Los casi 12 años transcurridos de los gobiernos incompetentes bajo las presidencias de Vicente Fox y de Felipe Calderón, de 2000 a 2012, pueden sintetizarse en una sola palabra: fracaso. Ambos gobiernos le han fallado al país y a los mexicanos. En la economía, que no ha crecido sino decrecido y no le han abierto […]
Los casi 12 años transcurridos de los gobiernos incompetentes bajo las presidencias de Vicente Fox y de Felipe Calderón, de 2000 a 2012, pueden sintetizarse en una sola palabra: fracaso.
Ambos gobiernos le han fallado al país y a los mexicanos. En la economía, que no ha crecido sino decrecido y no le han abierto oportunidades reales de avance. En lo estrictamente político, ya que la endeble democracia se ha convertido en la suma de los intereses de una elite que difícilmente abarca el complejo espectro de las fuerzas sociales que existen en México. En lo social, donde la pobreza y la injusta distribución de la riqueza han empeorado dramáticamente, además de que en esa misma línea se han aplicado políticas que golpean a las clases trabajadora y populares, aumentan el rezago de empleos y lanzan a amplios sectores a refugiarse para sobrevivir en el clavo ardiente de la economía informal. En lo laboral, donde Calderón irresponsablemente ha continuado la política antisindical de su antecesor Fox, de golpear a los sindicatos independientes y democráticos, utilizando ambos a seres de los más despreciables como Francisco Javier Salazar y Javier Lozano Alarcón. En lo educativo, que vio sólo intentos de privatizar la enseñanza pública, tanto la básica como la media y la superior, abriendo la perspectiva de que futuras generaciones queden sin la protección de la educación y condenadas a ingresar a los peligros de la violencia y la delincuencia. En lo internacional, donde antes la figura y el prestigio de México eran observados con respeto y hoy se les ve sólo como la degradada imagen de un gobierno que no sabe dónde están sus objetivos, mucho menos sus metas, y carece de visión para conducir el país hacia la soberanía, la justicia y el bienestar.
Desafortunadamente ha habido una enorme y perversa complicidad en este proceso de descomposición en los últimos 12 años. La pérdida del valor de la economía mexicana durante la última década, que pasó del lugar 9 al 14 en el mundo, frente a Brasil, que en cambio ascendió de la posición 15 a la 6 en el mismo periodo -tal como Carlos Fernández-Vega lo ha señalado-, comprueba de manera clara y contundente el hundimiento de este gobierno y del Partido Acción Nacional.
Los índices macroeconómicos y las evaluaciones internacionales ampliamente difundidas sobre el desempeño de México como país no dejan lugar a dudas de esta terrible frustración y caída. Ello se debe a que estos dos gobiernos han pretendido actuar sólo a favor de un sector de la sociedad, los empresarios, y dentro de éste, de un pequeño grupo cuyos integrantes se han convertido en los acaparadores del poder económico y se han apropiado ilegalmente del país y de las débiles mentes de los gobernantes. Un gobierno que sólo actúa a favor de un sector y nunca escucha las voces mayoritarias de la sociedad para tomar rumbos adecuados o para corregir caminos desviados no puede calificarse como gobierno, y menos como de éxito. Más bien ha actuado como un simple administrador o gerente de los intereses privados, los cuales lo han manipulado y utilizado como marioneta a su antojo.
En cuanto a los más de 60 mil muertos en la guerra contra el crimen organizado en este sexenio, indican el fracaso de esta acción, más propia de un régimen policiaco y no de uno democrático, con la agravante de que no se respetan los derechos humanos básicos de los mexicanos. No son pocas las voces que se levantan para señalar que este gran despliegue militar y policiaco tiene por finalidad no declarada, pero en los hechos efectiva, de intimidar, inhibir y amedrentar las protestas populares contra la carestía, la injusticia social y la extendida corrupción.
Y no hay modo de escaparse a esta realidad. El último gesto de este gobierno en su vergonzoso sometimiento a los grandes intereses privados es la aprobación apresurada, entre diciembre de 2011 y enero de 2012, de la Ley de Asociaciones Público Privadas, con la que el gobierno no sólo renuncia irresponsablemente a que el Estado siga siendo Estado, sino que entrega a las grandes corporaciones y empresas la tarea vital de construir la infraestructura para el desarrollo nacional, en condiciones más que abusivas para los recursos públicos. Lo mismo ha ocurrido con la entrega indiscriminada de los recursos naturales no renovables del país, como minería, petróleo y gas, a manos privadas nacionales y extranjeras.
No hay asunto o problema de la nación donde no se advierta el rotundo fracaso del gobierno. Es evidente que todos los días voces responsables y autorizadas han señalado este hundimiento junto con las protestas de los sectores que han sido sus víctimas. Lo cual implica necesariamente que la nación entera debe responder adoptando nuevas políticas que impliquen un cambio radical del modelo neoliberal del gobierno y de la economía que tanto Fox como Calderón, y antes tanto Salinas como Zedillo, le impusieron al país.
Urge que las fuerzas sociales y económicas abandonen su indiferencia ante esta equivocada estrategia gubernamental y puedan desarrollar una política que refleje plenamente los verdaderos intereses nacionales, sin exclusión de nadie. Esa será la verdadera vía para que México asuma de nueva cuenta el camino que nunca debió abandonar, el de la eficiencia, la equidad, la responsabilidad social compartida y la política nacionalista, que con todos sus defectos fue guía eficiente y auténtica del progreso de México.
Fuente original: La Jornada