierta vigencia al parlamento como ámbito de discusión, permitir el accionar de los partidos y la prensa, para que las distintas fracciones burguesas pudieran desarrollar su lucha. Por lo cual se manifiesta en las «democracias viables». De manera tal que las contradicciones inter-burguesas llevaron a cabo una «apertura» política que preservó lo esencial del Estado de contrainsurgencia, que es la participación directa del gran capital en la gestión económica y la subordinación de los poderes del Estado a las Fuerzas Armadas. Donde las Fuerzas Armadas ejercen un importante papel en la vigilancia, el control y la dirección sobre los asuntos del aparato estatal. Resultando en el avasallamiento del aparato estatal por las Fuerzas Armadas, por encima de las estructuras propias de la democracia parlamentaria que éste ostente, así como del ordenamiento legal de origen militar impuesto a la vida política, especialmente aquellas emanadas de las leyes de seguridad nacional¹⁶.

En este marco, aunque México no presentó una dictadura formal, estuvo asediada al igual que el resto de América Latina por las pretensiones estadounidenses de subordinar a sus Fuerzas Armadas a sus intereses. Más toda vía cuando México realiza una política exterior activa con postulados propios, que chocaron con la política de contención de los movimientos sociales y revolucionarios emergentes, puesta en práctica por Estados Unidos. Entre los actos más importantes de su política exterior durante 1970-1976, cuestiona la política de la Administración Nixon en favor de golpes de Estado en América del Sur, apoyando al gobierno de Salvador Allende en Chile; elabora la propuesta de un Nuevo Orden Económico Internacional; y apoya firmemente el ingreso de la República Popular China a la Organización de Naciones. Posteriormente, entre 1977 y 1979, se da una firme lucha por defender precios justos para el gas que se exportaría a Estados Unidos, no llegándose a un acuerdo, e impulsa una política petrolera propia.

Ante la emergencia de la crisis centroamericana, es vista con gran simpatía por el gobierno y amplios sectores de la sociedad mexicana. Para 1978 es abierto el respaldo al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua, permitiendo la realización de sus actividades en el país. En las complejas negociaciones que culminaron con la firma de los tratados sobre el Canal de Panamá entre el gobierno de Omar Torrijos y el de James Carter, México, también apoyó con firmeza la postura panameña.

De 1979 a 1982, el presidente José López Portillo dio un gran respaldo económico y político a Nicaragua. México fue la fuente principal de suministro de petróleo a ese país y se suscribieron numerosos acuerdos de cooperación (se calcula que la deuda de Nicaragua con México, contraída principalmente en esos años, asciende a más de 500 millones de dólares). Frente a El Salvador, México emite un comunicado de respaldo político a la alianza de oposición del Frente Democrático Revolucionario (FDR), Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el 28 de agosto de 1981, en conjunto con el gobierno de Francia, y postula que es necesaria una solución política en dicho país¹⁷.

Pero es en el marco de las democracias viables. Producto del imperialismo, en un intento por restaurar la legitimidad del sistema de dominación dentro de la sociedad norteamericana, así como de políticas de enfriamiento de las zonas periféricas, hasta la revisión de la doctrina de contrainsurgencia, pretendiendo limitar sus aspectos más ásperos y adecuarla a las nuevas condiciones de la lucha de clases. El candidato del Partido Republicano, Ronald Reagan, hace propia la ideología de la «Nueva Derecha» y el pensamiento intelectual «neoconservador». Lo cual conduce a la necesidad de neutralizar a todos aquellos países (o gobiernos) que tuviesen una política independiente a la norteamericana. Donde México se considera en este contexto como un país que se debe atender de manera especial, pues su gobierno se movía en sentido inverso a los intereses norteamericanos.

De suerte tal, que al tomar posesión de su cargo en enero de 1981, Ronald Reagan emprende una agresiva política donde constantemente está implícita la amenaza de la intervención militar directa contra distintos países de Centro América. Proceso de militarización visto con suma preocupación por México y por el cual cambia la óptica del Estado mexicano del impulso de los postulados tradicionales de la política exterior, predominante entre 1979 y 1982, para dar píe a la percepción defensiva y de seguridad nacional de 1983 en adelante. La nueva realidad a la que se enfrenta México, incluirá así, por vez primera en sus relaciones internacionales factores geopolíticos, militares y de seguridad.

