Paro universitario: «El fallo está, falta que lo cumplan»

La medida de fuerza no solo responde al reclamo salarial acumulado, sino que introduce un componente legal de peso: la Justicia ya ordenó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Una normativa que tuvo insistencia en el Congreso y que el Ejecutivo continúa ignorando a pesar del fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
Desde el sector docente aseguran que el oficialismo debe cumplir con la determinación de la Justicia y resaltan que, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, los salarios universitarios han perdido un tercio de su valor real. Según el análisis de la Federación, para revertir esta caída y recuperar el nivel adquisitivo perdido, sería necesario un aumento inmediato del 50%, cifra que contempla la ley hoy judicializada y que la administración libertaria no pretende cumplir. De hecho, el Gobierno pretende sancionar otra ley de Financiamiento Universitario.
De acuerdo a Antonio Rosselló -economista, docente de la UBA y miembro de las mesas ejecutivas de AGD UBA y la Conadu-, la situación actual superó el plano de la discusión paritaria y hoy ya forma parte del ecosistema judicial.
“Es un Gobierno que está fuera de la ley y por eso hemos escalado ese conflicto”, planteó. Según el profesor, el Poder Ejecutivo ignora tanto lo votado por el Congreso como los fallos de la Justicia Federal que ordenan la aplicación inmediata de la normativa.
Rosselló explicó que existe una brecha “insalvable” entre los ingresos docentes y el costo de vida. El economista precisó que hoy un docente con diez años de antigüedad y cientos de estudiantes a cargo percibe apenas $250.000, una cifra que lo sitúa muy por debajo de la canasta básica. Incluso en los casos de máxima dedicación (50 horas semanales), los salarios llegan a $1.250.000, mientras que la línea de pobreza para este mes se proyecta por encima de los $1.400.000.
Frente a esto, la respuesta oficial ha sido calificada por los gremios como “insuficiente y unilateral”. Los incrementos otorgados fueron del  2,5% en enero, 2,2% en febrero y 2% en marzo. Las cifras se ubican sistemáticamente por debajo del IPC nacional y del de CABA (que recientemente marcó un 3%).
En la Federación expresaron que el aumento fue tan débil que los docentes que perciben el piso salarial ni siquiera notaron el impacto en sus bolsillos. “Las clases no se ven afectadas por el paro, ya están afectadas porque un docente tiene que manejar un Uber o hacer delivery para llegar a fin de mes”, sentenciaron desde la agrupación de profesores que dan otro dato: señalan que tiene el respaldo total de alumnos y no docentes. Lo que determinará que la protesta sea totalmente contundente, anticipan.

La Justicia exige al Gobierno la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario

El gobierno nacional deberá aplicar de manera “inmediata” la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) que se había aprobado en el Congreso el año pasado, según lo dispuso la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
Finalmente, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría. Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el Gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y los calificó de “poco serios”.
En la misma línea, también exigió la recomposición salarial docente y no docente, desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre de 2025; resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.
El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Esta resolución se dio luego del reclamo conjunto del CIN y diversas universidades públicas ante el desfinanciamiento del sector, y luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, por la recomposición salarial.

El gobierno irá a la Corte

El gobierno presentará un recurso federal extraordinario para que el caso se eleve a la Corte Suprema.
Después de que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un amparo, el juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, ordenó al gobierno, en diciembre 2025, aplicar la ley y actualizar salarios/becas, suspendiendo el decreto que suspendía su vigencia.
En febrero, la Casa Rosada apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley tras el amparo llevado adelante por el CIN y, además anunció el envío al Congreso de un nuevo proyecto para modificar la norma y seguir intentando no pagar.
El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, celebró el fallo que se conoció el martes 31 de marzo y exigió su cumplimiento para que se levanten las medidas de fuerza que llevan adelante los docentes».

