Desde hace más de un año luces rojas advierten sobre la posibilidad de una crisis energética en el país. Quiénes las encienden no son cultores del catastrofismo sino especialistas y organizaciones no gubernamentales, quienes han definido la situación como de una crisis latente, que no necesariamente desembocaría en un colapso, pero que está latente. Una […]
Desde hace más de un año luces rojas advierten sobre la posibilidad de una crisis energética en el país. Quiénes las encienden no son cultores del catastrofismo sino especialistas y organizaciones no gubernamentales, quienes han definido la situación como de una crisis latente, que no necesariamente desembocaría en un colapso, pero que está latente.
Una y otra vez el gobierno nacional ha desmentido la posibilidad de esta crisis, y desde hace un año pone en practica variadas medidas, de las que este diario ha informado abundantemente, que solo emparchan la situación, pero que en ningún caso conforman un plan o al menos un programa articulado para resolver lo que se está constituyendo en una verdadera traba para el desarrollo económico.
Pero finalmente de la mano de una oleada de frío polar el Gobierno Nacional no pudo menos que reconocer la crisis. Días atrás el Jefe de Gabinete se sinceró cuando dijo a los periodistas, en medio de una serie de medidas tendientes a recortar la demanda: «el sistema energético está en su límite», y tras cartón el propio Presidente de la Nación responsabilizó a la mayor demanda, producto del crecimiento económico, y a la falta de cumplimiento de las empresas del sector.
¿Como se llegó a esta situación? ¿Solo por un exceso de demanda, por inclemencia climática, por improvisación, por impericia, por negociados, por irresponsabilidad empresarial, o por todo esto junto?
Para responderlas tal vez convenga colocar estas preguntas en un contexto más amplio. Desde esta misma columna, semanas atrás, dábamos cuenta de cómo el capital a escala mundial volvió a formas propias de la acumulación originaria, lo que algunos teóricos como David Harvey llamaron la «acumulación por desposesión».
Así en los últimos veinte años una parte importante de los recursos naturales de los países de América latina se han transformado en propiedad privada de las empresas transnacionales. Este sintético marco general permite analizar la perspectiva energética del país desde otro ángulo.
Los hidrocarburos
Porque ¿qué que es lo que explica que un país como el nuestro que tiene petróleo pero no es un país petrolero (sus reservas apenas son un 0.3% de las mundiales); que en 1988 alcanzó el autoabastecimiento, que en 1992 ingresara al selecto lote de países exportadores de petróleo y gas y ahora se dice que de seguir este curso en 2 ó 3 años el país será importador neto?
¿Cómo un país no petrolero se convierte en exportador de hidrocarburos?
Es que los hidrocarburos en el mundo se están agotando, los principales descubrimientos fueron ya hace 30 ó 40 años atrás, y salvo la cuenca del Orinoco en Venezuela, no parece que habrá grandes yacimientos nuevos. Mientras que la economía mundial sigue creciendo y crece la demanda de productos energéticos.
Tal vez la explicación haya que buscarla en la Iniciativa para las Américas. En 1990 el presidente G. Busch padre promovió la privatización y desregulación de los mercados energéticos, planteó allí la necesidad de facilitar el ingreso de las petroleras americanas a los mercados de América latina. En 1994 en la Cumbre de Presidentes Bill Clinton profundizó esta política, con el llamado Proyecto de Integración Energética Hemisférica.
Desde la privatización la política hidrocarburífica argentina fue y es totalmente funcional a esos lineamientos generales y está en la base de la actual crisis energética
En estos últimos años los hidrocarburos son el segundo rubro de exportación, representando alrededor del 20% de las exportaciones totales. Pero esto no se ha hecho sobre la base de nuevos descubrimientos de cuencas petroleras, por el contrario los pozos nuevos son escasísimos, prácticamente no hay exploración. Sí hay superexplotación, hasta su virtual agotamiento, de los mismos pozos que ya estaban en operación por YPF nacional.
El modelo actual, consiste en exportar reservas sin que se amplíen las comprobadas. Es que Argentina, que fuera pionera en crear una empresa estatal que tuviera el control de todas las etapas de la actividad hidrocarburífera, ha quedado ahora como único país en el mundo que mantiene totalmente privatizada la explotación de los hidrocarburos -producción, transporte, distribución- siendo además uno de los países que menor porcentaje se apropia de la renta petrolera.
El resultado más directo es la caída de las reservas de petróleo que se viene acentuando desde el 2003 y el estancamiento de las de gas desde el 2004. La relación reservas /explotación es hoy de alrededor de 9 años.