En este sentido fueron fecundas las «recomendaciones» estadounidenses sobre ciertos aspectos de la negociación bilateral – como son embargos comerciales, la política migratoria, la política financiera, de turismo, etcétera, – para presionar a México a que retrocediera en su política hacia la región. A lo que se añadieron factores nuevos en la política bilateral, que han venido implicando hasta la fecha un abierto intervencionismo por parte de Washington, como son las opiniones sobre la democracia en México, mediante denuncias de supuestos fraudes electorales, consideraciones sobre la crisis económica y la política contra el narcotráfico y en menor medida el terrorismo, siempre con la intención de obtener la colaboración plena de las fuerzas armadas, las policías, y las procuradurías de justicia del país (federal y estatales), en los empeños norteamericanos¹⁸.

Respecto al narcotráfico, conforma a los lineamientos del gobierno del presiente Reagan, después de que éste firma el 8 de abril de 1986 el documento llamado National Security Decisión Directive 221, se determina que a partir de ese momento el tráfico de drogas significaba una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. De lo cual se derivará una mayor participación de las fuerzas armadas y la comunidad de inteligencia en asuntos de drogas. Asimismo durante la presidencia derechista de Reagan, se insta al vicepresidente de esa nación, a los secretarios de Estado, del Tesoro, de la Defensa y al Procurador General a que introduzca el tema de las drogas como asunto de seguridad internacional entre los países aliados y no aliados.

De esa manera, el presidente de México, Miguel de la Madrid (1982-1988) retomó la tesis instituida por Reagan, así como su sucesor Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Pero será hasta el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000) cuando se opte por una creciente intervención de las fuerzas armadas en las tareas que Salinas y De la Madrid no les habían atribuido. Para que esto aconteciera, tuvo gran influencia la visita del Secretario de la Defensa de los Estados Unidos a su homólogo en México en 1995, puesto que tras declarar que sólo faltaba el «tercer vínculo» (el militar) con Washington, un grupo especial por parte del gobierno mexicano fue enviado a Chihuahua con la misión de capturar a Amado Carillo Fuentes y varios militares fueron nombrados como delegados de la PGR en algunos estados del norte del país¹⁹.

Por su parte, el llamado gobierno de la alternancia encabezado por Vicente Fox Quesada electo el 2 de julio de 2000, se inclino aun más hacia el uso de las fuerzas armadas, otorgándoles facultades para intervenir en todos los aspectos de la lucha antidrogas. Así, por primera vez en la historia de nuestro país, un general fue nombrado como titular de la PGR, para lo cual fueron invocadas razones de seguridad nacional. Y dentro de esta tendencia, signada por los designios del Pentágono, luego de los atentados del 11 de septiembre, en México se decretó la «Alerta Roja», con la supuesta finalidad de resguardar las áreas estratégicas como los yacimientos petroleros, las instalaciones hidroeléctricas, los aeropuertos y las carreteras. De manera que los atentados en Estados Unidos, conforme indicó el entonces titular de la Sedena, obligaron al gobierno mexicano a modificar su estrategia de seguridad²⁰.

Este proceso creciente de militarización en México, así como en otros países de America Latina como Colombia, se viene dando dentro de las especificidades de un Estado de Cuatro poderes conforme lo señalo Marini. En México, es un hecho sin precedentes desde la Revolución, se agudiza durante el ascenso de la derecha radicalizada, durante el control político de tecnócratas y conservadores sobre el PRI, perdiendo su perfil nacionalista para vincular a nuestro país de forma cada vez más estrecha e institucionalizada con el capital estadounidense mediante acuerdos y tratados como el NAFTA, PPP, la Iniciativa Mérida, el Acuerdo Transpacífico²¹, etc. Para lo cual la política hacia México por parte de los Estados Unidos ha trascendido las simples presiones, para lograr un cambio de actitud frente a los intereses globales norteamericanos, mediante prácticas desestabilizadoras como las emprendidas por el embajador John Gavin (1981- 1986). Bajo la directriz del Consejo de Seguridad Nacional, Gavin asumió abiertamente su tarea de construir las alianzas políticas internas que beneficiaron a la posición norteamericana, y que se materializaron en la vinculación, financiamiento y promoción del Partido Acción Nacional (PAN), promoviendo además su alianza con la jerarquía católica más conservadora y con un sector de empresarios²².

Todo lo cual ha tenido como finalidad que México asimile como propia la política de Estados Unidos, como compartir el proyecto de restauración de su hegemonía, como una necesidad «propia». Y que se encuentra en estrecha consonancia con la «apertura» política, dentro de los márgenes de las democracias viables, que ha preservado lo esencial del Estado de contrainsurgencia, y la configuración de un Estado de Cuatro poderes, que es la participación directa del gran capital en la gestión económica y la subordinación de los poderes del Estado a las Fuerzas Armadas, mediante las burguesías monopólicas locales. Donde las Fuerzas Armadas ejercen un importante papel en la vigilancia, el control y la dirección sobre los asuntos del aparato estatal²³.

