El 17 de diciembre de 2025 el gobierno de Rodrigo Paz emitió el Decreto Supremo 5503, declarando una emergencia económica, financiera, energética y social y eliminando los subsidios a los combustibles. De acuerdo a su concepción esta la medida busca “corregir distorsiones acumuladas en los precios, estabilizar la macroeconomía y contener una crisis” que habría llevado a un “colapso inflacionario”, afirman que el ajuste permitiría “sincerar” los precios de los hidrocarburos, proteger a los sectores vulnerables con bonificaciones (subiendo salario mínimo 20% y bonos sociales) y ordenar las finanzas.
Sin embargo, el “gasolinazo” es un ajuste de corte neoliberal, el Estado actúa para salvaguardar los intereses del capital a costa de la clase trabajadora. Todo apunta que la racionalidad del decreto recae abruptamente sobre las mayorías pobres, transfiriendo la carga económica de la crisis a los trabajadores. Pero hoy comprendemos que el discurso oficial recurre a palabras como “despilfarro”, “corrupción” y “abuso” para moralizar la crisis y justificar el ajuste como un acto “técnico”. De este modo se oculta el efecto real sobre el pueblo, más allá de la versión gubernamental de “ordenar la economía”, el gasolinazo tiene un carácter neoliberal al salvar el modelo productivo basado en el capital privado y el libre mercado, colocando el ajuste sobre las espaldas del pueblo.
Gasolinazo no resuelve la crisis
La crisis de divisas que enfrenta Bolivia tiene raíces estructurales: una caída drástica de las exportaciones de hidrocarburos (en 35% entre enero y septiembre de 2025) redujo fuertemente los ingresos en dólares (Fundación Milenio, 2025. En teoría, al eliminar subsidios el gobierno reduce el gasto en importación de combustible y ahorra divisas. Pero el ajuste por sí solo no ataca la causa principal del desequilibrio externo. Sin embargo, las exportaciones siguen bajas y la entrada de dólares depende de reactivar la producción nacional y diversificar los envíos al exterior, no solo de “sincerar” precios internos.
En la práctica el alza de combustibles puede incluso profundizar la escasez: al encarecer el transporte y las importaciones de bienes básicos, se genera más inflación y presión cambiaria. Informe de la Fundación Milenio advierte que, además de eliminar subsidios, la salida sostenible pasa por fomentar exportaciones alternativas y controlar el déficit crónico en la balanza de pagos. Cada semana Bolivia gastaba unos 60 millones en importar carburantes, una de las principales erogaciones públicas, y esto contribuía al surgimiento de un mercado paralelo de divisas sobre el doble del tipo oficial. Sin embargo, quitar el subsidio no genera automáticamente esos dólares: sin aumentar las divisas por exportaciones u otras fuentes, la crisis cambiaria persistirá. Peor aún, “un estudio de Oxfam calcula que la eliminación abrupta del subsidio podría aumentar la pobreza moderada en 2,5% y la extrema en 1,5%” (Infobae, 2025), lo que agrava la crisis social sin resolver la originaria de divisas. En definitiva, el gasolinazo no ataca el problema de fondo (la baja producción/exportación) sino que más bien transfiere el costo de la crisis al salario de los trabajadores.
Consecuencias económicas y sociales
El impacto inmediato del decreto ha sido una fuerte subida de precios. La gasolina especial subió de Bs.3,79 a Bs.6,96 (86%) y el diésel de Bs.3,72 a Bs.9,80 (164%). Esto encarece no sólo el transporte público, en La Paz se anunció duplicación del pasaje, de Bs.2,40 a Bs.5,00–, sino también los alimentos y bienes de primera necesidad. El pan de batalla pasó de 0,50 a 0,80 Bs., la carne de res se duplicó en meses recientes, y se prevén subidas adicionales en productos panificados y de la canasta familiar. Para los sectores informales y campesinos el “shock” es especialmente duro: el encarecimiento del diésel se traduce en mayores costos de transporte e insumos sin una red de protección equivalente. Si bien el gobierno aumentó el salario mínimo (20% hasta 3.300 Bs) y bonos (Renta Dignidad, Juancito Pinto), estos “contrapesos” quedan “a saco roto” frente al alza general de precios. La mitad de los trabajadores (informales) no reciben salario mínimo ni escala móvil, de modo que los aumentos decretados cubren sólo parcialmente la pérdida de poder adquisitivo.
