El Directorio del FMI autorizó un nuevo desembolso por 10.870 millones de dólares que ingresarán a las cuentas argentinas en la próxima semana y desde 15 de abril se autoriza se utilicen 60 millones de dólares diarios y hasta 9.600 millones de dólares hasta fin de año para contener la evolución del dólar, que hoy […]
El Directorio del FMI autorizó un nuevo desembolso por 10.870 millones de dólares que ingresarán a las cuentas argentinas en la próxima semana y desde 15 de abril se autoriza se utilicen 60 millones de dólares diarios y hasta 9.600 millones de dólares hasta fin de año para contener la evolución del dólar, que hoy se acerca a los 45 pesos y con perspectivas al alza. [1]
La argumentación del organismo internacional es que las políticas aplicadas están «dando frutos», muy curioso ante el regresivo impacto sobre vastos sectores de la población que sufren la inflación y la recesión. Sobre la inflación señalan que es decepcionante su evolución, y sobre la recesión destacan que siempre que llovió paró y, por ende, esperan recuperación antes de finalizado el año.
Se trata de un saludo a la bandera, auto justificando el propio accionar del FMI, para continuar con el ajuste y la reestructuración. Es un mensaje de único camino posible, dirigido al oficialismo y a cualquier oposición en condiciones de gobernar; pero también a inversores internacionales, enfatizando que el país se encamina en una dirección orientada a favorecer la obtención de ganancias, por lo que recuerdan las necesarias reformas estructurales de contenido reaccionario.
Ya suman 38.900 millones de dólares desde el primer desembolso en junio del 2018, según informa el propio FMI. El monto deberá sumarse a los 307.000 millones de dólares de la deuda pública de la Argentina, lo que representa un 95,4% del PBI, según informa el Ministerio de Hacienda. El monto total del préstamo acordado con el FMI alcanza los 56.600 millones de dólares, de los cuales el 90% se entregarían antes de fin de año y solo una pequeña porción bajo la nueva gestión. Hacia el 2004 la deuda pública bruta representó el 118% del PBI, tal como explicita la estadística oficial. [2]
Ese porcentaje bajó hasta 38,9% en 2011 (política de des-endeudamiento) y desde entonces viene subiendo, alcanzando el 52,6% en 2015, último dato para el gobierno de Cristina Fernández; luego escala bajo el gobierno de Mauricio Macri al 53,3% en 2016; 57,1% en 2017 y al 95,4% en 2018. Un guarismo que parece no tener límite. El 2018 fue el año de la corrida cambiaria y la mega devaluación que llevó la cotización de 20 pesos a 40 por dólar.
¿Cómo interpretar el acontecimiento de asociación Macri-FMI?
Hay que señalar que la política económica de la Argentina se sostiene con el apoyo financiero del FMI, especialmente por decisión política del socio hegemónico: EEUU y el gobierno Trump.
Trump necesitaba de un gobierno sudamericano con consenso electoral para su política exterior en la región, para aislar a Venezuela y redefinir las relaciones interamericanas, consolidando la hegemonía estadounidense en la región.
Es una premisa la hegemonía en territorio americano, para la discusión y disputa mundial en tiempos de tensiones económicas, políticas y militares, especialmente con China y sus aliados. La cuestión se afianzó con la irrupción de Bolsonaro en el Gobierno de Brasil.
La presencia de un nuevo gobierno en México desequilibra los propósitos de la política exterior de EEUU, pero con gobiernos afines en Argentina y Brasil, sumados a las administraciones derechistas en Chile, Colombia o Perú, se afianza una iniciativa política de profundización de la subordinación de la región al poder estadounidense.
El costo a pagar con una eventual cesación de pagos no es lo importante, incluso si la hipoteca se termina ejecutando contra bienes comunes, sean los hidrocarburos no convencionales o el litio. No sería la primera vez que se canjea deuda por bienes. En su momento (años 80) se ofreció capitalizar la deuda contra el capital público, efectivizado con las privatizaciones en los 90´. Algo similar supuso la cancelación de las deudas británicas con la incorporación al patrimonio público de los ferrocarriles otrora ingleses.