Dentro de este espectro hoy podemos entender, porque a la par del aumento de número de efectivos en un 50.0% en las décadas de 1995 a 2006, al pasar de 189,000 efectivos a 283,000. Estos mismos elementos sean utilizados para enfrentar distintas protestas sociales como el EZLN, el movimiento estudiantil de la UNAM en el 99, lo distintos movimientos estudiantiles de las normales rurales (a lo cual esta estrechamente vinculado el caso de Ayotzinapa), el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, el movimiento minero de Cananea, a la policía comunitarias de Guerrero del cual es ejemplo hoy Nestora Salgado, etc.

Y asimismo, en estrecha relación con la visón del Pentágono sobre la lucha contra el narcotráfico, conforme a las democracias viables, que en realidad son democracias contrainsurgentes, podemos observar la manera en que se ha venido imponiendo en América Latina la postura indicada en el documento The National Security Strategy of the United States of America, que en 2002 señaló: «La pobreza no convierte a la gente pobre en terroristas y asesinos. Sin embargo, la pobreza, las instituciones débiles y la corrupción pueden hacer vulnerables a los Estados débiles ante las redes terroristas y los cárteles de la droga dentro de sus fronteras»²⁴. Y según sus premisas, desde 1996 se da la creación de la ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, reformada y ampliada en 2004, que da entrada mediante su tipificación de «delincuencia organizada» a la criminalización de la protesta social. En su Art. 2 establece: «Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno de los delitos siguientes; terrorismo, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, corrupción de menores o discapacitados y trata de personas, serán sancionados por el sólo hecho, como miembros de la delincuencia organizada»²⁵. Donde la laxitud del delito de terrorismo da cabida a actos de protesta social.

Así, ante la sucesión de hechos históricos, en estrecha relación con los presentes, no podemos creer que la guerra permanente contra las drogas, desplegada a instancia de el Pentágono y ante la cual Macedo de la Concha dijo que el regreso a los cuarteles de los militares se daría cuando la sociedad lo decidiera. Y que ha contribuido sobre manera a hacer más dependiente a México y los países involucrados, respecto a Washington, no haya sido un objetivo explícito y que sea «paradójico» que conforme a los «mayores avances democráticos» en la sociedad mexicana, haya una mayor y acelerada presencia militar en los aparato de seguridad del país, como sostiene Luis Astorga²⁶.

Ni que haya una «crisis del Estado» en México, por un «resquebrajamiento» de la organización social, económica, política coercitiva, por una crisis del conjunto de instituciones, el derecho burgués, la comunidad de las clases y la soberanía, una crisis del poder de regular la vida social nacional encumbrando el reino de la fuerza.

A esto no responde el que la burguesía monopolista haya establecido un mandato mediante el cual sus políticos crearon un nuevo pacto por el Estado de derecho, para que a cualquier precio sostengan todo el aparato dictatorial de control y poder cerrando filas contra el «México bronco».

Muy por el contrario, al olvidar hechos históricos e intereses del gran capital estadounidense y europeo, en su afán de internacionalizar el capital y el ejercicio del poder para hacer viable una reordenación adecuada a sus fines. Se malinterpreta el modelo de acumulación neoliberal y la crisis que llevó a México al agotamiento y que fue utilizada por los artífices del PRI tecnocrático y de la ultra derecha panista, para desestabilizar la economía entregándonos al capital trasnacional. Donde la aparente involución del Estado al absolutismo monopolista, realmente se circunscribe en la lógica de la caída de la tasa de ganancia, y la consecuente tendencia histórica del centro del sistema capitalista, los EE.UU. ha conformado Estados contrainsurgentes, que bajo el manto democrático pasan a ser Estados del Cuarto Poder.

De tal manera que los elementos, económicos, políticos, estructurales, ecológicos, culturales, militares, policiales y demás, operantes dentro del capitalismo no se encuentran funcionando como lo hacen hoy en día, por la «irresponsabilidad» de las fuerzas hegemónicas (como si alguna vez hubiera predominado la «responsabilidad»). Sino que en su esencia se encuentra la desarticulación del tejido social y el llevar al extremo el orden piramidal de dominación social²⁷.

