En el trabajo anterior expusimos cinco de los principales elementos de la Iniciativa de reforma de diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, en materia de subcontratación: 1) erradicar prácticas ilegales y violatorias de los derechos laborales; 2) atacar la evasión fiscal ocurrida mediante el “outsourcing ilegal”; 3) asegurar el cumplimiento de las empresas con las instituciones de seguridad social (IMSS, Infonavit, Afore); 4) castigar la violación que se ejerce en contra del derecho de los trabajadores al reparto de utilidades; 5) “prohibir” la tercerización o subcontratación en las actividades “preponderantes” o principales de la empresa, así como cuando “la subcontratación de trabajadores que provee el contratista tenga por propósito abarcar la totalidad de las actividades laborales del centro de trabajo”.
Dimos cuenta de las objeciones “catastrofistas” que el capital opone en materia de empleo, inversiones, crecimiento económico, industria y exportaciones a esta Reforma. Expusimos el resuelto trabajo de interlocución del capital en el Senado, vía senador Ricardo Monreal, del que surgió el “Parlamento Abierto” que llevó a la discusión en la materia, y por medio del cual grandes corporativos y grupos económicos manifestaron sus intereses en contra de una “sobre-regulación” de la subcontratación.
Sostuvimos que la iniciativa de reforma se erige sobre una profunda limitación: la reforma no proscribe la subcontratación. Antes bien, pretende regular y fortalecer la figura del outsourcing en su expresión “ética y legal”. El fondo de esta limitación lo encontramos en una rigurosa falta de un estudio crítico de las transformaciones del capitalismo contemporáneo, las que han llevado a las grandes empresas y sus modos de acumulación a requerir cada vez más de condiciones de trabajo inestables, precarias, tercerizadas, subcontratadas, que es fundamentalmente lo que explica la tendencia estructural de ascenso de la precarización del trabajo en nuestras sociedades.
Una vez realizado el “Parlamento abierto”, del que estuvo ausente –pequeño detalle– el punto de vista del trabajador colectivo precarizado, el dictamen de la Iniciativa, aprobado en Comisiones en diciembre de 2019, y listo para ser votada en el pleno del Senado, se devolvió al trabajo parlamentario en Comisiones, para “analizar, enriquecer y consensar” las propuestas vertidas en dicho “Parlamento”.
El 24 de febrero se instaló en el Senado la “Mesa de Trabajo de Alto Nivel” en materia de subcontratación. La voz más escuchada y difundida en los medios fue la empresarial. Dicha mesa estableció otras cuatro nuevas reuniones con este mismo sector y otros más. La presentación del dictamen de la iniciativa en el pleno del Senado, que se disponía para el jueves 5 de marzo, fue suspendida al interrumpirse la discusión del dictamen final.
El Senador Napoleón Gómez Urrutia (Morena), presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, y primer responsable de la iniciativa de Reforma, rechazó el proyecto elaborado en la Mesa de Alto Nivel, pues solo recogió las propuestas de los empresarios y del gobierno federal además de que no fue votado en las comisiones dictaminadoras, que son quienes tienen las facultades legales para hacerlo.
Por otro lado, el senador Ricardo Monreal (también del partido Morena), quien preside la Junta de Coordinación Política, se manifestó por mantener el proyecto de dictamen elaborado en dicha Mesa, ya que, como él mismo señaló, “empeñó su palabra y la de su grupo parlamentario en que se cumplirán los acuerdos con los empresarios…”.[1] Para Gómez Urrutia el proyecto de dictamen emanado de la Mesa Ejecutiva no hace sino “legalizar la subcontratación ilegal” acorde a los intereses empresariales, y son este tipo de propuestas las que se quieren imponer.
En este marco de desavenencias y consensos, profundizamos enseguida sobre el vertiginoso ascenso de la subcontratación en México, su amplio y heterogéneo mundo de operación, la anatomía que adquiere en las grandes empresas, así como sus nexos internos con el modo de acumulación del capitalismo dependiente mexicano.
