Las ideas en torno al desmantelamiento del Estado en el capitalismo neoliberal son parcialmente ciertas. Es verdad que todas sus obligaciones sociales (salud, educación, seguridad pública, pensiones, etcétera) -y por ende las instituciones relacionadas con éstas- se deterioran o privatizan al desaparecer los elementos constitutivos del Estado benefactor. Sin embargo, con el neoliberalismo se fortifican […]
Las ideas en torno al desmantelamiento del Estado en el capitalismo neoliberal son parcialmente ciertas. Es verdad que todas sus obligaciones sociales (salud, educación, seguridad pública, pensiones, etcétera) -y por ende las instituciones relacionadas con éstas- se deterioran o privatizan al desaparecer los elementos constitutivos del Estado benefactor. Sin embargo, con el neoliberalismo se fortifican sus tareas represivas y de control social y, en consecuencia, toman preminencia política las fuerzas armadas, policiales y de inteligencia. Esto es, la violencia y el autoritarismo -intrínsicos del sistema estatal capitalista- asumen un papel preponderante. Los estados nacionales se trasforman lisa y llanamente en guardianes del orden y la reproducción del sistema mundial de explotación al trasnacionalizarse sus clases dominantes. Así, mientras el Estado «desmantela» algunos de sus aparatos, da fuerza a otros.
Particularmente después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, y como resultado de la llamada «lucha contra el terrorismo», se globalizan las condiciones de excepción a partir de las cuales los derechos civiles son virtualmente suspendidos para dar pie a procesos de militarización, control de fronteras, aeropuertos, persecución de población emigrante con y sin documentos, vigilancia de la ciudadanía, detención de personas sin órdenes de arresto, criminalización de las luchas sociales, utilización masiva de la tortura, secuestro de ciudadanos y traslado a prisiones clandestinas, cambios en los marcos jurídicos para introducir el delito de «terrorismo» y otros derivados, que en la práctica pueden ser aplicados a un amplio rango de opositores de izquierda y luchadores sociales.
Se instala el llamado terrorismo global de Estado en el que el marco jurídico internacional deja de tener vigencia para dar paso a una extraterritorialidad de reformas jurídicas, programas operativos y prácticas administrativas que facilitan las tareas de los aparatos de inteligencia, militares y paramilitares. En los hechos se da una especie de internacionalización de la represión y control de las oposiciones anticapitalistas, democráticas, nacionalistas o de cualquier otro signo que se manifieste contra Estados Unidos y contra los gobiernos proclives a este nuevo orden mundial. (Ver: Terrorismo made in U. S. A. en las Américas www.terrorfileonline.org)
Por ello, es vital entender el doble espacio de las luchas sociales de nuestro tiempo (en los ámbitos nacionales y mundiales), las transformaciones de los estados nacionales (que no su desmantelamiento) y el nuevo papel que esos estados asumen en la lucha de clases contemporánea y, sobre todo, que es ineludible identificar el carácter rector que adquiere el imperialismo estadunidense como permanente interventor y participante activo en favor de sus intereses y los de esas burguesías trasnacionalizadas.
En esta dirección, el pensamiento antimperialista debe renovarse en sus dimensiones nacionales (el espacio especifico de las contradicciones y conflictos de clase) y en un proyecto de globalización alternativa que unifique las resistencias hacia afuera de nuestras fronteras; es necesario insistir en la idea de una lucha patriótica -con el contenido que Martí y Lenin daban al concepto de patria-, forjadora de un proyecto nacional popular contrahegemónico; y reiterar que el enemigo contemporáneo de cualquier proceso de transformación de nuestras sociedades es el imperialismo estadunidense y sus aliados.
Esta lucha patriótica tendrá un carácter anticapitalista, pero deberá asumirlo a partir de una perspectiva dinámica y flexible sobre posibles y deseables alianzas y articulaciones con fuerzas y movimientos de toda la gama de las resistencias nacionales e internacionales; la eventual sectarización de la lucha anticapitalista la llevará en última instancia a su aislamiento; concomitantemente, los movimientos democratizadores y civilistas tendrán que asumir un compromiso anticapitalista si no quieren ser subsumidos en la democracia tutelada que el capitalismo neoliberal promueve para vaciar de todo contenido popular a la democracia y cooptar por esa vía a las fuerzas de la izquierda institucionalizada; en este sentido, no tienen futuro los movimientos y partidos que aceptan cambiar principios y programas de izquierda por posiciones en el aparato de Estado capitalista, en el cual finalmente quedan enganchados.
Una fuerza estratégica en esta lucha patriótica anticapitalista es la constituida por los pueblos indios. Ellos han resistido al capitalismo y han mostrado un camino inédito hacia una democracia participativa de largo aliento que debe ser incorporada a la construcción de las nuevas utopías socialistas del siglo XXI. La redefinición de la autonomía, como recurso y principio organizativo y programático, es su principal aportación a esas utopías.
La necesaria unidad de los movimientos populares no vendrá de arriba: de las dirigencias y los partidos, demasiado preocupados en distinguir los unos de los otros, o en trascender la historia. Vendrá de los pueblos y los trabajadores del campo y de la ciudad que sobrepasarán los laberintos ideológicos que las izquierdas elaboran para justificar la fragmentación y los debates permanentes en el campo de la lucha nacional popular. El pueblo ha estado en las calles, las plazas, las barricadas, los campamentos, las marchas, hermanado por la represión, hombro con hombro en su camino por la justicia, la libertad, la independencia y la igualdad; por la transformación social democrática de la patria y la sobrevivencia de la humanidad.