Día de la Ciencia y la Tecnología y del Investigador y de la Investigadora Científica en la Argentina

Se conmemoró en honor al nacimiento, en 1887, del Dr. Bernardo Houssay. En 1947 fue el primer investigador latinoamericano en ganar el Premio Nobel en Ciencias por su contribución al estudio de la diabetes.
Su aporte a la ciencia argentina fue mucho más allá del trabajo académico y de investigación, pues impulsó el desarrollo de numerosas instituciones para la promoción de la ciencia y la formación de nuevos investigadores e investigadoras, con la certeza que el desarrollo de la ciencia es lo que permite el desarrollo de un país. En 1958 participó activamente de la creación del CONICET, del que fue presidente hasta su fallecimiento en 1971.
Investigar es buscar algo que era desconocido, sostuvo. Investigar es no sólo explicar sino también transformar.
En un contexto de desfinanciamiento que avanza en la destrucción del sistema científico, técnico y universitario argentino -imprescindible para ejercer independencia y soberanía-, hacemos nuestras las palabras de Houssay: “La ciencia no es cara, cara es la ignorancia”.

Jornada de lucha en defensa de la Ciencia, la Tecnología y la Universidad

Convocaron trabajadorxs y organismos de Ciencia y Tecnología y gremios docentes universitarios para el viernes 10 de abril, de 10 a 17, en Plaza de Mayo. Bajo el lema “¡Si hay miseria que se note!”, hubo clases públicas, feria de ciencias y charlas. La Jornada se replicó a nivel nacional en distintos puntos del país, como Rosario, Córdoba, Puerto Madryn, Posadas y Santiago del Estero, entre otros. Se reclamó la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, que dispone un aumento del 50% en los salarios docentes y no docentes y recursos para la investigación y el desarrollo tecnológico.
Cabe recordar que la Ley de Financiamiento Universitario fue votada en cuatro oportunidades por el Congreso (dos veces antes del veto presidencial y otras dos para su ratificación), y nuevamente refrendada por ambas Cámaras en las sesiones en las que se trató el Presupuesto Nacional 2026. Además, la semana pasada recibió un fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que confirmó la sentencia de primera instancia que le ordena al Gobierno nacional su aplicación inmediata.
“Nuestros salarios están en mínimos históricos. Los docentes renuncian o buscan completar sus ingresos con otros empleos, lo que afecta el normal funcionamiento de las clases”, expresó Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA, en la convocatoria a esta jornada de lucha.
“Desde el 21 de octubre del año pasado, cuando se promulgó la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno se encuentra en una situación de completa ilegalidad y acumula 167 días de incumplimiento (…). La docencia universitaria trabaja con salarios que perdieron un 35% de su poder adquisitivo. De cada tres días trabajados, nos pagan dos; por eso el éxodo docente es tan masivo”, agregó.

Suspenden la reforma laboral en el sector docente

La Justicia dispuso la suspensión de la aplicación de la reforma laboral en el sector docente, en una decisión de alcance nacional que deja sin efecto, de manera provisoria, la declaración de esencialidad del servicio educativo contemplada en la Ley Nº 27.802.
El fallo responde a una presentación realizada por la Unión Docentes Argentinos (UDA) y fue dictado por el titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 74, José Ignacio Ramonet. La resolución representa un nuevo revés para el Gobierno y pone en pausa uno de los puntos centrales de la reforma.
La medida había generado un fuerte rechazo sindical, ya que el artículo 101 establecía que la educación debía ser considerada servicio esencial. En ese marco, obligaba a los sindicatos docentes y no docentes a garantizar al menos un 75% de prestación normal durante las huelgas, lo que, según los gremios, limitaba de manera significativa el derecho a la protesta y prácticamente anulaba su efectividad.
Tras conocerse la decisión judicial, la Confederación General del Trabajo (CGT) y los gremios docentes celebraron la suspensión de la norma, al considerar que resguarda derechos laborales consagrados constitucionalmente.
El titular de la UDA, Sergio Romero, quien impulsó el planteo judicial, cuestionó con dureza la reforma al calificarla como “mezquina y sin consenso”. Además, sostuvo que “esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo, y no restringir derechos colectivos que justamente buscan resguardar esas condiciones”.
El dirigente también envió un mensaje al Ejecutivo tras el fallo: “El Gobierno tiene que reflexionar”, afirmó.
Aunque la medida es provisoria, tiene aplicación inmediata en todo el país y frena la implementación de un cambio que buscaba modificar de forma sustancial las condiciones laborales en el sector educativo. En este contexto, el conflicto entre el Gobierno y los sindicatos suma un nuevo capítulo, a la espera de definiciones judiciales y políticas sobre el futuro de la reforma.

