No es una situación inédita que en los fines de sexenio y etapas de transición se agolpen problemas graves que no sólo alteran las relaciones políticas en las elites gobernantes sino afectan a la población del país.
Así ocurrió con la crisis económica de 1976, que puso fin a 22 años de estabilidad y crecimiento; en la de 1982, que abrió un largo periodo de estancamiento (la década perdida), una deuda exterior e interior insolubles y a la discreta pero real ruptura entre el gobierno de Miguel de la Madrid y su antecesor; en 1987-1988, cuando además se abrió eruptivamente la crisis del sistema político en su conjunto; en 1994-1995, cuando se precipitó la quiebra catastrófica en el grupo gobernante, con asesinatos políticos, hostilidad entre el nuevo presidente y su antecesor Salinas, y crisis económica —el error de diciembre—, que desembocó en la pérdida por el PRI de su mayoría en la Cámara de Diputados y luego de la presidencia.
El actual ocaso sexenal, desde luego con formas específicas, se presenta con tintes críticos ya inocultables, y una compleja y bronca transición del mando. No es un suceso solo y contundente lo que marca esta coyuntura, sino un encadenamiento de hechos, activos o amenazantes, que en el corto plazo pueden eclosionar ensombreciendo el inicio del nuevo gobierno.
El fenómeno de la delincuencia organizada ha pasado a convertirse, desde hace varias décadas, pero especialmente en este gobierno, en un factor estructural, con su control sobre vastos territorios, su ley de terror sobre la población y sus vínculos con el sector empresarial, el militar y sobre todo con círculos políticos en los tres órdenes de autoridad. Es un cáncer que se ha extendido de manera ya inocultable en el cuerpo social, en el mundo financiero y en las esferas gubernamentales.
Sobre ese terreno, un acontecimiento como la detención de Ismael Mayo Zambada, máximo líder del cártel de Sinaloa, y de dos de los hijos del Chapo Guzmán por el gobierno estadounidense, detona la violencia por el control de la plaza en Culiacán y pone en blanco y negro los nexos —condición sine qua non para su impresionante expansión— entre las mafias y los gobernantes. El gobernador sinaloense, Rubén Rocha Moya, fue mencionado en la carta de denuncia de su secuestro con engaños circulada desde la defensa de Zambada, al igual que el asesinado o desaparecido Melesio Cuén Ojeda, ex rector de la UAS, diputado federal electo y cabeza de un poderoso grupo político en el Estado noroccidental. Ante la oleada de violencia, los gobiernos estatal y federal exhiben su impotencia o su complacencia con los delincuentes, o ambas cosas. La respuesta del gobernante local: suspender las clases en la entidad y los festejos de Independencia; la del titular del Ejecutivo federal: minimizar los hechos y, como es consabido, condenar a los medios de difusión por “magnificar” los acontecimientos; la de los militares (el general Jesús Leana Ojeda, comandante de la zona militar de Sinaloa): lavarse las manos ante la inseguridad y declarar que la pacificación depende de las bandas delincuenciales, no de las autoridades.
En ese mismo y revuelto contexto, el ex secretario de seguridad pública con Felipe Calderón, Genaro García Luna, agobiado por su próxima condena en un tribunal de Nueva York, pasa a difundir una carta en la que se defiende y trae nuevamente a colación los contactos de AMLO y sus colaboradores con el cártel de Sinaloa, ya investigados y publicados por el periodista Premio Pulitzer Tim Golden en los Estados Unidos y por la mexicana Anabel Hernández. El otrora poderoso funcionario calderonista apela, en primer lugar, a las autoridades estadounidenses, a quienes implícitamente se ofrece como colaborador para rebajar su inminente sentencia; pero así revive también en la opinión pública el asunto de los posibles acuerdos del grupo actualmente en el gobierno del país con las redes de la delincuencia.
La apuesta del gobierno frente al acuciante problema de inseguridad es ya conocida, pero paradójica. Si, por un lado, se insiste en que hay que resolver los problemas de fondo, de carácter social, como la pobreza y falta de oportunidades, por el otro estriba en el uso máximo de la fuerza que es el empleo del ejército y la plena incorporación de la Guardia Nacional a las fuerzas armadas mediante una polémica e inminente reforma constitucional ya en curso. Pero adicionalmente, por las razones que sean, a la milicia se ha encomendado una larga serie de actividades que no son propias, ni constitucional ni racionalmente, de su función esencial de preservar la seguridad nacional. Encargadas de administrar aeropuertos, líneas férreas, aduanas, aplicación de vacunas y ofrecer servicios médicos, construcción de sucursales bancarias, carreteras, una refinería y muchas otras obras, las tareas de seguridad aparecen como una entre muchas de sus funciones. Sin duda, la militarización de la administración pública es uno de los legados más graves, duraderos y difíciles de modificar del presente gobierno a los que vengan.
