Artículo 14 bis- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la […]
Artículo 14 bis- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial.
Constitución de la Nación Argentina.
Una vez más las decisiones del gobierno nacional argentino, en materia del flagelo que significan la miseria y el desempleo que afecta a la mitad de la población, se imponen en la ruta de las equivocaciones y los errores premeditados. Salvo, claro está, que los mismos no sean analizados dentro de las prácticas de distracción y clientelismo reinantes.
Si las autoridades ejecutivas, que ejercen la representatividad otorgada por la democracia, piensan que el futuro de la Nación y el bienestar de sus habitantes podrán ser sostenidas con «planes asistenciales» estamos frente a una nueva reiteración del esquema diseñado por el modelo neoliberal capitalista instalado desde hace décadas y maximizado hasta el hartazgo.
La cuestión de la exclusión social y laboral lejos de tener una simple solución, ya que justamente para haber llegado al actual estado de situación necesito de la corresponsabilidad de varias administraciones, entra en una etapa distractiva si lo que se pretende es conseguir la inclusión de los sectores apartados del estado de bienestar y del campo del trabajo.
Si el gobierno nacional pretendiera encontrar una solución definitiva del desempleo, la pobreza e indigencia debería diseñar políticas de recuperación de las empresas cerradas, quebradas y abandonadas que pululan a lo largo y ancho del país y que cualquiera puede observar; así como la explotación, producción y actividad comercial en los vastos espacios de tierras en manos de los latifundios improductivos y de las inmensas extensiones en manos fiscales que se encuentran totalmente libres de ocupación y de mejoras.
Los planes asistenciales -únicamente justificables en períodos de crisis- no pueden seguir formando parte de las políticas del Estado, ya que en consecuencia nos seguiremos encontrando frente a la confirmación de que es necesario que existan dos argentinas. La del hambre y la exclusión; y la que permite a determinados sectores ser beneficiarios del crecimiento económico y la bonanza de las cuentas nacionales que informan sobre aumento de la recaudación y acumulación de reservas junto al crecimiento del producto bruto nacional.
Mientras que la distribución de la riqueza sea desechada de las políticas económicas seguiremos transitando por el camino de las equivocaciones. Éstas equivocaciones que ya a nadie le caben dudas por más que aparezcan los líderes de determinados sectores del sindicalismo y del empresariado aplaudiendo las políticas que por supuesto no les interesan, más allá de la participación activa en los actos oficiales, tienen por única finalidad alargar los tiempos de las soluciones de fondo y poder llegar sin mayores inconvenientes a las próximas elecciones.
Mientras que desde los despachos del poder, alejados como siempre de la realidad y de las necesidades de la población, se vuelven a establecer políticas en temas de ayuda social por parte del Estado y entregando a los municipios el control y administración de las mismas; se mantiene la falta de participación de las organizaciones de desocupados y de las organizaciones no gubernamentales que podrían corregirlas en sus excesos de arbitrariedad y enriquecerlas.
El establecimiento de programas universales de asistencia social, donde queden ajenos a ellos los dedos de la politiquería, considerando la conformación de cada familia y sus necesidades, un seguro de desempleo que permita no caer en la desesperación de los que pierden sus fuentes de trabajo, la seria y orientada capacitación de los grandes sectores de jóvenes que nunca han ingresado al campo del trabajo y la seguridad de vida de aquellos que deben jubilarse son la única salida al problema imperante.
La recuperación de las empresas nacionales entregadas al capital especulativo extranjero y a los sectores más retrógrados del empresariado nacional, el establecimiento de políticas de obras públicas en todo el territorio que no terminen en las manos de los socios del poder para beneficio de sus «cajeros» de turno, la distribución ajustada a las leyes de la coparticipación federal y de una política equitativa de fomento regional alejado de las conveniencias y aprietes políticos que día a día aumentan a extremos alarmantes, junto a la definición estratégica para el desarrollo del superávit fiscal son algunas de las cuestiones que el gobierno nacional tiene la obligación institucional de garantizar. Los legisladores deben ser fieles custodios del cumplimiento de los presupuestos nacionales, provinciales y municipales que aprobaron; y la justicia garante tanto de su cumplimiento como de la acción correctiva frente a los excesos del poder y del funcionariato.
La construcción de las millones de viviendas que hacen falta para terminar con el problema habitacional que arroja a nuestros ciudadanos a vivir en zonas marginales o depender de alquileres imposibles de pagar o dependientes de la dádiva política, la realización de las obras públicas de infraestructura y extensión de los servicios públicos elementales e inexistentes en muchas comunidades del territorio, la asistencia crediticia y de fomento -en costos y plazos- para aquellos pequeños y medianos emprendimientos productivos y comerciales que son hoy por hoy inalcanzables son algunas de la políticas activas que el Estado tiene la obligación de llevar adelante.
Claro está que los políticos saben muy bien que sus resultados son verificables a mediano y largo plazo, que eso no les sirve para alzarse con el botín que las reglas democráticas otorgan cada dos o cuatro años para mantenerse y perpetuarse en sus sitiales.
Lo que no pueden ni deben hacer los administradores de la cosa pública es eximirse de la responsabilidad institucional que les cabe, y menos aún realizar estrategias políticas que distraen, alejan, apartan y desvían la atención del tema central que es: la vida, el progreso y bienestar de todos los ciudadanos sin exclusiones de ningún tipo ni naturaleza.
Fuente: lafogata.org