El sistema universitario y científico: el blanco de la ultraderecha

El 78 % de los 2,7 millones de estudiantes del nivel superior elige las universidades públicas, las cuales representan dos tercios de la inversión educativa nacional. Lo que para muchos es un orgullo y una promesa de futuro, para el oficialismo es un enemigo a combatir. El ajuste en el presupuesto ejecutado durante el primer semestre de este año fue del 33% en comparación con el mismo período de 2023.
El reciente aumento salarial docente de 7,5 % hasta noviembre que comunicó el Ministerio de Capital Humano no revierte el escenario, y está lejos de los 44 puntos porcentuales que perdieron desde diciembre de 2023.
“Lamentamos que, una vez más, el Gobierno nacional opte por sumar confusión con información tergiversada y parcial, sin ofrecer ninguna solución real al problema que las universidades públicas del país atravesamos”, expresaron rectores y rectoras nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
El sistema científico y tecnológico enfrenta una pérdida presupuestaria equivalente al 44 % en comparación con los primeros seis meses del 2023. La reducción se explica, en gran medida, por los recortes que recayeron sobre cuatro organismos centrales: CONICET (-35 %), INTA (-41 %), CNEA (-43 %) e INTI (-39 %). Los ajustes comprometen el financiamiento de becas, proyectos tecnológicos estratégicos y de investigación.
El desprecio por el eslabón más sofisticado de la Ciencia y la Tecnología tiene su correlato en la educación técnica, donde se forman 1,4 millones de estudiantes del nivel secundario, terciario y de formación profesional. El Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional está en uno de sus mínimos históricos desde su creación en 2005. El presupuesto de esta modalidad cayó un 76 % en estos 18 meses y programas de nuevas tecnologías y articulación con el sistema productivo no tienen recursos asignados.

Diputados de izquierda presentaron un proyecto para revertir los recortes en educación y ciencia

El Presupuesto 2026 quedó aprobado con los votos necesarios por los senadores y diputados de la República Argentina. Allí, el Artículo 30, a pesar de las dudas que existían acerca de su aceptación, fue aprobado y deroga leyes que aseguraban los fondos mínimos para la educación en general, la educación técnico-profesional y la ciencia y tecnología. Según los detalles, se elimina la obligatoriedad de invertir por lo menos el 6% del PBI nacional en educación en general, el 0,2% del presupuesto en educación técnica y el 1% del PBI en Ciencia y Tecnología.
En paralelo, el conflicto llegó a la Justicia con un reclamo de estudiantes, docentes y familiares de alumnos de escuelas técnicas que reclaman restituir la antigua normativa y el freno a la aplicación del Presupuesto 2026 con el cambio en el Artículo 30.
El Presupuesto 2026, que fue impulsado por el oficialismo y aprobado con la colaboración de bloques aliados en el Congreso, puede tener un giro clave respecto al Artículo 30, uno de los que modifica de forma definitiva y profunda el financiamiento de áreas estratégicas del Estado. En detalle, se eliminan los pisos de inversión en educación técnica, ciencia y tecnología. Por eso, el Frente de Izquierda presentó un proyecto de ley para anular dichas normativas y restituir las normas previamente derogadas.
Con la firma de Romina del Plá, Néstor Pitrola, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, la izquierda argentina tiene intenciones de frenar lo que consideran un «ajuste estructural y regresivo de los derechos básicos». «Debemos organizarnos en defensa de la educación técnica y la ciencia y tecnología frente a la motosierra de Milei», sumó del Plá.
En el propio proyecto del FIT se pide restituir la vigencia del artículo 52 de la Ley 26 058 de Educación Técnico Profesional. Además, como parte del artículo 2 del proyecto de ley que se elevará a la Cámara de Diputados de la Nación, se pide la conformación de una comisión con representantes electos de docentes, estudiantes y padres para verificar el cumplimiento de la normativa.
«Deróguese toda norma que se oponga a lo establecido en el artículo 1.° y 3.° de la presente Ley», sumaron para que esto también pase a estar en consideración del Poder Ejecutivo a cargo de Javier Milei.
Entre los fundamentos, el Frente de Izquierda también pone de manifiesto su descontento general con la ley de Presupuesto 2026, ya que considera que «una gran cantidad de medidas implican ajustes y recortes en áreas fundamentales para la población trabajadora». Además, acusa al Gobierno de «beneficiar a grandes empresarios».
En su comunicado la izquierda alertó sobre la situación de desfinanciamiento que estaría atravesando la educación técnica y dijo: «Con la derogación de este artículo, la situación se profundiza, siendo que distintos especialistas calculan que el Presupuesto 2026 derivará en un recorte de 84,5% de los recursos del INET».
Para finalizar, advierten que podría afectar la falta de equipamiento e insumos en un área educativa formativa y determinante. Sin embargo, ponen otro foco en el sector de la ciencia y la tecnología: «La derogación de los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 27 614 pone fin a la obligación del Estado de elevar progresivamente la inversión en ciencia y técnica para llevarla al equivalente al 1% del PBI en 2032».

