El ministro de Defensa de Bolivia, Walker San Miguel, instruyó, el miércoles, al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas facilitar a los familiares y víctimas de las gobiernos dictatoriales de las décadas de los 60, 70 y 80 el acceso de los archivos y documentos militares y del Estado. La autoridad aprobó una Resolución […]
El ministro de Defensa de Bolivia, Walker San Miguel, instruyó, el miércoles, al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas facilitar a los familiares y víctimas de las gobiernos dictatoriales de las décadas de los 60, 70 y 80 el acceso de los archivos y documentos militares y del Estado.
La autoridad aprobó una Resolución en la cual establece el procedimiento para solicitar los registros castrenses, pues sólo lo podrán hacer los peticionarios que tengan un legítimo interés respecto a la información contenida en los archivos de las FFAA.
Estas personas deberán apersonarse ante el Comando en Jefe debidamente identificadas junto a la documentación que acredite su interés legítimo, estas solicitudes pueden realizarse en forma escrita o verbal, sin necesidad del patrocinio de un abogado.
«El Comando en Jefe una vez verificada la identidad y el interés legítimo del peticionante autorizará su ingreso a las mismas instalaciones donde se encuentran los archivos físicos militares de las Fuerzas Armadas del Estado. Y lo hará en presencia de un representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia, un representante del Ministerio de Justicia y un notario de fe pública», dijo San Miguel.
La determinación del ministro de Defensa obedece al pedido de familiares de víctimas de los regímenes militares al gobierno del presidente Evo Morales, debido a que se desconoce el paradero de 170 personas que desaparecieron en los gobiernos de facto.
Los familiares de los desaparecidos enviaron una carta al presidente Morales para pedir que las Fuerzas Armadas procedan con «la desclasificación de los archivos militares y la devolución de los restos de los desaparecidos». Adicionalmente, solicitan al Gobierno que cumpla con la ley 2640, de reparación a las víctimas de la violencia política, que afecta a unas de 6.000 personas.
El presidente Morales, en una declaración realizada la semana pasada, negó que las Fuerzas Armadas (FFAA) tengan algún documento que desclasificar o revelar, de manera que se puedan hallar indicios o evidencias que permitan a los familiares de los desaparecidos durante las dictaduras hallar los restos de sus seres queridos.