Por lo que la designación de México como «estado fallido«, sí resulta como explicación idónea de lo ocurrido en México. Pero dentro del esquema de la desacreditación que se ha hecho a lo largo de los gobiernos neoliberales de todas aquellas instituciones estatales que después fueron rematadas a precios de saldo. Así se describe un Estado ineficiente, mal formado e incapaz para caminar por sí solo, y que tiene que ser intervenido para corregirlo, pero si se mira «bien» la historia del país, dentro del esquema contrainsurgente diseñado por Kennedy, se da una transformación del Estado nacional tras ajustar a las burguesías locales en apéndices del capital internacional, rompiendo con el Estado de Bienestar, que era el Estado de la burguesía en su conjunto. Para dar pauta a un Estado removido de sus viejas funciones, dislocado intencionalmente por el gran capital y golpeado por la lógica de los factores político-económicos que fortaleció. Y de donde se desprende que la derecha sugiera el desmantelarlo, reemplazarlo por un protectorado, «adelgazarlo», dejar que navegue en su caos a merced de la rapiña, o reformarlo para ponerlo a tono con la nueva era. Puesto que esta burguesía local en contubernio con la burguesía imperialista seguirá intentando detener la caída de la tasa de ganancia a expensas del proletariado en general, el campesinado y de otras fracciones de la burguesía nacional.

Y en este contexto, una definición precisa y transparente en torno a la condición del Estado, que no de cabida a las componendas del ensueño de un Estado democrático-burgués que enmienda sus fallas, lo brinda Ruy Mauro Marini, mediante su categoría del Estado del Cuarto Poder. Ya que esta permite comprender la acumulación intensiva de la que es objeto la nación, por parte de las fracciones burguesas locales aliadas con la burguesía imperial, así como la consecuente represión del proletariado y el campesinado, mediante la institucionalización del uso de las fuerzas armadas.

Así, somos testigos de…

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Notas

1^ Katz Friedrich. «La guerra secreta en México. Europa, Estados Unidos y la revolución mexicana». Editorial ERA, Octava reimpresión, 1993. Pág. 298.

2^ Sotelo Valencia Adrián. «México (re)cargado. Dependencia, neoliberalismo y crisis.» UNAM, FCPyS, Ítaca, 2014. Pp. 15-16.

3^ www.excelsior.com.mx/nacional/2015/11/12/1056846

4^ Proceso. # 1969

5^ Proceso. # 2033. «Gobierno del encubrimiento». Por Héctor Tajonar.

6^ Proceso. # 1901.

7^ Ibíd. Friedrich Katz. Pág. 204.

8^ Connell-Smith Gordon. «Los Estados Unidos y la América Latina.» Fondo de Cultura Económica, 1977. Pág. 206.

9^ Ibíd. Connell-Smith Gordon. Pág. 207.

10^ Ibíd. Connell-Smith Gordon. Pág. 209.

11^ Ibíd. Pág. 238.

12^ Ibíd. Pág. 250.

13^ Ibíd. Pág. 270.

14^ Marini Ruy Mauro. «El Estado de contrainsurgencia.» Intervención en el debate sobre La cuestión del fascismo en América Latina, Cuadernos Políticos, México, ediciones ERA, núm. 18, octubre diciembre, 1978, pp. 21-29.

15^ Ibíd. Friedrich Katz. Pág. 184-185.

16^ Ibíd. Marini Ruy Mauro.

17^ Benítez Manaut Raúl, González Souza Luis, Gutiérrez Haces María Teresa, Márquez Padilla Paz Consuelo, Verea Campos Mónica (Compiladores). «Viejos desafíos nuevas perspectivas. México-Estados Unidos y América Latina.» UNAM, Porrúa. 1988. Pp. 394, 395, 396.

18^ Ibíd. Benítez Manaut Raúl, González Souza Luis, Gutiérrez Haces María Teresa, Márquez Padilla Paz Consuelo, Verea Campos Mónica (Compiladores). Pág. 403.

19^ Jiménez Ornelas René (Coordinador). «Violencia y seguridad pública. Una propuesta institucional». UNAM, 2006. Pp. 118-119.

20^ Ibíd. Jiménez Ornelas René. Pág. 120.

21^ Rodríguez Rejas María José. «El proceso de militarización en México: un caso ejemplar».

22^ Benítez Manaut Raúl, González Souza Luis, Gutiérrez Haces María Teresa, Márquez Padilla Paz Consuelo, Verea Campos Mónica (Compiladores). «Viejos desafíos nuevas perspectivas. México-Estados Unidos y América Latina.» UNAM, Porrúa. 1988

23^ Ibíd. Marini Ruy Mauro.

24^ Ibíd. Jiménez Ornelas René. Pág. 125.

25^ Ibíd. Rodríguez Rejas María José.

26^ Jiménez Ornelas René. «Violencia y seguridad pública. Una propuesta institucional». UNAM, 2006. Pág. 139.

27^ Rebelión. «La crisis del Estado». Por Felipe Cuevas Méndez. 02-02-2016.

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