Desde mediados del sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) comenzó a escucharse en distintos medios que el Estado mexicano es un «Estado fallido». Muchas veces repetida dicha afirmación incluso comenzó a utilizarse por algunas voces del periodismo disidente y organizaciones de izquierda como una forma de «denunciar» y «atacar» al Estado mexicano. Hoy, después de la […]
Desde mediados del sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) comenzó a escucharse en distintos medios que el Estado mexicano es un «Estado fallido». Muchas veces repetida dicha afirmación incluso comenzó a utilizarse por algunas voces del periodismo disidente y organizaciones de izquierda como una forma de «denunciar» y «atacar» al Estado mexicano. Hoy, después de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, el concepto de Estado fallido ha sido retomado nuevamente para describir al gobierno de Enrique Peña Nieto, continuador fiel de la obra del presidente anterior, sin importar que sean de diferente partido.
Cuando se habla de Estado fallido se afirma que el Estado es débil, que no controla su territorio ni el uso de la violencia, o que es «incapaz» de cumplir con sus obligaciones y responsabilidades por no tener dinero o los conocimientos para garantizar los derechos humanos de la población y que, además, ha sido «infiltrado» por grupos criminales que le han arrebatado el control y hasta lo han «rebasado». A simple vista, hasta parece que la definición de Estado fallido le queda a la perfección al Estado mexicano. Si admitiéramos dicha definición como cierta nos ahorraríamos analizar y descubrir lo que realmente es el Estado y lo que representa en nuestra vida cotidiana. Es más, al Estado hasta le es cómodo ser catalogado como débil, fallido, ausente, como que quiere pero no puede.
Lenin, como marxista consecuente, define al Estado como «una máquina para que una clase reprime a otra, una máquina para el sometimiento a una clase de otras clases subordinadas». No podría haber mejor definición para el Estado mexicano, el cual es una maquinaria perfectamente aceitada para garantizar, por medio de la represión (policía y ejército) pero también jurídicamente (reformas constitucionales y leyes secundarias), que la clase burguesa pueda oprimir económica y políticamente al pueblo. Veamos en realidad qué tan débil es el Estado mexicano.
Un Estado que desaparece una empresa estatal (por ejemplo luz y fuerza del centro) con un decreto a media noche de un sábado ocupando militarmente de manera inmediata todas las instalaciones de la misma y despidiendo a 44 mil trabajadores del sindicato más poderoso y mejor organizado del país (el SME) de un plumazo, como hizo Felipe Calderón en 2009, sin que se generara una crisis de gobierno, no puede ser un Estado débil.
Un Estado que se niega repetidamente, ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU y otros organismos de derechos humanos a nivel internacional, a que declaren los militares señalados de participar y coadyuvar en la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero o en la ejecución extrajudicial de 22 civiles desarmados en Tlatlaya, Estado de México, haciéndolos intocables, definitivamente no es un Estado débil, tampoco es un «semiEstado» como afirman algunos intelectuales dizque marxistas.
Un Estado que tiene a la cuarta parte del Ejército en las calles para reprimir y vigilar al pueblo organizado y no organizado y que al mismo tiempo «deja» escapar por un túnel al narcotraficante más buscado de las últimas dos décadas, al que nunca le han congelado las cuentas bancarias que se sabe son de él y de sus prestanombres, no es un Estado débil, es un Estado en toda la extensión de la palabra, un Estado burgués que, como lo que es, se ha propuesto defender los intereses de los empresarios burgueses, sean estos empresarios de la telefonía, de la construcción, de la minería o de los estupefacientes.
¿A quién le conviene entonces que creamos que en México el Estado es fallido, ausente o débil? Al pueblo definitivamente no , dicha idea conviene al Estado porque lo deslinda y lo exculpa de asumir su responsabilidad sobre violaciones de derechos humanos que comete (ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, encarcelamiento por motivos políticos, etcétera) y le permite echarle la culpa a otro, un actor supuestamente ajeno al Estado pero que está «infiltrado» en él, al narcotráfico como responsable de la violencia que a diario se vive en nuestro país. Y entonces es fácil que ante cualquier situación violenta se le eche la culpa al narcotráfico que es muy malvado y al Estado que ¡pobrecito! no le alcanza para defendernos.
El problema no es que el Estado «falle», el problema es el Estado, su esencia misma como aparato de la clase burguesa para la opresión de la clase trabajadora, es pues un Estado capitalista. Si lo pensamos de nuevo, el Estado en México no está fallando, está funcionando perfectamente como Estado terrorista que garantiza a los empresarios e inversionistas capitalistas extranjeros y nacionales que obtendrán jugosas ganancias de la explotación de la fuerza de trabajo y de los recursos naturales en nuestro país. Para garantizarlo no importa si tiene que desaparecer a estudiantes normalistas, ejecutar civiles desarmados, encarcelar luchadores sociales o aprobar leyes que legalicen el saqueo y el despojo, aterrorizando al pueblo a través de distintas y muy variadas formas. La alternativa es nuestra, la alternativa requiere de la lucha organizada de todo el pueblo para derrotar al capitalismo y construir un Estado distinto, un Estado que responda a los intereses de la clase trabajadora, un Estado socialista en el que la explotación del hombre por el hombre desaparezca como fundamento de la sociedad y que sea la simiente de una nueva sociedad sin hambre ni explotación.
NOTA:
Este artículo fue publicado como parte de la sección DEBATE del No. 11 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), en circulación desde el 17 de octubre de 2015.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.