Solo algunos pocos conocían que las horas siguientes al 20 de octubre pasado señalarían la apertura de un tiempo muy líquido, donde la vorágine política se instalaría para recordarnos históricas deudas irresueltas en nuestra intención de construir Estado y Sociedad.
Meses antes, la evidente conducta del régimen gobernante había dejado claro que aquellos sectores, históricamente articulados a la administración del Estado que los convertía también en clases dominantes, no tendrían posibilidades de retorno al poder, al menos, no por la vía del convencionalismo electoral democrático.
Elecciones en Bolivia: Mesa denuncia un «fraude escandaloso» en el recuento de los votos y la OEA muestra su «profunda preocupación», titula la BBC de Londres la mañana del 22 de octubre. Un día antes, la Organización de Estados Americanos emitía un comunicado de prensa afirmando que: “A las 19:40 del domingo 20 de octubre el TSE difundió los resultados del TREP. Esas cifras indicaban claramente una segunda vuelta, tendencia que coincidía con el único conteo rápido autorizado y con el ejercicio estadístico de la Misión. A las 20:10 de ayer, el TSE dejó de divulgar los resultados preliminares, por decisión del pleno, con más del 80% de las actas escrutadas. 24 horas después, el TSE presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral… Oportunamente la Misión dará un informe con recomendaciones de cara a una segunda vuelta.” El comunicado de prensa fue inmediatamente alentado por el señor Almagro que afirmó: “Respaldamos el trabajo de la Misión de Observación Electoral de en Bolivia. El pueblo boliviano es el soberano y respetar su voluntad es imprescindible en democracia”. De ahí en adelante,la crisis multisectorial, el colapso absoluto y una democracia restringida.
Lo ocurrido en noviembre de 2019 configuró una ruptura institucional con la participación de diversos actores en tiempos distintos y roles específicos. Reducido en su capacidad de acción a consecuencia de errores sucesivos que se fueron encadenando unos a otros, el gobierno de entonces perdió la iniciativa cuando fue acusado de fraude electoral. A partir de ese momento, solo observar el final de un ciclo político que ya estaba guionizado con meticulosidad extrema en los detalles. Cada actor con un rol asignado. En ello, tocó a la OEA señalar el proceso con tres acciones específicas: un Comunicado de Prensa, un Informe Preliminar referente al proceso electoral (informe no previsto en el acuerdo firmado con el Estado boliviano) y un Informe Final.
El documento último que presenta la OEA ha sido recogido por los actores comprometidos en los hechos de noviembre pasado como una referencia bíblica incuestionable bajo sanción de ser acusado de profanar la santa palabra. A más de ello, la inevitable y necesaria lectura de todo lo anotado en él, obliga a señalarle sus profundas deficiencias, esas que terminan asociándolo a un interés que no tiene una dimensión de Observador Internacional ecuánime, sino un decidido aportante a la destrucción institucional del país. Algo comparable ya hizo en Haití en el año 2010 probando que este mal proceder no es nuevo y, en todo caso, sí es posible.
La OEA buscó instalar en el país y en la sociedad boliviana el convencimiento de un fraude electoral que valide las acciones/decisiones siguientes que vayan a interrumpir el orden institucional del Estado. Para ello construyó sucintamente una narrativa de manipulación del voto que instaló afirmando que los resultados oficiales que presentó el TSE no son posibles.
Todo se concentra en la declaración mayor: “ACCIONES DELIBERADAS QUE BUSCARON MANIPULAR EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN. Son acciones dolosas que tuvieron la intención de afectar el transcurso del proceso electoral según lo planificado de manera oficial”. Buscaron y tuvieron son dos términos que no aseguran el hecho, evidencian únicamente un propósito. Sin embargo, en el relato final, estaba implícita la insinuación de que los resultados no eran los que se presentaron.
Tres elementos son el eje argumentativo de la OEA: a.) La suspensión del TREP y vinculación de este sistema informático con el que del cómputo final; b) El “sorprendente cambio de tendencia” en el porcentaje de votos en favor del MAS; c.) Actas manipuladas o irregulares. Tres son también los hechos que la OEA soslaya, siendo fundamentales en el análisis electoral: a.) El sistema de elecciones en Bolivia tiene una esencia manual en su ejecución y funcionamiento. El componente informático es menor y se reduce a bases de datos para realizar la sumatoria final de los votos anotados por cada uno de los TDE; b.) El equipo auditor no concluyó la tarea fundamental que se tenía acordada con ellos, esto es, la revisión y recuento de cada una de las actas de escrutinio que posibilitan tener el número final obtenido por cada partido en la votación; c.) La no incorporación de información sensible que, siendo de su conocimiento, contradice lo sostenido como acusación en su informe preliminar y final.
