No es la nueva estrofa de la marcha peronista, pero podría serla. Kirchner contínua con su política esquizofrénica: propaganda populista y hechos consumados capitalistas. Los subsidios para el capital privado en transporte será en 2006 un 16% más que en 2005. Incluye todas las empresas privatizadas… ¿El fantasma de la rebelión de Haedo? El «Capital-Parlamentarismo» […]
No es la nueva estrofa de la marcha peronista, pero podría serla. Kirchner contínua con su política esquizofrénica: propaganda populista y hechos consumados capitalistas. Los subsidios para el capital privado en transporte será en 2006 un 16% más que en 2005. Incluye todas las empresas privatizadas… ¿El fantasma de la rebelión de Haedo?
El «Capital-Parlamentarismo» es un estado fiscal en crisis; un estado que hace agua financieramente y un estado cuya estructura de ingresos (impuestos) es regresiva: basta aquí señalar que el 50% de sus gastos los cubre las espaldas de los trabajadores, mientras sólo reciben un 25% de la riqueza total. Un caso ilustrativo es el de los transportes. El Gobierno tomó la decisión de mantener congelados durante el 2006 los boletos de los colectivos, subtes y trenes urbanos. Esto le costará al Estado unos $ 2.052 millones en concepto de subsidios y compensaciones económicas a las empresas transportistas.
Desde que asumió, el 25 de mayo de 2003, la administración kirchnerista asumió como premisa no tocar las tarifas del transporte público para no afectar los bolsillos y la sensibilidad de los usuarios. De hecho, los boletos no subieron desde la devaluación. Y ahora que la inflación «roja», la inflación no prevista y generada por las luchas salariales de los trabajadores, no la del capital que está fijada incluso en el presupuesto, ha pasado a ser una de las principales preocupaciones, el Gobierno confirmó que seguirá con esa política pese a que implica un desembolso cada vez más creciente de los recursos destinados a cubrir los mayores costos de las compañías que operan los medios de transporte. Y que es «faux pris», gastos fatuos que el estado «regala» a los capitalistas individuales.
En el 2003 los subsidios y aportes a las empresas de ómnibus y a los concesionarios ferroviarios de la región metropolitana representaron un desembolso DIARIO de $ 2,1 millones. Un año después, las compensaciones estatales se elevaron al equivalente de $ 3 millones por día. Y en el 2005 -por el reconocimiento de los mayores gastos operativos y los aumentos salariales, reclamados por los empresarios- el subsidio DIARIO a las empresas transportistas trepó a $ 4,9 millones.
Para este año, los cálculos oficiales y privados muestran que, como mínimo, el Gobierno deberá destinar unos $ 6 millones por día -un 16% más que en el 2005- para atender las compensaciones tarifarias, los mayores costos de operación y el gasoil diferencial que reciben las compañías de ómnibus y los operadores de las empresas privatizadas (trenes). La suma de subsidios prevista para este año de $ 2.052 millones -que equivale al pago de casi 12 meses del plan Jefas y Jefes de Hogar que reciben 1,4 millón de personas- no contempla las recomposiciones salariales que eventualmente arrancarán los trabajadores en el corriente año, ni siquiera el ajuste en las negociaciones colectivas y paritarias de marzo.
Por las normas vigentes, cualquier mejora en los salarios que consigan los gremios puede ser trasladada por las empresas al Estado, el cual no tendría otra salida que volver a subir los subsidios. Para mantener el esquema de compensaciones a los colectivos y ferrocarriles el Gobierno utiliza dos fuentes de ingresos. Por un lado, la recaudación de la tasa al gasoil, que se divide en partes iguales entre el sector vial y el sistema de transporte. Pero esto es el pez que se come la cola, ya que el gasóleo es el insumo principal del transporte.
La otra fuente para subsidiar el transporte viene de los recursos presupuestarios, que tienen una participación cada vez mayor en la liquidación de los pagos. Y los recursos presupuestarios los soporta, ¿adivinan quién?..
Al «Capital-Parlamentarismo» lo banca el trabajo:
Se calcula que a los asalariados les toca apenas el 25% de la riqueza generada en la Argentina. Es el dato que mejor ilustra la llamada desigual distribución del ingreso. O, si se quiere, el que cada tanto recalienta la, hace años presente y nunca resuelta, necesidad de ir equilibrando el reparto del Producto Bruto Interno. Una paradoja que asusta a nuestros neokeynesianos y populistas setentistas.
Pero el subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense tiene otro dato, acaso más contundente y con mayores posibilidades de ser atendido sin demasiada demora. Según un estudio que Santiago Montoya maneja ahora mismo, los trabajadores que reciben sólo ese 25% de la riqueza pagan impuestos que representan el 50% de recaudación tributaria de todo el país. Es decir: aportan más que el capital para mantener un estado que ayuda a que los exploten. Un caso increíble de servidumbre voluntaria.
Entre privados en blanco y en negro y empleados públicos, en la Argentina existen unos 10,5 millones de asalariados. «Bancan» desde el IVA y varios otros impuestos nacionales -directa o indirectamente- hasta las tasas más diversas y los tributos provinciales y municipales. Y la enorme mayoría no puede evadirlos o eludirlos, cosa que el resto está en condiciones de hacer y de hecho hace. Y «bancan» ahora los subsidios para que el capital siga siendo rentable, tanto a través de los subsidios como de los créditos a fondo perdido como de la inflación populista diseñada desde el gobierno. Un verdadero «Workfare» al revés.
Semejante inequidad -la de cobrar más a quienes menos tienen (o en realidad: a los más débiles, porque los perdedores son los empleados estatales, los en negro y precarios, los trabajadores negados)- es la que justifica un razonamiento que comienza a generalizarse entre los gurúes de la economía del capital: «El sistema fiscal argentino está explotando. Y sólo el repunte de la economía explica que los contribuyentes no hayan empezado a organizarse», se dice. ¿una rebelión fiscal en puerta? Pero el populismo es hueso duro de roer: Kirchner y Miceli, nuestra guevarista, ya han negado de plano toda reforma impositiva progresiva.
Quizá a Kirchner le da miedo que una estructura impositiva seria, «capitalista moderna», ausculte en los fondos de la burguesía nacional girados al exterior, caso que incluye los de su provincia, Santa Cruz. Estamos hablando de casi 105.000 millones de dólares que los ricos tienen en el exterior, de los cuales -dice- sólo existen 2.500 millones declarados ante la AFIP.
A su modo, también el Gobierno nacional analiza una reforma al Impuesto a las Ganancias: consiste, centralmente, el reducir el peso sobre los trabajadores en relación de dependencia. Esto lo hace después de la rebelión de Las Heras, cuando se tocó el nervio sensible del modelo populista: la renta petrolera.
Reducir la presión fiscal en las franjas inferiores de la pirámide de ingresos y subirla en las superiores debiera ser parte de una reforma tributaria profunda. Pero en el «País en Serio» es una utopía cercana a la Comuna de París. Otra posibilidad es no tocar nada: seguir recaudando de donde se pueda mientras llenamos de mala propaganda los medios oficiales y privados. Y que así sea, aun cuando los asalariados financien con sus recursos el 50% del gasto público nacional, con independencia, además, de como se utiliza esa plata. La marcha peronista debería cambiar su estrofa por «subsidiando al capital»…