Para el gobierno argentino, sin formalidades pero con fuerza, ya ha comenzado la campaña electoral.
Dentro de lo posible, se habían planificado cuidadosamente los plazos y, con la aparición pública de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, juntos, se dio la señal de largada.
En el gobierno concluyeron que suspender las elecciones internas primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) o las generales sería un escándalo mayúsculo. Por eso negociaron y aceptaron un camino intermedio. Se pospusieron por un mes ambas convocatorias.
Para setiembre, fecha de realización de las PASO, el invierno ya no estaría y habría una cantidad suficiente de vacunas y vacunados como para imaginar que se podría estar alejando el drama de la lentitud con la que llegaba esa “salvación”.
Para las elecciones generales -corridas al mes de noviembre- la economía estaría funcionando, con más del 50% de la población habiéndose aplicado algún tipo de vacunas y con las fiestas por delante. Según la evaluación oficial, ése sería el mejor momento del año, con un estado de ánimo mucho mejor que el actual. Suponen que, bajo esas condiciones, el voto será más favorable al gobierno.
Sin embargo falta algo. A pesar de la importante llegada de dólares a las arcas estatales, la economía -para las grandes mayorías- no está bien. El dólar paralelo, ese símbolo popular de cómo andan las cosas, está bastante maniatado. En cambio, la inflación, ésa que se nota en la mesa de cada hogar, sigue desatada. Y dentro de ese marco se ha iniciado la campaña.
No son casuales el lugar de lanzamiento, sus protagonistas y modalidades. El lugar es la provincia de Buenos Aires, donde el cristinismo juega su futuro. Ahí tiene que ganar o ganar: Cristina y Axel representan el eje del poder en ejercicio, la primera por su rol histórico y Kicillof por ser gobernador de esa provincia y uno (Máximo Kirchner es el otro) de los nonatos presidentes.
La modalidad elegida fue un acto en un hospital de la capital provincial, con obvias vinculaciones con el tema de la salud y tratando de mostrar una eficaz “gestión”.
Con un Alberto opacado, Cristina dirige la campaña
No hace falta compartir la mesa con estos protagonistas, escuchar sus comunicaciones telefónicas, ni tampoco ser un sabio comentarista político para darse cuenta que es Cristina la que va imponiendo sus criterios políticos a un dubitativo y poco efectivo Alberto Fernández, aún cuando éste es el presidente.
Desde la oposición se escuchan diferentes voces. En el neoliberal Juntos por el Cambio sus ejercicios, cálculos y vaivenes numéricos se agotan en un juego pensado más en las elecciones presidenciales del 2023, que en éstas de medio término, y Mauricio Macri, María Eugenia Vidal Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Elisa Carrió, Alfredo Cornejo, Mario Negri, Martín Lousteau, son algunos protagonistas.
Los liberales y ultraderechistas como José Luis Esper, Ricardo López Murphy, Juan José Gómez Centurión o el mediático Javier Milei, que se autodefine como “anarquista libertario”, dudan entre la alianza con el macrismo o sacar carnet propio. Florentino Randazzo, quien enfrentara –sin éxito- a Cristina, espera ensanchar la franja del medio para constituirse en un presidenciable con aspiraciones.
La tradicional expresión de la izquierda trotsquista, imagina constituirse en alternativa de poder –acumulando fuerzas desde lo electoral- a partir de los reiterados “marchódromos”, sustentados en viejas y nuevas reivindicaciones de los “olvidados” del sistema. Parecen no tener presente que para exhibir poder hace falta mucha más que “marchar”.
Una derrota del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, donde vota el 40% de la población, sería un golpe muy duro. Las encuestas que circulan proporcionan información muy cuestionable. Aparecen aquellas que anotan un “batacazo” que podría dar la oposición, hasta otras que aseguran el triunfo oficialista por 10 puntos de diferencia.
El detalle generalizado, que parece trascender esos datos, es que está penetrando en los sectores juveniles la idea que la rebeldía pueda estar representada por fuerzas liberales, socialmente denominadas “conservadores”.
Una prueba de la hegemonía del cristinismo, dentro del peronismo, lo da la aglomeración de funcionarios en los 50 kilómetros de la autopista de Buenos Aires a La Plata, la capital de la Provincia gobernada por Kicillof. Vehículos de alta gama conducen raudamente a preocupadas autoridades del gobierno nacional.
Todos tienen el mismo objetivo: lograr que sus ideas tengan el visto bueno de Axel Kicillof el renovado gurú de los planes de Cristina para esta etapa de la política argentina. Por ejemplo, los ministros Martín Guzmán y Nicolás Trotta, saben que los temas económicos, y los tiempos y modalidades de la presencialidad en las escuelas deben pasar por el “filtro” del gobernador bonaerense.
Mientras tanto, Máximo Kirchner está rumiando la bronca provocada por algunos intendentes del conurbano bonaerense. Son los que le impidieron que ahora pudiera asumir la presidencia del PJ de esa provincia y tener la legalidad para el manejo de “la lapicera” en el armado de las listas para la próxima elección.
