La magnitud del problema de la desaparición forzada en México es grande, igualmente lo es la impunidad que persiste en cada uno de los casos. Este tema es parte de la agenda del gobierno federal, sin embargo, la atención y manejo que le da es exclusivamente para intentar evadir su responsabilidad de investigar, dar con […]
La magnitud del problema de la desaparición forzada en México es grande, igualmente lo es la impunidad que persiste en cada uno de los casos. Este tema es parte de la agenda del gobierno federal, sin embargo, la atención y manejo que le da es exclusivamente para intentar evadir su responsabilidad de investigar, dar con el paradero de las víctimas y enjuiciar y castigar a los responsables materiales e intelectuales del cometido de este crimen de lesa humanidad.
Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, recientemente presentó el dato de que existen 61 mil 637 víctimas de desaparición forzada en el país, cifra que supera las presentadas en el sexenio pasado que eran de 35 mil 410 . Entre una cifra y otra lo que resalta es el papel de las instituciones de tratar de esconder los verdaderos saldos de la práctica de la desaparición forzada.
Quienes viven en carne propia este flagelo y quienes de manera solidaria se suman a la exigencia de justicia como lo son los organismos independientes de derechos humanos, organizaciones populares, colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada, periodistas y académicos presentan la cifra de 300 mil víctimas, muchos de ellos documentados, otros no porque los familiares temen a denunciar debido a las represalias o amenazas.
Más allá de las cifras, lo grave es la existencia de esta práctica y la impunidad en los casos, Andrés Manuel López Obrador mantiene un silencio extraño sobre este tema, en otras ocasiones opina sólo para excusar a las instituciones de justicia por la impunidad imperante, muestra de ello es lo que expresó en el mes de noviembre refiriéndose a que la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa no es un crimen de Estado.
Por definición la desaparición forzada es un crimen que el Estado comete por omisión, comisión o aquiescencia. Decir lo contrario sólo puede entenderse como un intento de deslindar la responsabilidad del Estado en el cometido de este crimen de lesa humanidad y otorgar impunidad a los perpetradores.
Sus declaraciones esta en estrecha relación con su plantíamente del perdón que ofreció a los familiares de las víctimas durante su campaña y a inicios de su gobierno, la cual sin duda alguna fue rechazada tajantemente, desde ese momento busca nuevas formas de hacer valer ese perdón que en otras palabras significa dar carpetazo a los casos e impunidad a los responsables materiales e intelectuales.
Una prueba concreta de la actitud del Estado y sus instituciones hacia los detenidos desaparecidos es el caso de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos desaparecidos en mayo de 2007.
En Mayo de 2019 el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar el caso de la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel en cuyo crimen participaron: el Ejército Mexicano; Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca; Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca; y Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Oaxaca de Juárez . También ordena a la SEDENA la apertura de cualquier campo militar para la búsqueda de los desaparecidos.
Resulta esto un hecho jurídico trascendental, porque las propias instituciones aceptan la participación de elementos policiacos y militares en el cometido desaparición forzada y la responsabilidad del Estado y sus instituciones de investigar y dar con su paradero, por su puesto, un logro del movimiento popular, abogados y organismos independiente de derechos humanos que durante años han abrazado la lucha por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos.
La FGR y la SEDENA según con autonomía, decidieron no acatar la orden del Juzgado, se negaron a llevar acabo la justicia para las víctimas, ¿Por qué optaron por la impunidad?, porque todo indica que esa es la decisión política hacia los casos de desaparición forzada por parte del ejecutivo federal.
El status jurídico actual del proceso es que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atracción del caso , porque la considera de suma importancia y trascendente por la gravedad de las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de Edmundo, Gabriel y sus familiares.
Este caso pone en tela de juicio el papel de la actual administración gubernamental con el tema de la desaparición forzada, ¿cuál será la política de esta administración impunidad o justicia? ¿Verdad o demagogia? ¿Solución a las demandas de justicia o represión? Mientras se decide el pueblo mantiene viva la consigna de ¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Esta administración se dice ser diferente a los otros sexenios, pero esto sólo es válido si en los hechos está demostrado, de lo contrario será demagogia pura. Los sexenios pasados los caracterizo el cometido de crímenes de lesa humanidad de manera sistemática contra el pueblo organizado y no organizado y una enorme impunidad, en esta administración no se alcanza a ver aun esa diferencia en estos temas.
El movimiento popular consigna ¡Ni perdón, ni olvido! ¡Presentación con vida de los detenidos desaparecidos! Y estos gritos no cesaran hasta que haya justicia, verdad y garantías de no repetición. Mientras prevalezca la impunidad razones para luchar habrá.
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
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