Más de mil docentes dejaron de enseñar en la UTN por los bajos sueldos universitarios

La casa de estudios, una de las más emblemáticas del país, con 30 sedes en todo el territorio nacional, atraviesa, al igual que el resto, una crisis de presupuesto y salarial por el incumplimiento del Gobierno de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. La remuneración de los profesores del sistema de educación pública superior se redujo alrededor del 56% en dos años, pérdida de poder adquisitivo que determina su alejamiento de las aulas.
La presidenta de la Federación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut), Daniela Díaz, puso de relieve que “casi mil docentes han dejado las aulas de la Universidad Tecnológica Nacional a nivel país”.
La dirigente precisó que “muchos de ellos han tomado licencia sin goce de sueldo, o renunciado en el caso de que no tienen la antigüedad para tomar esa licencia sin goce de sueldo”.
Las declaraciones fueron formuladas en el marco de la finalización de una semana completa de paro.
Díaz aclaró que “esta semana van a ser jornadas de clases, pero también de visibilización, de concientización, de trabajo con los alumnos sobre nuestra problemática. Y la semana que viene, 30 y 31 de marzo y 1 de abril, y el 8 y 17 de abril, paro nuevamente de actividades”.
En ese sentido, señaló que los alumnos universitarios finalmente, terminan siendo las “víctimas” del modelo de vaciamiento de la educación superior pública que empuja a los trabajadores a la huelga.
“El alumno, por ahí, también ve que a la universidad, sea como sea, la seguimos sosteniendo. Tenés tu ascensor que funciona, tenés tus sanitarios, tus aulas en buenas condiciones; entonces cuesta entender qué es lo que estamos pasando”, dijo.
Añadió que “también se tienen que dar cuenta que, por ejemplo, otros compañeros alumnos que tienen becas, han quedado algunas de 35.000 pesos, que es una locura. Ni siquiera para el colectivo le alcanza. Entonces también tienen que ver que no solamente los docentes, sino también ellos se ven perjudicados”.
La casa de estudios, una de las más emblemáticas del país, con treinta sedes en todo el territorio nacional, atraviesa, al igual que el resto, una crisis de presupuesto y salarial por el incumplimiento del Gobierno de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario.
La remuneración de los profesores del sistema de educación pública superior se redujo alrededor del 56% en dos años, pérdida de poder adquisitivo que determina su alejamiento de las aulas.
La titular del Sindicato de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut) llamó la atención sobre que “un docente para trabajar en la universidad tiene que tener un título de grado, tiene que tener muchas veces un posgrado, son docentes de años, de trayectoria. Y realmente con el sueldo, es increíble”.
En los últimos cuatro presupuestos (2023-2026), el gasto en salarios fue, por lejos, el componente más importante del presupuesto de las Universidades Nacionales, dado que representa en promedio el 86,9% del total, mientras que los gastos de funcionamiento explican el 13,1%.
En este contexto, al comparar en términos reales el presupuesto de 2026 con el de 2023 se advierte que el grueso del ajuste recayó sobre los salarios del personal docente y no docente de Universidades Nacionales. Entre esos años, el gasto salarial se redujo 43,2%.
En consecuencia, el desfinanciamiento de la educación superior por parte del Gobierno nacional, incluso luego de que se aprobara una ley en el Congreso con ese fin, pone a los profesores universitarios en la encrucijada de soportar la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios o escalar el largo conflicto con la Casa Rosada.
El Centro CEPA elaboró un informe en el cual muestra que el presupuesto de las Universidades Nacionales (Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior”) registró un fuerte ajuste durante la gestión de La Libertad Avanza.
Entre 2023 y 2025, la caída en términos reales alcanzó el 28,7%. Si se compara con el presupuesto vigente en 2026 en pesos constantes (proyección de la inflación hasta diciembre basada en la mediana del REM), el crédito asciende a $4,87 billones.
En términos reales, esto implica una reducción acumulada del 45,6% respecto de 2023.
El gremio subraya que si se hubiera aplicado la Ley insistida, el presupuesto de Universidades Nacionales en diciembre de 2025 habría ascendido a $8,63 billones a valores de 2026, lo cual habría implicado un crecimiento real de 35,1% respecto del presupuesto vigente en 2025 y lo habría dejado apenas 3,6% por debajo del nivel de 2023.
En cambio, el Proyecto del Gobierno incrementará el presupuesto vigente de las Universidades Nacionales en 2026 en 12,4%, alcanzando $5,48 billones a valores de 2026. Incluso con ese aumento, el resultado sería una caída real de 14,2% frente a 2025 y de 38,8% en comparación con 2023.
La conclusión que extrae el Centro CEPA es que, mientras la Ley insistida permitía prácticamente recuperar el nivel presupuestario previo al ajuste realizado por la Administración Milei, el Proyecto del Gobierno consolida ese recorte en términos reales, lo que implica un presupuesto de Universidades Nacionales 36,5% inferior al que hubiera correspondido bajo la Ley insistida.