Pero no solo no hubo inversiones en exploración sino tampoco en la red de transporte. Los pocos gasoductos construidos lo son para la exportación pero no para integrar el sistema al interior del país. Por lo que si se lograra una mayor producción de gas no hay capacidad de transporte. Incluso en estos días de alto consumo el sistema habría admitido una presión en las cañerías por sobre el límite técnico de seguridad de las mismas.
Por si esto fuera poco el impacto del caso Skanska, que compromete a funcionarios privados y públicos, se refleja como un espejo en los nuevos gasoductos proyectados, que ahora son revisados con «cuatro ojos», provocando demoras en su construcción.
La política hidrocarburífera actual reproduce agravadas las condiciones impuestas por el menemismo. Las ha profundizado con la Ley de Hidrocarburos y el otorgamiento de excenciones impositivas inéditas. El cuadro se completa con la sanción a fines del año pasado de la llamada «Ley corta» sustentada en la anterior y en la reforma constitucional de 1994. La misma pasa el dominio de los yacimientos a las provincias y se les transfieren todos los permisos de exploración y concesiones en vigor al momento de la ley.
Esta nueva juridicidad es la que habilita a los estados provinciales, muy débiles frente a las corporaciones del petróleo, ha continuar con el método que la administración De La Rua inaugurara con el yacimiento de Loma de la Lata. Renegociar los contratos en forma muy anticipada a su vencimiento, como lo acaba de hacer Chubut que amplió hasta el 2047, la concesión que tiene la Pan American Energy de Cerro Dragón -el yacimiento más importante del país-, que vencía en 2017. Esta misma semana Santa Cruz firmó con la misma compañía la extensión hasta el 2027 la concesión en el Golfo de San Jorge Y a estas renegociaciones seguirán otras… por las que se otorga la explotación casi a perpetuidad.
El sistema eléctrico
Un segundo aspecto de la crisis energética lo es el sistema eléctrico nacional, que está funcionando al límite. La capacidad teórica es del orden de los 22.000 MW diarios, pero por razones técnicas la oferta real es de 18.000. Ya hubo un anticipo en el invierno pasado cuando se superaron los 17.000 MW, en tanto que este mes se batió el récord histórico con un consumo de 18.345 MW.
Para colmo se demora la decisión política de ampliar Yacyretá; por problemas burocráticos y/o de negocios se retrasaron las licitaciones de dos centrales térmicas previstas, que entrarán en funcionamiento con demoras, retrasos que también se verifican en la lenta finalización de las obras de Atucha II.
En las redes de transmisión, como en los gasoductos, nuevamente se transgredieron las normas de seguridad, Días pasados se habrían transportado unos 1.300 megas, cuando el límite de seguridad es de 1.100 más un 10% por no más de dos horas. El sistema está funcionando pero sin el 20% de la reserva técnica necesaria y vulnerando las condiciones de seguridad.
Funciona pero no hay capacidad de respuesta para superar emergencias. Depende del régimen de lluvias, y en este momento la sequía en zonas patagónicas mantiene muy bajo los niveles de las represas de esa zona; de que Atucha I funcione más o menos bien; de que no se caiga ninguna torre de transmisión; de que las centrales térmicas obsoletas no salgan de servicio; de la importación de energía eléctrica de Brasil y de gas oil de diversas procedencias.
El año pasado por esta misma época el Secretario de Comercio Interior -el mismo responsable de los desaguisados del INDEC- declaraba frente a la falta de combustible: es «coyuntural, va a llover diésel». Como no hay gas las usinas funcionan con gasoil, y lo que está lloviendo es lluvia ácida sobre Buenos Aires, precisamente por el cambio de combustible, algo que ya han comenzado a señalar organizaciones ambientalistas.
La crisis latente ya esta entre nosotros y no se superará rápidamente. A regañadientes el Gobierno nacional se vio obligado a reconocerla, pero su respuesta son apenas improvisaciones superpuestas para alejar el colapso en un año electoral y ocultar que en cuatro años largos poco y nada se hizo.
Es obvio que hay un crecimiento de la demanda, del orden del 6% anual, y que las empresas solo maximizan sus beneficios y eluden inversiones de riesgo. Pero ¿acaso no es esa la lógica del capital?
La verdadera razón de la insuficiencia en la oferta está en la ausencia de una política energética nacional. Una política que recupere la renta petrolera, donde el Estado tome en sus manos el impulso inversor de mantenimiento y modernización del parque instalado y fije las condiciones producción, con total autonomía, según los intereses de la nación y no los de las corporaciones internacionales.
Esto es, una política exactamente inversa a la actual.