El fardo de la subcontratación en México
En el año de 1998, la población ocupada subcontratada en el total de establecimientos registrados en el país cubría a 998 mil 969 trabajadores (6.7% de la población ocupada en el número de establecimientos). En 2019, creció a 6 millones 64 mil 279 trabajadores (17.1%) (Ver cuadro 1). Como lo señalamos, se trata de un súbito incremento de poco más del 500% en el periodo.
Heterogeneidad y concentración
El mecanismo de subcontratación opera en la totalidad de los sectores, ramas y actividades de la economía nacional de un modo heterogéneo. Destaca el sector comercio, servicios, manufactura y minería.
Con
datos oficiales de 2014 (últimos disponibles a este respecto), 4 millones 920
mil 421 trabajadores laboraban en condiciones de subcontratación (16.6% de la
población ocupada en el número de establecimientos). De estos, las actividades de comercio concentra el 33.5% de estos
trabajadores (1 millón 648, 414), los servicios privados no financieros ocupaban
el 27.5% (1 millón 353 mil 176), el sector manufacturero ocupaba al 25.9% (1 millón 274 mil 446), y el resto de actividades
ocupaban el 13.2% (649 mil 524), (Gráfico 1).
Llama la atención que la subcontratación se concentre en aquellos sectores en donde reside la mayor generación de empleo (servicios y comercio). Más aún, en un contexto en donde los empleos generados están asociados a remuneraciones de hasta un salario mínimo y de uno hasta dos salarios mínimos.
Otro dato que revela la estadística oficial de 2014 es que las empresas medianas (de 51 a 250 trabajadores) y las grandes empresas (de 251 y más trabajadores) concentran al 30.5% y 43.5% de los trabajadores subcontratados, respectivamente. En conjunto, estos dos sectores del capital concentran al 74% de estos trabajadores subcontratados.
Manufactura y subcontratación en el núcleo de la acumulación
Uno de los sectores que más se ha manifestado en contra de la reforma en materia de outsourcing es el industrial. Fundamentalmente el que está vinculado al sector exportador. Así lo expone, por ejemplo, Javier Treviño Cantú, director general de políticas públicas del Consejo Coordinador Empresarial (CCE): “Una regulación altamente restrictiva conllevaría inevitablemente efectos nocivos en la economía, no solo se perderían empleos, también se pondrían en riesgo los ingresos por exportaciones, ya que sectores como la industria automotriz, la aeroespacial, la electrónica y el sector minero, hacen un uso extensivo de esta forma de contratación”.
Si el CCE asocia los “efectos nocivos en la economía” a los “riesgos” de los “ingresos por exportaciones” es porque el sector exportador es una de las estructuras principales en el patrón de acumulación del capital en México. Fortalecidos con el TLCAN, los capitales hegemónicos lograron establecer núcleos de especialización productiva, fundamentalmente en la manufactura maquiladora vinculada a los “encadenamientos regionales de valor” constituidos sobre lo que han llamado como “integración laboral competitiva”. El principal determinante para su impulso y crecimiento es el régimen de superexplotación del trabajo, de modo tal que dicho régimen ha sido promovido por décadas como “un fundamental” para la inversión y un “motor de competitividad global”.
La subcontratación y sus formas nugatorias de la estabilidad laboral, contratación colectiva, sindicalización, seguridad social, protección laboral, reparto de utilidades, etc., es un mecanismo mediante el cual el capital hace efectiva la precarización laboral, lo que le permite dotar de longevidad al régimen de superexplotación del trabajo, fortaleciendo con ello el modo de acumulación actualmente vigente.[2]
Las preocupaciones del sector industrial respecto a la reforma reflejan las condiciones de arraigo de la subcontratación en el sector y la importancia que su generalización adquiere como instrumento de “competitividad” y “atractivo para la inversión”. Así lo deja ver Reginaldo Esquer Félix, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex, cuando señala: “Si a las empresas les eliminas el esquema del outsourcing, le restas atractivo a México y, muy seguramente, los inversionistas extranjeros encontrarán en otra parte la posibilidad de lograr lo que están haciendo [actualmente] en México a un costo menor” (Forbes México, enero/2020).