La federación gremial de docentes de la UTN –FAGDUT– informó que realizará un paro de 5 días en reclamo de salarios dignos para educación de calidad y para que el Ejecutivo cumpla la vigente Ley de Financiamiento Universitario. La medida de fuerza se llevará a cabo a lo largo de tres semanas, con el fin de visibilizar el reclamo y no perjudicar a los alumnos, y comenzará los tres primeros días de la semana próxima; 30 de marzo, 31 de marzo y 1 de abril. Luego este plan de lucha continuará los días 8 y 17 de abril.
Por este motivo en tales fechas no habrá actividades académicas ni de investigación en las 30 facultades regionales que posee la Universidad Tecnológica Nacional y en su órgano preuniversitario, el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico.
“Enseñar no debiese ser un sacrificio”, enfatizó el Secretario General de FAGDUT, Ing. Ricardo Mozzi. “Está ocurriendo un éxodo de colegas docentes que no pueden tolerar más ver la heladera vacía”, precisó el titular de los docentes “tecnológicos”, y dijo estar “muy preocupado” por el futuro de las universidades.
Asimismo, desde el sindicato se refirieron al ajuste que realizó el Ejecutivo para los trabajadores de las casas de altos estudios; en el instructivo de liquidación de sueldos del mes de marzo se incluyen aumentos retroactivos acumulativos de 2,5 % y 2,2 % para enero y febrero y un 2,0 % para marzo.
Desde FAGDUT explicaron que se trata de “ajustes unilaterales por debajo de la inflación”, y que con los mismos “siguen castigando a las universidades públicas”. En este sentido, la inflación acumulada desde el comienzo del presente gobierno asciende al 280% frente a un ajuste en materia salarial del 155 % en el mismo período.
“Hemos cobrado casi 9 salarios menos de los que hubiésemos percibido si los ajustes hubiesen seguido el ritmo inflacionario”, enfatizó Ricardo Mozzi, y lo tildó de “vergonzoso”.
De acuerdo a su página web, la UTN “se distingue por ser la única universidad argentina de carácter federal, con presencia en todo el país”. Está conformada por el Rectorado, 30 Facultades Regionales, 53 Extensiones Áulicas, el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico (INSPT), el Instituto de Ciencias, Energía e Innovación Tecnológica Sostenible (Cenits), el Centro Tecnológico de Desarrollo Regional (CTDR) y dos escuelas secundarias técnicas: Colegio Tecnológico de la Universidad Tecnológica Nacional (Cutral Co) y la Escuela Tecnológica “Werner von Siemens” (Villa Ballester).
Actualmente, más de 112.000 personas estudian en la UTN, de las cuales 73.000 cursan carreras de ingeniería. La oferta académica comprende un total de 158 carreras, entre títulos de pregrado, grado y posgrado.
Las especialidades de ingeniería que se dictan son: Aeroespacial, Bioingeniería, Civil, Electromecánica, Electrónica, Energía, Energía Eléctrica, Industria Automotriz, Sistemas de Información, Telecomunicaciones, Ferroviaria, Industrial, Mecánica, Metalúrgica, Naval, Pesquera, Química y Textil.
Cada año, la universidad contribuye con más del 35% de personas graduadas en ingeniería y carreras tecnológicas a nivel nacional.
La investigación en la UTN se lleva a cabo a través de 127 Centros y Grupos. La universidad cuenta con miles de investigadores e investigadoras. Actualmente, están en marcha más de 700 proyectos de investigación, distribuidos y organizados en diferentes programas o campos de aplicación.
“Es misión de nuestra casa de estudios crear, preservar y transmitir los productos de los campos científico, tecnológico y cultural para la formación integral de las personas destinatarias de esa cultura y de la técnica, extendiendo su accionar a la comunidad para contribuir a su desarrollo y transformación. De ese modo, el desarrollo de proyectos culturales es impulsado por parte de las diferentes áreas de la Universidad, en gestión asociada con agentes y organismos del campo cultural”.
“En el mismo sentido, en el marco de una política de generación de conocimientos y capacidades tecnológicas en vinculación con el medio, la UTN colabora con la resolución de los problemas de la industria y la sociedad, prestando servicios a empresas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil”.
“Con el objetivo de fortalecer y consolidar su proceso de Internacionalización, la UTN potencia los vínculos académicos, científicos y humanos a través del intercambio y la comunicación con universidades, instituciones y asociaciones extranjeras; impulsa la inserción de estudiantes, docentes investigadoras e investigadores y demás miembros de la comunidad educativa en proyectos especiales de investigación, desarrollo y planeamiento; y promueve programas de cooperación internacional”.
“La UTN ratifica su compromiso con el bienestar y la justicia social, su respeto por la ciencia y la cultura, y la necesidad de su aporte al progreso de la Nación y las regiones que la componen. Es por ello por lo que, la Universidad Tecnológica nacional consagra el derecho al ingreso irrestricto y a la gratuidad de la enseñanza en sus carreras de grado”.

