La nuestra es una sociedad de economía liberal. Por ese solo hecho el conflicto entre particulares en el caso Aristegui es a la vez un problema de orden político. Pero reducirlo por ello a un asunto meramente público y deducir de allí su tratamiento al exclusivo esquema de las competencias de la función pública y […]
La nuestra es una sociedad de economía liberal. Por ese solo hecho el conflicto entre particulares en el caso Aristegui es a la vez un problema de orden político. Pero reducirlo por ello a un asunto meramente público y deducir de allí su tratamiento al exclusivo esquema de las competencias de la función pública y de las responsabilidades civiles es en mi opinión eludir el problema de fondo, es también postergar su discusión de cara a la sociedad y es en último término un acto de evasión política.
Lo que intento expresar en estas notas es que de resolverse en ese ámbito, su solución seguiría siendo parte constitutiva del problema de fondo: una neta expresión de poder. Y en muchos sentidos. El poder resolviéndose a favor de uno u otro particular en función de sus intereses de gobierno y en donde la utilidad generada y asignada por el propio gobierno para sí, sería en todo caso un hecho incidental. Grave pero incidental. No así, desde luego, la utilidad asignada al vencedor de esta contienda. Contienda de la que el gobierno mexicano no necesariamente se encuentra excluido-como no resulta difícil sospechar-y contienda cuyo escenario y posterior derrotero ha terminado por perjudicar a las audiencias a instancias de la despedida de la conductora.
De hecho, en un gobierno como el mexicano, desde hace mucho tiempo se borraron las otrora barreras que separaban a uno y otro poder: el poder político y el poder económico. Y esto es así sencillamente porque en el país opera desde hace mucho tiempo un gobierno de tecnócratas al servicio de una plutocracia más o menos corrupta bastante más interesada en ganar licitaciones, y engrosar cuentas bancarias, que en generar las condiciones básicas de vida para el desarrollo pleno de las facultades de los habitantes de esta sociedad.
Suena a retórica barata y facilita, pero es que si revisamos la cadena de acontecimientos políticos de los últimos dos años-los hechos del grisáceo sexenio de Enrique Peña Nieto-te vas a encontrar con que las cosas son así realmente. Para no irnos más lejos, baste referir la actualísima y postergada discusión sobre el tema del agua en el Congreso, el desmantelamiento de Petróleos Mexicanos en la última reforma y consecuente cesión de su gestión a particulares, la regresiva reforma de telecomunicaciones, la cancelación de derechos a trabajadores en los nuevos añadidos a la ley de educación, la pantomima llamada El Pacto por México, la tragedia Ayotzinapa, etcétera, etcétera, a fin de corroborar el sustrato empírico de esta retórica quizás repetitiva pero no por ello más irreal.
Pero lo más grave no es eso, la vida pública de este país, los grandes medios rotativos-de izquierda y de derechas-diseñan sus agendas políticas en función de las agendas, las pugnas y las prioridades del poder económico de turno. Lo que de principio no sería tan grave si el impacto en la vida social de dicho poder estuviese debidamente acotado. Lo cual, como todos sabemos, no ocurre así en el caso de México. El despido de Aristegui es precisamente expresión de una imperdonable ausencia de marcos regulatorios entre uno y otro ámbito políticos. [1]
Desde esta perspectiva, la etiología de este problema y su solución reclama salirse del necesario pero insuficiente marco de lo puramente institucional, del ideal político liberal-la utopía democrática-y de los lineamientos, tanto de la reforma a telecomunicaciones, como de los nuevos lineamientos delineados por MVS, e autoritariamente impuestos a los empleados cesados tras la salida de Carmen.
Tenemos más de dos sexenios invocando las reglas de operación de una sociedad democrática sin resultados. Y claramente los resultados no solamente no son positivos, los resultados están siendo claramente negativos. Si bien resulte quizá poco inteligente abandonar la vía institucional en estos momentos, resulta al mismo tiempo poco inteligente negar los manifiestos fracasos de la actividad política en México por esa vía.
Me pregunto si eludir toda discusión sobre el funcionamiento, la estructura y los fundamentos de la economía liberal mexicana no es de hecho parte del problema. De poco vale denunciar la corrupción política, el nepotismo, el autoritarismo supuestamente inherente al nuevo PRI-un argumento por lo demás discutible-invocar la ley, etcétera, si no tocas la estructura económica, las relaciones y redes de poder detrás de esa estructura, y las violencias que esa estructura genera en las relaciones políticas y sociales, no menos reales en la vida de un país si bien bastante más intangibles por su naturaleza.