Socialmente, el “gasolinazo” ha provocado protestas. Transportistas y gremiales convocaron movilizaciones: en Tarija los sindicatos del transporte anunciaron paro indefinido, calificando la medida de “duro golpe a nuestra economía” y reclamando que el aumento debería ser gradual. Choferes federados de Cochabamba criticaron la decisión de “ir por lo más fácil” eliminando el subsidio sin diferenciar sectores. En varios departamentos se registraron marchas y bloqueos. Así, además de la inflación, surgen conflictos políticos y sociales ante un ajuste que precariza el costo de vida. Estos conflictos reflejan la contradicción de un Estado que aplica ajustes neoliberales y se enfrenta a la resistencia de las clases populares, tal como Marx preveía: “las masas organizadas deben luchar con un propósito claro de transformación estructural”, en lugar de aceptar sacrificios sin cambios de fondo.
Alternativas
En lugar de un “gasolinazo”, las salidas estructurales orientadas a beneficiar al pueblo trabajador. Hay que reorientar la política de subsidios y aplicar medidas redistributivas para que el ajuste no recaiga sobre los de abajo:
- Subsidios focalizados y progresivos: reemplazar la subvención indiscriminada por apoyos dirigidos a los sectores más vulnerables (transporte público, pequeños agricultores, comercio popular, etc.). Así se aliviaría directamente a la clase trabajadora, en lugar de cargar todo el costo al consumidor final.
- Impuestos y justicia fiscal: gravar a las empresas agroindustriales, mineras y grandes industrias que más se benefician del combustible barato, así como reimplantar impuestos a las grandes fortunas o transacciones financieras, imponer un tributo especial a las firmas que exportan diésel barato o a las ganancias especulativas en moneda extranjera. Estos recursos podrían financiar compensaciones sociales y estabilizar las reservas.
- Transición energética: invertir en energías renovables y transporte público colectivo, reduciendo progresivamente la dependencia de hidrocarburos importados. Esto incluye financiamiento de sistemas solares/hidráulicos rurales, impulso al biodiésel o microautoridades energéticas locales, lo que disminuiría la importación de combustibles a mediano plazo.
- Industrialización con valor agregado: superar el modelo de exportación primaria. Bolivia debe industrializar sus recursos naturales antes de exportarlos. Por ejemplo, construir refinerías o fábricas de fertilizantes que procesen gas natural o litio localmente, en lugar de vender materias primas. Esto generaría empleo, dinamizaría la producción nacional y aumentaría los ingresos en moneda dura.
- Diversificación exportadora y sustitución de importaciones: promover sectores no tradicionales (textiles, agroindustria, manufacturas) mediante créditos blandos, asistencia técnica y un tipo de cambio competitivo. Fomentar la exportación de productos con mayor valor agregado (turismo comunitario, alimentos orgánicos, litio procesado) y sustituir importaciones superfluas con producción local. Así se incrementarían los ingresos en dólares de forma sostenible, equilibrando la balanza de pagos a largo plazo.
En lugar de ajustar precios para resolver una crisis, hay que proponer abordar las causas de fondo: pobreza, dependencia extranjera y desigual distribución de la riqueza. Como decía Marx, las transformaciones profundas requieren la movilización organizada de las masas hacia la redistribución y el desarrollo soberano. En esa línea, las alternativas de fondo insisten en una agenda de transformación económica, que reoriente los subsidios, fortalezca la producción nacional y garantice que la carga de la crisis la asuman quienes más han ganado con el modelo neoliberal (grandes empresas y capital financiero), no los trabajadores.
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