Con datos oficiales de 2019, la manufactura emplea a 6.5 millones de trabajadores. De estos, el 29% (1.8 millones de trabajadores) se dedica a la elaboración de pan, galletas, pastas para sopa y tortillas. En diciembre de 2019, poco más del 40% de trabajadores de la manufactura (2.6 millones) es empleado en la Industria Maquiladora de Exportación integrada en el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), el cual aglutina a 1200 empresas trasnacionales con programa IMMEX (Programa para la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación en México). Según el presidente en turno del Consejo, Luis Aguirre Lang, éste es responsable de la generación de 2 tercios del PIB y del 65% de las exportaciones totales de manufacturas.[3]
Al estudiar indicadores “oficiales” de INEGI sobre las manufacturas con programa IMMEX, de diciembre de 2019, observamos los siguientes datos relevantes sobre la subcontratación.
De los 2 millones 678 633 trabajadores empleados en los establecimientos manufactureros bajo el programa IMMEX, 530 mil 865 (19.8%) están empleados en condiciones de subcontratación. De éstos, alrededor de cuatro de cada cinco son obreros y técnicos, y uno de cada cinco trabajadores subcontratados corresponde a empleados administrativos.
Entre los subsectores de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación con el mayor número de trabajadores subcontratados son (ver Cuadro 2): Fabricación de equipo de transporte (197 mil 979); industria del plástico y del hule (50 mil 799); Industria alimentaria (44 mil 829); fabricación de productos metálicos (40 mil 171); fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipos de generación eléctrica (34 mil 181).
Al observar el porcentaje del personal subcontratado respecto del personal total ocupado por subsector, destacan los siguientes: la industria química con el 43.3% de subcontratados respecto de su personal total; industria alimentaria con el 35.5% de su personal subcontratado; fabricación de productos a base de minerales no metálicos (35.3%); industrias metálicas básicas (31.4%); fabricación de productos metálicos (29.8%); industria del plástico y del hule (29.6%); fabricación de insumos textiles y acabado de textiles (29.4%); otros subsectores tienen una participación importante con el 20% del personal subcontratado (ver Cuadro 2).
Si observamos la participación porcentual de trabajadores subcontratados en los subsectores asociados a la industria automotriz respecto del total de subcontratados, tenemos una participación porcentual del subsector de fabricación de equipo de transporte de 37.2%; industria del plástico y del hule (9.5%); fabricación de productos metálicos (7.5%); industrias metálicas básicas (4.8%). En conjunto estos cuatro subsectores vinculados al sector automotriz concentran el 59.2% del total de trabajadores subcontratados en las manufacturas con programa IMMEX.
Como se sabe, la industria automotriz ha sido uno de los polos clave del sector exportador del TLCAN, el cual ha sido boyante en la franja fronteriza así como en regiones como la del Bajío. Estados como Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato, que junto a otras entidades pertenecen a esta región, han registrado en la última década un crecimiento anual que dobla o triplica el promedio nacional. No obstante, el crecimiento manufacturero e industrial de la región ha reposado, como es el caso de la industria automotriz en general, en la generación de empleos con bajas remuneraciones y creciente precarización del trabajo. En el periodo 2010-2018, puede registrarse que, según el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza del Coneval, casi la totalidad de los estados del país registraron un incremento en el empobrecimiento de los trabajadores, en buena medida bajo el influjo de la precarización laboral, de la que los métodos de subcontratación favorecen a su generalización.