Enfatizamos en estos argumentos políticos en la relación de la Argentina con el FMI y EEUU, porque existen análisis técnicos que subestiman el dato del apoyo de Donald Trump al Gobierno Macri, señalando que Argentina no podrá devolver su deuda. El aumento del riesgo país por encima de los 700 puntos les estaría dando la razón. En ese marco de impago de la deuda, imaginan un proceso de renegociación con el Fondo luego de las elecciones de renovación presidencial, lo que solo ocurrirá si se continúa con las cuestiones esenciales, que van más allá de lo específico económico.
Hay fuertes argumentos de un próximo default de la deuda, asentado en carácter impagable de la deuda de la Argentina. Lo que se omite es que mientras exista el apoyo político financiero de EEUU y el FMI, el oficialismo tiene la opción de superar con éxito la elección de octubre y encarar un nuevo ciclo de gobierno, un segundo periodo. Incluso, el propio Fondo señaló que no tendría inconveniente en continuar la asistencia con otro gobierno, claro que en el supuesto que se cumplan los términos y objetivos del acuerdo por el ajuste y la reestructuración, laboral, previsional e impositiva.
Varios funcionarios de gobierno sostienen que un periodo no alcanza para resolver los problemas del país, los que se sufren por las políticas económicas asumidas en los últimos 70 años previos a la asunción de Macri, entre 1945 y 2015. Omiten en ese trayecto los años de gobiernos surgidos de golpes de Estado e incluso periodos constitucionales con rumbos afines a los del presente, especialmente las experiencias de la dictadura genocida y los años 90 con Menem y De la Rúa.
El objetivo gubernamental en desplegar en un periodo, y si pueden, continuarlo, apunta a continuar deteriorando la capacidad de negociación por derechos de los de abajo y así construir condiciones de posibilidad para la generación de ganancias y acumulación de capitales del núcleo local de la dominación capitalista.
La deuda condiciona el futuro cercano
La situación social y económica es mala para la mayoría de la sociedad y así lo explicitan los indicadores oficiales en materia de inflación y recesión, pobreza y desempleo, pero no puede obviarse que se intenta disimular con la gigantesca asistencia del FMI, de lo contrario todo sería peor. Al mismo tiempo, esos fondos contribuyen a potenciar la salida de capitales y la apropiación de cuantiosas ganancias en muy pocos sectores de la especulación, con tasas de interés cercanas al 70%.
Queda claro que el acuerdo con el FMI juega para la acumulación de ganancias y de poder. La deuda es un mecanismo que favorece la transferencia de riqueza social al sector más concentrado de la economía, al tiempo que potencia la tendencia a la dolarización y extranjerización de la economía, propiciando la concentración de la riqueza socialmente generada en muy pocas manos.
Mientras se tira la pelota para adelante, desembolsos del FMI mediante, muy pocos hacen grandes negocios y las consecuencias del impacto de la inflación y la recesión las sufre la mayoría empobrecida. Eso motiva que se acreciente el descontento social y se manifieste en protestas masivas que no terminan de galvanizar una propuesta de rumbo económico alternativo. He ahí un problema a resolver.
En las movilizaciones, visible claramente el pasado 4/4, coexisten distintas miradas políticas sobre el rumbo a seguir. Las motivaciones de la cúpula de la CGT y sus simpatías político-electorales no convergen con las que anidan en otros sectores movilizados, caso del moyanismo, las CTAs, la Corriente Federal u otras expresiones de los movimientos sociales. Incluso entre estos no hay necesariamente convergencia, aun cuando una parte muy importante imagina un futuro gobierno dirigido por el kirchnerismo. Para la cúpula de la CGT, el compromiso pasa más por el peronismo no K. En rigor, la dispersión política también se expresa dentro de los movilizados entre quienes apuestan a una salida electoral y aquellos que pretenden mayor nivel de organización y lucha para inducir salidas más radicalizadas de la coyuntura, caso de la demanda demorada por un paro nacional, reivindicación sustentadas por las izquierdas partidarias, sociales y sindicales.
