Las designaciones vienen en continuado, ahora en el área de energía y parece que se demora la figura viceministerial, ya que el asignado en principio, Gabriel Rubinstein, tenía antecedentes agresivos en redes sociales hacia la líder de la coalición gobernante.
Sin embargo, lo más importante es que su postulación identifica un rumbo de liberalización de la economía, tanto como la presencia de Daniel Marx. Este último, en el área de negociación de la deuda. Se trata de un personaje que ha tenido que ver con los canjes más regresivos de la Argentina, especialmente el Plan Brady, a comienzo de los años 90 con Menem y Cavallo y luego con el mega canje con De la Rua. Con el Brady se procesó el salvataje a la banca acreedora de la deuda, que si no cobraban debía registrar los quebrantos contables en sus balances, mientras que la operación realizada supuso la transferencia de la deuda de los bancos a los nuevos titulares de los bonos, los que cayeron en default en el 2001. Una parte importante de esos bonos estaban invertidos en las AFJP, finalmente en manos del Estado bajo gestión estatal de la ANSES, en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS). El FGS tiene acciones de empresas privadas. Existe el trascendido de que podrían venderse las participaciones estatales en empresas privadas, una forma de potenciar y profundizar las privatizaciones. Es el rumbo de la liberalización económica.
El tema destacado es el desembarco de Massa en el área de energía, con funcionarios afines y desplazando a quienes Guzmán no pudo. Renunció el secretario del área y ya hay reemplazo. Fue designada la responsable del área de energía y minería salteña, Flavia Royón, proveniente de un gobierno provincial afín al Frente Renovador, funcional a la política del nuevo ministro, mostrando la importancia que tiene el terreno que gana su propuesta y armado partidario con miras al futuro electoral del 2023. La energía es un área estratégica según el acuerdo con el FMI. No solo porque expresamente está establecido que hay que bajar los subsidios, sino que es una política de trasferencia del gasto público a los usuarios, una forma más de profundizar la privatización. Eso promueve en definitiva la segmentación: que los usuarios, los consumidores de energía, paguen cada vez más, que se vayan acercando al pago del costo íntegro del servicio energético, que no sea el estado el que lleve adelante el grueso de los subsidios. Se pretende que el estado vaya disminuyendo el aporte en subsidios y los transfiera a la sociedad. Por eso, no es cuestión de segmentación sí o no, sino de poner en discusión el modelo de privatizaciones de los 90. El tema tarifas es un tema que impacta directamente en la inflación, por eso sostenemos que el acuerdo con el fondo es inflacionario, es pro-inflación, porque claro, desde el punto de vista de la capacidad de pago de los ingresos populares se van a ver deteriorados en tanto y en cuanto aumente la parte de los ingresos populares para el pago de las facturas de electricidad.
Una inflación que ya está proyectándose en torno al 90% para todo el 2022, donde la expectativa gubernamental es que “pase el invierno” como ya se dijo en Argentina. Ahora, es un tema actual, coyuntural, ya que el gasto en energía es elevado en esta temporada invernal. Argentina tiene que importar la energía para calentar los hogares, entre otras cuestiones, y por eso es clave el tema del paso del invierno. En sentido estructural se imaginan que “vaca muerta” será la solución, con lo que se afirma un modelo productivo y de desarrollo centrado en la producción de bienes primarios para la exportación, y detrás de ello, la necesidad de hacerse de divisas para cancelar la impagable deuda.
Junto con las medidas que se irán anunciando, el operativo por la renegociación de la deuda en pesos avanza, estirando plazos y agrandando la cuenta de intereses a cargo del estado. Claro que la necesidad de recursos es urgente y por eso se anticiparía el pago de ganancias que deberían pagarse en el 2023. El anticipo en el 2022 resuelve el presente y preocupa el futuro mediato, pero en un clima de improvisación, eso es lo de menos. Se piensa en aportes de un poco menos de 2.000 contribuyentes, los que tuvieron ingresos extraordinarios en la coyuntura mundial de subas de precios. Día a día se conocerán medidas, tales como las presiones de la nueva presidencia del Banco de la Nación, que ha solicitado la renuncia de los Directores del organismo que vienen con discursos críticos a la gestión de la coalición de gobierno. Se busca fidelidad a la línea del ajuste resuelta en acuerdo con el FMI y eso genera problemas políticos en el Frente de Todos. Así, la crisis política continua, por el desembarco de Sergio Massa en Economía o de Silvina Batakis en el Banco Nación.
El canje de deuda en pesos preocupa, tanto como el cumplimiento con las metas del FMI. En ese marco no hay espacio para disidencias en el oficialismo. Es una situación que genera problemas en la coalición gobernante, pero también, en perspectiva electoral, entre la masa histórica de votantes y la gestión de gobierno. Una parte importante de la deuda en pesos está en organismos del Estado y es previsible que los organismos del estado respondan a las directivas del ministerio de economía y por lo tanto los organismos estatales ingresarán al canje de esa deuda. El problema está si el sector privado lo hará y a que costo. En un momento de alza de intereses en el plano internacional, lo imaginable es que eso se replique en el país. Por ello, la renovación de la deuda supone un mayor gasto público por crecimiento del coste financiero y claro, como el compromiso es reducir sustancialmente el déficit fiscal, lo previsible es la profundización del ajuste.
Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.