El 26 y 27 de Septiembre en Iguala, Guerrero, se produjo una brutal represión contra estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en la que actuaron conjuntamente policías y sicarios, en estrecha coordinación, y en la que se encuentran involucrados los gobiernos del municipio de Iguala, el del Estado de Guerrero y el gobierno federal. […]
El 26 y 27 de Septiembre en Iguala, Guerrero, se produjo una brutal represión contra estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en la que actuaron conjuntamente policías y sicarios, en estrecha coordinación, y en la que se encuentran involucrados los gobiernos del municipio de Iguala, el del Estado de Guerrero y el gobierno federal. En el ataque inicial fueron asesinadas seis personas: unos, normalistas y otros, pasajeros del autobús de un equipo deportivo, por parecer estudiantes; hubo casi una decena de heridos, 25 detenidos y 47 desaparecidos; es altamente probable que sean sus cuerpos los que han venido encontrándose en fosas, con signos de ejecución extrajudicial y terribles huellas de tortura. Se trata de un genocidio responsabilidad del Estado mexicano, y sin embargo, es necesario apuntar las responsabilidades para que esta afirmación no quede en una abstracción.
Debemos señalar que este modus operandi fue aplicado contra cinco militantes del Partido Comunista de México, en agosto-noviembre del 2013, entre ellos el profesor Raymundo Velázquez Flores, secretario general del PCM en el estado de Guerrero y dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), una organización popular campesina que fue fundada por el profesor Genaro Vázquez Rojas a finales de los años 60, quien encontrando cerrados los caminos legales pasó a la lucha armada con la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. También fue asesinado el camarada Luis Olivares, dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande. Nuestros camaradas fueron asesinados porque su trabajo político entre las masas afectaba los intereses de los monopolios, pero el Estado se lavó las manos adjudicando los crímenes a las organizaciones delictivas. Sin embargo, hay elementos que nos permiten asegurar que existe un entrelazamiento entre el Estado y los grupos delictivos, y que su utilización para el asesinato selectivo y la represión masiva hacen parte de una estrategia antiobrera y antipopular, que emerge al paso del general colombiano Oscar Naranjo como asesor de seguridad de Enrique Peña Nieto, la cual se ensaya y adopta como medida de contención de la movilización popular, frente al periodo de inestabilidad que se avecina como resultado de la crisis económica del capitalismo y de las agresivas medidas para desvalorizar el trabajo.
Hoy, la represión estatal se decuplica y sale de lo selectivo a lo masivo, insistiendo en la inmovilización/desmovilización; ya no sólo se descabeza, sino que se busca sembrar el terror, la confusión y la paralización dentro de organizaciones dinámicas en la lucha de clases. El ataque a las escuelas normales, donde se forman los profesores, lleva más de 20 años, y combina la privatización de la educación pública con la liquidación de estos semilleros de cuadros populares que son las normales, y que han aportado miles de mujeres y hombres que participan en la lucha del pueblo trabajador, que engrosan las filas del magisterio independiente, que se asumen como organizadores natos en los pueblos del país.
En Iguala ocurrió un genocidio responsabilidad del Estado, ni duda cabe; sin embargo, debe llamarnos la atención la ola de argumentos en esa dirección, que con tanta claridad responsabilizan a la máquina de que se sirve la clase de los capitalistas para mantener su dominación sobre el proletariado y demás explotados. ¿Es que hoy todos asumen las tesis del marxismo-leninismo o es que se procura una vaga generalidad para eludir la concreción de la responsabilidad de la llamada izquierda electoral?
El Estado mexicano integró ya a su engranaje al sistema de partidos con registro electoral, puesto que ninguno le resulta antagónico y todos le son funcionales, y su expresión más eficiente hasta hoy fue el Pacto por México, que permitió en muy poco tiempo aprobar las reformas necesarias para que el poder de los monopolios asegure sus ganancias y rentabilidad en un periodo como el actual, de crisis internacional de la economía. En esa dirección, cualquier gestión es admisible en tanto le dé viabilidad a la explotación capitalista, con la que están comprometidos lo mismo Peña Nieto, que Carlos Navarrete y López Obrador, por citar a quienes parecerían adversarios. El sistema de partidos electorales es correa de transmisión para mantener a los explotados con la ilusión de la democracia burguesa, de la fachada democrática de la dictadura de clase del capital; son pues una parte importante del Estado.
Veamos lo concreto: En Guerrero gobierna Ángel Aguirre, hasta el año 2010 un importante cuadro político del PRI, quien sustituyó provisionalmente a Rubén Figueroa después que éste ordenara la represión en Aguas Blancas, donde fueron asesinados decenas de campesinos de la OCSS acusados de pertenecer a la insurgencia armada. Como gobernador provisional, Aguirre es el responsable de la masacre de El Charco, donde también fueron asesinados decenas de campesinos con el mismo argumento. Es decir, Aguirre está implicado directamente en dos de las más importantes masacres de las últimas décadas y aun así, el PRD (partido importante dentro del Foro de Sao Paulo, donde hace parte de su Grupo de Trabajo, y en la Internacional Socialista, y de manera más reciente del Encuentro Progresista que se convocó en Ecuador), en coalición con el PT y Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), lo postularon como candidato a Gobernador en 2010. En su campaña participó con entusiasmo López Obrador. Y en su gabinete participan destacados cuadros del PRD y de MORENA. No estamos haciendo una caracterización ideológica, sino enunciando hechos, datos que son irrefutables, sujetos a la comprobación.