Quienes apuestan a la salida electoral para reproducir condiciones de años anteriores subestiman las nuevas realidades del desarrollo capitalista, efectivizadas con los cambios de rumbo en la región y en el mundo. No habrá en 2020 las condiciones económicas que favorecieron el proceso de distribución del ingreso, tanto por condiciones internas como externas. No hay boom de inversiones sobre los países de América Latina y el Caribe, no siendo por ello solo un problema de la Argentina; ni existe un boom de las commodities y materias primas. Son condiciones que restringen en el marco del capitalismo procesos de distribución del ingreso o más aún, de la riqueza. Por eso hace falta explicitar que se pretende hacer en política económica más allá de la crítica al ajuste, que además de gobierno, sustenta la parte de la oposición que facilitó la legislación, entre ellas, las pautas presupuestarias.
Ante la ausencia de alternativa política electoral que defina un rumbo que entusiasme a la mayoría perjudicada con estas políticas, lo que emerge es el descontento, e incluso la despolitización de una parte de la sociedad, que no percibe como la «política» podría resolver sus problemas cotidianos. Si es así, podría crecer el desinterés y con ello el ausentismo electoral, consolidando una votación de los núcleos duros de adhesión a las identidades políticas en disputa, con final abierto entre las novedades de nuestro tiempo: kirchnerismo y macrismo. No queda claro que terceras opciones cristalicen en proyectos que puedan intervenir en la disputa por ingresar a la segunda vuelta.
Pero, más allá de cualquier especulación el interrogante es que hará el próximo gobierno con el condicionante del fuerte endeudamiento y el monitoreo del FMI con sede en el BCRA.
Queda clara la opción oficialista por acelerar las políticas actuales, agravando la situación de la mayoría empobrecida, por lo que aparece con fuerza el objetivo que pretende impedir un nuevo mandato del PRO-Cambiemos, lo que habilita la discusión sobre el quehacer de un gobierno que pretenda enfrentar el condicionante del FMI, que no puede quedarse en la renegociación para cancelar la deuda.
Resulta obvio que una confrontación con el condicionante de la deuda y el FMI tendrá costos, como los tiene cualquier país que intenta avanzar por un camino crítico al hegemónico, más aún si pretendiera un proceso de emancipación. Son debates necesarios que no aparecen aun en el debate político electoral, especialmente cuando no sabemos quiénes encabezarán las opciones para la disputa del próximo gobierno.
Mientras se constituye un debate de fondo sobre el programa electoral y sus candidaturas, surge la necesidad de politizar y radicalizar la demanda social y contribuir a disputar el discurso y el que hacer desde ahora para condicionar el ajuste y la reestructuración y más aún si se piensa en cambios para un nuevo gobierno desde diciembre. Una de las lecciones de la última etapa en Nuestra América, fue que estos gobiernos desmovilizaron a las organizaciones populares y con ello restaron capacidad de acción para confrontar al poder.
El paro nacional aparece como una demanda que crece, con el afán de instalar la discusión sobre el presente y el futuro en toda la sociedad. Será la capacidad de acción social masiva la que podrá modificar el condicionante que hoy hipoteca el futuro. La deuda condiciona, pero más puede condicionar la masiva acción colectiva, especialmente si ello conlleva la articulación de un proyecto que reinstale una propuesta centrada en la suspensión de los pagos previa investigación de la deuda y la fuga de capitales, que en tanto se apliquen requerirá inmediatamente acelerar procesos y políticas que discutan el modelo de producción y de desarrollo en su conjunto.
La discusión es quien condiciona a quien, si condiciona la deuda y el acuerdo del gobierno con el FMI, o la sociedad movilizada construye otro condicionante en la defensa de los derechos y la soberanía.
Notas:
[1] FMI. El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la tercera revisión en el marco del Acuerdo Stand-By a favor de Argentina, aprueba desembolso de USD 10.800 millones, en: https://www.imf.org/es/News/
[2] https://www.argentina.gob.ar/
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.