Agronomía de la UBA perdió más de 80 científicos y docentes

La renuncia masiva de 83 docentes e investigadores pone en riesgo el ciclo lectivo 2026 en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA). A estas cifras se le suman las renuncias de trabajadores no docentes y un incremento de pedidos de jubilaciones anticipadas. Estos datos se conocen en el marco de un paro por tiempo indeterminado que se lleva adelante en esa casa de altos estudios. También hay paro, cortes y movilizaciones en universidades de todo el país.
Sobre las consecuencias de esta situación, la decana de la FAUBA, Adriana Rodríguez, advirtió: “Estamos perdiendo profesionales con formación de posgrado y amplia trayectoria en investigación, reconocidos por sus pares internacionales, que se ven obligados a continuar sus carreras en el exterior ante la imposibilidad de sostener condiciones salariales”.
Desde la FAUBA explican que esta coyuntura se enmarca en una crisis presupuestaria con salarios que arrastran una pérdida del 34% desde noviembre de 2023, y que impacta directamente en la capacidad de las instituciones para sostener sus funciones de enseñanza, investigación y extensión.
La Universidad de Buenos Aires ratificó la emergencia salarial y presupuestaria para el ejercicio 2026 y solicitó al Poder Ejecutivo la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (Ley 27.795). Este reclamo, dirigido a los ministerios de Capital Humano y Economía, exige una recomposición urgente acorde a la inflación que permita proteger áreas sensibles como la salud y la investigación, hoy en riesgo directo de desmantelamiento.
Desde la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) resolvieron en asamblea darle continuidad al plan de lucha a través del paro por tiempo indeterminado. Para la semana del 25 al 27 de marzo se votó la realización de paro, cortes, permanencias, clases abiertas, clases públicas, acciones diversas que sigan visibilizando el conflicto universitario y el reclamo por presupuesto para la universidad y aumento salarial para los trabajadores de las universidades nacionales.
Además, el miércoles 25 de marzo se movilizaron al Consejo Superior para reclamar la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Preocupación y bronca en los estudiantes por despidos en la UNTREF

