Recientemente el gobierno de Chiapas a través de la policía estatal y municipal reprimió a víctimas de desplazamiento forzado y a otros sectores populares que exigían solución a sus demandas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez ante el Congreso local durante su sexto informe, este hecho sucedió a escasos días de culminar su sexenio caracterizado […]
Recientemente el gobierno de Chiapas a través de la policía estatal y municipal reprimió a víctimas de desplazamiento forzado y a otros sectores populares que exigían solución a sus demandas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez ante el Congreso local durante su sexto informe, este hecho sucedió a escasos días de culminar su sexenio caracterizado por ejecutar la represión, el terrorismo de Estado y la impunidad como política de gobierno contra el pueblo.
El desplazamiento forzado tiene entre sus causales la crisis económica capitalista, la política económica neoliberal, la indolencia de las autoridades municipales y la violencia de Estado, en suma es un efecto de las políticas antipopulares y el carácter pro-empresarial del Estado mexicano, los diversos casos de este fenómeno en nuestro país constituye la prueba tangible.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) define al fenómeno del desplazamiento forzado como: «(…) las personas o grupo de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos», en el contexto de nuestro país la violencia de Estado materializada en el cometido de crímenes de lesa humanidad es sistemática y generalizada lo que provoca un constante desplazamiento forzado.
Este fenómeno tiene motivaciones económicas y políticas, es cometida contra el pueblo para beneficiar los intereses económicos y políticos de la clase en el poder, significa que de manera forzada el Estado obliga a través de paramilitares o los cuerpos policiaco-militares a que salgan de sus hogares las familias trabajadoras que habitan en territorios de interés económico y político para la oligarquía nacional y extranjera.
Provocar el desplazamiento forzado es la manifestación de la imposición de los intereses económicos de la oligarquía, por ejemplo, en los años 2016 y 2017 en el estado de Guerrero en los pueblos de La Gaviota y La Cañada, en el municipio de San Miguel Totolopan, grupos paramilitares emprendieron acciones de hostigamiento contra esos pueblos hasta lograr su desplazamiento, en ese momento la empresa mexicana Grupo Peñoles anunció la reactivación de los trabajos de una minera en Totolopan.
No es obra de la casualidad que el «crimen organizado» opere en las zonas del país con recursos minerales o energéticos, como tampoco lo es que sean las regiones más militarizadas, este fenómeno obedece a un plan de Estado para imponer la voluntad del capital monopolista trasnacional.
La violencia de Estado también se manifiesta en la imposición de gobiernos serviles a los intereses de la clase en el poder, es así como en algunas regiones del país a través de paramilitares, grupos de choque se obliga a la población a votar por uno u otro candidato político, de no hacerlo, las consecuencias mismas de la violencia los obliga a abandonar sus hogares.
Durante el último sexenio de la administración chiapaneca este fenómeno no fue la excepción, ejemplos que ilustran esto, podemos citar el caso del ejido Puebla en Chenalhó y la comunidad Shulvó en Zinacantán, casos que demuestran cómo a través de paramilitares y sujetos al servicio del gobierno cometen este flagelo contra el pueblo que no está de acuerdo con las formas burguesas de hacer política.
Los dos casos se dan en el contexto de las elecciones del 2015 donde las víctimas de desplazamiento forzado al no estar de acuerdo con ningún partido político electorero, fueron reprimidas y obligadas a tener que salir de sus hogares, así se dieron otros casos similares, es la evidencia de la violencia de Estado para imponer sus cotos de poder.
Producto del desplazamiento forzado hubo personas heridas y ejecutadas extrajudicialmente, muertes por inanición, frio, crímenes que son responsabilidad del gobierno chiapaneco, si a esto se suma la represión de la que fueron víctimas recientemente podemos concluir que la prioridad del gobierno estatal y federal no es la de resolver las demandas del pueblo sino hacer callar e intentar a través de la represión y el terrorismo de Estado que el pueblo desista de sus exigencias.
En estos últimos seis años, el gobierno chiapaneco cometió graves violaciones a los derechos humanos contra las organizaciones populares e independientes, uno de ellos, es el despojo violento de tierras el cual trajo como consecuencias desplazamiento forzado; bajo el pretexto de aplicar el «estado de derecho» despoja de tierras a familias campesinas, encarcela, asesina, ejecuta extrajudicialmente, reprime y desaparece de manera forzada a quienes luchan por la defensa de la tierra, al mismo tiempo, criminaliza la protesta popular y la lucha por mejorar las condiciones materiales de vida del pueblo.
Ningún responsable material e intelectual es castigado, por el contrario, son protegidos por el manto de la impunidad, para asegurar que sigan con el cometido de más crímenes de lesa humanidad para imponer mediante la violencia institucional los intereses de la oligarquía nacional y extranjera.
Tras los últimos hechos represivos y a escasos días del cambio de administración en Chiapas, queda evidenciado el carácter antipopular y represor del gobierno, que es el actuar de todo hombre del régimen, son los voceros de la clase en el poder, quienes perpetúan la explotación económica y política contra el pueblo.
Es palpable la actitud antihumana del gobierno federal como el chiapaneco por las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidos contra los pobres del campo y la ciudad, la prueba fehaciente son las miles de víctimas y sus familiares quienes padecen los efectos nefastos del terrorismo de Estado, sin embargo, el terror como política de gobierno no se detiene.
La administración chiapaneca deja un malestar profundo en el pueblo, porque a lo largo de su sexenio favoreció al capital monopolista transnacional, fue un gobierno servil y entreguista, lo que provocó ahondar la pobreza y la miseria al pueblo chiapaneco a más del 70 % de su población y los desplazados son ejemplo de esa realidad de precariedad que se vive en Chiapas como a lo largo y ancho del país.
Mientras prevalezcan los intereses oligarcas para acaparar materias primas la violencia de Estado continuará, si el desplazamiento forzado deja a personas sin vivienda, sin tierra, los condena al desempleo e incluso se atenta contra el derecho a la vida, la consigna que dice el gobierno debe responder por los crímenes de lesa humanidad es vigente, hasta lograr justicia para las víctimas.
La realidad de pobreza, miseria, desempleo, crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado y desplazamiento forzado apelan a la conciencia del pueblo y a su vez a la necesidad de organizarnos de manera independiente con carácter combativa. No hay que perder de vista que la lucha de los trabajadores es justa porque mientras la explotación y opresión persista la organización independiente del pueblo persistirá.
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