Explicando. La suspensión del TREP como decisión de no continuar informando a la población, no tiene justificación sustentable, ello no implica, sin embargo, que esta acción inentendible haya sido utilizada para la modificación de los resultados finales. En el año 2016, cuando también proporcionó información rápida, el TREP se detuvo en aquel momento en el 83,1%. El pasado 2019, ocurrió cuando reportaba el 83,9% de las actas. En ambos casos las variaciones con los resultados finales son idénticas. Los sistemas informáticos del TREP y los que trabajan el cómputo final, son independientes y no están conectados entre sí. De hecho, el primero, estuvo bajo administración privada (la empresa NEOTEC) a diferencia del segundo, que es de responsabilidad del TSE. El informe de la OEA busca vincular ambos sistemas para concluir en una incidencia directa sobre el cómputo final, hecho que no ha podido demostrar, porque son dos procedimientos informáticos absolutamente independientes en su cargado de datos y sumatorias. EL argumento de que no se pueden avalar los resultados se basa en un vínculo tecnológico entre el TREP y el cómputo, hecho que es, reitero, inexistente.
Extraña que la OEA haya contratado el pasado mes al politólogo y estadístico hindú Irfan Nooruddin, a fin de validar, muchos meses después, las observaciones que desde diferentes centros académicos y profesionales, como medios de comunicación de alto prestigio vienen realizando sobre la débil consistencia del Informe Final. La preocupación de la OEA está sobre lo afirmado en las páginas 86 a 93, donde deja su esfuerzo para demostrar el cambio de tendencia. Sobre este punto, el equipo de auditores no informó que, minutos antes de la conferencia de prensa para la presentación de los resultados preliminares del TREP, la empresa que administraba el sistema (NEOTEC) implementa un plan de contingencia, -hecho absolutamente fundamental que tiene relación directa con la nueva revelación señalada por el Centro CEPR: “Gran error de codificación revela otra falla garrafal en el análisis de la OEA sobre las elecciones bolivianas de 2019”- que decide cargar las actas de escrutinio de Santa Cruz para cumplir con el porcentaje comprometido de 80%. Así, con la votación de Santa cruz, el sistema pasa de un 60% al 83% de votos escrutados. Santa Cruz fue una plaza electoralmente favorable a Comunidad Ciudadana. Esto también significó que el MAS bajara su diferencia respecto del segundo, pasando de 11/12 puntos porcentuales a 7/7,5 puntos. El plan de contingencia de NEOTEC produjo un cambio de tendencia circunstancial de los resultados, al mismo tiempo que ETHICAL HACKING (empresa encargada de los protocolos de seguridad y de auditar a NEOTEC) emitió una alerta de actividad inapropiada. Este número de actas cargadas en cantidad anormal no fue incorporado en el Informe Final de la OEA.
Los auditores detectaron y conocían, por lo tanto, que el orden en el que fueron procesadas las actas no fue aleatorio, y que se había incorporado un área favorable a Comunidad Ciudadana. Este hecho de un aumento de tráfico que generó una alerta máxima está ahora reflejado en el nuevo informe y análisis presentado por CEPR, donde la palabra clave en referencia a este evento es “marca de tiempo”, que refiere al día y a la hora en la que cada acta fue procesada. El “cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares” dependía de la cronología de cuándo se informaron los votos. Las marcas de tiempo del politólogo Nooruddin estaban ordenadas alfanuméricamente, en lugar de cronológicamente.
Los servidores ocultos de los que se habló estaban auditados por ETHICAL HACKING: no tenían software malicioso, y el usuario misterioso era el señor Guzmán de Rojas, gerente propietario de NEOTEC. El Informe Final recomienda mayor investigación sobre este servidor, sin embargo, existen cerca de 40 personas detenidas a causa de lo dicho por los auditores. El padrón electoral había sido certificado por la OEA, su confiabilidad superaba el 96%. No visitaron ni requirieron actas de escrutinio de los cerca de 8.000 notarios, no los contactaron nunca. Comunidad Ciudadana tuvo presencia en un 55% de las mesas electorales con sus delegados. El MAS llegó al 66%.
El informe de la OEA es inconsistente en el relato que buscó instalar, por ello las referencias son generales y los interesados evaden su lectura en conciencia por temor a encontrar una verdad que no los valida.
Jorge Richter Ramírez es politólogo