En el año 2002, el país contaba con 18 proyectos mineros. En 2003, con 40. Hacia 2011 las explotaciones superaron las 600. Los datos los brinda el informe oficial presentado por la Secretaría de Minería titulado ‘Minería en números’, actualizado por última vez en enero de 2012. El crecimiento a partir de 2003 fue del […]
En el año 2002, el país contaba con 18 proyectos mineros. En 2003, con 40. Hacia 2011 las explotaciones superaron las 600. Los datos los brinda el informe oficial presentado por la Secretaría de Minería titulado ‘Minería en números’, actualizado por última vez en enero de 2012. El crecimiento a partir de 2003 fue del 1.500%.
El «Informe de gestión» de la misma Secretaría señala que son más de treinta los países que extraen mine rales en el país. Destacan principalmente a Estados Unidos, Canadá, China, Suiza, Australia, Japón, Reino Unido e Italia.
La minería es «política de Estado», dice el informe. El extractivismo expoliador también.
La megaminería no es cuestionada sólo por contaminación, por la violación de los derechos de las poblaciones donde se asientan, por el atropello a la voluntad de comunidades, por el grado de feudalismo con el que se desenvuelve o por las represiones que siguieron a la resistencia. La megaminería exprime los recursos dejando poco y a veces nada de lo que se extrae del suelo argentino. El «Marco jurídico especifico» y un «escenario tributario competitivo» son destacados en el mismo informe. Esto explica las ventajas y la política del Estado para las empresas extranjeras.
En el año 2004, Néstor Kirchner presentó el Plan Minero Nacional frente a funcionarios y empresarios. Durante su discurso, el entonces presidente declaró: «El sector minero argentino es uno de los pocos que durante la década del 90, con cambios importantes en la legislación, empezó a tener un principio y un punto de inflexión que le permitió avizorar un destino estratégico diferente». Fue una clara reivindicación del plan neoliberal minero del menemismo que introdujo reformas en la Constitución Nacional y al Código de Minería para garantizar el saqueo de los recursos. 
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