La idea de estas líneas es precisamente invitar a no perder de vista que cuando se afirma el carácter entre particulares de este conflicto-conflicto de plutócratas-se está implicando al mismo tiempo su naturaleza política; e inversamente, al ser referido éste como un problema de gobierno, entonces se está a su vez implicando su naturaleza privada. Si es un conflicto del estado, entonces es un conflicto entre particulares y si es un conflicto entre particulares, entonces es un conflicto del estado. El neoliberalismo no es más que el desmantelamiento del estado benefactor y su efímero pacto social a fin de priorizar las necesidades del capital en el marco de las relaciones mercantiles generadoras de la economía global, de manera que no hacemos sino asistir todos estos años a la caída de una política suicida, puntualmente instrumentada desde hace más de treinta años por los ineptos e ineficientes gobiernos mexicanos, fielmente supeditados a las consignas y directrices de una agenda completamente ajena a los problemas más inmediatos, y más reales, de las distintas economías nacionales a lo largo y ancho del orbe.
En el caso mexicano nos enfrentamos en forma inédita al nuevo leviatán de la economía política neoliberal: el estado malefactor. Del estado benefactor del sueño social-liberal de principios del siglo pasado al estado malefactor de la economía política capitalista de principios de éste. Y el estado malefactor de esta economía, sí, coarta y reduce las libertades civiles, las funciones del estado, los inimputables derechos democráticos, etcétera, con el propósito de ensanchar las prerrogativas de los grandes corporativos nacionales y multinacionales.
Es en este contexto que debe ser leído el despido de Aristegui. No es baladí que sea ésta la segunda ocasión que se le despide de uno de sus programas. Y de allí que resulte de radical importancia el hecho. Es decir, no nada más porque se trate de Carmen sino por todo lo que en el fondo el hecho revela. [2] ¿Cómo actuar?
Finalmente, quiero apuntar algo. 1) El despido de Carmen más que atentar contra la liberal libertad de expresión atenta contra la libertad de prensa y contra la pluralidad ideológica de sus órganos informativos. Es importante luchar no solamente por la libertad de expresión sino por la diversidad ideológica de los medios de prensa. La libertad de prensa es prioritaria para la vitalidad de cualquier sociedad si bien no goza del prestigio de la libertad de expresión. Hace falta hacer una distinción entre ambos conceptos y, desde mi perspectiva, priorizar la defensa de la libertad de prensa y la pluralidad frente a la más hueca y más bien difusa libertad de expresión. La segunda suele aparecer despojada de referentes ideológicos y a menudo se elude una reflexión de naturaleza ética sobre sus límites; la primera, en cambio, hace referencia a un patrimonio político sin el cual constituir comunidades como las nuestras, resultaría de poca justicia y, aquí sí, antidemocrático. 2) La naturaleza política de este conflicto, que es también de orden económico, no es definitoria ni del valor cívico ni de la conducta de Carmen, quien desde mi perspectiva ha honrado siempre su código deontológico, a su audiencia y su trabajo periodístico. A ello se debe que Carmen esté siendo defendida de manera más o menos espontánea por sus audiencias. Más precisamente: es claro que Carmen es ajena a este doble aspecto del problema. Ella no sirve a los intereses de MVS o a sus patrocinadores; en todo caso, Carmen ha sabido tomar ventaja de esta situación y de estas pugnas internas y las ha utilizado en favor de la vida pública del país.
En medios impresos es innecesaria demasiada emotividad, las medias verdades, la locución maniquea y demás remedios soteriológicos. Sin embargo, Carmen ha sabido prescindir puntualmente de esa clase de fórmulas en su labor periodística, por lo demás común en la prensa mexicana, y ha mantenido en cambio una actitud siempre crítica en su labor informativa, una opinión mesurada y un diálogo sagaz e inteligente con sus interlocutores. De allí que se trate de una de las periodistas más valiosas que ha dado el país en los últimos años y de una voz imprescindible para la vida política nacional.
Notas.
[1] Los identifico a un ámbito político puesto que el capitalismo es asimismo una economía política.
[2] Por ejemplo, el espectro radioeléctrico es propiedad nacional, pero en México son particulares quienes arbitrariamente deciden su uso. Este es un problema no solo de valores democráticos, sino de la economía política capitalista y convendría evitar su despolitización a fin de discutirlo más amplia y profundamente.
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