El presidente de Bolivia, Evo Morales, ordenó mediante decreto que los empresarios privados eleven los salarios de sus trabajadores en 10% como mínimo en 2008, lo que desató la airada protesta de gremios patronales. «El incremento salarial en el sector privado para la gestión 2008 será acordado entre los sectores patronal y laboral sobre la […]
El presidente de Bolivia, Evo Morales, ordenó mediante decreto que los empresarios privados eleven los salarios de sus trabajadores en 10% como mínimo en 2008, lo que desató la airada protesta de gremios patronales.
«El incremento salarial en el sector privado para la gestión 2008 será acordado entre los sectores patronal y laboral sobre la base de un aumento del 10% en la remuneración básica», indica uno de los artículos del decreto firmado por el gobierno socialista boliviano y publicado este jueves.
El ministro de Hacienda, Luis Arce, principal responsable de la política macroeconómica boliviana, dijo a los medios que el poder Ejecutivo hizo un estudio técnico y estableció que los empresarios están en condiciones de otorgar aumentos en la proporción indicada en el decreto oficial.
Los empresarios privados protestaron por esa determinación pues argumentan que desconoce la tradición de los últimos años de dejar el aumento de sueldos a la libre negociación entre patrones y trabajadores, en función a las posibilidades financieras de cada empresa.
El presidente de la privada Cámara de Exportadores de La Paz, Guillermo Pou Mont, calificó como «inmoral» el decreto presidencial.
Gabriel Dabdoub, presidente la poderosa Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), indicó que el poder Ejecutivo «nos quiere imponer porcentajes para incrementos salariales» y anunció que el decreto será apelado ante el Tribunal Constitucional, aunque esta instancia no está funcionando por la renuncia de sus ministros.
Según Dabdoub, un duro opositor al gobierno de Morales, el mandatario aprobó su norma «sin mirar cómo están nuestras empresas, sin saber cómo están nuestros trabajadores y sin saber que con esta medida incentivan el desempleo».
La norma no alcanzará a los funcionarios de la administración pública, donde los aumentos anunciados son sólo para policías y militares (7%) y trabajadores estatales en salud y educación (10%).
De los 4,3 millones de personas que tienen trabajo en Bolivia -según el estatal Instituto Nacional de Estadísticas- un 47% está aglutinado en alguna empresa privada y sólo un 8,2% labora en la administración pública, entre los que están incluidos policías, militares, educadores y funcionarios de la salud. El resto son independientes.
Dirigentes de trabajadores bolivianos -en contraposición a la protesta empresarial- apoyaron el decreto gubernamental, aunque señalaron que la medida no compensa la inflación registrada en 2007 que trepó a 11,73%.
El representante de los trabajadores fabriles, René Rivera, aseguró además que entre 30 y 40% de los empresarios no cumple las disposiciones gubernamentales.