El hilo argumental de la oligarquía empresarial: subcontratación como garantía laboral, potencial de economía formal y fuente de competitividad
Para el capital, la subcontratación no significa una causal de la precarización del trabajo. En su intervención en el senado, el día 24 de febrero, Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) señaló: “la subcontratación legal, según un estudio presentado recientemente por investigadores del Colmex, representa casi el 25% del personal remunerado de las empresas… contrario al falso argumento de que la subcontratación en general es causa de la precarización del empleo, la realidad demuestra que la necesidad de las empresas de contar con prácticas modernas que son comunes en todo el mundo y que favorecen a sus empleados y colaboradores, así como la productividad, la innovación organizativa, la capacitación y la disponibilidad inmediata de personal técnico especializado, la subcontratación garantiza el respeto a los derechos de los trabajadores a través de una correcta reglamentación e implementación. Así, esta práctica tiene el potencial de seguir impulsando la economía formal y aumentar la competitividad del país, al hacer más eficiente el funcionamiento del mercado laboral”.
Si la subcontratación “legal” no es una causal de la precarización del trabajo, la pregunta es por qué grandes empresas, por ejemplo, los mega bancos trasnacionales y/o locales como es el caso de BBVA, Scotiabank, American Express, Banco Azteca, Banco Ahorro Famsa, entre tantos otros, tienen de cero a un solo trabajador registrado en su nómina.[4] De qué modo la subcontratación puede “favorecer a los trabajadores” y “garantizar” su derecho a la estabilidad del trabajo, a la libre sindicalización, a la seguridad social, pago de utilidades, etc., si la empresa matriz que decide subcontratar la totalidad o parte de las actividades de la empresa, degrada la relación contractual deshaciéndose formalmente de “sus” trabajadores y tercerizándolos mediante empresas de “capital humano”.
Contrario al punto de vista del capital, la subcontratación degrada el intercambio de compra-venta de la fuerza de trabajo con el objeto de estrujarle más valor a menor costo, lo que en nuestras sociedades no hace sino profundizar el pago de la fuerza de trabajo por debajo de su valor.
La vehemente defensa de la subcontratación lleva al capital a pregonarla como un manantial para la “generación de empleo” y de “la economía formal”, lo que lo haría, en todo caso, a costas de la degradación de las condiciones de trabajo, verdadera fuente de “competitividad del país”.
Respecto a este supuesto “impulso de la economía formal”, es necesario señalar que la subcontratación es responsable de una evasión fiscal del orden de 324 mil millones de pesos (anuales)[5]. Así también, con la subcontratación lo que se “impulsa” son las prácticas violatorias de las empresas que no registran ante las instituciones de seguridad social (IMSS, Infonavit) a los trabajadores con su salario real (“subregistro”), cuestión que le cuesta al IMSS una merma de 21 mil millones de pesos (anuales)[6]. El resultado de ello es el menoscabo de las prestaciones del trabajador, de cuyo significado reside claramente en un incremento en la explotación de los trabajadores.
Más aún, si la subcontratación es un “potencial” para la economía formal, por qué motivo menos del uno por ciento de las empresas que ofrecen servicios de subcontratación cuentan con registro ante el IMSS.[7]
Por último, la fetichización con la que el capital pretende revestir a los mecanismos de subcontratación en tanto “garantías de seguridad laboral”, “economía formal” y “eficiencia del mercado laboral”, es derretida cuando en el mundo real de la industria maquiladora trasnacional se presenta la aplicación de este mecanismo infra-contractual sobre un ejército de “tres millones de trabajadores, excluidos de las estadísticas oficiales”.[8]
En la zona fronteriza, como lo señaló Enrique de la Garza, puede verse la proliferación de “changarros de contratación de capital humano que lo único que poseen es una carpa y una silla, carecen de infraestructura, y su labor se concreta en captar a potenciales empleados sin obligación legal alguna. En la mayoría de los casos, estos establecimientos desaparecen sin dejar rastro”.