Pese a todo ello, la crisis de seguridad no sólo se ha mantenido sino acentuado en el presente gobierno, que cierra su gestión con 196,505 personas fueron víctimas de homicidio entre el 1 de diciembre de 2018 y agosto de 2024. Y si a ese delito se suman los 5,227 feminicidios, la cifra llega a las 201,772 muertes violentas, que superan con mucho los registros de cualquiera de los sexenios anteriores.
El fracaso en materia de seguridad, ya reconocido en las declaraciones del comandante militar en Sinaloa y en las del mismo presidente López Obrador, se expresa también en la iniciativa enviada de última hora por el presidente al Congreso para permitir a ejidatarios, comuneros, comuneros y pequeños propietarios rurales, así como integrantes de instituciones como Pemex, Banxico, la Casa de Moneda y el Servicio de Administración Tributaria puedan portar armas no reservadas a las fuerzas armadas. Se apuesta, así, abdicando de una de las funciones esenciales del poder público, a la estrategia de autodefensa que en el pasado reciente era rechazada por el poder central.
La situación de las finanzas públicas y la deuda que deja el saliente gobierno no es mejor. Con un escaso crecimiento de la economía del país del 1.1% anual (0.2% real) al segundo trimestre de 2024 y un pronóstico de 1.9 % para el año en la estimación de la CEPAL y de 1.5% según el Banco de México, el déficit que el gobierno lopezobradorista dejará a su sucesora será de 5.9% del PIB, el mayor para un año electoral desde el año 2000, y mucho mayor que el 4.54% de Enrique Peña Nieto (El Economista, 17 de abril de 2024).
El endeudamiento absoluto que dejará el gobierno de López Obrador será de 6.6 billones de pesos. A julio del presente año la deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en 14 billones 181 mil 811.1 millones de pesos, el 51.2 por ciento del PIB; y para 2025, el escenario según la proyección del área de investigación de Citibanamex alcanzaría 52.5 por ciento del PIB. Del total, el 83.7% corresponde a deuda interna. En consecuencia, entreenero y julio, el gobierno destinó 664,067 millones de pesos al costo financiero de la deuda, 4.1 por ciento más que en igual lapso de 2023 y que representó 2.5 por ciento como proporción del PIB, previéndose un total de 3.6 por ciento para este año, frente al 3.3 por ciento en 2023 (El Financiero, 18 de septiembre de 2024).
Y mientras que no se cumplieron las metas de recaudación y se aplicaron recortes en diferentes áreas, como la salud, la educación y la seguridad pública civil, se han incrementado los recursos para entes militares como la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional, con los resultados que ya se comentaron en seguridad pública. Al mismo tiempo, el gobierno de AMLO dejará al de Claudia Sheinbaum 84% menos recursos de fideicomisos para estabilidad financiera y con 45% menos recursos en los 10 principales fideicomisos como el Fondo de Salud para el Bienestar, el Fondo Nacional de Infraestructura y el Fondo de Retiro de los Trabajadores de la SEP, en comparación con los montos que él recibió del gobierno de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con datos oficiales recopilados por el diario digital Animal Político y publicados el 17 de septiembre. Eso implicaría una mayor presión a Sheinbaum para operar una reforma fiscal como la que AMLO se negó en estos seis años a aplicar a pesar de los incrementos constantes al gasto.
Los conflictos internos y las crisis diplomáticas con España, Ecuador y Perú, y la pausa en la relación con los embajadores de los Estados Unidos y Canadá se integran a los problemas que la nueva gobernante tendrá que enfrentar en lo inmediato. Hasta ahora, con un gabinete integrado en más de la mitad por lopezobradoristas, al igual que la nueva dirigencia del partido oficial y la mayoría de los legisladores en ambas cámaras, le promesa del nuevo gobierno no es sólo de continuidad con las grandes líneas del saliente, sino de una virtual herencia que podría limitar la capacidad de acción de Claudia Sheinbaum. En muchos aspectos cruciales habrá que ver si eso se cumple, o hay virajes que en diversos aspectos se antojan muy necesarios.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
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