Ángel Aguirre es el responsable directo del genocidio de Iguala, y también del asesinato de cinco camaradas del PCM. Busca escabullirse adjudicando la responsabilidad exclusiva a José Luis Abarca, que sin embargo llegó a la alcaldía de Iguala con el impulso de Lázaro Mazón, quien hoy es Secretario de Salud del gobierno de Guerrero, fue dos veces alcalde de Iguala y es precandidato de MORENA al gobierno de esa entidad; por si no bastara, su hermano, Luis Mazón, es quien sustituirá legalmente a Abarca en la presidencia municipal de Iguala. Es decir, el PRD y MORENA han dado cobertura a los responsables de este genocidio, y esa verdad es inobjetable, a pesar de sus silencios, de sus excusas.
No son datos menores, se corresponden con una política consistente del PRD (antes de que MORENA surgiera de su seno) y que va de la represión al Frente de Pueblos de Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco en mayo del 2006 en Texcoco, al ataque permanente de Ebrard, y ahora Mancera, al frente del gobierno de la ciudad de México contra el movimiento obrero y popular. Al tiempo que se vinculan a los monopolios, al tiempo que aplican el despojo contra las comunidades, el ataque a los derechos sociales y que colaboraron estrechamente en las reformas estructurales.
Ellos son corresponsables de aplicar esa política represiva del Estado, colaborando con el rumbo general que sigue Enrique Peña Nieto.
El terrorismo de Estado activó ya los mecanismos represivos que incluyen a sus fuerzas formales (Ejército, gendarmería, policías federales, estatales y municipales) auxiliadas por fuerzas paramilitares (sicarios), como ocurrió durante los regímenes fascistas en Europa y como ocurre en Colombia. Estos dos ejemplos, los asesinatos políticos en Coyuca de Benítez e Iguala, nos muestran que no se trata de excepciones, sino de un esquema operativo donde fuerzas legales e ilegales actúan conjuntamente para salvaguardar los intereses de los monopolios y golpear a las fuerzas clasistas, y son un aviso de la tendencia que habremos de enfrentar.
A ello debemos sumar la ejecución extrajudicial en Tlatlaya, sobre la que se guarda silencio, de más de 20 personas, por parte del Ejército Federal. Un cuadro pues de terrorismo de Estado.
Entramos ya a la etapa abierta de la violencia del Estado -e insistimos, no sólo del PRI y PAN, sino del PRD y la corresponsabilidad de MORENA-, para contener las previsibles oleadas de contestación popular frente a las reformas laboral, educativa, fiscal y energética, de consecuencias tan lesivas para la clase obrera y las capas populares.
La respuesta popular es de indignación masiva y de acciones crecientes, donde destacan los estudiantes, que en estos días protagonizan una movilización que sólo encuentra parangón en 1968 y 1999. Prácticamente todas las escuelas y universidades de la Ciudad de México han ido a paro, y se prevé un ascenso de la lucha.
En Guerrero maestros y estudiantes, acompañados de organizaciones populares, han enfocado su ira a los centros simbólicos del gobierno.
Entre las lecciones que quedan, subrayamos las siguientes:
La fachada democrática del poder de los monopolios se desdobla al terrorismo de Estado que lo mismo ejecuta la violencia por medios legales que ilegales. La gestión socialdemócrata, llamada izquierda democrática, izquierda responsable, izquierda moderna, progresismo, no es la defensora consecuente de la formalidad democrática, sino un instrumento estatal que por igual activa los mecanismos represivos, por lo que no hay que tener la mínima confianza en ella. Una sección de la socialdemocracia busca como el avestruz ocultar su cabeza bajo la tierra, elude el tema a pesar de sus responsabilidades y refuerza al Estado con recursos legales para impugnar la reforma energética, habla de cualquier otra cosa mientras evade el tema de Ayotzinapa.
El quehacer de los comunistas se redobla en estas condiciones, en que la única opción a la barbarie capitalista y su represión genocida puede surgir del masivo protagonismo de la clase obrera y su vigente programa del derrocamiento del poder de los monopolios.
El terrorismo de Estado no nos debe llevar al repliegue, sino acelerar los preparativos de la contraofensiva proletaria y popular.
Vamos a trabajar en este contexto impulsando la insubordinación y la insumisión frente al estado de derecho que asesina a nuestro pueblo. A nosotros no nos interesa la gobernabilidad, ni la estabilidad política de la barbarie del terrorismo de Estado, sino la ingobernabilidad que haga surgir el protagonismo de los trabajadores, que lleve a las masas populares a la irrupción en la política, para asumir los asuntos de su interés en sus propias manos.
Vamos a trabajar para promover la organización unitaria de los estudiantes, con carácter democrático y de alcance nacional, que exprese fuerzas nuevas y no la suma de membretes. Vamos a apoyar las decisiones de la CETEG y la APG. Vamos a trabajar para esbozar un horizonte que ponga fin ya a estas intolerables manifestaciones de violencia antipopular, endémicas al capitalismo. ¡Que suene la hora de la ofensiva popular!
Pável Blanco Cabrera, Primer Secretario del Partido Comunista de México
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