Por estas razones –y no obstante que la Reforma habla de “regulación”, “ética”, “legalización”, más no de abolición del outsourcing–, las alarmas de la industria están prendidas en los estados fronterizos. Así lo refleja el abogado fiscalista, Adolfo Solís Farías, cuando advierte: “Es muy importante que se sepa que el 70% de toda la actividad productiva en Baja California [entidad con mayor número de establecimientos bajo IMMEX, jlr] pudiera ser afectada con esta regulación [del outsourcing]… En el estado las empresas de la industria maquiladora serían de las más perjudicadas… es necesario aquí en la frontera, sobre todo en la industria maquiladora, tener servicios de subcontratación laboral porque la maquiladora se dedica a una actividad en concreto y no pueden estar reclutando, haciendo un análisis de la capacidad de las personas que contratan”.[9]
Omisiones relevantes en el argumento empresarial (y mediático)
Tres importantes elementos de la investigación dirigida por las académicas Graciela Bensusán (UAM-X) y Landy Sánchez (Colmex) a que refirió Antonio del Valle (CMN), fueron omitidas en su intervención.
La primera omisión versa sobre el elevado grado de concentración del mecanismo de subcontratación en la mediana y gran empresa. Como refiere la investigadora Landy Sánchez (LS), de 4 millones 230 mil establecimientos registrados en el año de 2014, solamente 75 mil establecimientos declararon tener trabajadores bajo el mecanismo de subcontratación. Más aun, el 47% del personal subcontratado en ese mismo año se concentró en sólo 3 mil grandes establecimientos.[10]
Ahora bien, de estos 75 mil establecimientos que cuentan con trabajadores subcontratados, 56 mil declararon tener “cero personal dependiente”, esto es, que el cien por ciento de su personal está subcontratado (LS).
El otro elemento a que no se refiere el presidente del CMN es a la repercusión de la subcontratación sobre el peso de las remuneraciones y costos laborales. De acuerdo con Landy Sánchez, si bien se comprueba el efecto de la subcontratación sobre el “aumento de la productividad medida como valor añadido”, también se comprueba que “a mayor nivel de la subcontratación, el peso de las remuneraciones versus el valor añadido decae”, esto es, lo que ocurre es “una baja en el peso de los costos laborales”.
El auge de la industria de tercerización
Las actividades de las empresas que ofrecen servicios de “talento humano” conocidas como “outsourceras”, mantienen considerables niveles de crecimiento, en contraste al promedio de la economía nacional. De acuerdo con un reporte del banco BBVA, denominadoSituación Regional Sectorial México, correspondiente al segundo semestre de 2019 (primer año del nuevo gobierno), el subsector de “Apoyo a Negocios” registró el mayor crecimiento de los sectores del país, con un incremento del 5.8% en el mes de junio (Forbes, 21/11/2019).[11]
Según el reporte, en el periodo 2011-2018, la tasa promedio de crecimiento de este sector fue de 3.1%, ello como “resultado de un desarrollo de empresas que subcontratan parte de sus procedimientos o servicios aledaños a su actividad principal”.
Existe una remarcada opacidad sobre la conformación y operación de este sector empresarial. En México hay más de mil empresas dedicadas a los servicios de tercerización, no obstante, solo cuentan con registro ante la STPS menos de 400 empresas. Las principales organizaciones y empresas de la “industria de la subcontratación” en México son Manpower, Adecco, GIN Group, así como la propia Asociación Mexicana de Capital Humano (AMECH), la cual aglutina más de 22 grandes empresas de tercerización, y la Asociación Mexicana de Empresas Líderes de Talento Humano (TallentiaMX), que asocia a otro conjunto (no especificado) de empresas.
Entre estos consorcios destaca el crecimiento de GIN Group, cuyo propietario, el mexicano Raúl Beiruty Sánchez, de acuerdo con recientes reportes de prensa, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda por “defraudación fiscal y movimientos financieros irregulares”.
GIN Group y sus servicios en la “industria del talento humano” tiene presencia en México, Estados Unidos, América Latina, Canadá y Europa. GIN Group ofrece sus servicios para 4 mil 500 empresas, entre los que destacan Walmart, Femsa, Comex, Afirme, Inditex, HSBC, Mapfre, entre muchas otras. Tiene a su cargo a casi 200 mil trabajadores tercerizados, lo que lo hace el cuarto mayor empleador de México (Forbes México, enero/2020).
