Otra vez se vulnera el derecho de una niña de 12 años, violada por su padrastro, y es porque el poder, esta vez en manos de fundamentalistas, pudo arrebatarle ese derecho a decidir sobre su cuerpo. El temor se impuso por encima de la propia decisión y sobre lo que garantiza la ley. El derecho […]
Otra vez se vulnera el derecho de una niña de 12 años, violada por su padrastro, y es porque el poder, esta vez en manos de fundamentalistas, pudo arrebatarle ese derecho a decidir sobre su cuerpo. El temor se impuso por encima de la propia decisión y sobre lo que garantiza la ley.
El derecho de la menor a interrumpir su embarazo está contemplado en el artículo 86 del Código Penal, que autoriza -en el inciso dos- esta práctica en los casos en los que exista riesgo grave para la salud de la gestante.
El hecho ocurrió en Mendoza, provincia ubicada a 1.080 kilómetros de Buenos Aires. Hasta el lunes 15, la niña seguía internada en el Hospital Nottia, a la espera de la autorización para abortar que sería emanada por el juez de Familia Germán Ferrer y por un Comité de Bioética, curiosamente integrado por un sacerdote y un laico perteneciente al Opus Dei, entre otros.
Sin embargo, antes de que la Justicia se expidiera, la menor y su familia anunciaron que desistieron de este pedido. Detrás de ello hay una trama intoxicada de fundamentalismo, que hizo desistir a la menor y a su abuela de interrumpir ese embarazo.
Según lo señala la periodista Lorena Villafañe en el diario Los Andes, «esta decisión no fue casual, más bien fue producto del temor que un grupo antiabortista impuso, al entrar en la habitación de la niña y contactar a la madre y a la abuela en los pasillos del hospital. A todas les mostraron imágenes de fetos mutilados y les cuestionaron el pedido de aborto».
Organizaciones feministas y del movimiento de mujeres hicieron oír su repudio, argumentando que el Gobierno de Cristina Kirchner es mortífero para las mujeres. A la vez, criticaron a la ministra de Salud, Graciela Ocaña, quien ha manifestado que el aborto es un problema de política criminal, dejando de lado que esta problemática es parte de la salud pública.
En tanto, el Centro de Intercambio y Servicios Cono Sur-Argentina emitió un comunicado de prensa en el que manifiesta: «Funcionarios obstaculizadores y grupos fundamentalistas son el anverso y reverso de la misma moneda: no quieren que las mujeres decidamos».
«Unos/as con métodos terroristas y gangsteriles, los/las otros/as negándose a aplicar la ley en beneficio de las mujeres y niñas violadas, cuya salud y vida son las que están en juego», reafirma el documento.
Por su parte, la coordinadora del Instituto Nacional Contra La Discriminación la Xenofobia y El Racismo de la provincia de Mendoza, Karina Ferreira, manifestó a la prensa que «una niña fue violada, ni ella ni su familia fueron protegidas, esta vulneración expone a nuestro país a denuncias frente a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos».