Los proyectos opuestos de país según la democracia capitalista los debe zanjar la ciudadanía con su voto. En Bolivia la oposición recurre al recurso no escrito de no aceptar esa derrota. La derecha propietaria nunca vacila en usar la fuerza legal e ilegal. Lo contrario sucede con la izquierda no propietaria de Bolivia que […]
Los proyectos opuestos de país según la democracia capitalista los debe zanjar la ciudadanía con su voto. En Bolivia la oposición recurre al recurso no escrito de no aceptar esa derrota.
La derecha propietaria nunca vacila en usar la fuerza legal e ilegal. Lo contrario sucede con la izquierda no propietaria de Bolivia que teniendo el derecho de imponer tiende a ceder.
En agosto de 2008 el presidente Evo Morales en el Referendo revocatorio recibió el apoyo del 67% de los ciudadanos para sus cambios constitucionales. La derecha recurrió entonces a la violencia golpista y Fidel Castro previó una dolorosa lucha armada.
Al mes siguiente, en septiembre, el gobierno en una mesa política cedió ante los prefectos rebeldes y modificó ilegalmente el Texto de la Asamblea Constituyente para satisfacerlos.
El 25 de enero de 2009 en el Referendo constitucional el pueblo aprueba la nueva Carta Magna aproximadamente por el 61,5% de los sufragios. La oposición que obtiene algo de 38,5% repite lo hecho antes, no reconoce el nuevo ordenamiento llamando a desobedecerlo y como solución demanda un segundo acuerdo político ilegal. Alberto Melgar, presidente del Comité Cívico beniano declara: «si no se generan espacios de diálogo, se vienen días muy difíciles para el país. Yo no pienso acatar esa Constitución»; Mario Cossio, Prefecto de Tarija propone: «Hay la necesidad y el deber moral de construir pactos si quieren avanzar».
El acuerdo político de septiembre aparentemente no sirvió al gobierno -dependiendo de lo que buscaba-, perdió más o menos el 5% de su fuerza electoral y la derecha igual rechazó en las urnas lo que había consensuado.
Se abre por tanto la posibilidad de que el presidente Morales y sus políticos nuevamente modifiquen ilegalmente la Constitución por miedo a la violencia fascista.
El plan del gobierno puede que busque que el pueblo gane lo que sea posible, en comparación con la injusticia actual, evitando a cualquier precio un conflicto sangriento.
El problema es que con esa conducta política nunca sería posible el cambio democrático del sistema porque la minoría capitalista siempre inicia una escalada de violencia encaminada a la guerra civil.
En la práctica los proyectos políticos que han hecho nueva historia no se transan. En Estados Unidos, por ejemplo, se prefirió la guerra civil a aceptar la secesión de los estados del sur.
La posición del gobierno de Cuba es diferente a la que tuvo y puede volver a tener el de Evo Morales. Raúl Castro en el supuesto que un sector de cubanos intentara destruir la Revolución espera que los humildes luchen con la espada.
La pregunta a los partidos y movimientos que impulsan el cambio de la propiedad, el socialismo, es si eso implica el compromiso de ir a una lucha de victoria o muerte, de ser necesario. Salvador Allende lo entendía así.
——
Contacto [email protected]