Además de la propiedad de sus compañías de “administración de talento humano”, el grupo empresarial concentra una cadena de restaurantes, plataformas tecnológicas de comunicación, y cuenta con inversiones y acciones en diarios como El Financiero, El Economista, y más recientemente en Forbes, a través de la compra del 15% de acciones de Media Business Generators, el consorcio que controla Forbes en México y Latinoamérica. No obstante, el principal negocio de este grupo empresarial son las “soluciones integrales de vanguardia” en gestión de “talento humano”.
Ha sido tal el crecimiento de GIN Group, que Raúl Beiruty Sánchez apunta a su mayor ampliación mediante la creación de un Banco, impulsar su cadena de restaurantes en la Bolsa de Valores, y expandir su imperio de subcontratación nada menos que al taller fabril del mundo, China y su fuerza de trabajo de más de 900 millones de trabajadores.
Conclusiones
La actual reforma en materia de subcontratación si bien busca “regular” un outsourcing “legal” –lo que la misma oligarquía rechaza al señalar “SÍ al outsourcing legal, pero No a su penalización”–, no proscribe los distintos métodos por los que el capital escamotea los derechos del trabajador colectivo.
El objeto de la subcontratación es abaratar los costos laborales violentando los derechos de los trabajadores. Al mismo tiempo, es un instrumento de control político que el capital ha encontrado y desplegado para desorganizar los intereses de clase del trabajador colectivo respecto al desarrollo de su organización y representación económica y política.
En conjunto, la subcontratación es un vehículo por el cual se generaliza el proceso estructural de precarización del trabajo, el cual otorga nuevos bríos al régimen de superexplotación del trabajo, esto es, un régimen sustentado en la violación del valor de la fuerza de trabajo, la cual es sistemáticamente remunerada por debajo de su valor históricamente necesario. La subcontratación del trabajo, inescindible de su precarización, cristaliza todo un mecanismo de violencia del capital sobre el fondo de consumo históricamente necesario de los trabajadores.
El ascenso de la subcontratación y la generalización de la precarización laboral, si bien son disgregadas de modo heterogéneo en los sectores de la economía como nuevas demandas del capital, sobresalen con sus nexos con el capital extranjero y la economía dependiente exportadora, esto es, con el patrón de acumulación del capital vigente en el país.
Los argumentos del capital a favor del outsourcing, se estrellan frente a una realidad con permanente aumento de pobreza laboral, bajísimos niveles de sindicalización y elevadas condiciones de informalidad de la fuerza de trabajo.
La sustancia que ha dado forma al partido político de MORENA, un verdadero Frankenstein constituido por multivariadas fuerzas políticas en buena parte conservadoras –el caso aquí de Monreal es ejemplar– refleja las relaciones que dirigencias de este partido urden y pueden seguir urdiendo con la oligarquía, construyendo así grandes obstáculos para promover mejoras sustantivas de la clase trabajadora.
La simbiosis de los métodos tecnológicos de organización-explotación del trabajo (implementados por la gran empresa) con el desarrollo acelerado de la industria de la subcontratación, confirman la rígida tendencia en el capitalismo contemporáneo a depender cada vez más del trabajo inestable, flexible y precarizado como fuente vital de valorización y acumulación del capital.
La subcontratación como una de las figuras centrales de la precarización es un desafío radical para la totalidad del trabajo social en la defensa de sus condiciones de existencia y de lucha frente al mundo del capital. El trabajador colectivo no está obligado a consentirlo.
Notas
[1] Andrea Becerril y Víctor Ballinas, “Chocan Gómez Urrutia y Monreal por dictamen para regular el outsourcing”, La Jornada, 6/03/2020.
[2] Adrián Sotelo Valencia, “El outsourcing, mecanismo monumental de precarización del trabajo en México”. 13/12/2019, https://rebelion.org/el-outsourcing-mecanismo-monumental-de-precarizacion-del-trabajo-en-mexico/.