¿De qué formación en la UNTREF sos docente? ¿Hace cuánto estás trabajando en UNTREF?
Pertenezco al Programa Pensamiento Americano, desde el año 2016. Desde allí hemos realizado una multiplicidad de eventos académicos, Jornadas, cursos de formación docente y publicaciones. Por otro lado, me desempeño como docente del Curso de Ingreso desde 2018 y también dicté Filosofía para la Lic. en Psicomotricidad durante 2025.
¿Cómo es tu situación actual en UNTREF? ¿Qué opinas de esa situación?
La situación personal es similar, aunque quizás con algunas particularidades, respecto al cuerpo docente en general. Es decir, más allá de saber y venir viviendo las consecuencias de salarios prácticamente congelados y del recorte presupuestario, marzo comenzó con una serie de bajas en las dedicaciones docentes en decenas de colegas. En mi caso particular, ante los rumores me acerqué al Rectorado donde me informaron desde RRHH que mi vínculo con la Universidad se termina el próximo 31/03.
En base a lo hablado anteriormente. ¿Cómo describirías el clima de los docentes afectados y no afectados?
El clima general es de intranquilidad, bronca y también algo de sorpresa. La baja en las dedicaciones –o la eliminación de algunas de ellas- implica, más allá de las consecuencias directas sobre las cursadas y las materias, muchos problemas referidos a la labor docente. Quiero decir, por un lado el riesgo inminente –sin ningún aviso, dicho sea de paso- de quedarnos sin ingresos o parte de los mismos; lo que obviamente genera una preocupación que excede la Universidad y pasa al ámbito más íntimo, familiar y personal de nosotros. Pero por otro lado también está la cuestión de no haber recibido informaciones claras, enterarnos por rumores, o directamente haber cobrado menos durante la liquidación de febrero. Eso agudiza el malestar y se complementa con otra cuestión que es cierto reacomodamiento obvio que se da entre los docentes que sí conservan sus designaciones: que a juzgar por lo vamos hablando lo hacen por supuesto para conservar sus puestos de trabajo pero ello implica una sobrecarga a la vez que una sensación de exigencia como si hasta acá la Universidad no hubiese contado con el esfuerzo académico de cada uno de nosotros desde hace años.
¿Cómo opinas que se podría avanzar en un tipo de organización que pueda frenar estos ataques?
Creo que juntarnos, hablar, compartir nuestras experiencias e informaciones que vamos obteniendo es lo primordial. Luego claro, habría que organizarnos sobre todo para que la situación no redunde en pedidos o soluciones individuales sino colectivas. Creo que eso es central, es un problema general dentro de la Institución.
¿Qué rol crees que juega la institución y el gremio? ¿Qué rol opinas que debería jugar?
Como Institución, escuchar al cuerpo docente y elaborar canales de comunicación genuina. En estas semanas no puedo decir que no haya pasado porque hemos obtenido respuestas, intercambios de mails y promesas de diálogo por parte de autoridades institucionales y gremiales. El tema es que esa predisposición al diálogo se transforme en instancias que nos brinden seguridad de poder conservar nuestros puestos de trabajo.
¿Cómo explicarías la gravedad de los ataques? (Ya sea laboralmente, académicamente, o personalmente)
Realmente no lo siento como un ataque, sino como una política de reconfiguración que no está contemplando nuestras necesidades, derechos y realidades.
¿Qué perspectiva ves sobre el futuro de la universidad pública?
Creo que si a la situación general del país se le suma como única posibilidad de ajuste al plantel docente la perspectiva no puede ser más que difícil. Sobre todo, al menos desde mi punto de vista, por tres consecuencias centrales: la sobreexplotación de los docentes que quedan, la repercusión inevitable en la oferta de materias y también la certeza de que cada cuatrimestre pondrá a la comunidad educativa ante situaciones similares a la actual. Creo que ese triángulo de variables puede terminar siendo una encrucijada difícil de la cual salir.
¿Qué crees que debería hacer la comunidad educativa?
Lo central creo es estar al tanto de la situación. Por supuesto que esperamos poder organizarnos, movilizarnos y lograr que se cumplan nuestros derechos. Pero también es importante que se generen espacios de diálogo que excedan esta coyuntura y sean sostenibles en el tiempo: serán necesarios para no empezar de cero cada vez que una situación como ésta emerja.
Algo más que quieras agregar
Me gustaría destacar que en lo más personal, me preocupa un poco el uso de argumentos –o mejor dicho eufemismos- que se utilizan desde hace un tiempo para intentar explicar esta situación de ajuste que pone en riesgo nuestros trabajos. Quiero decir, desde hace semanas se viene escuchando que aquellos docentes que no vamos a continuar no lo haremos porque “no tenemos cursos a cargo”. Bien, eso es una justificación que, creo yo, va en contra del espíritu de una Universidad Nacional. En ellas, muchísimos docentes dictan materias que no se brindan durante todo el año, se dedican en ese otro tiempo a tareas de investigación, extensión, vinculaciones institucionales, entre otras tantas tareas. Las dedicaciones no se corresponden con cantidad de cursos (o alumnos) sino con horas semanales dedicadas: exclusivas, semi exclusivas o simples. Insistir en esto es central porque recargar las tintas de la oferta de materias sobre la dedicación docente puede generar la idea de que el docente “no trabaja”, y más allá de las decisiones que nos exceden sobre tener uno, dos o cuatro cursos a cargo nuestra dedicación contempla otras tantas actividades de las que muchos podemos dar cuenta.
Ni docentes precarizadxs.
Ni estudiantes sin futuro.
¡Aplicación de la Ley de Financiamiento ya!

