El Gobierno de Bolivia por medio del Poder Ejecutivo sostuvo que la determinación dada a conocer por la Corte Nacional Electoral (CNE), de no llevar a cabo los procesos electorales del 7 de diciembre, no tiene carácter vinculante por falta de valor jurídico. Debido a esto, el Gobierno boliviano ratificó la constitucionalidad del referendo para […]
El Gobierno de Bolivia por medio del Poder Ejecutivo sostuvo que la determinación dada a conocer por la Corte Nacional Electoral (CNE), de no llevar a cabo los procesos electorales del 7 de diciembre, no tiene carácter vinculante por falta de valor jurídico.
Debido a esto, el Gobierno boliviano ratificó la constitucionalidad del referendo para el 7 de diciembre de 2008, como lo establece el Decreto Supremo No. 29691, reseñó la Agencia Boliviana de Información (ABI).
Después que el presidente de la CNE, José Luis Exeni, remitiera tres misivas al presidente interino de la República, Álvaro García Linera, en la que señala que no es viable la administración de procesos electorales, por un supuesto impedimento legal, el ministro Responsable de la Defensa Legal, Héctor Arce, aclaró que las mencionadas cartas no tienen valor jurídico.
«La comunicación que envió la Corte Nacional Electoral al Presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, no es un documento jurídico, no genera ningún efecto vinculante y no puede -aunque pretenda- suspender la ejecución de los actos electorales convocados legal y legítimamente por el Presidente de la República para el día 7 de diciembre», declaró la autoridad de Gobierno.
Explicó de igual forma que la promulgación del Decreto Supremo No. 29691, de 28 de agosto, que fija fecha para la realización del referendo dirimidor para el artículo 398 del nuevo texto constitucional y el referendo de ratificación de la nueva Carta Magna tiene el sustento de ley aprobado por dos tercios de voto en el Congreso Nacional en febrero pasado.
Por lo que el mencionado decreto supremo promulgado por el Presidente de la República tiene plena validez, es plenamente constitucional, legal y debe ser acatado y cumplido por la Corte Nacional Electoral.
«Es importante considerar que en un Estado de Derecho quien incumple deliberadamente el mandato de la ley es pasible a las sanciones que el mismo sistema jurídico establece», manifestó el ministro de Defensa Legal.
A su vez, el viceministro de Coordinación con los Sectores Sociales y la Sociedad Civil, Sacha Llorenti, aseguró que no existe argumento legal y legítimo que impida que el decreto supremo sea cumplido.
«El decreto que ha sido trabajado minuciosamente no solamente responde a una necesidad histórica para que el pueblo boliviano decida si quiere una nueva Constitución Política, sino que además está sustentado en los principios constitucionales y las leyes de la República», dijo Llorenti.