[3] Nadia Luna, “Las multinacionales están confiando en México, nosotros también debemos hacerlo”, entrevista a Luis Aguirre Lang, 21/02/2020. https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/128782-las-multinacionales-estan-confiando-en-mexico-nosotros-tambien-debemos-hacerlo/.
[4] Ver Luis G. Rangel, Luis Bueno Rodríguez. Outsourcing en el México neoliberal. CILAS. p. 21-25. https://www.masreformasmejortrabajo.mx/index.php/documentos/ir-a-documentos/item/871-outsourcing-en-el-mexico-neoliberal.
[5] Dicho monto fue señalado por Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
[6] Señalado por el actual director del IMSS, Zoé Robledo. Además, ha referido que en el IMSS detectaron que 14 mil 553 grandes empresas dieron de baja a “todo su personal” en diciembre de 2019. Posteriormente, en el mes de enero comenzaron a recontratar a su mismo personal, afectando con ello a 64 mil trabajadores y a sus familias. Con estos violentos procedimientos son burlados los derechos de estabilidad del empleo, de antigüedad, vivienda, pensión, vacaciones, aguinaldo, liquidación, etc.
[7] Así lo refirió la abogada del SNTSS, Claudia Ruiz, en su intervención en el “Parlamento Abierto” del 12 de febrero en el Senado.
[8] Así lo señaló el investigador académico de la UAM-Iztapalapa, Enrique de la Garza, en el marco de la mesa redonda titulada “La polémica de la subcontratación en México”, la cual fue celebrada en el Centro de Difusión Cultural Casa del Tiempo de la UAM, 24/02/2020. Ver, Patricia Carrasco, “Tres millones de mexicanos son subcontratados por maquiladoras”. La Prensa, 25/02/2020, https://www.la-prensa.com.mx/mexico/tres-millones-de-mexicanos-son-subcontratados-por-maquiladoras-4886904.html. Solamente esta nota de prensa pudo registrar al detalle lo referido en dicha mesa de análisis sobre el opacamiento que las “estadísticas oficiales” llevan a cabo sobre la aplicación real de la subcontratación en la Maquiladora de Exportación. Por lo demás, el dato es congruente con las nulas inspecciones de la autoridad estatal a estas empresas, y/o en su caso, de los mínimos costos que resultan a éstas el negarse a una inspección por la autoridad. Sobre estas prácticas irregulares de las empresas, y en muchos casos indetectables, el director del IMSS ha señalado, por ejemplo, que tan solo en el periodo de septiembre a diciembre (2019) fueron identificadas 1,200 empresas “con posibles esquemas de subcontratación ilegal”, las cuales involucrarían a casi un millón de trabajadores. Así también, con los “nuevos operativos” comandados por grupos de trabajo de las autoridades estatales, tan solo en “siete operativos especiales” en este mismo periodo y dirigidos a grandes empresas de los sectores de hotelería, servicios informáticos, call center, farmacéuticas, minería y producción de alimentos, fueron detectados “10 mil trabajadores subcontratados ilegalmente”, e involucran a 36 empresas subcontratistas. Al decir del titular del IMSS, se trata de “todo un esquema realmente sofisticado de empresas que cada vez que había una acción de la autoridad saltaban a otra empresa, movían a la nómina”. “Conferencia de prensa matutina del presidente”, 15/01/2020.
[10] Landy Sánchez, Ponencia presentada en el Seminario “Subcontratación en México: Balances y Alternativas de Regulación”, 11 de Noviembre de 2019, Colmex.
[11]Sobre esta cuestión, se vuelve necesario analizar el crecimiento de la subcontratación de los trabajadores públicos del Estado. Ver, Iván Montero, “La precarización de los trabajadores estatales: un debate con la 4T”, 8/3/2020. https://www.laizquierdadiario.com/La-precarizacion-de-los-trabajadores-estatales-un-debate-con-la-4T.