El Ejecutivo acude a Brasilia para defender ante la comunidad internacional la futura Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, aunque no lo tendrá fácil. Allí le esperan más críticas a un proyecto que, según Access Info Europa, «no se puede llamar ley de transparencia». Será el secretario de Estado de […]
El Ejecutivo acude a Brasilia para defender ante la comunidad internacional la futura Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, aunque no lo tendrá fácil. Allí le esperan más críticas a un proyecto que, según Access Info Europa, «no se puede llamar ley de transparencia».
Será el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y principal impulsor de esta normativa, José Luis Ayllón, quien presente el texto en el ‘Open Government Partnership’, una iniciativa sobre transparencia capitaneada por EEUU y Brasil a la que pertenecen Reino Unido, México, Indonesia, Noruega y Sudáfrica.
Esta conferencia internacional tiene lugar los días 17 y 18 de abril y están presentes, entre otros dirigentes, la propia presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton.
«España defenderá no sólo el contenido del borrador de la Ley de Transparencia, sino el importante paso dado -no existía una iniciativa similar en el país anteriormente- y el hecho de que se haya abierto una consulta pública para recoger las sugerencias y mejoras propuestas por los ciudadanos», confirman fuentes de Vicepresidencia.
Durante esta cumbre, el Gobierno español firmará la Declaración Internacional de Gobierno Abierto y asumirá de esta forma las obligaciones y compromisos que eso comporta. Según el Ejecutivo, ya están reflejadas en el borrador de la Ley de Transparencia.
Más de 3.600 propuestas
En los más de 15 días de exposición pública, el borrador ha recibido más de 3.600 propuestas y alegaciones ciudadanas -algunas de una línea de texto, otras de «decenas de folios»-, que en estos momentos «están siendo procesadas», por lo que no hay plazo oficial para estudiarlas, afirman las citadas fuentes.
«Ello no significa que el texto que se defenderá en Brasilia será el mismo que se apruebe», comentan fuentes oficiales, que añaden que «el borrador puede cambiar tras analizar las aportaciones».
No obstante, el Gobierno descarta que la norma sobrepase el desarrollo del artículo 105 de la Constitución, que regula «el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos», por lo que no regulará más allá de estos límites.
Tampoco está previsto que se incluya como sujeto de la futura ley a la Casa Real, cuyas actividades están siendo últimamente protagonista de la actualidad.
Críticas
Al texto del borrador le llueven las críticas últimamente. Al informe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) que advertía de que el texto no cumple con los estándares internacionales de transparencia -algo que el Gobierno niega rotundamente– hay que añadir la opinión de la Coalición Pro Acceso, que aglutina a 55 organizaciones a favor de la transparencia, y especialmente algunos de sus miembros más activos.
Desde Access Info Europa, Victoria Anderica afirma que, pese a que se trata de un paso necesario, «no es suficiente». «El texto presentado no se puede llamar Ley de Transparencia» ya que «debería haber recogido el principio de publicidad de todas las administraciones públicas», afirma; el principal problema está en que la ley se ciñe exclusivamente al artículo 105 CE antes mencionado. «Se trata de un paso nimio comparado con los niveles de opacidad general que hay en España«, se lamenta.
Anderica critica el hecho de que se excluya, por ejemplo, el poder Legislativo. «Está muy bien que se incluya los datos sobre cómo gasta su presupuesto el Congreso, la parte administrativa, pero ¿qué ocurre cuando una ley llega al Parlamento? Eso también debería ser transparente«, afirma. También critica que no se incluya a la Casa Real. «No se justifica que no esté», afirma Anderica, «ya que se trata de una institución del Estado que tiene también una parte administrativa».
En cualquier caso, en la cumbre ‘Open Government Partnership’, en Gobierno recibirá la réplica de la directora ejecutiva de Access Info Europa, Helen Darbishire, que pondrá de manifiesto estas y otras críticas. «El Gobierno asegura que esta ley pone a España en la vanguardia de los países con normas específicas sobre transparencia, pero eso no es verdad», subraya Anderica, y remarca: «Ni siquiera se reconoce como un derecho fundamental».
Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/17/navegante/1334666866.html