El país cree que el tema básico de la próxima Ley de Hidrocarburos está en saber si las petroleras pagarán el 50 % de regalías o si la tributación se desglosará en 18 % de regalías y 32 % de impuestos, cuando la esencia del problema está en saber si los precios de exportación del […]
El país cree que el tema básico de la próxima Ley de Hidrocarburos está en saber si las petroleras pagarán el 50 % de regalías o si la tributación se desglosará en 18 % de regalías y 32 % de impuestos, cuando la esencia del problema está en saber si los precios de exportación del gas natural serán fijados por las transnacionales o por el Estado nacional. Felizmente, el Centro de Información y Documentación (CEDIB) hizo notar que si Bolivia exporta el millar de pies cúbicos (MPC) a un dólar (a la Argentina lo hizo a 0.98 dólares), recibirá, en el mejor de los casos, el 50 % de esa cantidad, o sea 0.50 dólares por MPC. Entre tanto, EEUU vende el MPC a Canadá y México a 6 dólares y los bolivianos pagamos también 6 dólares en el mercado interno.
El proyecto del gobierno indica que las ventas se regirán «por el precio real de exportación del Titular». Donde dice «Titular» léase la transnacional y donde se escribe «precio real» quiere decir precio ficticio. En Argentina, Bolivia y Chile, las empresas exportadoras y compradoras del gas son las mismas. Pluspetrol», filial Bolivia, le vende a «Pluspetrol» Argentina; Repsol Bolivia a Repsol Argentina y Chile, y Petrobrás Bolivia a Petrobrás Brasil. En otras palabras, las empresas se venden a si mismas el gas que Gonzalo Sánchez de Lozada les entregó de campos clasificados como «inexistentes», a fin de rebajar la tributación del 50 al 18 %. Los nuevos dueños se apropiaron también de nuestros gasoductos y refinerías.
En esas condiciones, el gas boliviano, al cruzar la frontera, se convierte en termoelectricidad, GLP, GNC, Metanol (con destino a EEUU y Europa) y otros productos petroquímicos, los que permiten a las transnacionales obtener enormes ganancias, a costa de Bolivia. En el actual debate, solo se discutió la forma en que Bolivia compartirá la torta pequeña, o sea el producto de la venta -ficticia- de materia prima, ocultando la torta grande, vale decir el valor agregado que solo beneficiará a las transnacionales. Las dimensiones del daño afectarán a la totalidad de las reservas del país, cuyo valor mínimo asciende a 53 mil millones de dólares.
A mayores tributos, las petroleras disminuirán el precio de exportación fijado por ellas mismas. El daño se incrementará al imponerse precios congelados, en momentos de continuo ascenso del precio del petróleo y de angustia cada vez mayor de industriales chilenos y argentinos por la escasez de gas en sus respectivos países. Es vital, en consecuencia, que el gas boliviano tenga un precio similar al precio en boca de pozo vigente en EEUU y que Bolivia participe en proporciones significativos en la globalidad del negocio de la refinación y comercialización de derivados de sus materias primas. Los especialistas calculan que el precio del MPC equivale a un séptimo del precio del barril de petróleo. Si un barril cuesta 49 dólares, el MPC es de 7 Dls.
Bolivia vende su gas al Brasil al precio promedio de una canasta de fuels sustituidos por nuestro energético. Esta es otra irracionalidad, ya que el gas es un combustible limpio, de gran valor ecológico. Los fuels, en cambio, son sucios y muy contaminantes. Brasil, por su parte, presiona para que Bolivia rebaje su gas a un dólar el MPC, lo que sería otro crimen, si se piensa que se pretende ampliar el contrato de exportación de 30 millones a 70 MPC, con el pretexto de explotar el hierro del Mutún. Entre tanto, Bolivia ha vuelto a incrementar los volúmenes de venta a la Argentina (ahora llega a 7.5 millones de metros cúbicos día), a precios fijados por Pluspetrol (dos dólares).
El Estado, además de fijar los precios de exportación, debe recuperar el 70 % de las reservas de gas y petróleo en poder de las compañías, las que incumplieron la obligación legal de perforar un pozo por parcela, bajo pena de reversión. YPFB tiene que refundarse con las acciones que los bolivianos tenemos en Transredes, Chaco y Andina. Las AFPs pretenden cobrar una indemnización por esa transferencia, cuando son apenas depositarias (y no propietarias) de las mismas. Finalmente, planteamos que por lo menos el 30 % de los volúmenes exportables de gas sean industrializados en territorio nacional.