Igual influirá pero no es lo mismo hacerlo como Presidente partidario que tener que apelar a la legitimidad proporcionada por la voluntad de su madre. Del mismo modo que para el sistema político todo pasa por el proceso electoral, para el kirchnerismo ese interés electoral se concentra en la provincia de Buenos Aires.
La apuesta por las vacunas tiene réditos y peligros
Resulta obvio que las vacunas se han constituido en una carta electoral. Ellas están llegando, distribuyendo y aplicando a mayor ritmo y eso despierta expectativas y confianza en el gobierno. Sus debilidades y traspiés -en este tema- parecen no estar en su peor momento.
Ahora, las dudas y temores por la Covid-19 se alimentan de otras cuestiones.
El gobierno está virando su política sobre la presencialidad escolar. Entre aquella rotunda negativa -de semanas atrás- a esta relativa aceptación está mediando la presión del cansancio colectivo y su impacto en la opinión pública, más que una mejora en la evolución sanitaria, donde la cantidad de fallecidos se mantiene en una meseta con números muy elevados.
Los mayores riesgos actuales, en la evolución sanitaria, tienen orígenes muy variados. Por un lado la llegada del invierno y los obligados encierros que ello supone. También influye la presencia de la variante conocida como Delta y su mayor resistencia a la mayoría de las vacunas que se están aplicando.
La salud, como ocurrió en pocas otras oportunidades, es parte del debate electoral. Además de lo que ya está dicho fue la propia Cristina la que contribuyó a instalarlo.
En las tres grandes patas del actual sistema – el Estado, el régimen privado y las obras sociales sindicales- hay conciencia que “algo hay que hacer”.
La tendencia que empuja hacia una mayor presencia del sistema privado transforma la salud en un negocio, donde los sectores más empobrecidos quedan afuera. La dirigencia sindical ha transformado a las obras sociales en una fuente de recursos, no siempre bien administrados. Todo ello ha ido en desmedro del sistema administrado por el Estado.
Esa epidemia está demostrando las debilidades e inviabilidad de esta desestructuración. El remedio está en duda. Mientras tanto está perdiendo vitalidad la atención primaria, clave para una política de prevención y de atención que se pueda universalizar y democratizar, fortaleciendo la participación de los vecinos en su administración.
Gobierno necesita campaña electoral sin ajuste económico
No quedan dudas que para el gobierno hay una incompatibilidad entre las necesidades de su campaña electoral y el ajuste económico. Supone que el remedio para eso es – “poner plata en el bolsillo de la gente”. Pero también sabe de la capacidad que tiene el poder económico para terminar apropiándose de esos recursos utilizando la inflación como mecanismo para esa operación.
La cuestión es que, con ajuste o inflación, quienes menos tienen son los más perjudicados. Si por uno u otro camino las cosas para los de abajo ya pintan feo, imaginemos como serán cuando el ajuste y la inflación vengan juntos, tema bastante común en los tiempos que corren.
Es por eso que, aunque nunca aceptó su existencia, el kirchnerismo decidió que en estos meses todo tipo de ajuste debía ser erradicado.
Por tal razón, en los próximos meses, habrá impulso a proyectos expansivos de la economía con mayores planes sociales, aumentos en las tarjetas “Alimentar” y los planes “Progresar Trabajo”; reapertura de negociaciones paritarias para evitar que los trabajadores sigan perdiendo respecto a la inflación; continuar con las limitaciones a los incrementos o congelaciones en las tarifas de los servicios públicos, aumentando los subsidios a las empresas que los prestan.
Con estas medidas el gobierno espera poner en el escenario la idea del fin de las políticas de ajuste y lograr que se revierta la caída del 2,5% del PBI producida entre los meses de abril y junio de este año.
El otro tema que preocupa sobremanera al gobierno es la inflación. La previsión de una inflación del 29% anual, inscripta en la Ley de Presupuesto, ha quedado fuera de carrera con el actual nivel de los precios.
Una demostración de ello la encontramos en el acuerdo paritario -firmado esta semana- entre el Sindicato de Camioneros con las tres cámaras empresarias del sector, donde se prevé un aumento del 45% (en 3 etapas), hasta el mes de febrero del año próximo. Ese incremento está en línea con el firmado por Cristina con el Sindicato de los Empleados Legislativos que prevé un incremento del 40%.
No se debe descartar que estas medidas internas sean acompañadas con gestos vinculados a los arreglos de las cuentas externas. Ya se ha hecho público que los reclamos de Fondo Monetario Internacional pasarán a mejor vida hasta el año que viene. Con el Club de París se está transitando el período de gracias para cubrir el vencimiento (2.400 millones de dólares) que se produjo en mayo.
Restan 60 días para hacer el pago que seguramente no se hará. Ese incumplimiento habilitará una especie de multa, que firmó Kicillof como Ministro de Economía, por otros 900 millones.
Ante esa próxima posibilidad y descartando el pago, quedan dos grandes perspectivas: lograr una renegociación de esos plazos o dejar de pagar y formalizar el default. Esto último no debe descartarse y tampoco que ello sea presentado como un acto de dignidad, aunque después no se le dé continuidad, del mismo modo que nunca se investigó la legalidad de la deuda que reclaman al país.
Juan Guahán. Analista político y dirigente social argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)