Las cinco carreras de la UBA que alcanzaron el top 50 en el ranking mundial QS 2026

La Universidad de Buenos Aires volvió a posicionarse entre las instituciones más destacadas del mundo en el QS World University Rankings by Subject, al ubicar cinco de sus carreras dentro del top 50 global y 12 entre las 100 mejores.
En total, Argentina mantiene 18 disciplinas en el top 100, la misma cifra que en 2025, en un ranking que evalúa más de 21.000 programas académicos de 1.900 universidades en 100 países.
Lenguas Modernas (22°) Ingeniería en Petróleo (35°) Derecho (34°) Antropología (43°) Historia del Arte (rango 26-50)
Entre ellas, Lenguas Modernas se consolida como la carrera mejor ubicada de toda la Argentina.
Además, la universidad mantiene otras 12 disciplinas dentro del top 100, como Arquitectura, Historia, Comunicación y Veterinaria, todas en el puesto 51°.
En esta edición, 16 universidades argentinas sumaron 134 apariciones en el ranking, con una mejora general del 12%. De ese total, la UBA concentra 45 presencias, lo que representa un tercio del total nacional.
El informe también destaca el desempeño en el área de Artes y Humanidades, donde el país mantiene una presencia sólida.
La Universidad Nacional de La Plata se ubica como la segunda institución con más apariciones, con 25 carreras rankeadas y un crecimiento del 36%. Su mejor desempeño se da en Estudios del Desarrollo.
Por su parte, la Universidad Nacional de Córdoba suma 18 presencias y mejora en áreas como Ciencias Sociales y Humanidades.
Entre las universidades privadas, se destacan la Universidad de Palermo en Diseño (puesto 74), la Universidad Católica Argentina en Teología (rango 51-100) y la Universidad Torcuato Di Tella en Política y Estudios Internacionales (puesto 100).
El ranking se basa en indicadores como la reputación académica, la opinión de empleadores, la producción científica y el impacto de las investigaciones, con distintas ponderaciones según cada disciplina.

Fuentes: El Ciudadano, Página 12, Perfil, La Izquierda Diario, Mundo Gremial, Tiempo Argentino

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