En medio del enorme desprestigio y sacudido por su incapacidad de distinguir el bien público del bien privado, Javier Duarte y lo que queda de su gobierno -diputados incluidos- han decidido pagar favores políticos en plena campaña electoral al lobby fundamentalista católico veracruzano. Al analizar semejante maniobra saltan a la vista tres cosas: la perversa […]
En medio del enorme desprestigio y sacudido por su incapacidad de distinguir el bien público del bien privado, Javier Duarte y lo que queda de su gobierno -diputados incluidos- han decidido pagar favores políticos en plena campaña electoral al lobby fundamentalista católico veracruzano. Al analizar semejante maniobra saltan a la vista tres cosas: la perversa confusión entre bien público-bien privado; la criminalización de la pobreza y del derecho de elegir; y el uso electoral del periodo extraordinario de la LXIII legislatura estatal.
Con respecto a la confusión entre lo privado y lo público no se caería en exageraciones si se afirmase que la confusión es artificial y orientada a presentar un código de valores privado como el equivalente de un código público. Dicho de otro modo, la ley antiaborto, al igual que las aprobadas en legislaturas de otros estados, insiste en poner por encima del principio de la naturaleza laico del estado y sus instituciones a la moral cristiana y sus ideas con respecta a la vida humana.
Hace ya algunos años, la discusión con respecto a la legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo realizada por la Suprema Corta de Justicia no dejó lugar a dudas de que es el bien público el que debe ser salvaguardado por el estado sin menosprecio de las morales privadas. En ésa ocasión los fundamentalistas católicos presentaron un recurso de amparo afirmando que el matrimonio tiene como finalidad básica la procreación, argumento que reproduce la moral cristiana respecto al matrimonio e incluso al acto sexual. Los ministros de la corte rechazaron dicho argumento al afirmar que de acuerdo a la constitución, el matrimonio no puede ser considerado como un contrato civil con la única finalidad de tener hijos. Dos personas pueden unirse en matrimonio legítimamente sin tener que estar obligados a procrear, incluso si son católicos.
Por lo anterior se deduce que el bien público está por encima del bien privado, como lo sería la adopción de un credo religioso, ya que el que una persona asuma los valores morales de una religión no significa que los puede imponer a los demás. Incluso si la mayoría de los mexicanos se declaran católicos esto no obliga al resto a seguir las máximas cristianas. Es curioso como en nuestro país nos escandalizamos con el fundamentalismo musulmán, pasando por alto que la iglesia católica y sus aliados políticos se comportan de la misma manera en nuestro país. ¿No es acaso un rasgo fundamentalista de cualquier religión obligar a personas que no la profesan a vivir de acuerdo a sus principios y además estigmatizarlos como encarnaciones del mal, como enemigos de la vida si no lo hacen?
Es por lo anterior que la propuesta de Javier Duarte -que en realidad es la de la iglesia católica oculta detrás de un grupo civil fachada, Sí a la Vida- utiliza argumentos ‘científicos’ aportados por una bióloga de la UNAM y que son reproducidos en el cuerpo del proyecto de ley. De ese modo coloca fuera de foco el espíritu fundamentalista de la ley contra el aborto a pesar de que está en el fondo del problema es simple y sencillamente la imposición de la concepción católica de la vida -aunque lo más seguro es que no se encuentra nada que soporte semejante idea en la Biblia.
Por otro lado se ha planteado que la ley no impedirá que las personas puedan viajar a la ciudad de México o utilizar los servicios de un médico y un hospital privado para realizar un aborto. Y es cierto, pero siempre y cuando las personas posean los medios económicos para pagar gastos de traslados o atención privada y discreta claro. De otro modo tendrá que continuar con su embarazo -sea este producto de una violación o de relaciones sexuales sin intención de procrear; de si la persona tiene los medios materiales para mantener al infante o no; de si es menor de edad o no; de si el embarazo representa un riego para su salud o no.
La ley no acabará con la simulación y la hipocresía de los estratos sociales acomodados, que seguirán pagándoles a sus hijas abortos en clínicas en el extranjero -disfrazados de viajes turísticos- pero profundizará la opresión hacia las mujeres que no cuentan con los medios materiales para ello. Son ellas y sus descendientes las que pagarán las consecuencias de la sumisión del gobernador del estado de Veracruz para con el fundamentalismo católico, empecinado en imponer su credo personal. Son ellas las que serán víctimas de una maniobra electorera -cuidadosamente planeada por Duarte y la derecha veracruzana para que coincidiera con las campañas- encaminada a presionar a los candidatos a definir su postura frente a la ley antiaborto, o de plano a chantajearlos para obligarlos a apoyarla y colocar el tema en el centro de la disputa por los votos.
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